Brasil debe tomar medidas urgentes para superar su atraso tecnológico, que compromete su desarrollo y su competitividad. Es necesario fomentar las inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (Inv., D&I). Las actividades de investigación, actualmente concentradas en las universidades, deben ser llevadas también hacia el interior de las empresas. Este desafío requiere la implementación de políticas de incentivos fiscales y de apoyo por parte del gobierno. Esta evaluación, endosada por empresarios, legisladores, investigadores, periodistas y representantes de las universidades e institutos de investigación, orientó los debates de la Conferencia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de São Paulo, realizada en la sede de la Asamblea Legislativa durante los días 16 y 17 de agosto.
El encuentro tuvo como objetivo discutir las prioridades de São Paulo para el sector y preparar las contribuciones paulistas para la Conferencia Nacional que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y la Academia Brasileña de Ciencias realizarán en Brasilia, entre los días 17 y 21 de septiembre, en procura de delinear una política científica y tecnológica para los próximos diez años. En São Paulo, así como también en las demás regiones del país, los debates se orientaron según cinco grandes temas: Avance del Conocimiento, Calidad de Vida, Desarrollo Económico, Desafíos Estratégicos y Desafíos Institucionales. “Éste es un debate estratégico para el futuro del país”, afirmó el secretario de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico del Estado de São Paulo, Ruy Altenfelder Silva.
“El desafío de transformar el conocimiento en riqueza solo será posible mediante el apoyo oficial y tornando factible la implicación de la empresa en actividades de I&D”, dijo Carlos Henrique de Brito Cruz, presidente de la FAPESP, uno de los participantes en el debate del tema C&T, I y D, coordinado por el periodista Roberto Müller Filho, de Gazeta Mercantil. Brito recordó que fue la acción del Estado, por medio de una exitosa política de incentivos fiscales, la que permitió que Corea expandiera su economía y ampliara su participación en el mercado mundial. Mientras Brasil tiene hoy apenas un 11% de sus científicos e ingenieros trabajando en empresas y el 89% en las universidades e institutos de investigación, Corea tiene un 54% de dichos profesionales en la iniciativa privada. “Es necesario crear un ambiente menos hostil para que las empresas inviertan en I&D”, completó.
En los países desarrollados, las empresas tienen un papel fundamental en la implementación de la investigación aplicada, siempre apoyadas por subsidios oficiales. Brito recordó el Buy American Act, la ley estadounidenseque prioriza a las empresas nacionales en las compras gubernamentales. “Estados Unidos destina 25 millones de dólares anuales para eso”, destacó. En Brasil, la situación es diferente. Gilberto Câmara Neto, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), recordó que el gobierno concreta contratos por apenas un 10% de sus proyectos de satélites con empresas brasileñas. “El programa espacial debe ser un instrumento de política industrial, privilegiando a la industria nacional en ese sector estratégico, como se hace en los países desarrollados”, dijo Câmara, que aseguró que más de la mitad de lo que se contrata en el exterior podría comprarse en Brasil.
La ausencia de una política de incentivos tiene su precio. Aquí, el sector privado es responsable por, como máximo, un 35,7% del total de gastos en IeD, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ese porcentaje llega en promedio al 70%. En Estados Unidos, el gobierno paga alrededor de un 40% del total de gastos efectuados en investigación aplicada y desarrollo, aunque realiza solamente un 10% de las actividades relativas a esos gastos: el 90% es llevado a cabo por las empresas. La exención fiscal por inversiones en investigación llega al 30% en algunos de esos países, mientras que en Brasil es de apenas un 5%. “Necesitamos rever eso”, subrayó Brito.
Incentivos fiscales
En la reglas del comercio internacional, no existen obstáculos para la implementación de políticas de incentivo a inversiones en I&D de las empresas. José Augusto Correia, del Departamento de Tecnología de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), enfatizó que el subsidio a la innovación es uno de los pocos no penalizados por el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscrito por 142 países, que admite que esos auxilios cubran hasta un 75% del costo de la investigación. Brasil también dispone de una Ley de Incentivos para I&D, la Ley 8.661/93.
