Crucial en la lucha contra la pandemia, el Sistema Único de Salud de Brasil (SUS) se enfrenta a problemas nuevos y antiguos de financiación y de gobernanza
Traslado de pacientes en el hospital de campaña Lagoa-Barra, en Río de Janeiro, montado al comienzo de la pandemia
Allan Carvalho/AGIF/AFP
La pandemia que ha matado a más de 220 mil personas en Brasil y ha sobrecargado las salas de internación y las unidades de terapia intensiva (UTI) de los hospitales puso de relieve la relevancia y las fragilidades del Sistema Único de Salud (SUS) nacional, responsable de brindar atención médica gratuita y universal a toda la población, especialmente a los 150 millones de brasileños (el 71,5 % del total) que carecen de algún seguro médico privado. Merced a su estructura descentralizada en estados y municipios, se construyó casi un centenar de hospitales de campaña, se habilitaron 3.100 camas extras en las UTI de los hospitales públicos, se movilizaron equipos de vigilancia sanitaria para inspeccionar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y 3.300 equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia Móvil (Samu), socorrieron y trasladaron a los enfermos. El reto que se impone en 2021 es la aplicación de vacunas contra el nuevo coronavirus, para lo cual el SUS cuenta con 37.600 salas de vacunación o vacunatorios en todo el país.
Es cierto que las carencias del sistema han quedado en evidencia durante la emergencia sanitaria. La desigualdad recurrente en cuanto al acceso a la salud, la limitación de los recursos y los problemas de gestión se hicieron manifiestos en el colapso que vivió la ciudad de Manaos y en la incapacidad para realizar testeos masivos en la población. “Pese a todo, el SUS fue un verdadero tesoro en medio de la pandemia”, dice el sanitarista Reinaldo Guimarães, docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y vicepresidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco). “Sin él, nuestra situación sería más dramática, tal como pudo verse en los países donde la gente no va a atenderse porque no puede pagar.”
Un informe dado a conocer en el mes de octubre por un grupo de expertos de Abrasco trazó un diagnóstico del desempeño del SUS y demostró que el sistema todavía no se ha consolidado. El documento enumera sus logros y algunas metas no alcanzadas: el descenso de la mortalidad infantil y el aumento de la expectativa de vida al nacer coexisten con una alta prevalencia de tuberculosis y la lepra y, asimismo, el notable desempeño de los programas nacionales de inmunización, de lucha contra el sida y de trasplantes convive con una incidencia en alza de la sífilis neonatal y con una epidemia de partos por cesárea. “Se ha registrado una expansión de los servicios y un aumento de la cobertura de las prestaciones, especialmente en la atención primaria, pero subsisten las dificultades en cuanto al acceso a los servicios especializados y la falta de coordinación entre los centros de atención”, concluye. Los expertos propusieron medidas para reforzar el SUS. Las principales consisten en garantizar una financiación regular y suficiente e invertir aún más en la atención primaria, ampliando el alcance de algunos programas como el de Estrategia de Salud de la Familia, para mitigar las carencias de la atención médica en el país.
El SUS es producto de la Constitución de 1988, que definió a la salud como “un derecho de todos y un deber del Estado, que debe garantizarse mediante políticas sociales y económicas con miras a reducir los riesgos de padecer enfermedades y otros perjuicios, así como el acceso universal y equitativo a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación”. Su organización dependió de un conjunto de políticas públicas basado en la actuación coordinada y solidaria del gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipales en la atención primaria y especializada, la vigilancia sanitaria y epidemiológica y la asistencia farmacológica.
“Entre 1994 y 2002 se introdujeron múltiples innovaciones en el SUS, tales como la exigencia de una mayor inversión de los estados y municipios y la oferta de recursos federales para la implementación de programas específicos”, explica el economista de la salud André Medici, quien ha trabajado en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. En el período posterior, dice Medici, parte de ese dinamismo se fue perdiendo. “Hubo innovaciones, como en el caso del programa nacional contra el tabaquismo, pero el sistema empezó a funcionar con una lógica más política, con énfasis en la transferencia de recursos a los estados y municipios, algo que dio lugar incluso a malversaciones como la mafia de las ambulancias, en 2006. En los últimos años se ha venido lidiando con el deterioro de la situación económica del país y atendiendo también a un público que ya no puede pagar más los seguros de salud privados”.
