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Política C&T

Una paradoja social

Procuran legalizar loteos en áreas de manantiales sin comprometer la calidad del agua

Las viviendas surgen desordenadamente en loteos irregulares, en donde las fosas sépticas o pozos negros se confunden con pozos comunes. Algunas casas ni siquiera tienen pozo negro: los desechos recorren las calles, haciendo surcos hasta llegar a la zona más baja y alcanzar una de las varias cabeceras de la cuenca de la represa Billings, que abastece de agua a alrededor de un millón y medio de habitantes de los municipios de Diadema, São Bernardo do Campo y Santo André. Éste es el panorama en Sítio Joaninha, Diadema, en donde viven 240 familias.

La degradación ambiental del área es idéntica a la de varios otros loteos irregulares, que ocupan entre un 15% y un 20% de las áreas que rodean a los manantiales de las represas de Billings y Guarapiranga, al sur de la región metropolitana de São Paulo. De acuerdo con la legislación, para garantizar la preservación de los manantiales y la calidad del agua, estos loteos no deberían existir. Tanto es así que las municipalidades tienen prohibido dotarlos de la infraestructura básica -agua corriente, luz y alcantarillado- so pena de ser acusadas en acciones civiles públicas, y condenadas a la reparación del daño. La única solución legal sería desalojar a 1,2 millones de personas que viven actualmente en las áreas de manantiales en el Gran São Paulo.

Pero, en el marco de la legislación, es posible buscar otras alternativas, que permitan elaborar patrones para regularizar los loteos y, al mismo tiempo, reducir los daños ambientales. Y ése es el desafío del proyecto denominado Reparación de Daños y Ajuste de Conductas en Materia Urbanística, propuesto por el Ministerio Público, que está siendo ejecutado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de São Paulo (USP), y que integra el Programa Políticas Públicas de la FAPESP. “La cuestión debe observarse desde el punto de vista social, no meramente ambiental. Las ocupaciones se produjeron porque la demanda habitacional siempre fue mayor que la capacidad del gobierno de ofertar viviendas populares”, justifica la coordinadora del proyecto, Maria Lucia Refinetti Martins, de la FAU.

Un nudo legal
La ocupación de los manantiales genera a diario un aluvión de acciones en la Fiscalía de Justicia de Vivienda y Urbanismo de la capital. Son acciones civiles públicas impulsadas por denuncias de vecinos de la región, a pedido de las municipalidades o a pedido de los propios habitantes, que desean regularizar su situación. Para cumplir rigurosamente la ley, la fiscalía debería solicitar ante la Justicia la expulsión de los infractores. Y durante mucho tiempo fue precisamente eso lo que hizo el fiscal José Carlos de Freitas. “Le iniciábamos juicio al loteador, al municipio y a la gobernación, y solicitábamos la remoción de los habitantes, tal como lo determina la ley.

Pero ésta es una decisión muy difícil de tomar para un juez, pues esa gente sencillamente no tendría adónde ir”, comenta Freitas. La protección de los manantiales en el estado de São Paulo es determinada básicamente por tres leyes: una federal y dos del estado. En líneas generales, éstas restringen la ocupación del suelo en regiones próximas a las cuencas que abastecen de agua a la población, y adoptan criterios de densidad, dividiendo el área por categorías, que van desde aquéllas totalmente impropias para la ocupación (las que están situadas más cerca de la cuenca) hasta aquellas en las cuales se permite la ocupación en terrenos de al menos 500 metros cuadrados.

“El objetivo de la legislación es garantizar la calidad del agua”, explica Freitas. “Dentro de ese espíritu de la ley vamos a trabajar, para regularizar los loteos, siempre y cuando haya un compromiso de todos los implicados para reparar los daños ocasionados al medio ambiente, lo que es posible por medio de la suscripción de un término de ajuste de conducta”, afirma. Para dar apoyatura a los términos de tales acuerdos, el Ministerio Público consultó a la FAU. “Nuestra meta es definir qué debe hacerse en los loteos para garantizar el cumplimiento del espíritu de la ley y resolver ese nudo existente entre la cuestión ambiental y la cuestión social”, añade Maria Lucia.

