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Política C&T

Un llamado a la flexibilización

Las reglas referentes a la propiedad intelectual hacen que recrudezca el debate entre países ricos y pobres

LAURA BEATRIZLa situación actual de las patentes en el mundo solamente puede definirse como esquizofrénica. Por un lado, su uso como instrumento de protección de la propiedad intelectual y de estímulo a la innovación tecnológica nunca fue tan preconizado por ricos y pobres: la intención de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es extender un mínimo de protección vía patentes a todos los 142 países miembros en un plazo estimado para 2006, y naciones como Brasil tienen como meta casi obsesiva incrementar el número de patentes nacionales depositadas en el país y en el exterior.

Por otro lado, los países subdesarrollados parecen haber dado inicio a una lucha sin cuartel (por ahora, relativamente exitosa) para reducir el monopolio de las patentes de los países ricos, principalmente en las áreas de biotecnología y de la industria farmacéutica. A propósito, la última victoria en esa guerra se concretó en octubre pasado: durante la asamblea general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), realizada en Ginebra, Suiza, los países pobres lograron detener el avance de un proyecto que pretende establecer un sistema global de patentes, aboliendo las prerrogativas de las oficinas de patentes nacionales para aprobar o negar determinados pedidos.

La respuesta a esa oscilación entre dos extremos puede hallarse en un principio muy mencionado en las cumbres mundiales sobre desarrollo sostenible, pero en general ignorado en la práctica: el de las responsabilidades comunes, empero diferenciadas. “No estamos diciendo que los países pobres no deberían obedecer las leyes de patentes”, afirma John Barton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Stanford, Estados Unidos. “Lo que estamos diciendo es que las reglas deben establecerse teniendo en mente sus intereses”, dice el abogado.

Barton coordinó la creación del informe intitulado Integrando Derechos de Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, encomendado por el gobierno británico a una comisión internacional de especialistas y concluido en septiembre. El mensaje del texto, una encuadernación de 200 páginas, abultada, pero esclarecedora, constituye un llamamiento a la flexibilización.

“Arribamos a esa conclusión observando tres puntos principales: en primer lugar, la equidad requiere que los pobres paguen una parte menor de los costos de R&D [I&D o ‘investigación y desarrollo’, en inglés] que los ricos. En segundo lugar, a menudo los países más pobres no tienen científicos que puedan beneficiarse con las reglas de propiedad intelectual. Y, finalmente, la historia nos muestra que muchas de las actuales naciones desarrolladas prosperaron en períodos de propiedad intelectual más débil”, afirma Barton.

Las lecciones de la Historia
De cierto manera, la discusión acerca de si fortalecer o flexibilizar el sistema de patentes no tendría el más mínimo sentido para los actuales países desarrollados si ésta hubiera surgido cuando ellos mismos estaban aún subiendo la rampa hacia el Primer Mundo. Casi todos, en esa fase de su desarrollo, optaban por un modelo que privilegiaba la incorporación de la tecnología ajena al menor costo posible. Basta decir que Estados Unidos, hasta 1861, intentaba inhibir el registro de patentes extranjeras cobrando una tasa diez veces mayor que la exigida a los inventores norteamericanos. Hasta 1836, solamente eran concedidas patentes a los naturales del país.

El crecimiento económico de los países asiáticos, como Japón y Corea del Sur, también estuvo supeditado en su origen a un sistema de patentes más benigno . Para algunos tipos de productos, el tiempo de protección no iba más allá de los tres años, mientras que otros (tales como los remedios y los productos químicos), solamente empezaron a gozar de una garantía de patentes muy recientemente (en el caso de los medicamentos en Japón, recién en 1976). No es en vano que, de acuerdo con estimaciones efectuadas por el Banco Mundial, Corea del Sur sería el mayor perdedor con el establecimiento de un sistema único de protección de patentes en el mundo: los coreanos podrían llegar a perder hasta 15 mil millones de dólares anuales, mientas que Estados Unidos sería uno de los mayores beneficiarios, ganando 19 mil millones de dólares más por año.

