GONÇALO CÁRCAMOUniversidades, institutos de investigación y empresas comienzan a probar en la práctica los beneficios de las leyes de Innovación y del Bien que crearon estímulos a las asociaciones y beneficios fiscales para inversiones en desarrollo de nuevas tecnologías. Estas dificultades fueron analizadas en el marco dek seminario Innovación Tecnológica y Seguridad Jurídica, promovido por el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos (CGEE) y la Agencia Brasileña para el Desarrollo Industrial (ABDI), realizado en São Paulo, el día 13 de diciembre.
Representantes de empresas innovadoras, agencias de fomento y de instituciones científicas presentes en el encuentro fueron unánimes en señalar la incompatibilidad de la nueva política de innovación con la política económica que desde 2003 ya estaba en contingencia con 3,4 mil millones de dólares de los Fondos Sectoriales. “Sufrimos miopía de largo plazo y hay una discordancia de objetivos”, subrayó Glauco Arbix, del Departamento de Sociología de la Universidad de São Paulo (USP).
Ellos identificaron, aún, incongruencias del nuevo marco legal con otras leyes federales – sobre todo con la draconiana Ley 8.666, de licitación de compras públicas – y con lo que calificaron como falta de preparación de los organismos de control – como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y la Abogacía General de la Unión (AGU) – para “comprender” esa nueva institucionalidad. “Para la procuraduría, el investigador no pudo constituir una empresa para explotar o licenciar tecnología después de depositar la patente”, afirmó Angel Uller, directora del Instituto Alberto Luiz Coimbra de Post-Graduación e Investigación en Ingeniería (Coppe), de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), que desde 1994 trabaja en alianza con empresas. “Algunos contratos exigen cláusula de alianza con el sector privado prohibidos por la ley”, agregó Maria Celeste Emerick, coordinadora de Gestión Tecnológica de la Fiocruz.
Conflicto – Existen aún problemas en el propio texto de la ley. Ejemplo de eso es la exigencia de divulgación del proceso de licenciamiento de tecnología con exclusividad que, de acuerdo con Maria Celeste y Ángela, ha creado problemas con empresas aliadas.
“¿El conflicto es de legislación o de cultura?”, indagó Maria Celeste. Para el abogado Rubens Nave, especialista en derecho administrativo, el problema es que el nuevo marco legal establece alianzas entre la administración pública, que tiene un régimen jurídico de derecho público, y la sociedad civil, regida por el régimen jurídico de derecho privado. Él recordó que la reforma del Estado constituye algunos puentes entre esos dos sistemas, como fue el caso de la creación de las agencias reguladoras, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil de interés público (Oscip) y Sociedades de Propósito Específico (SPE), que aún tiene gran dificultad de prestación de cuentas cuando usan recursos públicos.
En evaluación de Carlos Américo Pacheco, del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (Unicamp), la innovación dependerá de la profundización de la reforma del Estado. “El patrón internacional es el de la cooperación entre el sector público y el privado”, subrayó. El formato de alianza más próximo del deseado es el de las SPE. Ese, por cierto, es el modelo escogido por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) que articula la creación de una SPE formada por capital privado y público para mantenerse en el liderazgo de las investigaciones agropecuarias. La Embrapa eligió algunas áreas más atractivas para el sector privado: agroenergía, biotecnología y nanotecnología. En el área de agroenergía, ya existe el interés de la BR Distribuidora, de Itaipu Binacional, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y del Banco de Brasil. Pero aún hay cuellos de botella jurídicos para que los proyectos avancen. “Si la SPE de la Embrapa salen del papel, será una ruptura en el modelo brasileño de investigación”, refuerza Pacheco.
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