Tres años antes de que el Congreso Nacional aprobara la ley brasileña de patentes, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa, sigla en portugués) empezó a elaborar un conjunto de reglas de protección del conocimiento generado en las más de 500 líneas de investigación desarrolladas al cabo de 32 años. Se trataba de tener un cuidado especial con su patrimonio científico, práctica en la época bastante inusual entre las instituciones públicas de investigación científica.
Al momento en que Brasil adhirió al acuerdo Trips (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights) – condición impuesta para que el país integre la Organización Mundial de Comercio (OMC) – y cuando se promulgaron las leyes de propiedad intelectual y de cultivares, a partir de 1996, Embrapa había ya creado un núcleo de innovación; había elaborado las normas de protección de su material genético y definido las condiciones de relación con socios públicos y privados para el desarrollo de nuevas variedades de plantas, recuerda Elza Cunha, directora del área de Propiedad Intelectual de Embrapa entre 1993 y 2002.
Pero la preocupación por proteger el conocimiento y crear reglas de relación con socios públicos y privados no fue exclusiva de Embrapa. La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) inició la implantación de sus reglas al final de la década de 1980, y las formalizó en 1994. Desde entonces, los 63 proyectos protegidos resultaron en 64 patentes ya concedidas – 14 en Brasil y 50 en el exterior – y 118 solicitadas – 54 en Brasil y 64 en el exterior –, comenta Maria Celeste Emerick, coordinadora de Gestión Tecnológica e Innovación de la Fiocruz. En el caso de Embrapa, la política adoptada generó 129 patentes, siendo 89 de éstas en el exterior.
Estos resultados, al margen de suministrar una medida acerca de la dinámica y de la calidad de las investigaciones en ambas instituciones, pueden contribuir para la evaluación del papel estratégico de la protección de la propiedad intelectual en la difusión del conocimiento.
Control de precios
El registro de una patente exige la publicación detallada de la tecnología. Al tratarse de un invento original y con aplicación industrial, el producto del conocimiento quedará protegido en el país de origen o en el exterior durante un plazo determinado, de 20 años promedio, durante el cual el inventor podrá explotarlo comercialmente o licenciarlo a cambio del pago de royalties, antes de que caiga en dominio público. “Todos tienen acceso a la fórmula, y esto ayuda al avance del conocimiento”, argumenta Sérgio Salles Filho, investigador del Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).
Al margen de contribuir a la diseminación de nuevas tecnologías, los ejemplos de Embrapa y la Fiocruz demuestran que la patente puede ser una herramienta crucial para suministrar soporte a las políticas públicas. Las protección de cultivares “una modalidad de patentes sui generis”, por ejemplo, catapultó a Embrapa a una ubicación estratégica en el mercado brasileño de semillas. La empresa tiene un 23% de los cultivares protegidos de soja y, si se computan los convenios firmados con diez fundaciones de productores de semillas, este porcentaje trepa al 36%. La presencia fuerte de Embrapa en este mercado limitó el proceso de desnacionalización y privatización del sector, dio aire a la competencia y a los productores nacionales de semillas y ha contribuido también al control de precios. Si no fuera por la política de patentes, las grandes empresas multinacionales prevalecerían en este mercado.
En el caso de la Fiocruz, la política de patentes calificó a la institución para transferir tecnología a socios, licenciar el desarrollo de investigaciones y producir inmunobiológicos en sus dos fábricas, y así garantizó el suministro para una parte del mercado de vacunas, diagnósticos y medicamentos, permitiéndole al país negociar los precios con las grandes industrias farmacéuticas.
El impacto social de las políticas de propiedad intelectual, evaluado de acuerdo con esta perspectiva, contradice los argumentos de algunos sectores de la academia, para los cuales la política de patentes es incompatible con el carácter público del conocimiento producido en las universidades e institutos de investigación. “El conocimiento es poder. Si se publica sin protección, con miras a incrementar los beneficios sociales, ¿quién lo usará de forma más rápida y eficiente? Seguramente serán aquellos mejor posicionados para el uso de ese conocimiento, que en general, no son precisamente los más necesitados”, afirma Salles Filho. Es función del sector público, dice, ofrecer tecnología, protegerla, crear y ampliar negocios para generar riquezas y no para “alimentar las desigualdades” en el uso del conocimiento. “La cuestión fundamental es la de la apropiación del valor generado por el conocimiento y no la apropiación del conocimiento per se.”
En el caso de Embrapa, la política de protección de la propiedad intelectual tuvo efectos también sobre los ingresos. No existen restricciones al hecho de compartir patentes de invención con socios públicos o privados, pero Embrapa no la divide la titularidad de cultivares con empresas. Llegado el caso, comparte la licencia de uso de exclusividad para la explotación comercial durante un período de ocho a diez años, mediante el pago de royalties. La regla vale para los contratos firmados con las diez fundaciones de productores de semillas, como Monsanto, y valdrá para los contratos en negociación con Basf, Syngenta, Bayer y Delta Pine.