Antes de la llegada del SUS, el sistema público solo atendía a los brasileños con aportes jubilatorios, mientras que los más pobres y los desempleados dependían de la caridad de los hospitales filantrópicos. El SUS, inspirado en el National Health Service, del Reino Unido, nació con grandes ambiciones. Ninguna otra red sanitaria del mundo se ha propuesto atender a una población tan vasta sin imponer restricciones o algún tipo de coparticipación en los gastos. “No conozco ningún país que cuente con un sistema universal de salud con la extensión territorial, el tamaño de la población y las desigualdades regionales y sociales que ostenta Brasil, y que haya tenido un desempeño y los éxitos que ha alcanzado el SUS en tan solo 30 años, a pesar de los innumerables obstáculos”, dice Jaimilson Silva Paim, docente de la Universidad Federal de Bahía. “Siempre me acuerdo del Servicio Nacional de Salud italiano que, al igual que el SUS, padeció una ‘operación descrédito’. Pese a su tradición histórica y cultural, a Italia le demandó 30 años, de 1948 a 1978, transformar en ley la premisa constitucional del derecho a la salud. Brasil lo logró en dos años, al aprobar la legislación ordinaria de la salud y la del SUS, en particular”.
Pacientes acuden a atenderse en los consultorios externos del Hospital de Clínicas de São Paulo, el mayor complejo hospitalario de América LatinaLéo Ramos Chaves
La disociación entre las grandes aspiraciones del SUS y la existencia de financiación suficiente como para poder cumplirlas explica por qué varios de sus objetivos no pudieron lograrse. El acceso universal a la salud no pudo materializarse. El SUS se ha consolidado como el sostén principal de los más pobres, mientras que las clases media y alta del país recurrieron a los sistemas de medicina prepaga y a los seguros privados para garantizarse una asistencia especializada de mayor calidad o de acceso más rápido. Según la Encuesta Nacional de Salud del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el conjunto de los brasileños con acceso complementario a la salud sumaba el 28,5 % de la población en 2019, en comparación con poco más de un 5 % en la década de 1980. En Brasil, el gasto en salud privada es mayor que el de la salud pública. El gobierno destina a la salud un monto equivalente al 3,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto familiar en esta misma categoría llega al 5,4 % del PIB.
El país gasta mucho menos en la salud que otras naciones que cuentan con sistemas universales. Los cálculos realizados por Fabiola Sulpino Vieira, experta en políticas públicas del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), que salieron publicados el año pasado en un artículo de la Revista de Saúde Pública, revelan que el gasto público brasileño per cápita en salud fue de 606 dólares en 2017. En Turquía, el monto sumó 921 dólares, en el Reino Unido, 3.300 dólares y, en Alemania, 4.900 dólares. Estos valores fueron corregidos según la paridad de poder de compra de cada país. Según el artículo, entre 2014 y 2018 los gastos per cápita del gobierno federal brasileño sufrieron un recorte del 2 %, y en los estados y municipios, un 5 % y un 2 %, respectivamente.
Hospital de campaña en Santo André, en la región del ABC paulistaGustavo Basso/Nurphoto/NURPHOTO vía AFP
En sus tres décadas de existencia, el SUS se enfrentó a varios problemas de financiación. “El sistema nunca se tomó como una prioridad al momento de definir el gasto público y siempre fue necesario bregar por mayores recursos”, dice Sulpino Vieira. En la década de 1990, se recreó un impuesto provisional a las transacciones financieras llamado CPMF, que fue el meollo de una campaña del ministro Adib Jatene (1929-2014) para complementar los recursos del SUS. Pese a que esa asignación a la salud estaba prevista expresamente por ley, el presupuesto del ministerio no se amplió y, en 1999, la contribución CPMF se destinó a programas de erradicación de la pobreza y para suplir el déficit previsional. En 2007 fue derogada. La Enmienda Constitucional nº 29, en el año 2000, constituyó un hito para la consolidación del SUS, al establecer la obligatoriedad de porcentajes mínimos de recursos presupuestarios que la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios están obligados a aportarle al sistema.
