Los casos recientes que implican a docentes e investigadores en denuncias de acoso sexual han reavivado el debate sobre el rol de las universidades para hacer frente a este delito en el ambiente académico. Aunque muchas instituciones brasileñas aún carecen de políticas y procedimientos específicos para afrontar este problema, algunas están invirtiendo en la elaboración e implementación de iniciativas tendientes a prevenir nuevos casos en sus campus.
En 2017, la Universidad de Campinas (Unicamp) creó un grupo de trabajo para estudiar políticas más eficaces con miras a combatir la violencia y el acoso sexual. “Se pensaba que la universidad no disponía de instrumentos adecuados para procesar las denuncias y, por lo tanto, no tomaba en serio el tema”, dice Ana Maria Fonseca de Almeida, de la Facultad de Educación, quien presidía el mencionado grupo de trabajo en ese entonces.
La universidad promovió varios debates con la participación de estudiantes, docentes y no docentes, que dieron como resultado una propuesta de política institucional basada en la no tolerancia del acoso sexual, el establecimiento de un protocolo multidisciplinario de atención de quejas y tramitación de denuncias, y el desarrollo de programas de concientización, educación y capacitación de toda la comunidad universitaria.
El documento fue remitido al Consejo Universitario en 2019 y resultó aprobado. Una de las disposiciones principales implicaba la creación del Servicio de Atención de las Víctimas de Violencia Sexual (Savs), responsable de activar sectores especializados de la Unicamp y, dependiendo de las particularidades de cada caso, ofrecer orientación y apoyo a las víctimas. “Nuestra política no ha exigido grandes inversiones”, comenta Fonseca de Almeida. “Creamos una estructura basada en los servicios que ya existían, vinculados a la salud de la mujer y a la asistencia psicológica y psiquiátrica”. La idea es que el Savs funcione como centro receptor de las quejas y movilice esas estructuras. “Procuramos asistir y orientar, ofrecer opciones y alojamiento y efectuar la mediación con los servicios disponibles”, explica la profesora, quien subraya que la investigación y enjuiciamiento de los casos quedan a cargo de las comisiones de peritaje instituidas por la universidad.
Desde su puesta en marcha, el servicio ha recibido 60 quejas individuales. No todas se han transformado en denuncias. “Las víctimas se sienten fragilizadas y se culpan por lo ocurrido”, dice. “Muchas desisten de la causa por temor a que el mismo se haga público y ello comprometa sus actividades de trabajo, estudio e investigación”. La estrategia, según Fonseca de Almeida, apunta a garantizar que la víctima tenga pleno control sobre lo que se va a hacer. “Nuestra asistencia tiene por objeto hacer que reflexione acerca de lo sucedido y se fortalezca psicológicamente, quedando a su criterio decidir si presentará la denuncia y cuándo”. Cuando esto ocurre, el Savs reúne las evidencias, instruye el proceso y lo envía al despacho del rector, quien lo remite a la fiscalía general para su evaluación y la apertura de una averiguación interna. La mayoría de los casos siguen siendo objeto de investigación. Involucran a estudiantes, docentes, investigadores y empleados técnico-administrativos. “Algunos ya han dado lugar a amonestaciones y suspensiones sin goce de sueldo”, dice Fonseca de Almeida.
La Universidade Estadual Paulista (Unesp) también ha estado trabajando en estrategias para hacer frente a los casos de conducta sexual impropia. Ahora se está orientando a las víctimas para que radiquen sus quejas en las defensorías de sus campus. “Muchos casos también llegan a nuestro conocimiento a través de los centros de estudiantes”, explica Claudia Maria de Lima, al frente de la defensoría general de la Unesp. “Al recibir la denuncia, nos ponemos en contacto con la víctima para saber cómo podemos ayudarla, evitando que deba volver a relatar su caso y revivir la experiencia”. Al igual que la Unicamp, la universidad deriva a las víctimas a los servicios de su propia estructura, dependiendo de cada caso. En ocasiones, ocurre que algún campus no dispone de un servicio apropiado, dado que la Unesp posee 24 campus distribuidos por todo el estado. “Intentamos mantener un diálogo con las instituciones de salud y los grupos de apoyo locales para asegurar que las víctimas tengan una asistencia adecuada”.