Pero ésta representa tan solo un 2% del valor total de la renuncia fiscal a título de incentivo a la investigación, desarrollo y capacitación tecnológica en las empresas, que el año pasado, sumó 1.55 mil millones de reales. Dos tercios de ese total resultaron de la Ley de Informática (8.248/91), un cuarto es fruto de la ley específica para la Zona Franca de Manaos (8.387/91), y un 5% de las leyes de incentivo a la importación de equipamientos de investigación (8.010/90 y 8.032/90).
La Ley 8.661/93 se inspiró en una legislación similar adoptada por países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Corea. Entre 1995 y 1998, el total de subsidios concedidos por la Ley 8.661 había crecido casi un 250%, al punto de ampliar la participación de las inversiones en tecnología del 0,8% al 1% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con José Miguel Chaddad, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de las Empresas Innovadoras (Anpei). Pero en 1997, los incentivos se redujeron al 4% del impuesto a la renta (IR) de las empresas, y la ley pasó a incorporar también subsidios del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT). Los resultados en el período sumaron apenas 33,7 millones de reales.
Tanto la Anpei, entidad responsable por la implementación de la 8.661/93, como la Fiesp consideran prioritario recuperar e incluso elevar los porcentajes concedidos por esta ley. La Anpei propone que se establezca una deducción del 15% del IR de todos los gastos con I&D, siendo el 25% para las regiones centro-oeste, norte y nordeste, además de la exención del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) sobre el material destinadoa la investigación tecnológica en las empresas, exención del impuesto de importación y reducción de otros impuestos aplicados a la importación de bienes y servicios destinados a la investigación tecnológica.
La Anpei sugiere también la creación de mecanismos de incentivo que estimulen la innovación en empresas que no pagan impuesto a la renta, como es el caso de la mayor parte de las organizaciones de pequeño porte, y la duplicación de la rebaja en gastos con cursos de maestría y doctorado de empleados, entre otras medidas. Chaddad propuso también la simplificación del proceso de concesión de incentivos; la certificación de las empresas; la apertura de líneas de crédito para financiar la adquisición de máquinas, equipamientos y aparatos para actividades de IeD; el otorgamiento de préstamos a fondo perdido para proyectos cooperativos y la creación de una agencia nacional de tecnología.
Ley de Innovación
Rui Quadros, profesor de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) y coordinador adjunto de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, destaca que una de las prioridades del MCT es la aprobación de una Ley de Innovación para proteger la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, estimular la movilidad de los investigadores del sector público hacia el sector privado y la constitución de capital de riesgo. También están siendo estudiadas modificaciones en la Ley de Licitaciones para flexibilizar la participación de las empresas de tecnología en las competencias públicas y permitir la contratación de investigaciones de las empresas por parte del gobierno.
No obstante, de acuerdo con la perspectiva de la Receita Federal (organismo recaudador), los incentivos fiscales son una forma de evasión de recursos, como indicó Gerson Ferreira Filho, de la Secretaría de Gobierno del Estado de São Paulo. “Pero si estamos pensando en salir del nivel de un 1,2% del PBI destinado a I&D para llegar, por ejemplo, a un 2,5% en los próximos cinco años, debemos permitir que una parte de los incentivos para inversión en I&D sea también accesible para cualquier empresa, y no solamente para las industrias o agroindustrias que tengan su Plan de Desarrollo Tecnológico aprobado”, sugiere.
Esas medidas deberían incluir, por ejemplo, la autorización para que las empresas con acciones en la Bolsa de Valores puedan emitir un tipo de acciones con gracias para inversiones en I&D. Las empresas con IR para pagar podrían destinar la parte incentivada a adquisiciones de esas acciones nuevas, por un período determinado. Quadros recordó también que la participación de los municipios en el esfuerzo de desarrollo, no contemplada por la Constitución de 1988, sería otra posibilidad de apoyo a la innovación. Y comentó que la Ley de Responsabilidad Fiscal debería ser utilizada para obligar a los estados a girar a las Fundaciones de Apoyo a la Investigación los porcentajes estipulados en la ley. “Serían 300 millones de reales más todos los años para ciencia y tecnología.”