En los últimos años, la financiación se ha visto amenazada por las restricciones impuestas por la enmienda 95, de 2016, que incluyó en la Constitución un dispositivo que congela el gasto público durante 20 años. En 2018 y 2019, el presupuesto del Ministerio de Salud tan solo se reajustó por la inflación. En 2020, ese techo pudo superarse debido a los gastos de emergencia que impuso la pandemia. Pero la ley de directrices presupuestarias de 2021, que se aprobó en el mes de diciembre, retomó la regla del tope y estipuló un presupuesto de salud de 134 mil millones de reales, unos 30 mil millones menos que el monto ejecutado el año pasado. Una petición pública con 583 mil firmas enviada al Congreso por el Consejo Nacional de Salud, solicita que el presupuesto del ministerio para este año sea de al menos 168.700 millones de reales. Uno de los argumentos indica que la pandemia continúa su curso y las cirugías y atenciones pospuestas durante el año pasado derivarán en un aumento de la demanda en 2021.
La aplicación creada por el Ministerio de Salud, llamada Coronavirus SUS, con informaciones útiles sobre la enfermedadLéo Ramos Chaves
Es probable que el SUS vuelva a recibir recursos extraordinarios. Un decreto provisorio promulgado en diciembre abrió un crédito de 20 mil millones de reales para la compra de vacunas. En la práctica, nada impide que el gobierno y el Congreso aumenten el presupuesto de Salud, siempre que se trasladen recursos de otras áreas y el tope global de gastos se mantenga. La lógica de los presupuestos aprobados ha sido la de un congelamiento lineal de los gastos. Una de las implicaciones naturales es que el gasto per cápita empieza a disminuir. “La población brasileña crece un 0,8 % al año y los recursos disponibles deberían incrementarse, al menos, en la misma proporción”, dice el economista Francisco Rózsa Funcia, de la Universidad Municipal de São Caetano do Sul, un experto en financiación del SUS. “La población de la tercera edad, que registra una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, aumenta un 3,8 % al año, y eso también eleva los costos del sistema”.
Como el tope de gastos tendrá vigencia hasta 2036, otro problema del SUS, ligado a su gobernanza, tiende a agravarse. Con menos recursos, el gobierno federal dispondrá de un margen cada vez menor para cumplir su rol como inductor de políticas públicas de salud. El Ministerio de Salud ha propuesto programas innovadores, tales como el de la Estrategia de Salud de la Familia o el Samu, comprometiéndose a girarles recursos a los municipios para mantenerlos. Sulpino Vieira, del Ipea, menciona como ejemplo a los servicios de media y alta complejidad en los municipios, que deben ser habilitados por el Ministerio de Salud. “Para ampliar la cantidad de camas para los pacientes con cáncer, un hospital público estadual o municipal necesita autorización federal. Hoy en día, el ministerio suele ser restrictivo en esas autorizaciones porque si las aprueba, queda obligado a transferir los recursos para financiar esas nuevas plazas y está imposibilitado de aumentar el gasto”, explica la investigadora.
En otro trabajo publicado en diciembre en la revista Saúde em Debate, Sulpino Vieira y su colega del Ipea Luciana Servo mostraron que el Ministerio de Salud viene atenuando su rol como coordinador del sistema. Según ese estudio, ha crecido la parte del presupuesto de la cartera fuera de su control, vinculada a enmiendas parlamentarias: de 240 millones de reales en 2014, a 6.600 millones de reales en 2018. El problema se ha intensificado durante la pandemia, no por las dificultades presupuestarias, sino por las divergencias entre el gobierno federal, los estados y los municipios, acerca de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. Parte del trabajo de coordinación del SUS la realizó el Consejo Nacional de Secretarios Estaduales de Salud (Conass). El artículo enumera episodios que “denotan la escalada del conflicto en la relación tripartita”, tales como el impedimento a los representantes de los consejos de secretarios estaduales y municipales de Salud para participar en la asunción del ministro de Salud, Nelson Teich, en el mes de abril, y el “menosprecio a estos consejos en la toma de decisiones referentes a acciones para hacer frente a la pandemia, como fue la difusión de las recomendaciones para el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina en el tratamiento del covid-19, sin seguir la normativa que establece la realización de un análisis a cargo de la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en la Salud”.
