En Brasil, poco más de mil empresas hacen investigación y desarrollo (I&D) de manera continua. El número de investigadores involucrados en I&D industrial también es pequeño, alrededor de 21 mil. Y la cantidad de patentes depositadas por brasileños en el United State Patents and Trademark Office (Uspto) no pasa de un centenar. Aquí – aún en el apartado propiedad intelectual – las universidades ocupan un lugar que debería ser de las empresas: la campeona de patentes depositadas en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) es la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), con 191 pedidos elevados entre 1999 y 2003, de acuerdo con el ranking del INPI. En segundo lugar viene Petrobras, con 177 pedidos de depósito. Estos indicadores dejan a las claras que, a pesar de ya contar con una legislación específica, el país aún patina antes de avanzar definitivamente en la dirección de las innovaciones.
En la evaluación de Jorge Guimarães, presidente de la Coordinación del Perfeccionamiento del Personal de la Enseñanza Superior (Capes), del Ministerio de Educación (MEC), la baja inversión en innovaciones y el déficit brasileño de patentes “son un problema cultural” y se asocian al hecho de que la gran mayoría de las empresas no cuentan con centros de investigación y desarrollo. La salida, subraya, es estimular las interacciones con la universidad – ya prevista en la Ley de Innovación – por medio de incentivos fiscales.
Ése es el espíritu de la Ley 11.487, sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 15 de junio, conocida como Ley Rouanet de la Investigación Científica. Su reglamentación está siendo concluida y la intención del gobierno es publicar rápidamente el primer llamado a la selección de proyectos de investigación con postulantes a recibir inversiones de empresas. “Tenemos prisa”, dice Jorge Almeida Guimarães.
La nueva ley permite que las empresas deduzcan de su beneficio neto – el ingreso, ya descontados costos, los gastos y el Impuesto a la Renta – hasta dos veces y medía el valor invertido en el patrocinio de investigaciones científicas y tecnológicas y de innovaciones, antes de calcular el valor de la Contribución Social Sobre la Utilidad Neta. La deducción podrá ser menor – hasta la mitad de la inversión – si la empresa tuviera participación en la propiedad intelectual del producto resultante de la investigación o de la innovación. O sea: la empresa puede escoger deducir menos impuestos para ganar en la repartición de los royalties de la patente, o rebajar del impuesto 250% de los recursos aportados en el proyecto.
Sólo podrán beneficiarse de las inversiones privadas los proyectos de investigación y desarrollo previamente aprobados por una comisión formada por representantes del MEC, del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Mdic) y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Las propuestas deberán ser presentadas por las Instituciones Científicas y Tecnológicas (ICT) – tales como universidades, laboratorios e institutos públicos y privados – junto con la previsión de la inversión del socio privado.
Recursos privados
Las asociaciones con las ICTs están abiertas a cualquier empresa, inclusive del sector de servicios. “Bancos, supermercados, transportadoras, entre otros, pueden invertir en investigación en cualquier área del conocimiento, desvinculada de su área de actuación”, ejemplifica Guimarães. En este aspecto, la Ley Rounet de la investigación se diferencia del Programa de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico (Padct), creado en 1984, con el objetivo de captar recursos privados para investigación, desde que la empresa patrocinadora invierta en investigaciones relacionadas a su ramo de actividad. La nueva ley no se aplica solamente a proyectos de desarrollo de softwares o de automaciones, por ejemplo, que ya disponen de incentivos previstos en la Ley de Informática.
Aún no están definidos los límites para la renuncia fiscal. “Estamos negociando con la Receta Federal”, dice Guimarães. Su expectativa es que el incentivo sea “sustantivo”, algo alrededor de 1 mil millones de dólares, a medio plazo. “Pero debe comenzar con 100 a 200 millones de dólares”, pondera.
En la evaluación de Hugo Resende, presidente de la Asociación Nacional de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de las Empresas Innovadoras (Anpei) y científico jefe de la Embraer, si la nueva ley pretende estimular la aproximación entre la universidad y empresas, innovaciones y aumento del número de patentes, está “equivocada”. “Investigación y desarrollo debería ser hecha en la propia empresa y no fuera de ella”, afirma. La salida, él subraya, es aumentar el número de equipos de I&D en las empresas y, al mismo tiempo, estimular el desarrollo de proyectos innovadores y competitivos. “La Anpei no es contraría a ampliaciones de recursos para la mejoría de la enseñanza superior y de la producción científica”, corrige. “Cuando un proyecto innovador es competitivo requiere la ampliación o la transferencia de conocimientos, las empresas innovadoras con seguridad buscarán alianzas con las universidades, institutos de investigación y sus investigadores.”
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