La batalla farmacéutica
Por ahora, el campo de batalla en el cual los países subdesarrollados están logrando imponer en bloque su poder de negociación es el de la industria farmacéutica. Pero no sin resistencia, en especial de parte de Estados Unidos -pese a que el mundo subdesarrollado responde tan solo por un 20% del mercado farmacéutico del planeta, ese porcentaje se refiere a una suma de 406 mil millones de dólares anuales.

La política de los países más importantes del bloque subdesarrollado, especialmente Brasil y la India, consiste actualmente en amenazar en los casos de medicamentos caros, no obstante indispensables, como el cóctel de drogas antirretrovirales utilizado en el combate al Sida, con la llamada licencia obligatoria. En esos casos, las industrias del país son autorizadas a producir una versión genérica del medicamento de la multinacional. Por ahora, la sola amenaza se ha mostrado efectiva en la mayoría de los casos: para evitar la ruptura de la patente, las empresas farmacéuticas han aceptado reducir los precios de sus medicamentos.

La presión para obtener precios más razonables tiene aparentemente su razón de ser: para un paciente de los países ricos, el cóctel anti-Sida cuesta 10 mil dólares anuales, mientras que los gastos para producirlo no superan los 500 dólares, de acuerdo con un estudio del economista estadounidense Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard.

Los 9.500 dólares que sobran en esa cuenta, argumentan las multinacionales farmacéuticas, se refieren a los gastos del sector con investigación -que llegan a 20 mil millones de dólares por año y cubren pruebas con nada menos que 10 mil medicamentos, para que cinco de éstos lleguen a los tests con seres humanos. Para compensar ese esfuerzo, la legislación norteamericana concede 20 años de monopolio de la patentes de cada nuevo medicamento registrado.

Pese a todos estos argumentos, el desafío parece que lo están venciendo los del otro rincón: en la última conferencia mundial de la OMC, realizada en Doha, Qatar, en noviembre del año pasado, los países pobres lograron incluir una declaración de que la defensa de la salud pública no podría verse obstaculizada por las determinaciones del Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trips, según su sigla en inglés), la Biblia de la OMC para la cuestión de las patentes. La inclusión de la declaración en defensa de la salud pública fue considerada como una victoria de Brasil y sus aliados del Tercer Mundo, y del entonces ministro de Salud brasileño, José Serra.

Para Barton, el resultado de Doha es un ejemplo del camino que debe seguirse: “El sistema de propiedad intelectual es crucial para la industria farmacéutica en el mundo desarrollado. Pero la extensión de ese sistema a los países más pobres, como los de África Subsahariana, por ejemplo, aporta muy poco o ningún aliento (el área responde por tan solo un 1% de las ventas)”, afirma. Por otra parte, la victoria redunda también en beneficios económicos para los países subdesarrollados, como la India, cuya industria de genéricos es una de las mayores del mundo.

Para patentar la evolución
Lejos quedó el tiempo en el cual el científico Jonas Salk, creador de la primera vacuna eficaz contra la parálisis infantil, respondió con la frase: “¿Alguien puede patentar el Sol?” a los que le sugirieron que reservara sus derechos de propiedad intelectual sobre su descubrimiento. Una batalla aún indefinida en ese campo consiste en saber si el avance de la biotecnología y de la ingeniería genética transformará a las patentes de los genes, e incluso de organismos vivos enteros, en una regla de alcance mundial.

El puntapié inicial para la introducción de los dilemas éticos relativos a esta cuestión fue dado por la empresa estadounidense General Electric, que en 1980 logró registrar la primera patente sobre un ser vivo -en ese caso, de una bacteria genéticamente modificada por el microbiólogo indio Ananda Chakrabarty y utilizada para digerir petróleo. En la senda de ese caso polémico, que recibió un fallo positivo de la Suprema Corte de EE.UU. luego de diez años de debate, llegaron otras patentes -esta vez sin la disculpa ecológicamente correcta de limpiar derrames de petróleo. Se convirtió en moda el patentar genes de los más variados organismos. En 2000, solamente Celera Genomics (ex empresa de secuenciamiento de la estrella de la genómica, Craig Venter) había depositado 6.500 patentes referentes a genes en el USPTO, el Despacho de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO). La única exigencia del organismo se refiere a que la función del gen sea conocida.

