Una nueva metodología para calcular las inversiones en investigación y desarrollo (I&D) en el estado de São Paulo generó un retrato más nítido de este tipo de esfuerzo, que está asociado con la generación de conocimientos, innovación y riqueza. El desarrollo y la implementación de esta metodología estuvieron a cargo de la Gerencia de Estudios e Indicadores de la FAPESP, con la colaboración de la Fundación Seade. El abordaje adopta criterios más próximos a los que se recomiendan a nivel internacional, amplía la cobertura del conjunto de las instituciones que realizan actividades de I&D, permite la producción de nuevos indicadores sobre el tema y perfecciona los métodos empleados para producirlos. Uno de sus resultados, el que mide los recursos aplicados en I&D por las universidades, institutos de investigación y hospitales instalados en el estado, arrojó un monto de 12.870 millones de reales en 2018. Ese valor no difiere demasiado de los 12.120 millones de la misma moneda estipulados en el mismo período mediante la metodología adoptada con anterioridad que fueron divulgados en el informe anual de actividades de la FAPESP, pero el nuevo análisis es más preciso y permitió elaborar varias estadísticas más, por ejemplo, la matriz de financiación versus la ejecución de las actividades de I&D en el estado de São Paulo (obsérvese el gráfico).
La diferencia entre los valores obtenidos por medio de los dos abordajes se explica por tres factores principales. El primero es que el nuevo modelo utilizó datos recabados de fuentes primarias. Las instituciones que realizan actividades de I&D respondieron cuestionarios en línea brindando información minuciosa sobre su plantilla de personal, sus ingresos y sus gastos en 2018. Esa información fue complementada y cotejada con la proveniente de fuentes públicas sobre presupuestos, agencias de fomento, educación superior y posgrado, entre otras. La metodología anterior se basaba exclusivamente en esas fuentes secundarias, que no dejan entrever, en la mayoría de los casos, de dónde provienen los recursos y el monto efectivamente invertido.
En segundo lugar, el nuevo mapeo es más representativo que su antecesor. El número de organizaciones contempladas es mayor, porque también se procuró incorporar, además de las universidades e institutos estaduales y federales, a las instituciones privadas dedicadas a I&D y a los hospitales públicos o de beneficencia que, además de atender a la población, también investigan.
Por último, se perfeccionó la forma de calcular las actividades de I&D en las universidades y otras instituciones de educación superior. Se llevó a cabo un estudio piloto, en forma conjunta con la Prorrectoría de Desarrollo Universitario de la Unicamp, para calcular la cantidad de tiempo que los docentes universitarios le dedican a la investigación. A partir de allí, se estipuló el porcentaje de los recursos ejecutados por las universidades que pueden considerarse inversión en I&D, un procedimiento similar al que adoptan muchos otros países. Ese estudio piloto puso de relieve algo que ya se sabía: la mayoría de los docentes trabajan en régimen de dedicación exclusiva y esta, además de las actividades de investigación, se reparte entre el dictado de clases, los proyectos de extensión y las tareas administrativas. Pero también pudo constatarse que el reparto del tiempo varía según el campo del conocimiento. En ciencias exactas y de la Tierra, los docentes dedican por término medio un 57 % de su jornada laboral a la investigación, mientras que, en el área de las humanidades, el porcentaje es de un 51 % y en las ciencias sociales aplicadas, el 47 %. En ciencias de la salud, el índice es el más bajo, con un registro de un 40%. Lo que ocurre es que los docentes del área médica dedican un tiempo significativo a la atención clínica, que no se computa como una actividad de I&D. Los porcentajes registrados se aplicaron al resto de las instituciones de educación superior, adecuándolos a las respectivas distribuciones de sus docentes por cada área del conocimiento. “Esa mejor segmentación de las inversiones en I&D en las universidades fue una de las mejoras importantes que aportó este mapeó”, explica la economista Sandra Hollanda, consultora del programa de la FAPESP enfocado en la elaboración de un sistema de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación para el estado de São Paulo, que trabajó en la confección del estudio.
En tanto, en lo que respecta a los gastos en I&D del sector empresarial, ambas metodologías comparten la misma fuente: los datos acumulados sobre las empresas paulistas extraídos de la Investigación de Innovación (Pintec), que divulga cada tres años el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Las inversiones en I&D de las empresas paulistas sumaron 12.700 millones de reales en 2018, de acuerdo con los datos actualizados a partir de la última edición de la Pintec, divulgada en el mes de abril pasado (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 291). Las estimaciones que surgen del informe de 2018, que se basan en las proyecciones de la Pintec, divulgada hace tres años, estipulaban un gasto mayor, de 15.500 millones de reales, algo que no se verificó debido a la recesión.