Indicadores
Entre los participantes en los debates, también hubo consenso sobre la necesidad de crear instrumentos para evaluar de manera sistemática el nivel de inversión de las Empresas en I&D. En la Unicamp, por ejemplo, está creándose un instituto virtual para estudiar los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad, según anunció el ex rector Carlos Vogt, actualmente vicepresidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC).
Ese instituto virtual pretende llevar a cabo el mapeamiento de la estructura empresarial brasileña, evaluando los ramos de actividad que crecieron, los que se estancaron y los que decayeron, además de analizar las tendencias de fragmentación, concentración y mortalidad de las empresas, así como también las de los procesos productivos, del perfil de la mano de obra en cada sector y de las modificaciones en la estructura ocupacional brasileña. Esos datos serán cruzados con un análisis de las inversiones en tecnología, registros de patentes, importaciones y exportaciones en cada sector.
Pequeñas empresas
Los debates también pusieron de relieve la importancia de que los estímulos a la investigación en el sector privado se dirijan prioritariamente a las pequeñas y microempresas. “En Brasil, la participación de las pequeñas empresas no llega al 25% del PBI y el 2% de las exportaciones. Tenemos que ampliar esa relación agregando valor al producto de esas empresas por medio del estímulo a la innovación”, dijo el director superintendente del Servicio de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa del Estado de São Paulo (Sebrae-SP), Fernando Leça, que participó de la mesa El Apoyo a la Innovación Tecnológica, coordinada por el periodista Luís Nassif. Leça destacó la importancia de las incubadoras de empresas de alta tecnología, así como el estímulo a la innovación. En el Estado de São Paulo, el Sebrae participa en 35 de esas incubadoras, que albergan a 400 empresas y generan 1.650 puestos de trabajo.
El Sebrae-SP, socio de la FAPESP en el Programa El Investigador en la Empresa, sugiere también la elaboración de un gran programa de innovación tecnológica para los próximos cinco o diez años, reuniendo a la FAPESP, la Fiesp, las universidades y otros órganos, además de la creación de centros tecnológicos sectoriales para las áreas prioritarias de la política gubernamental.El potencial de innovación de las pequeñas empresas de tecnología puede demostrarse por los resultados de los programas de Innovación Tecnológica en Pequeñas Empresas (PIPE) y de Asociación para la Innovación Tecnológica (PITE), implementados por la FAPESP.
De acuerdo con José Fernando Perez, director científico de la Fundación, con ese apoyo, las pequeñas empresas desarrollarán tecnologías tan diversas como una vacuna que previene la malformación de huevos, un software para el reconocimiento de caracteres y biotecnología nacional para la producción de insulina humana, además de dos proyectos de desarrollo de células de combustible. Una de las empresas apoyadas por el PIPE – AsGa Microelectrónica – llegará este año a 100 millones de reales de facturación, casi 19 veces el resultado alcanzado en 1997.
Otros dos programas de la FAPESP fueron presentados como ejemplos de proyectos en áreas estratégicas, con gran aplicabilidad, que generaron una experiencia que ya se ha expandido hacia todo el país: los programas Genoma y Biota. El Proyecto Innovar, expuesto en la conferencia por Mauro Marcondes Rodrigues, presidente de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), también es un ejemplo de una iniciativa destinada a ampliar las inversiones privadas en ciencia y tecnología. El proyecto estimula al capital de riesgo en el país mediante la selección de los proyectos más prometedores y la organización de una incubadora de fondos de capital de riesgo.
