La aprobación de la Ley de Bioseguridad, hace tres meses, no enfrió los ánimos entre vencedores y vencidos en la batalla de los transgénicos. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) cuestionaron la decisión del presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), Jorge Almeida Guimarães, que apunta a permitir la importación de seis variedades de maíz transgénico para alimentación animal. Dicha autorización no contempla a las variedades resistentes a insectos de las empresas Syngenta y Monsanto, al margen del maíz tolerante al herbicida de Bayer, los principales blancos de las críticas de parte de los ambientalistas.
Para la CTNBio, el organismo técnico que recuperó los poderes con la nueva ley, no hay ninguna indicación de que los granos habilitados tengan efectos deletéreos cuando se los usa en alimentación animal. Pero, en todo caso, se determinaron recaudos para el desembarque, el transporte, el procesamiento y descarte de los mismos. Para el ministerio y la Anvisa, faltan análisis de riesgo ambiental y no se han tomados los cuidados suficientes como para evitar la contaminación de alimentos destinados al consumo humano. El veredicto final le cabrá al Consejo Nacional de Bioseguridad, creado por la nueva ley, cuya composición es política. Presidido por el Jefe de Gabinete, José Dirceu, cuenta además con la participación de otros 11 ministros.
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