Si hay algo que está consensuado en cuanto a lo que debe mejorarse en el SUS, es la necesidad de una mayor inversión en atención primaria, la puerta de ingreso al sistema, que proporciona los cuidados más sencillos y deriva los casos más complejos a los servicios especializados. Las iniciativas del SUS en los programas de atención primaria han dado resultados notables, como fue el caso de la Estrategia de Salud de la Familia. Este programa, lanzado en 1994 en forma descentralizada, con recursos aportados por el gobierno federal y con gestión municipal, proporciona atención primaria a la población de los suburbios y de enclaves alejados. El programa ha crecido durante los últimos 20 años y en la actualidad cuenta con más de 43 mil equipos, integrados por un médico generalista, un enfermero, un odontólogo, auxiliares técnicos y agentes sanitarios o comunitarios, que actúan en casi todos los municipios brasileños. Un estudio dado a conocer en 2020 reflejó el impacto del programa en la disminución de la mortalidad infantil, al evaluar los resultados de más de 50 artículos científicos sobre el tema. Entre 1994 y 2017, el índice de niños fallecidos antes de cumplir el primer año se redujo de 43 mil a 12.400 nacidos vivos. Ese trabajo, coordinado por el economista Naercio Menezes, del Insper, detectó que la caída fue más significativa en los municipios en los que funcionaba el programa: tras ocho años de labor, la merma registrada osciló entre un 20 % y un 34 %.
También existen razones económicas para invertir más en la atención primaria. Gran parte de los gastos del SUS corresponden a internaciones. Un diagnóstico que presentó el Banco Mundial en 2018 apuntó que hay ineficiencia en la asignación de los recursos, que si se corrige podrían significar un ahorro de un 23 % en los gastos de atención primaria y hasta un 34 % en la atención secundaria y terciaria. “La ineficiencia no es propia del sistema brasileño, sino de varios sistemas en todo el mundo”, dice André Medici. “El SUS sigue centrándose en la atención hospitalaria y hay que organizarse mejor para atender a la gente. Los usuarios del sistema no están habituados a recurrir a una unidad o un centro de salud. Acuden directamente al hospital. Cuando llegan ahí pueden suceder dos cosas: que el hospital no sea capaz de brindar atención, o bien, que lo haga, dejando al paciente algunos días internado y gastando entre 3 mil y 4 mil reales por día, que es mucho más de lo que costaría la atención si se la hubiera prestado en un centro de atención primaria. En muchos casos, eso podría resolverse con la intervención de un médico de familia”. Medici considera que es fundamental resolver estos problemas. “Un uso más racional de los recursos disponibles es importante incluso para poder planificar la expansión del sistema”.
Para Fabiola Sulpino Vieira, es necesario combatir la ineficiencia. “Pero lamentablemente, muchos de los estudios que se realizan sobre la eficiencia del sistema terminan utilizándose para justificar que no se inviertan recursos adicionales en lugar de utilizarlos para implementar medidas que mejoren su desempeño”, dice. La médica Ligia Giovanella, investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz (Ensp-Fiocruz), advierte que el enfoque en las ineficiencias de la atención primaria no tiene en cuenta factores tales como la diversidad geográfica, económica y social de los municipios. “Resulta inapropiado sugerir un recorte de recursos en un sistema tan subfinanciado como el SUS”. Uno de los retos principales para mejorar la atención básica consiste en organizar la atención en redes regionales. La mayoría de los municipios brasileños tienen pocos habitantes y carecen de dinero y de capacidad de gestión. El diseño original del SUS contemplaba la construcción de esas redes, pero recién en 2011 el gobierno dividió el territorio nacional en 430 regiones sanitarias, que abarcan a un conglomerado de 500 mil a 600 mil habitantes cada una. El objetivo es coordinar acciones sin superposición de esfuerzos como forma de garantizar la atención primaria y especializada a todos por igual. La organización de ese entramado viene haciéndose en forma desigual. “En algunos estados, como en el caso de Ceará, la gobernación del estado y los municipios se organizaron en consorcios donde cada región ha comenzado a ofrecer policlínicas de especialidades y centro de atención odontológica. En São Paulo también hay estructuras regionales consolidadas, pero en otros sitios hay dificultades de articulación”, dice Giovanella. Según la investigadora, los secretarios de Salud municipales se reúnen en comisiones regionales de intergestión para organizar las acciones de la red, pero es habitual que aparezcan obstáculos. “No hay gobiernos regionales. Las competencias en lo que concierne a las disposiciones sanitarias son municipales”, dice.
Para ella, es menester universalizar la cobertura con equipos de salud de la familia, pasando del actual 63 % a un mínimo del 90 % de la población. “La atención primaria, si se organiza bien, puede resolver más del 80 % de la demanda, pero no debe estar desvinculada de una red de calidad”, dice. Según Giovanella, uno de los obstáculos para la mejora de la atención primaria reside en la escasez de médicos de familia. “Hay poco interés por la formación generalista en las facultades de medicina”.