Cuando la víctima opta por seguir adelante con la denuncia –y si el caso hubiera ocurrido en las dependencias de alguno de los campus–, se conforma un comité investigador para evaluar el caso. Para evitar que el proceso comprometa su permanencia en la universidad, la Unesp, por medio de la Comisión de Prevención de la Violencia, aprobó una resolución que ofrece la posibilidad de un traslado a otro campus, independientemente de la disponibilidad de vacante, algo que ya ha sido necesario hacer, a pedido de una víctima de abuso sexual. Lima explica que las comisiones de investigación están integradas por tres agentes públicos, generalmente investigadoras científicas involucradas en trabajos sobre la violencia de género y los derechos humanos. Muchos de los casos que se denuncian en la defensoría ocurren en las fiestas de las residencias estudiantiles y solamente involucran a estudiantes. “Lamentablemente, lo máximo que podemos hacer en esos casos es promover su recepción, puesto que la universidad no tiene competencia para investigarlos, a menos que el caso involucre a un agente público”.
En los últimos dos años, la Unesp ha recibido 15 registros, todos de acoso sexual. Dos de ellos se transformaron en denuncias formales, y aún están en proceso de investigación. En simultáneo, la universidad está trabajando en otras acciones. Desde 2015 cuenta con un grupo de trabajo para la prevención de la violencia y, en diciembre de 2021, creó la Coordinación de Acciones Afirmativas, Diversidad y Equidad, que promueve prácticas y políticas de lucha contra el acoso y la violencia sexual y de género en la institución. “Realizamos foros de debate para visibilizar el tema y concientizar a la comunidad académica”, relata Leonardo Lemos de Souza, quien está al frente de la coordinación de la Unesp. “También publicamos una guía con directrices sobre cómo identificar y lidiar con este problema, además de brindar capacitación a los asistentes que mantienen el primer contacto con las víctimas”.
Las iniciativas de la Unicamp y la Unesp se suman a las de otras instituciones. Desde 2016, la Universidad de São Paulo (USP) cuenta con la Oficina USP Mujeres, que trabaja en la elaboración e implementación de acciones tendientes promover la igualdad de género en sus siete campus. En 2020, la oficina presentó, en colaboración con la Superintendencia de Asistencia Social, un protocolo de atención para los casos de violencia y acoso sexual en la universidad, con directrices para la recepción, orientación y seguimiento de las víctimas a través de los servicios de salud y psicosociales.
En la USP, las víctimas de violencia y acoso sexual ahora pueden denunciar el caso a la defensoría o a las comisiones de derechos humanos. Estos organismos se encargan de recibir las denuncias y las envían al director responsable, quien analiza los casos e instruye las investigaciones pertinentes. Estas pueden dar lugar a la apertura de un sumario administrativo contra el agresor. Sin embargo, hasta ahora esa modalidad ha sido poco efectiva. “La víctima debe presentar la denuncia, testificar en la investigación y luego declarar en el proceso administrativo, a menudo, en presencia del agresor”, explica la socióloga Heloisa Buarque de Almeida, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP. “Muchas desisten a mitad de camino. Otras siguen adelante, pero abandonan la carrera”.
La mayoría de las universidades brasileñas carecen de estructuras y políticas para combatir la violencia y el acoso sexual
Buarque de Almeida es una de las coordinadoras de la red Não Cala! USP [¡No te Calles! USP], un movimiento femenino de docentes que exigen a la institución el establecimiento de políticas más efectivas de lucha contra la violencia y el acoso sexual. La red se formó en 2015, a partir del caso de un alumno de la Facultad de Medicina que fue acusado de haber drogado y violado al menos a seis compañeras. “La idea fue crear una red de asistencia en la que las profesoras de diversas instituciones se ofrecen a recibir y escuchar a las víctimas y a orientarlas acerca de los pasos a seguir, siempre intentando explotar al máximo los mecanismos institucionales disponibles en la universidad”, dice. A partir de estas experiencias, la red elaboró un proyecto que propone el establecimiento de un centro de acogida modelo, cambios en el reglamento de la universidad para mejorar las investigaciones y la creación de una dependencia jurídica interna independiente en cada unidad. “En 2017 presentamos el proyecto a la universidad, pero no se ha hecho nada”, enfatiza. “Retomamos las conversaciones con la coordinadora actual de la oficina, quien se mostró dispuesta a tratar de implementar estas ideas”.
