Cláudio Fonteles, Procurador General de la República, hizo una presentación ante el Supremo Tribunal Federal el pasado día 30 de mayo, con una acción directa de inconstitucionalidad donde cuestiona el dispositivo de la ley de Bioseguridad, que permite la realización de investigaciones con células madre embrionarias en el Brasil. Fonteles objeta el artículo 5º de la ley, sancionada en marzo, que abrió una puerta para la realización de estudios en el área, al disponer sobre la utilización de embriones humanos almacenados en clínicas de reproducción que se consideran inviables para su implantación en el útero o están congelados desde hace más de tres años. Para Fonteles, dichos dispositivos mancillan la protección que la Constitución le asigna a la vida y a la dignidad de la persona humana. “La vida comienza a partir del momento de la fecundación. El artículo 5º y otros incisos de la ley atentan contra la inviolabilidad del derecho a la vida, porque el embrión humano es una vida humana”, dice Fonteles. En su condición de católico, el procurador admite que tuvo el influjo de sus convicciones religiosas. “Los que piensan lo contrario son agnósticos fervorosos. Si usted me pregunta si hay un trasfondo católico en esta acción, yo le digo que sí, lo hay. Pero el mismo se basa en concepciones científicas”, sostuvo.
El 21 de junio pasado, Fonteles volvió a la carga contra la ley. Solicitó también la declaración de inconstitucionalidad del artículo que estipula la competencia de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) para decidir si los transgénicos provocan algún impacto ambiental.
Argumentos técnicos
En la acción contra las células madre, Fonteles hace referencia a planteos de especialistas en bioética y sexualidad. Algunos de estos nombres son a menudo mencionados por activistas antiabortistas, como el genetista francés Jérôme Lejeune – fallecido en 1994 – y el cirujano español Damián García Olmo. El día 15 de junio, el Ministerio de Salud reaccionó a la presentación de Fonteles y envío a la Abogacía General de la Nación un documento con argumentos técnicos para su empleo en la defensa judicial del uso de células madre embrionarias en investigaciones. En dicho texto, el ministerio informa que la ley de Bioseguridad protege a decir verdad a los embriones humanos almacenados en clínicas de reproducción. Antes de la ley no había regla alguna que regulara su uso.
Las tesis de Fonteles tienen problemas jurídicos, en la opinión de Oscar Vilhena, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica (PUC), de São Paulo. El principal, según Vilhena, es el de recurrir al debate sobre en qué momento en la vida debe contar con la protección del Derecho. “Estados Unidos autoriza el aborto hasta los cinco meses de gestación, pues resulta imposible durante esa fase que haya vida fuera del útero. Nuestro código autoriza el aborto cuando se trata de casos de violaciones, o la madre tiene menos de 14 años o el embarazo reviste riesgo para la vida para la gestante. Y en estos casos, ¿el feto no sería humano?”, indaga. “La legislación brasileña le confiere al feto una protección menor que a la vida. En el aborto autorizado, la ley permite que la necesidad de los otros, como la de la madre, esté por encima de las necesidades del feto”, dice. Según Vilhena, es posible trasladar ese razonamiento a las células madre. “¿Por qué ese interés en embriones sin viabilidad y sin expectativa real de vida debería ser mayor que el conocimiento científico capaz de resolver el problema de miles de personas?” Con la palabra, el Supremo Tribunal Federal.
Republicar