Un equipo del Programa de Salud de la Familia atiende a una mujer en Marabá, en el estado de Pará Paulo Sérgio dos Santos - Municipio de Marabá - PA
Al margen de las medidas de reorganización, la ampliación de la atención médica en Brasil dependerá de la capacidad y la disposición del país para sumar inversiones en políticas públicas de salud. Un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dado a conocer en mayo de 2020 estimó que harían falta 31 mil millones de reales para cubrir el déficit anual de atención del SUS. Esos recursos deben invertirse en equipos de salud de la familia, atención odontológica, consultas médicas e internaciones, análisis y sesiones de hemodiálisis, cuya demanda actualmente no está cubierta. En el documento se afirma que aumentará la tensión generada por la demanda de la población y la oferta de recursos disponibles. “Por un lado, se vislumbra una tendencia al incremento de la necesidad de recursos destinados al SUS. Por el otro, el panorama fiscal se muestra desfavorable para la ampliación de los gastos”.
En un trabajo publicado en la revista Ciência & Saúde Coletiva, el economista Francisco Funcia planteó opciones para ampliar la financiación del SUS, tales como asignarle un porcentaje de los recursos que actualmente se están utilizando para pagar la deuda pública o reducir las exenciones fiscales a los gastos de salud privados. En una de sus proyecciones, Funcia calculó cuál sería en la actualidad el presupuesto adicional del SUS si se hubiese aprobado el proyecto de ley propuesto por la iniciativa popular denominado Salud+10, de 2013, que fue rechazado por el Congreso y que proponía una transferencia a la salud de un mínimo del 10 % de la recaudación bruta de la Unión. El monto adicional, estimado en 36 mil millones de reales para 2018, hubiera sido suficiente como para cuadruplicar los gastos del Piso de Atención Primaria transferidas a los municipios, las inversiones en la oferta de medicamentos y los gastos del Samu, además de ampliar en un 50 % los fondos disponibles en el programa Estrategia de Salud de la Familia. “Estos datos demuestran que hay un margen fiscal para buscar una ecuación política que redunde en recursos adicionales para la financiación federal del SUS a corto plazo, sin necesidad de una reforma tributaria y sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas”, sostiene Funcia.
Ciencia para perfeccionar el SUS Un programa de estímulo a investigadores para solucionar los problemas del sistema de salud
La producción de conocimiento para perfeccionar el Sistema Único de Salud (SUS) movilizó a miles de científicos brasileños por medio del Programa de Investigaciones para el SUS (PPSUS, por su sigla en portugués). La iniciativa, que ha promovido 172 convocatorias públicas a la presentación de propuestas en 27 estados, invirtió 395 millones de reales en casi 4 mil proyectos desde 2002 y está financiada por el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Ciencia y Tecnología (Decit), en asociación con las secretarías de Salud de los estados y las fundaciones de apoyo a la investigación científicas, también estaduales.
El objetivo del PPSUS es estimular a los investigadores para que soluciones los problemas del sistema en su región. “Trabajamos con las secretarías de Salud de los estados para detectar cuáles son los principales escollos a los que se enfrenta la gestión y la atención del SUS a nivel local y cómo puede el ámbito académico ayudarles a mitigarlos”, explica Marge Tenório, coordinadora nacional del programa en el Ministerio de Salud. La funcionaria pone de relieve el papel del PPSUS para el desarrollo de recursos humanos especializados en salud: entre colaboradores y becarios de los proyectos hay 500 másteres y 300 doctores formados en el marco de los proyectos financiados.
Hay proyectos de gran repercusión en todas las regiones. Daniel Canavese, de la Universidad de Rio Grande do Sul, colaboró para mejorar el control de la salud en poblaciones vulnerables al analizar las situaciones de violencia en el estado según la raza, el género y la orientación sexual. Thaís Gigonzac, de la Universidad del Estado de Goiás, diseñó estrategias de investigación genética e intervención precoz con individuos con trastorno del espectro autista en el sistema de salud local. Isabella Monlléo, de la Universidad Federal de Alagoas, consolidó una estrategia tendiente crear un sistema de referencia en la atención de pacientes con fisuras orales.
