El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que debería ser una herramienta estratégica para la implementación políticas de desarrollo e innovación, atraviesa una de sus mayores crisis administrativas y financieras. Opera con menos de la mitad de su plantilla de personal, y de ésta, el 57% se jubilará de aquí al año 2007. Desde el año pasado, el INPI procura obtener la autorización del gobierno federal para realizar un concurso público y contratar 108 empleados, la mayoría de éstos para la función de examinador de patentes. La principal tarea de este nuevo personal sería la de destrabar unos 45 mil expedientes de registro de patentes y 300 mil solicitudes de registro de marcas que, desde hace ya años, aguardan para ser analizados. El recorte del 30% en el presupuesto de este año fue un golpe fatal para una serie de proyectos “tales como el que brindaría acceso a la oficina europea de patentes, por ejemplo” y para los programas de difusión del instituto. Y el cargo de presidentedel INPI se encuentra vacante desde el mes de marzo pasado.
El gobierno federal promete invertir y redefinir las funciones del instituto. A propósito de ello: el proyecto de recuperación del INPI forma parte del programa nacional de desarrollo industrial y tecnológico, que tiene como objetivo incrementar la eficiencia productiva, la capacidad de innovación de las empresas brasileñas y las exportaciones. El modelo del nuevo INPI ya está listo. Roberto Jaguaribe, secretario de Tecnología Industrial del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MIDC), explica que la idea es transformarlo en un instrumento de capacitación tecnológica e industrial. “El instituto no funcionará como un registro civil o autárquicamente.
Actuará en red con los organismos de fomento y con los institutos de investigación, tales como la FAPESP y el Instituto de Investigación Tecnológica (IPT, sigla en portugués), por ejemplo. Y además, se integrará a la industria y dialogará con las universidades, de manera tal que el tema de la propiedad intelectual pase a formar parte de las carreras superiores”, adelanta. Falta únicamente concluir el nuevo diseño administrativo y las proyecciones de los recursos necesarios para dar inicio al proceso de recuperación del instituto. Jaguaribe asegura que “hay receptividad por parte del Ministerio de Hacienda” para hacer efectivo el giro de 10 millones de reales este mismo año. También ha sido autorizado un reajuste del 30% en la tabla de precios de registro de marcas o patentes, lo cual permitirá, de acuerdo con el secretario, la generación de una recaudación adicional, y la ampliación de la plantilla de personal. “De hecho, el desfase de los precios es del 90%. Vamos a recuperar tan solo partede eso”, afirma Jaguaribe.
La crisis financiera
El cronograma de recuperación del instituto “que ya llegó a ubicarse a la vanguardia entre las oficinas de patentes de Latinoamérica, a comienzos de los años 90” es de cuatro años, como mínimo. En 2003, el presupuesto de 36,8 millones de reales para la inversión y costeo sufrió un recorte del 30%. Sumado a los 6,6 millones de reales de restos por pagar relativos a 2002, se llega a una pérdida real del 40% de la recaudación. La falta de recursos comprometió todas las actividades, desde el registro de marcas y patentes hasta acciones de difusión de la cultura de la propiedad intelectual. Las nueve unidades del INPI existentes en todo el país, por ejemplo, están desde hace casi dos meses sin acceso al sistema de información integrado (Sinpi).
El acceso al sistema fue cortado por Embratel, habida cuenta de una deuda de 800 mil reales, que crece a razón de entre 250 mil y 280 mil reales por mes. Algunos proyectos debieron ser abortados, como por ejemplo el de la fase II del programa de acceso al banco de datos de patentes de la oficina europea de patentes, que preveía la instalación de 150 terminales en el INPI para consultas públicas, con acceso directo al banco de datos europeo, que tiene más de 90 millones de patentes disponibles en medio electrónico. Ese proyecto estaba presupuestado en 6 millones de reales. También, debido a la falta de recursos, se suspendieron todos los eventos de difusión de la cultura de la propiedad intelectual con cursos y programas de capacitación, por ejemplo. Y no hay fondos para la publicación de la revista Panorama de Tecnologia o de ningún otro material de divulgación institucional.
El instituto cuenta con 560 empleados al final de la década de 1980 tenía 1.085. De dicho total, 34 se jubilarán este año, y otros 289 hasta 2007. Estos empleados no logran poner al día las solicitudes de registro formuladas en la institución. El año pasado, por ejemplo, fueron depositadas más 24 mil solicitudes de patentes y 94,9 mil pedidos de marca. Existen también algunos problemas tecnológicos que deben resolverse. Toda los martes, el instituto envía a las oficinas de patentes de todo el mundo las patentes concedidas en Brasil, utilizando un medio obsoleto: el papel. Recibe los documentos de patentes registradas en los otros países grabados en CD-ROM o, en el caso de la oficina de patentes estadounidense (USPTO), en DVD.
Ya han sido digitalizados los documentos de patentes concedidas en Brasil entre 1982 y 1998, pero los usuarios interesados en consultar los registros deben buscar informaciones en expedientes, es decir, en papel. El instituto ha adquirido diez computadoras, que funcionarán como terminales de consultas. Éstas entrarían en operación en dos meses, y permitirían así el ingreso a las informaciones digitalizadas, no solamente del banco de datos del INPI, sino también de los documentos de patentes de las oficinas extranjeras.
