En enero de 2020 comenzará a funcionar en Suecia una agencia federal que se ocupará de investigar casos de fraude, plagio y manipulación de datos. El Parlamento de ese país aprobó en el mes de junio la ley que instituye el nuevo organismo, que lleva el nombre de Consejo de Mala Conducta en la Investigación. El mismo tendrá incumbencia para estudiar todos aquellos casos sospechosos abarcando investigaciones científicas realizadas en instituciones públicas y privadas del país y para divulgar los resultados de tales averiguaciones. Si las denuncias fueran confirmadas, agencias científicas de fomento, universidades e institutos de investigación decidirán la aplicación de sanciones específicas a los científicos. Hasta ahora, se realizaban averiguaciones internas y las instituciones no siempre tenían un criterio convergente sobre aquello que configura mala conducta. Eventualmente, ellas podían asesorarse recurriendo a un Comité Central de Ética, sin compromiso de tener que adecuarse a sus directrices. “En algunos casos, se alegó que la investigación no se llevó a cabo en forma justa o transparente. El nuevo sistema constituye un avance en ese sentido”, declaró Karin Åmossa, directora de la Asociación Sueca de Investigadores y Docentes Universitarios a la revista Nature.
La idea de centralizar las investigaciones sobre episodios de mala conducta se encuentra en debate en varios países con el objetivo de garantizar un modelo común de averiguación de denuncias y sanciones. En 2017, Dinamarca creó un organismo que se ajusta a esos mismos parámetros, que desde entonces ha estudiado una decena de casos. El año pasado, una comisión parlamentaria de investigación del Reino Unido propuso la creación de un comité de monitoreo de las investigaciones científicas realizadas por las universidades, frente a las evidencias de que una de cada cuatro instituciones no cumple las directrices de integridad científica vigentes desde hace siete años. Países tales como Australia y Canadá también cuentan con organismos para indagar sobre casos sospechosos, mientras que China anunció que centralizará esa tarea en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Tales iniciativas, concebidas para preservar la confianza pública en el trabajo de los científicos, configuran una contradicción, declaró Nicholas Steneck, experto en integridad científica que fuera director del programa de Ética e Integridad en la Investigación de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, a la revista Nature. “Si no se puede confiar en las universidades para realizar investigaciones responsables, ¿por qué deberíamos confiarles recursos para la investigación?”, indaga Steneck. A su juicio, la averiguación de los casos debería seguir haciéndose internamente, aunque se podrían implementar cambios para tornarla más eficiente, y no tiene sentido endosarle a una agencia central la investigación incluso de casos que provocan daños menores a la integridad científica.
La FAPESP adopta un modelo intermedio entre el que propuso Suecia y el que defiende Steneck. Por un lado, el Código de Buenas Prácticas Científicas de la Fundación determina que las instituciones de investigación son las responsables principales de la promoción de una cultura de buena conducta científica entre los investigadores y estudiantes vinculados a ellas, así como de la prevención, la averiguación y el castigo de las malas conductas científicas que ocurran en su ámbito. Por otro lado, establece que la FAPESP es corresponsable de garantizar que toda acusación de mala conducta científica relacionada con la investigación que la Fundación patrocina sea investigada en forma adecuada y, si el caso lo requiere, la fundación debe tomar todas las medidas disciplinarias y correctivas que quepan. Por eso, el Código estipula condiciones mínimas que debe satisfacer la averiguación realizada por la institución, para que la misma sea rigurosa y justa, evitando conflictos de interés y corporativismo, garantizándose los derechos de defensa y la presunción de inocencia. Y establece que el informe detallado y justificado de la averiguación de cada alegato de mala conducta debe ser remitido a la FAPESP, que podrá avalarlo o no.
Reputación
El gobierno de Suecia defiende el nuevo sistema con el argumento de que delegar las averiguaciones a las universidades es una fuente potencial de conflicto de intereses. “Surgen dificultades para realizar escrutinios imparciales, como así también se mostró problemático para las instituciones de educación superior investigar sospechas sobre sus científicos mientras protegen su propia reputación”, informó el gobierno en un comunicado publicado en su sitio web. En opinión de Helene Knutsson, quien propuso la creación de la agencia el año pasado cuando era ministra de Investigación y Educación Superior del país, el sistema apunta a elevar la transparencia y la seguridad jurídica. “Nadie debe dudar de la investigación sueca, así como ningún paciente debe arriesgarse a que lo sometan a tratamientos que son el resultado de fraudes”, dijo.
Si bien Knutsson no menciona episodios específicos, la erosión de la confianza en la capacidad de autorregularse de las universidades se debe, en gran medida, al escándalo que implicó el paso del cirujano italiano Paolo Macchiarini por el reputado Instituto Karolinska, de Estocolmo, entre 2010 y 2016. Macchiarini falsificó los resultados de una cirugía experimental, un trasplante de tráquea artificial, pero el Karolinska, conocido por seleccionar a los ganadores del Premio Nobel de Medicina o Fisiología, exculpó al italiano en tres investigaciones consecutivas, incluso admitiendo que él no había cumplido con los estándares de calidad que exige la institución. El caso solo se reabrió cuando un reportaje en una revista estadounidense y un documental de la televisión sueca revelaron que, aparte de inventar los resultados desfavorables de los trasplantes, también mintió en su currículo e inventó logros en su vida social. Aunque estaba casado, Macchiarini le propuso matrimonio a una periodista y le dijo que el papa Francisco celebraría la ceremonia. Ese escándalo provocó la caída de tres miembros del directorio del Karolinska que renunciaron, entre ellos, el vicerrector, Anders Hamsten.
En 2017, un nuevo episodio repercutió en la comunidad científica sueca. Un artículo publicado un año antes en la revista Science por científicos de la Universidad de Upsala, fue retractado luego de que en el marco de una averiguación independiente se detectaron evidencias de que parte de los experimentos descritos ni siquiera se habían realizado. En el estudio, obra de los biólogos Peter Eklöv y Oona Lönnstedt, se sostenía que la contaminación por microplásticos en el océano le causa problemas de crecimiento a la fauna marina y la torna más vulnerable a los predadores. La pareja mintió al informar que contaba con el aval de un comité de ética en el uso de animales para realizar la investigación y no pudo aportar los datos originales de dicho experimento, alegando que la computadora portátil en la que estaban almacenados había sido robada. Previo a la investigación independiente, la Universidad de Upsala había evaluado el caso y, tal como había ocurrido en el Instituto Karolinska, eximió de culpa a ambos investigadores, que en la actualidad tienen prohibido recibir financiación pública por un plazo de cuatro años. Un artículo publicado por Lönnstedt en 2014 también está siendo investigado por sospecha de manipulación de datos.
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