La intención del gobierno federal brasileño de desconcentrar las actividades de investigación y estimular la generación de conocimiento en las diferentes regiones del país encuentra un obstáculo en la falta de disposición de los gobiernos de los estados para cumplir la legislación y girar íntegramente los recursos debidos a la Fundaciones de Apoyo a la Investigación (FAPs). São Paulo es la única excepción: cumple la Constitución del estado y gira a la FAPESP el 1% de la recaudación del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS).
Sin recursos, la gran mayoría de las FAPs se ve obligada a adoptar medidas drásticas, tales como la suspensión de la concesión de becas y de llamados a concursos, que comprometen el desarrollo de la investigación. Pero, lentamente, está empezando a crearse un clima de reacción. En junio, un grupo de 200 investigadores tomó la Praça da Liberdade, sede de la gobernación del estado de Minas Gerais, para exigir el giro íntegro del 1% del ICMS a la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Minas Gerais (Fapemig). En la región sur, se está organizando un movimiento en defensa de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Río Grande do Sul (Fapergs).
El cumplimiento de la ley y del giro efectivo de recursos a las fundaciones es una de las principales y más antiguas reivindicaciones del Foro Nacional de FAPs, creado en 1996. En el último encuentro, realizado en São Paulo durante los días 29 y 30 de julio, representantes de 22 estados se reunieron con el jurista Dalmo Dallari, quien, a pedido del Foro, realizó un estudio de los estatutos de las diversas fundaciones y de las constituciones de los estados, para analizar los aspectos jurídicos de la no concreción de los giros. “La idea es munir de elementos a los movimientos estaduales. Debemos presionar y dialogar”, dice Francisco Romeu Landi, presidente del Foro de las FAPs y director presidente del Consejo Técnico Administrativo de la FAPESP. El encuentro también reafirmó el pleito del Foro en pro de la autonomía administrativa y financiera de las fundaciones, de manera tal desestimar el riesgo de injerencia política. “Queremos que los consejos tengan capacidad para proponer el presupuesto de la Fundación, y que eso se respete”, explica Landi.
Los representantes de las FAPs reivindican también “el respeto a los mandatos de los consejeros y directores” como un refuerzo a la propuesta de autonomía y una garantía de estabilidad de las instituciones. “Por supuesto que las fundaciones no son independientes. Son operativas, y deben seguir los intereses de la sociedad, interpretada por los respectivos consejos y su política de gobierno”, aclara Landi. “Entender y aceitar la autonomía y el respeto a los mandatos es una demostración de cultura.”
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