Las autoridades ambientales pretenden ampliar el número de áreas de protección ecológica en propiedades privadas. El Instituto Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) ha fijado reglas que desburocratizan la creación de Reservas Particulares de Patrimonio Natural (RPPNs), parcelas rurales que, por iniciativa de sus dueños, se convirtieron en santuarios ambientales. El nuevo status no afecta el derecho a la propiedad, pero tiene efecto permanente. Las ventajas que brinda son escasas. Los propietarios quedan aptos a recibir giros de fondos del impuesto ICMS, cosa que ocurre en pocos estados, y no necesitan pagar el Impuesto Territorial Rural. Así, solamente los propietarios realmente interesados en la preservación ambiental echaron manos de este recurso. Existen 656 reservas como estas en el país, que ocupan 600 mil hectáreas. Las nuevas normas del Ibama retiran exigencias con relación a la documentación, tales como la descripción de los límites de área demarcados con geoprocesamiento vía satélite. Eran reglas restrictivas, que obstaculizaban la creación de RPPNs y le quitaban transparencia al proceso, dijo el presidente del Ibama, Marcus Barros. Otra novedad es que los dueños tendrán prioridad para la concesión de recursos del fondo Nacional del Medio Ambiente, y facilidades para obtener créditos agrícolas. Las RPPNs pueden explotar actividades sostenibles, tales como ecoturismo, educación ambiental e investigación científica. Constituyen un instrumento para la concreción de sociedades públicas y privadas y de combate contra la deforestación, dice Barros.
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