La revista Environmental Health Perspectives, una de las más influyentes del mundo en el área de la salud ambiental, suspendió la recepción de nuevos estudios para su publicación en respuesta a los recortes presupuestarios en la ciencia que viene implementando el gobierno de Estados Unidos. Este periódico científico, que funciona bajo la modalidad de acceso abierto, no cobra tarifas ni a los lectores ni a los autores de los artículos, lo que era posible gracias a su vínculo con el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, uno de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, auspiciante de la publicación desde su creación, en 1972.
Los editores decidieron suspender las actividades porque no saben si dispondrán de fondos para renovar los contratos con sus proveedores: el gobierno de Trump ha propuesto una reducción del presupuesto de los NIH, de 48.000 millones de dólares en 2025 a 27.000 millones en 2026. La paralización de las actividades también afecta a una publicación hermana, la revista Journal of Health and Pollution, editada desde 2011. De aprobarse una propuesta de recorte que la institución está debatiendo, también dejarán de circular otras dos revistas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Una de ellas es Emerging Infectious Diseases, que publica informes sobre amenazas de enfermedades infecciosas que son referencia en todo el mundo.
Las intimidaciones motorizadas por el gobierno también preocupan a la comunidad científica. Prestigiosas revistas médicas como The New England Journal of Medicine (NEJM), JAMA, Chest Journal y Obstetrics and Gynecology recibieron en el mes de abril una carta de Edward R. Martin Jr., procurador federal interino del distrito de Columbia designado por el gobierno de Trump, sugiriendo que estaban tomando partido en debates académicos, lo que estaría infringiendo las leyes, y exigiéndoles respuestas a una serie de preguntas, a saber: “¿aceptan el envío de artículos con puntos de vista discordantes?” o “¿pueden acreditar transparencia en lo que concierne a la influencia de sus patrocinadores, financistas y anunciantes?”.
El procurador también quiso saber cuál fue la influencia de los NIH en la producción de los artículos. En el caso de Obstetrics and Gynecology, editada por el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, hace tiempo que es blanco del ataque de grupos conservadores por publicar artículos sobre programas de salud reproductiva o con foco en cuestiones de diversidad y género, resultado de proyectos que cuentan con financiación federal.
El editor de NJEM, Eric Rubin, calificó al contenido de la carta recibida como “amedrentador”. “Estamos preocupados porque incluía preguntas sugiriendo que podríamos ser tendenciosos. No lo somos. Le dedicamos mucho tiempo a la selección adecuada de los artículos que publicamos, con la mira puesta en transmitir un mensaje correcto”, dijo, según la organización de medios de comunicación NPR. La revista respondió a las inquisiciones del procurador con una declaración que refuta las insinuaciones e invoca la disposición de la Constitución de Estados Unidos que asegura la libertad de expresión y de prensa: “Aplicamos rigurosos procesos editoriales y de revisión por pares para garantizar la objetividad y fiabilidad de las investigaciones científicas que publicamos. Avalamos la independencia editorial de las revistas médicas y su derecho a la libertad de expresión asegurados por la Primera Enmienda.”
El bioquímico Jeremy Berg, antiguo editor de la revista Science, afirma que la estrategia del gobierno consiste en forzar a las revistas a publicar artículos alineados con sus convicciones en temas tales como vacunas y cambio climático, aunque sean de mala calidad. Lo cierto es que la misiva del procurador está en consonancia con el discurso de las autoridades sanitarias de la administración Trump. El médico y economista Jay Bhattacharya, actual director de los NIH e investigador de la Universidad Stanford, fue muy criticado durante la pandemia por ser contrario al aislamiento social (propuso dejar que el virus se propagara naturalmente) y la obligatoriedad del uso de mascarillas. Recientemente fundó una revista, Journal of the Academy of Public Health, abierta a estudios con evaluaciones alternativas con respecto a la pandemia, como es el caso de un artículo, firmado por el propio Bhattacharya, que denuncia fallas de planificación en los ensayos clínicos de vacunas contra el covid. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., ya venía amenazando con demandar a las revistas médicas, a las que acusa de actuar en connivencia con las empresas farmacéuticas. En un pódcast del que participó en 2024, Kennedy dijo que la revista NJEM “le mintió al público”, e impulsó la retractación de artículos que contenían “ciencia real.”
Para Amanda Shanor, jurista de la Universidad de Pensilvania, la información divulgada en las publicaciones médicas de renombre está ampliamente amparada por la Constitución y le asisten los mismos sólidos derechos que se aplican al caso de los periódicos. En declaraciones al The New York Times, sostuvo que la carta del procurador “parece querer generar cierto temor y conturbación que afectará la libertad de expresión de la gente”, y esto sí, enfatiza, crea “una preocupación constitucional”.
El acoso perpetrado por el procurador ha dejado estupefactos a los científicos. “Los investigadores se critican unos a otros permanentemente y las revistas están repletas de divergencias y reinterpretaciones de datos”, le dijo a la revista Science el psicólogo Marcus Munafó, de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, estudioso de la integridad en la investigación científica. Reconoce que la ciencia puede equivocarse y que falta diversidad política en ciertos ambientes académicos. “Pero los científicos siempre están tratando de determinar lo que es cierto para permitir el avance del conocimiento. Lo que los responsables políticos decidan hacer con esas evidencias es un tema aparte.”
Las medidas del gobierno de Trump no han hallado eco ni siquiera entre los que se quejan de la falta de apoyo a las opiniones minoritarias en la ciencia. La socióloga Nicole Simovski, directora de Heterodox Academy, una organización sin fines de lucro que propugna que se garantice la diversidad de puntos de vista en las universidades, declaró en el sitio web de la institución que se están probando varias iniciativas para dar voz a las opiniones científicas alternativas, como la creación de revistas dedicadas a temas relegados por la corriente dominante e incluso un proyecto que propone una cooperación entre investigadores con enfoques teóricos e ideológicos conflictivos con miras a producir resultados más precisos y libres de sesgos o ambigüedades (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 335). Estas nuevas iniciativas, subraya, están siendo dirigidas por expertos que procuran identificar problemas y resolverlos con sus pares académicos, lo que difiere sustancialmente de las “intervenciones gubernamentales de gente que no es idónea para tratar de imponer puntos de vista en las publicaciones científicas.”
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