El desafío de la educación
Datos tales como el de la escolaridad promedio de los brasileños,de 6,1 años de estudios, frente a los 9,5 años de losmexicanos y los 10,4 años de los chilenos, dejan claro que la educación es uno de los principales desafíos del desarrollo tecnológico. Según el análisis de Hermano Tavares, rector de la Unicamp, Brasil precisa superar el atraso, sobre todo en la enseñanza superior, e invertir en lo que él denomina capacidad de anticipación. “Los estudios apuntan que la demanda por vacantes en las universidades se duplicaría en siete ó diez años”, dice, recordando que es necesario crear una estructura para absorber a esa población.
Tavares fue uno de los participantes en el debate del tema En Marcha hacia el Futuro, coordinado por la diputada estadual Célia Leão, que preside la Comisión de C&T y Educación de la Asamblea Legislativa de São Paulo. En Brasil, reveló Tavares, de las 900 mil vacantes en la enseñanza superior, 750 mil están en la red privada. Y concluyó. “Si queremos pensar en el futuro de la educación en el país, tenemos que tener en cuenta a la red privada”.
La estructura y la legislación de las universidades también estuvieron en la pauta durante el simposio Desafíos Institucionales, coordinado por Ivan Chambouleyron, de la Unicamp. “La universidad privada tiene mucho más espacio para la innovación que la pública”, constató Nina Ranieri, de la Universidad de São Paulo (USP). La Ley de Directrices y Bases (LDB), dijo, flexibilizó la estructura de la universidad pública, pero creó una paradoja en la medida en que, reconociendo su estatuto jurídico especial – aún no reglamentado -, no asegura compromisos claros con su financiamiento. “Es difícil definir nuevos rumbos dentro del esquema jurídico vigente”, dijo Ranieri. “La universidad privada tiene la misma autonomía, regida sin embargo por la voluntad y la libertad de contratación”, comparó. La creación de nuevas estructuras para atender a los nuevos desafíos depende de la definición de un régimen jurídico especial, concluyó la especialista.
Dificultades estructurales e institucionales también comprometen el desempeño de los institutos de investigación. Guillerme Ari Plonski, director superintendente del Instituto de Investigación Tecnológica (IPT), en São Paulo, abordó las dificultades que los investigadores enfrentan en función de la inestabilidad de recursos, de los impedimentos legales en su aplicación y de los bajos salarios ofrecidos a los científicos. Plonski llamó la atención hacia la necesidad de redefinir el papel de los institutos de investigación, que deben asumir funciones más claras y relevantes en el proceso de innovación, cómo operar como grandes portales tecnológicos, articular redes cooperativas, formar capital humano y funcionar como observatorios capaces de producir informaciones consistentes sobre CT&I en el país.
Las universidades y los institutos de investigación no pueden apartarse de la misión de producir conocimiento y hacer ciencia. El presidente de la Academia Brasileña de Ciencias, Walter Colli, realizó una apasionada defensa de la importancia de la ciencia básica. “Es un equívoco pensar que la ciencia básica es un lujo para un país en desarrollo, que invertir tan solo en tecnología sacará al pueblo de la miseria más rápidamente, porque sin buenos científicos, un país no logra ni siquiera comprender las invenciones realizadas por otros para transformarlas en tecnología”, afirmó.
Colli destacó también que los dos pilares de toda la actual revolución biotecnológica se apoyan en dos descubrimientos de la investigación básica que no parecían tener ninguna aplicación práctica: la doble hélice del ADN, descubierta por Watson y Crick, y las enzimas de transmisión. “Necesitamos formar más ingenieros y científicos capaces de desarrollar productos, pero jamás en detrimento de la ciencia básica”, enfatizó Colli, quien concluyó diciendo que la financiación a la investigación básica es una obligación del Estado, y la de la investigación aplicada, responsabilidad de las empresas.
Desarrollo social
Los debates sobre Ciencia, Tecnología e Innovación y Calidad de Vida reunieron a especialistas en salud, violencia, del sector agropecuario y del de medio ambiente. Las mesas fueron coordinadas por Marcos Macari, de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), y Hernan Chaimovich, de la Universidad de São Paulo (USP).