Uno de los grandes aportes de la nueva metodología reside en la posibilidad de calcular los gastos según dos enfoques diferentes: el de la ejecución, que muestra las categorías de instituciones que realizan I&D de manera efectiva, y el de la financiación, trazando un mapa de la participación de las empresas y los gobiernos federal y estadual en las inversiones, como así también las organizaciones que más los utilizan. En 2018, los mayores patrocinadores de los esfuerzos de I&D en el estado fueron las empresas (un 49 % del total). A continuación, aparece el gobierno, con un 44 % (obsérvese el gráfico). Y quienes más ejecutaron esos recursos fueron nuevamente las empresas (el 50 % del total). Las universidades corrieron con el 31 % de los gastos; otras instituciones públicas, con el 13 %, y las organizaciones sin fines de lucro, con el 6 %. “Esa matriz de financiación y ejecución es similar a la de la mayoría de los países, donde la I&D que realizan las universidades públicas es solventada principalmente por el gobierno y las empresas son las patrocinadoras principales de la investigación que ellas mismas realizan”, explica Hollanda.
Esa manera de analizar los gastos sigue las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los 37 países más industrializados del mundo. “Los criterios que estamos adoptando se basan en el Manual de Frascati, creado por la OCDE, que constituye una referencia para quienes trabajan con las estadísticas de I&D en todo el globo”, explica el economista Sinésio Pires Ferreira, gerente de Estudios e Indicadores de la FAPESP. Una ventaja de este trabajo consiste en que los resultados son comparables con las estadísticas internacionales, ya que gran parte de los países adopta los criterios de la OCDE. La desventaja radica en que, según estos criterios, los datos de São Paulo no pueden cotejarse con los elaborados por las otras unidades federadas y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), que continúan utilizando informaciones secundarias para medir el esfuerzo público en I&D. “La FAPESP está evaluando la posibilidad de mantener también la divulgación de los datos con la metodología anterior, para no cortar la serie histórica y disponer de un indicador compatible con el que se adopta a nivel nacional, aunque el MCTI no emplea exactamente los mismos modelos que solía usar la Fundación”, dice Ferreira. Los nuevos criterios fueron presentados al ministerio. En teoría, el modelo podría ser útil para el gobierno federal si Brasil finalmente ingresa en la OCDE –el proceso de afiliación se encuentra en curso– ya que debería elaborar estadísticas en sintonía con las de esa entidad.
La difusión de los indicadores de esfuerzos y resultados de las actividades científicas y tecnológicas en el estado es parte de las atribuciones de la FAPESP. Entre 1998 y 2010, la Fundación publicó cuatro libros sobre el tema. En los últimos años, las estadísticas comenzaron a publicarse en boletines y en la sección Datos de Pesquisa FAPESP. En años recientes, la Fundación ha elaborado un mapa detallado de las organizaciones científicas y tecnológicas y lleva un registro, a partir de la Pintec, de las empresas innovadoras en actividad en el estado. Según la última actualización, el sistema de ciencia y tecnología del estado de São Paulo está compuesto actualmente por 73 instituciones de educación superior (19 públicas, que incluyen cuatro hospitales universitarios, y 54 privadas), 12.831 empresas que hacen innovación (de las cuales 3.420 mantienen actividades internas de I&D), 40 institutos de investigación públicos, que incluyen siete hospitales, y 24 institutos de investigación privados sin fines de lucro, de los cuales siete son prestadores de salud. Este mapeo sirvió como brújula para el recabado de datos sobre I&D en un conjunto de instituciones más amplio que el que se hacía anteriormente.
La Fundación Seade, un centro de producción de estadísticas socioeconómicas y demográficas ligado a la gobernación paulista, brindó su apoyo para la elaboración y ejecución del estudio. “Ellos cuentan con experiencia en la obtención de datos primarios como los que pretendíamos averiguar”, dice Ferreira, que ha ocupado el cargo de director adjunto del organismo. La colaboración consistió en la confección de un cuestionario en formato digital inspirado en modelos aplicados en otros países y adaptable a la realidad de cada institución. “Existen diferencias en la forma en que las universidades e institutos de investigación se organizan y registran sus actividades. El cuestionario permitió recabar datos confiables y estandarizados en medio de esas variaciones”, explica Ferreira. También fue importante la experiencia de la Fundación Seade en el trabajo con normas que implican el resguardo de la confidencialidad de los datos proporcionados. Cada participante declaró datos sobre sus gastos y actividades de I&D, pero se acordó que muchas de esas informaciones solo se divulgarán en forma global. “Varias instituciones temían que su información se hiciera pública y nosotros les aseguramos que solo se divulgarían los datos en su conjunto, de manera tal que no fuera posible identificarlas”, afirma.
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