La legislación brasileña y la de la mayoría de los países de América Latina prohíben las patentes de seres vivos en su totalidad o en partes -lo que, claro está, incluye a los genes. “Sería como patentar la tabla periódica”, suele comparar Edgar Dutra Zanotto, de la Universidad Federal de São Carlos (UFScar) y coordinador del Núcleo de Patentes y Licencias de Tecnología (Nuplitec) de la FAPESP. De esta manera, solamente sería posible patentar procesos o productos (tales como diagnósticos o medicamentos) basados en una secuencia de ADN, toda vez que ésta, por sí sola, podría ser encontrada por cualquiera en la naturaleza.

Pero aun así, la presión norteamericana para incluir seres vivos o sus genes bajo el paraguas legal de un sistema global de patentes va en aumento. En este apartado, la Unión Europea y su política francamente contraria al abuso genético se alinean a América Latina -tal como fue demostrado durante la última asamblea de la OMPI, realizada en Ginebra.

Paradójicamente, existe un campo que la inmensa mayoría de los países pobres ha intentado incluir en el sistema de protección de la propiedad intelectual, y no retirarlo de allí. Se trata del conocimiento tradicional sobre la biodiversidad autóctona de los países megadiversos del Tercer Mundo, un área que se ha convertido en el centro de muchas expectativas (casi siempre frustradas) desde la creación de la Convención sobre Biodiversidad, en la senda de la Eco-92. En ese documento (ratificado hasta hoy por 168 países, entre los cuales no se encuentra EE.UU.), se estipula que los productos creados con base en el conocimiento de las poblaciones tradicionales sobre la biodiversidad deberían redundar en derechos de propiedad intelectual para dichos pueblos -los cuales deberían ser informados previamente y aceptar el uso de tales recursos.

La realidad ha quedado atrás con relación a las buenas intenciones. Hasta ahora, no existen casos exitosos en los cuales el consentimiento previo e informado y el reparto de beneficios para la comunidad se hayan plasmado de manera efectiva -en parte porque la dinámica del conocimiento tradicional no se presta muy bien a su transformación en patentes. “El caso hipotético clásico para explicar esto es el de una tribu indígena que vive dispersa por la Amazonia colombiana y brasileña y utiliza determinada planta con potencial para generar un remedio”, dice la bióloga Nurit Bensusan, de la organización no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA). “Si una empresa concreta un acuerdo con la parte brasileña de la tribu, ¿debe hacerlo también con la parte colombiana, que puede estar regida por una legislación totalmente diferente de la de la brasileña?”, cuestiona la bióloga.

El futuro
La respuesta para el dilema mencionado, como así también para aquéllos que rodean a la internacionalización cada vez mayor del sistema de patentes, solo puede llegar estudiando caso por caso, tal como sugieren los expertos. Pese a sus victorias farmacéuticas, Brasil no podrá esquivar indefinidamente la estructuración de un régimen de patentes más rígido, afirma Zanotto. “Las patentes deben ser respetadas, a no ser en raros casos de epidemias o catástrofes. El problema entonces se resume a en qué casos, con qué velocidad y cómo juzgar eventuales pedidos de rotura.

Que un órgano apropiado, como la propia OMC, cree un comité de alto nivel, representativo tanto de los países emergentes como de los países desarrollados, que analice rápidamente, caso por caso, cada solicitud de rotura de patente”. Para el coordinador del Nuplitec, los países emergentes, como la India y Brasil, también deben fortalecer sus propios sistemas de patentes.

Barton dice que confía en que se puede llegar a un punto de equilibrio: “Doha mostró que un término medio es viable entre la naciones desarrolladas y aquéllas en desarrollo, y que esto es del interés de todos. No es esquizofrénico concluir que necesitamos más propiedad intelectual en algunos contextos y menos en otros -el secreto está en hacer que ambas partes del sistema sean apropiadas y efectivas”.

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