En el área de la Salud, José Carvalheiro, de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo, destacó la necesidad de diálogo entre la comunidad científica y los representantes del sistema de salud en los distintos niveles de gobierno. Según su evaluación, la salud forma parte del sistema de C&T. Carvalheiro defendió la propuesta de creación de un fondo para el sector, y manifestó reservas con relación a la idea de estructurar una agencia especializada en C&T en salud. Observó que São Paulo, con la mayor capacidad instalada de investigación en el área en el país, debe estar atento al reparto de recursos si esa agencia es estructurada. “Brasil no tiene experiencia con agencias específicas, y el segmento de salud colectiva estudia el tema con cautela”, enfatizó.
Carvalheiro dijo también que no se puede ignorar que, de los 60 mil millones de dólares que los sectores público y privado destinan a nivel mundial a la salud, el 90% es consumido por enfermedades que afectan apenas a un 10% de la humanidad. El funcionario señaló la necesidad de adoptar metodologías que indiquen qué es lo prioritario en las investigaciones, no solo desde el punto de vista de la frecuencia y de la relevancia de las enfermedades, sino también de la capacidad construida para contenerlas. Marco Antônio Zago, de la Universidad de São Paulo, destacó que la misión de cualquier plano de C&T en salud es la de identificar modelos de acción y puntos de intervención con efecto multiplicador. “El primer paso es reconocer los problemas de la educación superior en salud, de la formación de investigadores en el área y de planeamiento y gestión en salud pública”, dijo.
Zago enfatizó también la importancia de adecuar los recursos disponibles con estrategias de C&T que produzcan un alto impacto sobre las condiciones de salud de la población y la economía. Mencionó, a modo de ejemplo, la importación de 225 millones de unidades de factor de coagulación VIII para el tratamiento de hemofílicos, obtenido por fraccionamiento de plasma, una tecnología obsoleta que insume 90 millones de dólares anuales, el 75% del monto destinado a la compra de hemoderivados en el mercado externo.
Para levantar fábricas de fraccionamiento, Brasil – que tiene un excedente de plasma suficiente para producir 165 millones de unidades anuales y tecnología para ello – debería invertir un poco más del doble del valor anualmente destinado a las importaciones. Sin embargo, la alternativa más adecuada sería producir en el país con base en la tecnología hoy utilizada por los países desarrollados, basada en el ADN recombinante. “Un proyecto vinculado a ese objetivo, que envuelve a cuatro centros de investigación, está recibiendo una inversión de tan solo 3 millones de reales por parte de la Finep”, dijo Zago.
Abordando las relaciones entre C&T y la calidad de vida, Sérgio Adorno, también de la USP, trató la cuestión de la violencia. A su entender, C&T pueden contribuir al control de la violencia en tres flancos: la construcción de un sistema de estadísticas criminales a nivelnacional, la formación de recursos humanos especializados para enfrentar el desafío de reformar el sistema de justicia y la formulación de un programa articulado con la investigación con miras a la implementación de políticas de mediano y largo alcance.
La C&T también tiene un rol preponderante en el desarrollo del sector agropecuario. Raul Machado Neto, de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de la USP, subrayó, por ejemplo, la importancia fundamental de los sistemas de localización geográfica por satélite, del acúmulo de conocimientos de los recursos genéticos nacionales con el mapeamiento de la biodiversidad animal y vegetal, de la protección de las especies y del manejo racional de animales silvestres. Otros tópicos abordados por Machado fueron la necesidad de ofrecerles a los agricultores alternativas de sistemas de producción que tengan en cuenta valores ecológicos, sociales y económicos, y el potencial de las técnicas de riego.
Maria Inês Pagani, de la Unesp, que abordó las relaciones entre C&T y el medio ambiente, sugirió que el MCT adoptara algunas propuestas de la Agenda 21, como por ejemplo, los proyectos de zoneamiento ambiental; recuperación, revitalización y conservación de las cuencas hidrográficas y de sus recursos vivos y los estudios de difusión de tecnologías para el tratamiento y la reutilización del agua.