El precio del atraso
Por lo tanto, todos estos problemas que atraviesa el instituto no podrán resolverse de un plumazo. De acuerdo con los cálculos de Luiz Otávio Beaklini, presidente en ejercicio del INPI, cualquier cambio iniciado este año solamente generará resultados efectivos en 2007. Beaklini explica que, para superar todo este atraso, será necesario contratar 600 empleados, de los cuales, 400 examinadores de marcas y patentes. “Sucede que no estamos en condiciones de capacitar a ese personal al mismo tiempo, y no tenemos espacio físico para contenerlos. Por eso las contrataciones deberán hacerse en forma escalonada”, afirma. Este año, prevé el presidente, ingresarán 108 empleados, mediante concursos públicos solicitados desde el año pasado, pero cuyo llamado aún no ha sido autorizado.
Con todo, las nuevas contrataciones “recién surtirán efecto”, como dice Beaklini, al final del año, ya que el período de capacitación de un examinador de patentes es de seis meses. A partir de 2004 se incorporarán anualmente entre 100 y 150 nuevos empleados, hasta llegar a una plantilla de 600 empleados nuevos en 2007. La idea es que, por entonces, el INPI haya dejado en cero su débito referente a registros de marcas y patentes. “Recién entonces estaremos arrimándonos una situación en la que sea posible otorgar registros de marca en un año, y de patentes en menos de cuatro años”, justifica.
Si estas proyecciones se confirman, Beaklini cree que, a partir de 2007, el instituto estará preparado para operar como propulsor de la innovación. En la actualidad esa propulsión está parada. Pero el proyecto del nuevo INPI prevé que, pasados ocho meses de una determinada solicitud de registro “todavía durante el período de secreto de 18 meses que protege la solicitud de registro”, el órgano puede tomar decisiones con relación a la anterioridad de la patente requerida, es decir, adelantarles a los interesados que la patente es original y que deberá registrarse. Y hay más: podrá recomendar el depósito de la patente en determinados países.
“Ésa es la verdadera tarea del INPI: facilitar y brindar instrumentos para que las empresas decidan si van o no a explotar una cierta idea e invertir en ella”, dice Beaklini.En la actualidad, el registro de una marca en Brasil demora en promedio tres años, y la concesión de una patente puede demorar hasta ocho años, en el caso de tecnologías más complejas. Ése es el caso de los pedidos de patentes registrados por el Núcleo de Patentes y Licencias de Tecnología (Nuplitec), creado en 2000 por la FAPESP para las licencias de inventos resultantes de investigaciones patrocinadas la Fundación.
De acuerdo con la evaluación de Ricardo Bérgamo, asesor de patentes del Nuplitec, esa demora puede constituir un obstáculo para la licencia de un proyecto. “Es imposible precisar el valor exacto de los negocios hechos con base en pedidos de patentes sin análisis, que se concretan con base en la confianza”, observa. El atraso también puede llegar a comprometer el desarrollo de las investigaciones. “Al desconocer si su trabajo será aceptado como patente, los investigadores sienten que no tienen estímulo para proseguir con la investigación. Y esto sin tener en cuenta la desconfianza de las empresas interesadas. Éstas pueden suponer que la demora en la concesión significa que el invento no es bueno, o que no es verdadero”, observa Ciro de la Cerda, coordinador de la Oficina de Difusión de Tecnología (Edistec), de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).
Expectativa de derecho
No obstante, el retraso en la evaluación de las solicitudes de patente no llega a impedir que se concreten las licencias de tecnología, ya que los contratos se firman con base en la expectativa de derecho, que se confirmará al momento en que el INPI formalice la concesión. “La licencia de tecnología se efectúa mediante un término de confiabilidad. Es riesgo del socio”, dice Sueli Conceição da Silva, coordinadora de Protección de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa, sigla en portugués), institución que depositó 186 pedidos de patentes, 56 de éstos también en el exterior. “Empero, tenemos solamente cinco cartas patente concedidas”, aclara Sueli. La demora tampoco compromete los negocios del Instituto de Investigación Tecnológica (IPT), de acuerdo con Angela Azanha Puhlmann, coordinadora del Núcleo de Propiedad Intelectual. Para esquivar este problema, empresas de punta e institutos de investigación se anticipan a los analistas del INPI y realizan el rastreo de originalidad del invento, para no desperdiciar recursos en tecnologías ya patentadas.
Así y todo, el país paga un alto precio por el hecho de que el INPI no actúe como un órgano de estímulo a la innovación, dice Maria Celeste Emerick, de la oficina de patentes de la fundación Fiocruz. Mientras la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Ompi) inicia el debate sobre las patentes globales, en un escenario en el que las nuevas tecnologías se tornan obsoletas cada vez más rápidamente, Brasil intenta aún definir una política de fomento a la innovación y se esfuerza para reestructurar y dotar de mayor agilidad a su oficina de patentes.Ese desfase compromete cada vez más la competitividad de Brasil en el mercado internacional. Y, en este aspecto, la Fiocruz es un buen ejemplo.
Actúa en una de las áreas más competitivas del mercado internacional “la de biotecnología” y se enfrenta a gigantes de la industria farmacéutica. Tiene 110 patentes requeridas: 36 en Brasil y 74 en el exterior. Otras 40 patentes ya han sido concedidas, 13 en Brasil y 27 en el exterior. “El problema es que las patentes registradas en Brasil no generan negocios”, comenta Maria Celeste. Los registros obtenidos en el exterior, en cambio, atraen el interés de las empresas, incluso debido a la rigidez con que la oficinas como la USPTO, por ejemplo, investigan la originalidad de la tecnología. Emerick menciona el ejemplo de tres patentes implicadas en un mismo proyecto desarrollado por la Fiocruz y depositadas en el exterior, que ya están siendo negociadas “siendo que aún están protegidas bajo secreto” con una gran industria del sector veterinario.
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