Sítio Joaninha
Con esta perspectiva, la primera medida consistió en efectuar un relevamiento de las acciones judiciales existentes en las fiscalías de Diadema y Santo André, y seleccionar para el estudio de casos cuatro loteos localizados en las subcuencas de las represas de Guarapiranga y Billings: Sítio Joaninha (Diadema), Parque Andreense (Santo André), Jardim São Francisco (Embú) y Parque dos Químicos (São Bernardo do Campo). Sítio Joaninha fue escogido debido a que es uno de los loteos más problemáticos. Ocupa un área de más de 200 mil metros cuadrados, ubicada al lado de un relleno sanitario actualmente desactivado, pero que, hasta la década del 80, recibía toda la basura de São Paulo.

Y con un agravante: los terrenos comprados por los habitantes no pertenecían a la persona que los vendió, lo que dificulta la concesión de propiedad por usucapión. Existen allí viviendas en situación de riesgo de derrumbe, instalaciones eléctricas clandestinas y no hay tratamiento de desagües ni agua corriente. La población de Sítio Joaninha presiona a la municipalidad de Diadema para regularizar la posesión de tierras e implantar la infraestructura básica, y se mostraría satisfecha si contase con el suministro de agua y de luz.

“Ni siquiera piden desagües”, afirma Sonia Sumiko Karazawa Nagai, arquitecta jefa de la División de Planeamiento Integrado de la municipalidad de Diadema. La municipalidad está negociando con el Ministerio Público las condiciones para la regularización del loteo, ya que la intención es reducir la remoción al menor número de familias posible. “Primero debemos definir con precisión el área que podrá ocuparse”, acota Sonia. El proyecto, apoyado por la FAPESP, ya ha identificado algunas alternativas técnicas, que pueden asegurar la calidad del agua sin necesidad de retirar a las familias. El primer paso es el tratamiento de los desagües, lo que puede hacerse en el lugar, en el área más baja del loteo, cerca de la barranca del arroyo.

Maria Lucia cree que ésta es una “solución interesante”, pues además de arrojar el agua ya tratada en la cuenca, también evita que se construyan viviendas muy cerca del arroyo, ya que el espacio sería ocupado por la estaciónde tratamiento. “La idea es crear un cinturón de protección”, explica. La municipalidad estudia también otra posibilidad: el bombeo de los productos de desagües hasta la Estación de Tratamiento de São Caetano. “Las obras en la región de Eldorado, cerca de Sítio Joaninha, ya han comenzado, y podría extenderse al loteo.

Pero esto aún no ha sido definido”, afirma Sonia Nagai. La necesidad de las obras de infraestructura comprende también la reserva de un área para el plantío de árboles, y para el drenaje y la mejora de las condiciones de las calles, sin que ello signifique asfaltar todo. Maria Lucia explica que se deben dejar tramos de tierra, y las aceras con césped, para que absorban el agua de la lluvia. Las malas condiciones de las calles de la zona no constituyen el problema más grave, pero sí aíslan a los habitantes. Los carteros, por ejemplo, no entran al loteo: dejan las cartas en una florería emplazada en la parte más baja de la región.

La preocupación de la municipalidad de Diadema y del Ministerio Público por otorgar la posesión del área a los habitantes tiene asidero: la mayoría de las veces, la ocupación de las áreas de manantiales es involuntaria. “Me enteré de qué era un área de manantial cuando fui a pedir la conexión de la luz para mi casa, y me dijeron que no podían hacerlo. Yo no tenía la menor idea de qué era eso”, afirma Raimunda do Vale Ferreira, vicepresidente de la Asociación de Pobladores y Preservación Ambiental de Vila Joaninha. La luz, que en el caso de Raimunda le llegó tras una larga peregrinación, es hoy en día un privilegio de un puñado de familias. Las demás utilizan conexiones clandestinas, que forman verdaderas telas de araña sobre sus viviendas.

La acción de los inspectores
La mejora de las condiciones de vida de esas personas tiene sus riesgos: los lotes -actualmente muy demandados, debido a su bajo precio- se volverán más atrayentes cuando haya agua y luz. La municipalidad ya ha registrado a las familias y ha iniciado el catastro de las edificaciones existentes en los terrenos, para impedir nuevas construcciones. Pero, pese a las permanentes visitas de los inspectores, ya están en marcha otras obras. El inspector municipal Fausto Veronese afirma que, cuando se detecta una construcción nueva, la municipalidad notifica al propietario y lo conmina a paralizar la obra, pero muchos de éstos las continúan.