Los cultivares protegidos generan dos mil contratos promedio anuales, y resultaron en royalties por valor de entre 11 y 13 millones de reales, una quinta parte del presupuesto de costeo de la empresa entre 1993 y 2002. “Implementamos una política agresiva de licencias”, recuerda Elza Cunha. “Y Embrapa aún no ha comenzado a licenciar productos transgénicos. Esto nos da una idea de lo que la empresa va ganar con eso”, sostiene.
La Fiocruz ha dado inicio a la revisión de las normas de protección de la propiedad intelectual. Maria Celeste pretende implementar reglas más rígidas de procedimiento de operaciones estándar, pues reconoce una cierta “informalidad” en la relación con los investigadores. “Vamos a mejorar la entrevista con el inventor y transformarla en una notificación para la invención y los mecanismos gerenciales”, ejemplifica.
La fundación ha creado una comisión con el objetivo de evaluar proyectos que serán patentados. “Tenemos ocho patentes negociadas, pero algunas no tienen licencia de uso exclusivo”. Son patentes de bajo valor agregado que, desde el punto de vista económico, tienen resultados irrisorios, admite.
La Fiocruz también invierte en la calificación de su personal. La investigación y desarrollo ha adquirido status de asignatura de la carrera de posgrado en la Fiocruz, y ya existe un curso sobre Propiedad Intelectual e Interés Público dictado vía convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). “Tenemos también tres proyectos de investigación que cuentan con el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y de la Fundación Carlos Chagas Filho de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (Faperj): Propiedad Intelectual en Genómica, Proteómica e Informática, Propiedad Intelectual en Nanotecnología y Propiedad Intelectual y Células”, comenta Claudia llamas, coordinadora de la cátedra de Biociencia, del Instituto Oswaldo Cruz.
Salles ocota que los institutos públicos de investigación no deben adoptar políticas de patentes sólo como forma de generar ingresos. “Pero tienen la obligación de trabajar con la protección del conocimiento generado en las investigaciones, de lo caso contrario estarán desperdiciando dinero público. Las licencias generan ingresos, expanden la capacidad de inversión y, sobre todo, aportan beneficios sociales mayores que si sencillamente se procediera a la liberación indiferenciada del conocimiento”, dice.
La patente constituye a su vez una herramienta estratégica para la transferencia del conocimiento generado en las universidades e institutos de investigación, para dar apoyo al desarrollo de la innovación empresarial. El Instituto de Investigación Tecnológica (IPT) de São Paulo y las universidades federales de Minas Gerais (UFMG) y de Río Grande do Sul (UFRGS) y la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) se cuentan entre las instituciones que han adoptado políticas de protección de la propiedad intelectual y crearon núcleos o agencias de innovación para estrechar la relación con socios estratégicos.
La Unicamp, por ejemplo, creó su Agencia de Innovación (Inova Unicamp) hace dos años. Con 400 patentes depositadas – 46 ya concedidas –, la Unicamp mantuvo el primer puesto entre los 20 mayores depositantes de patentes del estado de São Paulo entre 1994 y 2001. Al menos 41 tecnologías han sido licenciadas en diferentes sectores del mercado durante los 25 meses de actuación de Inova, entre las cuales hay anestésicos, un sistema de tratamiento de efluentes industriales y un receptor de radiofrecuencias, de acuerdo con Rosana Di Giorgio, directora de Propiedad Intelectual. “Todos los contratos firmados entre las universidades y el mercado – no solamente los de licencias – no representan un ingreso significativo. A lo sumo, se equiparan al 7% del presupuesto de las universidades”, estima.
Los resultados económicos registrados por la Unicamp corroboran la idea esgrimida por Salles, en el sentido de que las instituciones públicas de investigación no deben asentar su política de patentes en la expectativa de ingresos. “La misión estratégica de la universidad es difundir el conocimiento, y la patente es uno de los instrumentos para hacer efectiva tal difusión”, subraya Carlos Henrique de Brito Cruz, director científico de la FAPESP.
Utilizando datos de las universidades estadounidenses, Brito estima que las patentes académicas requieren inversiones promedio por valor de un millón de dólares, en comparación con el promedio de 100 mil dólares para las patentes industriales, que, la mayoría parte de las ocasiones, son incrementales y defensivas. “En Estados Unidos hay no más de diez universidades que ganan con propiedad intelectual más de lo que gastan”, dice. Por cada una de las 281 patentes depositadas por la Universidad de California en 1999, por ejemplo, se hizo necesario invertir en investigación y desarrollo un promedio de 6,6 millones de dólares. Y cada una de las 715 tecnologías licenciadas en dicha universidad generó en promedio 102,6 mil dólares anuales, de acuerdo con estadísticas de 1999.
“La patentes académicas deben ser innovadora porque derivan de descubrimientos científicos, mientras que las industriales, en general, son incrementales. Por su carácter potencialmente revolucionario, las patentes académicas son estratégicas para el avance de la innovación, y esenciales para la protección de la inversión pública que las generó”, recuerda Brito.
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