Las fallas expuestas por Buarque de Almeida han puesto todavía más en evidencia la importancia de las redes de acogida y de los colectivos feministas, “que intervienen en la articulación de denuncias colectivas”, dice. Este es uno de los mecanismos principales a los que apelan las víctimas para dar entidad a las denuncias. La estrategia condujo, en diciembre de 2021, a la destitución del ingeniero industrial químico Cláudio Lima de Aguiar, de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) de la USP. En 2019, ocho alumnas de posgrado y otras cinco testigos que convivían con el investigador lo denunciaron por acoso sexual y moral. La USP le abrió un sumario administrativo y, en marzo de 2020, fue forzado a pedir la baja de la institución tras una petición suscrita por la comunidad académica. En diciembre de 2021, el entonces rector, Vahan Agopyan, firmó su cesantía.
La Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) también se está movilizando en este sentido. “Contamos con una extensa trayectoria en proyectos educativos, de investigación y de extensión vinculados a las cuestiones de género en la ciencia, pero las discusiones al respecto de la violencia y el acoso sexual no estaban planteadas a nivel institucional”, comenta la física Daniela Borges Pavani, del Instituto de Física de la UFRGS. Según ella, eso empezó a cambiar en 2017, cuando la institución pasó a formar parte del comité estadual impulsor del movimiento HeForShe, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para estimular el debate de estrategias y acciones de promoción de la equidad de género en la sociedad.
Pavani es el presidente del comité de la UFRGS y comenta que una de sus primeras disposiciones fue la realización de una investigación sobre la percepción del acoso moral y sexual en la universidad. En el sondeo participaron algo más de 6.000 personas, entre varones y mujeres, y constató que el 10,4 % de los docentes, el 13,4 % de los empleados técnico-administrativos y el 11,8 % de los estudiantes habían padecido acoso sexual en la universidad. La mayoría absoluta de las víctimas eran mujeres. “Muchas de ellas no lo denuncian porque consideran que no poseen pruebas o testigos suficientes”, dice.
Los resultados de este estudio sirvieron como base para la organización de una reunión, que se llevó a cabo a principios de 2020 y en la que participaron varios sectores de la universidad, en la cual se discutieron medidas para lidiar con el problema, tales como la creación de un grupo de trabajo permanente centrado en la elaboración de protocolos y acciones contra la violencia y el acoso sexual en el ámbito universitario, el establecimiento de un espacio de acogida y recepción de denuncias –el canal principal disponible actualmente en la universidad es la defensoría universitaria–, la elaboración de una guía de buenas prácticas, conferencias y cursos obligatorios sobre el tema destinados a docentes, alumnos y personal técnico-administrativo de ingreso reciente, además de la realización periódica de estudios sobre la mala conducta sexual. “Con todo, a causa de la pandemia, la UFRGS suspendió todas las articulaciones institucionales para la implementación de esas disposiciones”, dice Pavani. Los debates se reanudaron en 2021. “Recientemente, hemos enviado al Consejo Universitario una propuesta de resolución normativa para prevenir y hacer frente al acoso”.
En 2016, la Universidad de Brasilia (UnB), a través de su Núcleo de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer (Nepem), auspició junto con el Ministerio Público del Distrito Federal (MP-DF) una audiencia pública con representantes de diversas instituciones educativas y de investigación de la región para discutir cómo hacer frente a este problema en el ambiente universitario. “Hemos reservado una sala para que el MP-DF pueda recabar nuevas denuncias”, comenta la socióloga Tânia Mara Campos de Almeida, del Departamento de Sociología de la UnB e integrante del Nepem. A partir de esto, el organismo le propuso una serie de recomendaciones a la rectoría, que comenzó a trabajar en el fortalecimiento de la Coordinación de la Mujer, “que ahora trabaja en la asistencia psicosocial de las víctimas y las deriva a los servicios pertinentes, además de articularse con la defensoría de la UnB y con los miembros del Poder Judicial para mejorar las estrategias de lucha contra la violencia y el acoso en la institución”.
Las expertas consultadas para la elaboración de este reportaje están de acuerdo en que estas iniciativas son importantes, pero resaltan que todavía se concentran en pocas instituciones y no han tenido tiempo para demostrar su eficacia. “La mayoría de las universidades brasileñas carecen de estructuras o políticas específicas para lidiar con este problema”, dice Buarque de Almeida. “Casi siempre, lo máximo que han hecho son campañas de concientización con folletos y carteles repartidos distribuidos por los campus”.