Desde 2006, la FAPESP ha subvencionado, en conjunto con el Ministerio de Salud, 241 proyectos de investigadores de instituciones paulistas en convocatorias del PPSUS. “La intención es que los resultados de los proyectos sean incorporados por los servicios y por el sistema de salud. Existen proyectos más prácticos, otros que prueban nuevas tecnologías. Algunos parecen tener escaso alcance, pero están empezando a responder preguntas y su repercusión se vislumbrará más adelante”, dice Maritsa Bortoli, investigadora del Instituto de Salud de São Paulo, quien ya se ha desempeñado como coordinadora nacional del PPSUS y ahora trabaja con el programa en la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo. Uno de los más destacados fue un proyecto encabezado por el oftalmólogo Antonio Carlos Lottelli Rodrigues, de la Facultad de Medicina de Botucatu en la Universidade Estadual Paulista (Unesp), quien desarrolló una línea de atención para niños con alteraciones mediante el llamado “test del ojito” (prueba del reflejo rojo) que se implementó en todo el estado de São Paulo. La prueba, que se les realiza a todos los recién nacidos en la misma maternidad, en São Paulo es obligatoria, pero el diagnóstico no evitaba que muchos bebés con catarata congénita padecieran secuelas por tardanza de atención. La catarata congénita está presente en uno de cada 2.500 nacidos y, si no se opera antes de los 3 meses de vida, puede causar ceguera permanente. “Era habitual que los padres de los bebés recibieran el diagnóstico, pero que no lograsen que se los derivara a cirugía a tiempo dentro del SUS”, dice el investigador.
Con la ayuda de la Secretaría de Salud del Estado y de investigadores de las facultades de medicina de las universidades de Campinas (Unicamp), de São Paulo (USP), Federal de São Paulo (Unifesp) y del Hospital Santa Casa de São Paulo, Lottelli desarrolló un esquema que acelera la atención. Ahora, siempre que se detecta un caso sospechoso de catarata congénita en una maternidad, se programa un examen para confirmar el diagnóstico en una clínica cercana al lugar de residencia de la familia. Si el caso se confirma, se lo deriva inmediatamente a uno de los seis hospitales universitarios asociados al proyecto, que realizan la cirugía. Solo la clínica dirigida por Lottelli en Botucatu ya lleva realizadas más de 200 cirugías organizadas a partir de esa línea de atención.
También hay proyectos para mejorar la gestión del SUS. Una iniciativa coordinada por Cinira Fortuna, de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la USP, ayudó a transformar las prácticas de los profesionales a cargo del desarrollo, en los 24 municipios que abarca el Departamento Regional de Salud de Araraquara, de las políticas nacionales de humanización de la atención y la gestión en el SUS, y de educación continua en sanidad. Esos profesionales, que se desempeñan como articuladores y colaboradores para la implementación de estas políticas, son monitoreados y calificados en sus prácticas por el Centro de Desarrollo y Calificación para el SUS (CDQ-SUS) en su oficina regional de Araraquara, ya que trabajan junto a los equipos de salud de los municipios.
El proyecto reunió a unos 40 profesionales en talleres y sesiones de grupos de debate, promoviendo la reflexión y la discusión conjunta de los problemas que enfrentan. Uno de los resultados fue la construcción de una “caja de herramientas” provista de prácticas y soluciones compartidas que ayudan a lidiar con los problemas de interlocución con los equipos de salud. “Estos actores son esenciales para la articulación regional de las políticas, pero carecían de la acogida y la ayuda para reaccionar ante las dificultades”, dice Fortuna, que implementó el proyecto con la colaboración de Monica Vilchez y Ana Franceschini, del CDQ-SUS de Araraquara.
El investigador Reinaldo Guimarães, de la UFRJ, quien fue secretario de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud entre 2007 y 2010, subraya que, en este siglo, los responsables de la gestión del sistema de salud brasileño cumplirán un rol mayor en la definición de las políticas de investigación; la creación del PPSUS y del Decit, con un presupuesto para invertir en ciencia básica y aplicada, constituye un ejemplo de esta evolución. “En países tales como estados Unidos, Canadá y el Reino Unido se crearon agencias de fomento específicas para la financiación de la investigación en salud”, dice. “En los últimos 50 años, el propio concepto de investigación en salud se ha ampliado, con el crecimiento de áreas tales como la bioquímica y la microbiología, que han generado tecnologías e innovaciones que han tenido impacto sobre la calidad de vida de las personas”.
Los proyectos financiados por la FAPESP relacionados con el SUS pueden consultarse en: bit.ly/2XPieIL.
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