El gobierno federal brasileño creará una Floresta Nacional (Flona) en la zona de Vale do Jamanxim, estado de Pará, en un área pública de alrededor de 6 millones de hectáreas, e implantará un proyecto piloto de explotación sostenible. La idea es estimular prácticas de manejo entre la población local y atraer inversiones privadas para la explotación maderera y de la biodiversidad, mediante la concesión onerosa de áreas de bosques, apoyo tecnológico, asistencia técnica y crédito. El proyecto, fundado en el concepto de bosque productivo, inaugura así un nuevo modelo de protección de la biodiversidad, que forma parte de la política científica y tecnológica del país.
Las Flonas son áreas de cobertura vegetal autóctona constituidas por ley en 1995 para promover el manejo de recursos naturales, proteger los recursos hídricos y fomentar el desarrollo de investigaciones. La Flona de Vale do Jamanxim – ubicada al noroeste de la carretera BR-163, que une las ciudades de Cuiabá y Santarém – pretende erigirse en una vidriera del potencial económico del manejo responsable de la selva y una especie de antípoda de las acciones de deforestación que, durante el período 2003-2004, degradaron 2,6 millones de hectáreas en la Amazonia, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, sigla en portugués).
El objetivo es crear una infraestructura de producción que detenga la venta de la madera in natura y estimule inversiones en su transformación en productos, por ejemplo. Prevé desde la ampliación del número de escuelas técnicas hasta la instalación de industrias procesadoras de troncos, centros de biotecnología y bioindustrias en la región. “El problema de la Amazonia es de modelo de desarrollo: tiene que tener política de crédito, capacitación para agregar valor al bosque en pie por medio de la explotación de maderas, aceites, extractos, esencias, etc.”, diagnostica João Paulo Capobianco, secretario de Biodiversidad y Bosques del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
La idea del proyecto estuvo en principio a cargo de técnicos de 21 organismos federales en marzo del año pasado, cuando se decidió pavimentar la autopista Cuiabá–Santarém para facilitar el transporte de productos, sobre todo de la soja cultivada en el estado del Mato Grosso. Así fue como se concibió un modelo de desarrollo que viabilizase las actividades económicas y el uso sustentable de los recursos naturales.
La autopista, construida en 1973, atraviesa regiones de sabanas, áreas de transición y bosques habitados por alrededor de dos millones de personas. En Pará, la carretera corta grandes áreas indígenas y de selvas públicas que han sido utilizadas para la extracción de madera y piedras preciosas, a menudo las veces mediando la ocupación de tierras públicas.
La gestión de bosques
La implantación del proyecto de explotación sostenible en Vale do Jamanxim, sin embargo, depende de la aprobación del proyecto de ley de gestión de bosques públicos que autorizará el uso económico del área por parte de comunidades locales y la concesión para el manejo sostenible. El proyecto tramita en el Congreso Nacional y ya fue aprobado por unanimidad por una comisión mixta en la Cámara de Diputados. A mediados de junio, era el primer ítem de la pauta que se sometería a votación en el plenario, detrás de una chorrera de decretos. De la Cámara Baja, el proyecto pasa al Senado de la Nación. La expectativa de Capobianco apunta a que la ley se vote este mismo año.
Una vez aprobado, el instrumento legal permitirá que el poder público firme convenios, alianzas o contratos – incluso de concesión onerosa – para la explotación sostenible de áreas de bosques nacionales. La concesión obedecerá a un Plan Nacional de Concesión Forestal, que excluye, desde el vamos a las unidades de conservación de protección integral, las reservas extractivas, los territorios indígenas y las áreas de relevante interés ecológico. El plazo de los contratos de concesión obedecerá al ciclo de explotación de los productos, y no podrá ser superior a los 60 años.
Los concesionarios no tendrán acceso al patrimonio genético para fines de investigación, bioprospección o constitución de colecciones, so pena de incurrir en delito de biopiratería. Ni derecho a la titularidad inmobiliaria.
El seguimiento de los contratos y la gestión de los programas, entre otras atribuciones, quedarán bajo responsabilidad del Servicio Forestal Brasileño, cuya creación está prevista en la ley e integrará la estructura del MMA. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) sigue con la tarea de fiscalizar y castigar a los infractores, ya que la ley califica como delito ambiental a las acciones de degradación del bosque. Hasta ahora la deforestación ilegal se consideraba una contravención, con pena de multa y embargo.
El proyecto instituye también el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, con la misión de fomentar el desarrollo de las actividades sostenibles e impulsar la innovación tecnológica.
Pese a que la deforestación en la Amazonia creció un 6,23% entre 2003 y 2004, los últimos datos registran merma en los índices en seis de los ocho estados monitoreados por el Inpe. Las tasas de tala subieron solamente en Mato Grosso – que respondió por un porcentaje del 48% de la deforestación en la Amazonia, según la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva – y en Rondonia. “La contabilidad de la deforestación debe hacerse por zona y por estado. Cada uno de éstos tiene condicionantes distintos”, asevera Gilberto Cámara, coordinador general del Observatorio de la Tierra, del Inpe, el sector encargado del monitoreo del bosque mediante imágenes de satélite.
En el estado de Mato Grosso, la mayoría de las tierras es privada y su explotación debe cumplir con al Código Forestal, que estipula áreas de reserva legal del 80% si la propiedad se ubica en áreas de bosque, del 35% para las de área de sabana y del 20% para las haciendas ubicadas campos abiertos.
En la Amazonia en cambio, sólo el 24% de las áreas es titulado y el principal vector de la deforestación es la usurpación empresarial de grandes extensiones de territorio. De acuerdo con Philip Fearnside, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa, por su sigla en portugués), la deforestación a cargo de familias de agricultores no supera las 3 hectáreas.