João Furtado, también de la Unesp, subrayó que las políticas de CeT deben ser sostenibles económicamente y deben establecer prioridades claras para hacer frente a la competencia entre empresas, instituciones y países en un escenario en el que la riqueza depende cada vez más de las informaciones.
Sebrae y FAPESP preparan una asociación en el PEMP
La FAPESP en asociación con el Sebrae-São Paulo, ha creado un nuevo programa de estímulo a la innovación tecnológica. El Investigador en la Empresa (PEMP) va a apoyar, a través de becas, la realización de proyectos de investigación desarrollados en el ambiente empresarial. “En un segundo momento, podremos pensar en establecer acuerdos similares también con la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI)”, dice José Fernando Perez, director científico de la FAPESP. Las nuevas normas aún no han sido anunciadas.
La estructura del PEMP se asemeja a la del Programa de Innovación Tecnológica en Pequeñas Empresas (PIPE). La diferencia reside en que el Sebrae financiará los primeros seis meses del programa, período en el que el investigador deberá detallar el proyecto de investigación que será desarrollado en la empresa. Una vez aprobada la propuesta, dicho investigador contará con recursos de becas de la FAPESP durante los 18 meses posteriores.
Los objetivos del PEMP son: estimular la práctica de investigación y fomentar la innovación en las empresas paulistas, conciliar los esfuerzos en investigación aplicada con los intereses empresariales y fomentar la contratación de personal de alto nivel para funciones relacionadas con la investigación y el desarrollo en la empresa, entre otros.
De acuerdo con Perez, la expectativa es que el PEMP también genere una mayor demanda para el PIPE, cuyo principal problema es la carencia de investigadores que conozcan el ambiente empresarial. El PEMP otorgará dos tipos de becas: la llamada Investigador en la Empresa (PDI) y la de Iniciación Científica y Tecnológica (IC), dependiendo de la calificación del investigador.
La PDI será destinada a investigadores recientemente formados, con competencia documentada. Los becarios de la categoría IC recibirán auxilio transporte. Las empresas podrán complementar la remuneración de los investigadores de modo de tornarla compatible con los valores del mercado.
Cinco regiones debaten Ciencia, Tecnología e Innovación
Además de la de São Paulo, fueron realizadas simultáneamente otras cinco Conferencias Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación.Científicos, investigadores y empresarios de Río de Janeiro y Minas Gerais, reunidos en Río, manifestaron su apoyo al proyecto de ley del senador Roberto Freire (PPS-Pernambuco) que autoriza a investigadores de universidades públicas a realizar trabajos temporarios en empresas privadas. También apuntaron la necesidad de perfeccionamiento en la formación profesional y de ampliación del sistema de educación a distancia.
En Florianópolis, representantes de universidades, institutos de investigación y empresarios de los estados del sur del Brasil propusieron, entre otras medidas, la regionalización de las acciones de fomento del MCT y la creación de Centros de Excelencia en Innovación y Gestión de Tecnología en las diversas regiones de los tres estados.
Representantes de los estados de la región norte, reunidos en Belém, sugirieron la elaboración de un plan de acción regional en C,T&I para los próximos diez años, la creación de un Fondo Amazónico de C,T&I y de un mecanismo de formación y fijación de recursos humanos, integrado con proyectos y recursos, además de un Fondo Sectorial para productos de la biodiversidad.
Reunidos en Maceió, científicos, investigadores y empresarios de los estados del nordeste y de Espírito Santo apuntaron la falta de capacitación de recursos humanos como el principal obstáculo para el desarrollo de la región, y sugirieron nuevas estrategias para la capacitación del potencial humano existente, que favorezca la fijación de jóvenes talentos y la formación de investigadores.
En Goiânia, investigadores y empresarios de la región centro-oeste reclamaron que el gobierno federal adopte una definición política para las desigualdades regionales y también pidieron que se invierta en la instalación de centros de investigación, a la espera de que los Fondos Sectoriales creen un flujo regular de recursos para investigación y desarrollo en las diversas áreas de C&T.
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