La Universidad Federal del ABC (UFABC) procura dar un paso más allá. Recientemente creó un grupo de trabajo con representantes del cuerpo docente, discente y técnico-administrativo para debatir políticas de lucha contra la violencia y el acoso sexual. “Hemos elaborado una resolución con varias disposiciones que enviaremos al Consejo Universitario a la brevedad”, dice Acácio Santos, prorrector de Asuntos Comunitarios y Políticas Afirmativas de la UFABC, cuya defensoría dice haber recibido seis denuncias en los últimos tres años, todas ellas en curso.
Uno de los resultados principales de la falta de políticas y flujos adecuados para el procesamiento de las denuncias son las lagunas de datos que surgen en relación con la frecuencia de este problema en las instituciones. En 2015, una encuesta llevada a cabo por el Instituto Avon que contó con la participación 1.823 estudiantes brasileños de grado y de posgrado arrojó algo de luz sobre el tema: el 56 % de las mujeres informaron haber sufrido acoso sexual en la universidad. “Se advierte que hay bastante infranotificación sobre este problema”, destaca Fonseca de Almeida, de la Unicamp.
Los motivos son diversos, pero la mayoría están asociados a la vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas en comparación con los agresores y la falta de confianza en la capacidad de las instituciones para lidiar con las denuncias. “Ellas tienen miedo de las implicaciones que pueda tener el proceso en sus carreras y prefieren callarse”, subraya Buarque de Almeida. Este problema no se limita solamente a Brasil. En el Reino Unido, uno de cada diez empleados de las facultades y universidades refiere haber sido víctima de violencia o acoso sexual en los últimos cinco años, según un estudio elaborado por el sindicato de docentes de educación superior de ese país, en el que participaron casi 4.000 empleados. Más de la mitad (el 52 %) no lo denunciaron.
Para tratar de hacer frente a este problema, en Estados Unidos y en Canadá, las 66 instituciones que integran la Asociación de Universidades Americanas (AAU) han adoptado 8 principios (véase la infografía de la página 42) para prevenir la violencia y el acoso sexual en el ámbito académico. Uno de ellos es el intercambio de datos sobre la mala conducta sexual que involucra a docentes e investigadores cuando son solicitados por otras instituciones empleadoras. La idea es asegurarse de que los casos no se den por terminados cuando el acusado deja su institución actual, sino que consten en registros que puedan divulgarse y compartirse entre las universidades cuando estas vayan a contratarlos. “La lucha contra la violencia y el acoso sexual en toda la sociedad y en el ambiente universitario en particular debe ser constante y, cuantos más canales a disposición tengan las instituciones, más protegidas se sentirán las víctimas para denunciar”, dice Lima, de la Unesp.
Un grupo de instituciones canadienses y estadounidenses ha adoptado un conjunto de directrices para combatir la mala conducta sexual en sus campus
- Promover una cultura de no tolerancia de la mala conducta sexual e implementar políticas de apoyo a la instauración de un ambiente de aprendizaje, de vida y trabajo libre de acoso en la comunidad académica
- Educar a las comunidades del campus en valores institucionales, políticas y expectativas de comportamiento individual, tales como
denunciar las conductas sexuales inapropiadas y brindar apoyo a las víctimas que han padecido estas prácticas - Proporcionar ayuda a quienes denuncien la mala conducta sexual, garantizando que haya recursos para destinar a los grupos que padecen el acoso con mayor frecuencia
- Tratar a las denuncias en concordancia con la política de la institución, de manera respetuosa, ética, apropiada y oportuna
- Responsabilizar de dichas transgresiones, en forma justa y equitativa, a los alumnos, docentes, no docentes y administradores involucrados
- A la hora de contratar personal, solicitar o exigir que los postulantes den su consentimiento por escrito para divulgar eventuales información personal que proporcione su anterior empleador sobre conductas sexuales inapropiadas
- Compartir los hallazgos comprobados de conductas sexuales inapropiadas con otros posibles empleadores, cuando eso sea solicitado
- En la medida de lo posible, concluir todas las investigaciones
sobre conductas sexuales inapropiadas, incluso si el acusado deja la institución