La presencia de las madereras es fuerte. En 2004, según el Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), el sector maderero – que según los cálculos del Imazon reúne a alrededor de 2.500 empresas – extrajo 24,5 millones de metros cúbicos de madera en troncos, el equivalente a 6,2 millones de árboles. Este resultado confirma a la región en el segundo puesto entre los mayores productores de madera tropical del mundo, detrás solamente de Indonesia.
En 1998, el volumen de madera en tronco extraída era aún mayor, llegando así a los 28,3 millones de metros cúbicos. El Imazon atribuyó esta reducción al endurecimiento de la fiscalización contra la explotación legal, al aumento de la eficiencia del procesamiento y a la cancelación de centenares de planes de manejo. En tanto, las áreas explotadas según las reglas de buenas prácticas de manejo han aumentado: crecieron de 300 mil hectáreas en 2003, a 1,4 millón de hectáreas en 2004. “Al final de este año llegaremos a 1,4 millón de hectáreas”, prevé Capobianco.
La ampliación de la explotación certificada, aliada a las acciones de fiscalización del Ibama y de la Policía Federal, contribuyó a reducir los índices de deforestación en estos estados, de acuerdo con la evaluación de Capobianco. Éste estima que dicho índice podría reducirse más aún cuando se computen los efectos de las nuevas reglas para la obtención del registro de inmuebles rurales, modificadas por medio de la resolución emitida en diciembre del año pasado por parte el Ministerio del Desarrollo Agrario y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) para la regularización de posesión por ocupación en un centenar de municipios de la Amazonia. “En el transcurso de 23 años, el Incra registró pedidos de titulación de tierras sin ninguna inspección”, comenta Capobianco. Cualquier persona podría llegar y solicitar al Incra una Certificación de Registro de Inmueble Rural en un área inferior a las 2.490 hectáreas – “arriba de las 2.500 hectáreas se requiere la autorización del Congreso”. Con la posesión de tal certificación, era posible obtener financiamiento de parte del Banco do Brasil y autorización del Ibama para el manejo. Una vez realizadas las mejoras, que generalmente incluyen la deforestación, el paso siguiente consiste en solicitar la posesión definitiva de las tierras públicas. Los portadores de esta modalidad de titulación tuvieron plazo hasta febrero de este año para comprobar el origen de dicho documento. “A quienes no se presentaron se les inhibió la certificación de registro, perdieron el acceso al crédito y no pueden vender sus propiedades”, explica Capobianco.
El bosque productivo
En la extracción de la madera, por ejemplo, está prevista la tala de una cantidad muy pequeña de árboles por hectárea de bosque y la utilización de técnicas que permitan la reposición. Para asegurar el retorno rentable a los inversionistas, se concederán grandes áreas de explotación. “En dos décadas tendremos 40 millones de hectáreas en régimen de explotación”, estima Ronaldo Seroa Motta, coordinador de Estudios de Regulación del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea). “Todo va a depender de la demanda del mercado”.
El gran mérito del proyecto, acorde con su evaluación, es prever la conservación mediante la gestión privada, una experiencia exitosa en los países escandinavos, pero que fracasó en el Sudeste Asiático debido a la aparición de problemas en los criterios de concesión. El riesgo radica en la capacidad de gestionar la concesión en función de la extensión de las áreas y de la baja extracción de madera por hectárea: el costo del capital es mayor y, encima, los inversionistas deben reducir el impacto del transporte. Y eso sin mencionar la heterogeneidad típica del bosque tropical. “Son pocas las maderas que el mercado demanda”, explica Motta. Es preciso reducir los riesgos de la inversión. “No puede haber errores en la regulación para evitar la posibilidad de que el concesionario ‘recaliente’ madera, comprándosela a terceros”, afirma Motta.
Éste sostiene que ese mismo modelo “de concesión onerosa y conservación por gestión privada” debería adoptarse también en la explotación agropecuaria. “El agricultor no necesitaría talar para ganar la titularidad”, justifica.
El “plan de negocio” del proyecto de concesión de selvas contempla también otra carta en la manga: la posibilidad de un acuerdo que le garantice al país el acceso a créditos internacionales por compensación de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la deforestación de las bosques tropicales. Sería una especie de pago por los servicios prestados al clima global: la deforestación de los 23 mil kilómetros cuadrados de selvas registrada por el Inpe redundó en una emisión de 260 millones de toneladas de dióxido de carbono por año en la atmósfera, alrededor del 70% del total de las emisiones brasileñas y el 2% de las emisiones globales, según los cálculos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam).
La propuesta, presentada por el Ipam en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos en 2003, gana cada vez más adeptos en el MMA. La idea es la siguiente: si Brasil fuera capaz de reducir el índice de deforestación a un nivel ubicado debajo de 16 mil kilómetros cuadrados por año – la histórica en los años 1990 –, tendría acceso a créditos internacionales debido a la merma de emisiones. “Si la reducción fuera del 5%, la inyección de recursos podría variar entre 60 millones y 100 millones de dólares anuales”, calcula Paulo Moutinho, coordinador de investigaciones del Ipam.
Esta medida no contempla a los mecanismos de compensación previstos en el Protocolo de Kyoto. Y afronta resistencias, sobre todo de parte de las organizaciones no gubernamentales, que temen que el crédito por la reducción de emisiones en las selvas tropicales atenuaría, en contrapartida, el compromiso de los países más contaminadores como Estados Unidos, por ejemplo.
Según Capobianco, “existe un intenso debate en torno a esta cuestión”. La compensación por reducción de emisiones gana adeptos y podría integrar el segundo período de compromiso previsto en el Protocolo de Kyoto, a partir de 2012. “Pero nada impide que surja un nuevo protocolo que considere esta cuestión”, prevé.
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