DANIEL BUENOUn documento emitido por el Committee on Publication Ethics (Cope), con sede en el Reino Unido, estableció normas destinadas a promover la cooperación entre instituciones dedicadas a la investigación y revistas científicas para el estudio de casos de mala conducta y también para la promoción de buenas prácticas entre científicos y editores (lea en el recuadro). El Cope es un foro de revistas científicas que congrega a más de 7 mil miembros de distintos países en todos los campos del conocimiento. Las revistas de las principales editoriales, tales como Elsevier, Springer y Palgrave Macmillan, siguen sus recomendaciones.
“Tanto las instituciones como las revistas tienen responsabilidad en el combate contra las malas conductas”, dice Elizabeth Wagner, presidenta del Cope. “Es importante que haya comunicación y colaboren de manera eficaz”, afirma. La idea corrobora el Código de boas práticas científicas publicado por la FAPESP en 2011, según el cual, la responsabilidad principal por la integridad recae sobre las instituciones, aunque los periódicos son corresponsables, dentro de sus límites de incidencia.
En el caso de las revistas, se recomienda que cuenten con políticas claras en lo que respecta al tratamiento de los casos sospechosos y estén preparadas para responder ante el requerimiento de otras instituciones u organizaciones encargadas de promover investigaciones. En tanto, las instituciones, deben alentar a sus investigadores a informar a las revistas si se descubrieran errores en trabajos publicados. También deben ofrecer capacitación sobre buenas prácticas en sus programas de educación en integridad científica.
Aunque se ha enfocado en las reglas para investigar sospechas, el documento enfatiza que la labor de educar a los investigadores, promover buenas prácticas y crear estrategias de prevención son también relevantes. “En teoría, las políticas de revistas e instituciones deben cubrir todos esos aspectos”, resalta el documento. El texto reconoce que otros actores, fundamentalmente las agencias de financiación, cumplen un rol importante en la promoción de la integridad científica y deben ser informados sobre casos de mala conducta relacionados con los proyectos patrocinados. “Esperamos que las directrices ayuden a los patrocinadores a desarrollar sus políticas al respecto de la integridad científica, colaborando con investigadores y editores”.
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