“En esos casos, iniciamos una acción judicial solicitando la demolición de la construcción”, dice Veronese. Según el inspector, algunas de estas acciones se encuentran ya en su fase final, previa al dictamen, pero aún no existe ningún caso en condiciones de efectuar la demolición. “La municipalidad debe intensificar las inspecciones, y los pobladores deben comprometerse a denunciar a los vecinos que emprenden nuevas obras.

En tanto, el Ministerio Público podrá iniciar acciones contra la municipalidad y la gobernación en casos de omisiones, y adoptar medidas para verificar el patrimonio de los infractores”. Pero esto de nada servirá si las decisiones en la Justicia se dilatan, asevera. Mientras esto no sucede, los carteles de “En venta” se multiplican en Sítio Joaninha.

El arte de la negociación
En pocos tiempo más, los estados y los municipios podrán contar con la ayuda de nuevas técnicas en la negociación de conflictos que involucran áreas de ocupación de manantiales. Las propuestas están siendo desarrolladas en el marco del proyecto Negowat, financiado por la Comisión Europea y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad) de Francia, que también cuenta con el apoyo de la FAPESP, en la modalidad conocida como Auxilio a la Llegada de Investigadores Visitantes.

El proyecto, desarrollado inicialmente en Francia, suministra herramientas que permiten simular el resultado de cada decisión tomada y trabajar con el juego de intercambio de roles, para que cada grupo tenga la vivencia de las razones de los otros. “Utilizamos básicamente dos software, el de modelado multiagente y el juego de roles, que nos permiten hacer un análisis ambiental, integrando el conocimiento de las diversas áreas que actúan en el proyecto”, dice Yara Maria Chagas de Carvalho, coordinadora del grupo brasileño de Negowat.

El modelado multiagente es una nueva forma de representación computacional, desarrollada durante los últimos 15 años, y que utiliza el lenguaje orientado a los objetos. Esta técnica, muy a menudo utilizada en la industria, en el control de tráfico aéreo y en el análisis del tránsito urbano, entre otras áreas, ha sido utilizada en centros de investigación para la gestión de recursos naturales. El modelado se rehace hasta que las partes coincidan con la forma en que están siendo retratados, y solamente entonces se inicia el juego de roles.

El trabajo es desarrollado junto a los integrantes del Comité de Cuenca del Alto Tietê, integrado por representantes de la gobernación, las municipalidades y la sociedad civil, en la proporción de una tercera parte para cada uno. El proyecto también se extenderá para a las subcuencas Guarapiranga y Cabeceras del Alto Tietê. La idea es capacitar a los integrantes del comité y facilitar las negociaciones entre éstos, ya que la administración del agua involucra a varios municipios, cada uno de ellos con necesidades e intereses diferentes, al margen de que las características de la población que ocupa las áreas de manantiales son bastantes distintas: “Tenemos habitantes de bajos recursos atraídos por el precio de la tierra, agricultores y hasta industrias instaladas con anterioridad a la legislación de protección de manantiales”, dice Yara.

Las soluciones encontradas para cada una de las áreas en estudio ciertamente serán distintas unas de otras. “El modelado es participativo, y no podría ser diferente en una realidad tan compleja como la brasileña, en donde el patrón de ocupación del suelo parece un mosaico: con agricultura, casas e industrias”, dice la investigadora francesa Raphaele Ducrot, coordinadora del Negowat. Un proyecto idéntico está desarrollándose en Bolivia.

Yara Carvalho cree que en un año será posible contar con un diagnóstico preciso de la realidad de las áreas de manantiales en las dos subcuencas escogidas, y un modelo en condiciones de realizar simulaciones. “A partir de allí, podremos visualizar los efectos de las diferentes decisiones que pueden tomarse. Al mismo tiempo, vamos a usar el juego de intercambio de roles, en donde uno de los participantes en las discusiones hará el papel de dueño de la industria, por ejemplo, y a partir de allí se analizará el costo del traslado de la empresa a otro lugar”. Con ello, explica Carvalho, se pretende llevar la investigación hacia el diálogo directo con la comunidad.

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