Los expertos señalan que el uso del conocimiento científico para la toma de decisiones en el ámbito público es fundamental para el desarrollo social y económico de un país. Además de las organizaciones sectoriales que desarrollan investigaciones para formular informes en diversas áreas, los científicos también pueden formar parte de los equipos de trabajo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, participando en la formulación, la revisión y la implementación de leyes y políticas públicas.
“Las decisiones que se toman con base en evidencias científicas suelen ser más eficientes y asertivas, con beneficios a largo plazo”, dice Amâncio Jorge de Oliveira, coordinador ejecutivo de la Escuela de Diplomacia Científica e Innovación (InnScid-SP) y docente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (IRI-USP). Además de destacar la importancia que la diplomacia científica ha adquirido en los últimos años, De Oliveira apunta dos modelos posibles de participación de los investigadores en el ámbito de la política: uno más institucionalizado, en el que los gobiernos mantienen a los científicos como parte de sus estructuras de gobernanza y toma de decisiones, y otro más informal, como es la conformación de comisiones temporales de científicos para un evento concreto o para brindar servicios de consultoría para una situación de emergencia específica. “Tanto Brasil como el resto de los países latinoamericanos tienen este historial de formar comités temporarios, los cuales, pese de ser importantes, generan un impacto menor que aquellos que se insertan en la estructura de la administración”, sostiene De Oliveira. El modelo de participación científica que tiene más responsivo se hizo patente con la eclosión de la pandemia del covid-19. “Los países de Europa y Estados Unidos ya cuentan con ese cuerpo científico dentro de sus gobiernos desde hace mucho tiempo, lo que les confiere rapidez a la hora de crear y consensuar protocolos de conducta”, añade.
La participación de los científicos en la elaboración y en la revisión de las políticas públicas puede ser decisiva para la resolución de cuestiones complejas, bajo responsabilidad de los gobiernos en las diferentes esferas del poder. “Podemos representar a la sociedad con el dibujo de un triángulo, en el que uno de los vértices está formado por la población que apunta los problemas a resolver, un segundo vértice, por los científicos, que buscan soluciones a estos problemas y, el tercero, por los políticos, cuyo aporte se traduce en la elaboración de políticas públicas”, explica Marcos Buckeridge, del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo (IB-USP) y coordinador del Programa Ciudades Globales de la USP.
1. Orienta, revisa y elabora documentos, incluyendo despachos y correspondencia
2. Redacta pronunciamientos públicos
3. Desarrolla investigaciones sobre los temas inherentes al cargo parlamentario
4. Realiza un seguimiento de la producción de otros cuerpos legislativos y de las publicaciones relacionadas con los debates del cargo legislativo
5. Participa en la elaboración de leyes
Buckeridge formó parte del comité organizador de un workshop de asesoría científica de gobiernos que se llevó a cabo en 2018 en el Instituto de Estudios Avanzados (IEA-USP). Dicho evento reunió a formuladores de políticas públicas, responsables de la toma de decisiones, instituciones de investigación, sociedades científicas e investigadores de diversas áreas de conocimiento, y sirvió como plataforma para debatir los modelos de asesoría científica, como así también las habilidades necesarias para trabajar en la interfaz entre ciencia y política. “Allí se comprobó la pertinencia de establecer una mirada más centrada en el proceso de profesionalización de los científicos que trabajan en los gobiernos”, resume. “En el USP Ciudades Globales venimos siendo frecuentemente consultados desde 2016 por distintos gobiernos acerca de temas ambientales y urbanos que se consideran urgentes para el desarrollo de las ciudades”.
La asesoría parlamentaria
Desde el cargo para el cual fue contratado en 2013 por el Concejo Municipal de Campinas, el geógrafo Rogério Bezerra da Silva, quien se desempeña como asesor legislativo, pudo utilizar los conocimientos adquiridos en sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Campinas (Unicamp), en materia de inclusión digital, derecho a la ciudad y asuntos medioambientales. “En el posgrado, desarrollé un análisis del proceso de elaboración de la política pública del Polo y Parque de Alta Tecnología de Campinas y la relación de la comunidad científica con el gobierno en la toma de decisiones referentes a la política científica y tecnológica”, explica el investigador, quien es miembro del Grupo de Análisis de Políticas de Innovación (Gapi) del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Unicamp desde 2006.
Si bien la experiencia de trabajar como asesor parlamentario le sirvió para perfeccionar los conocimientos obtenidos en el ámbito académico, por un lado, las actividades desarrolladas como científico le aportaron el repertorio como para desempeñarse en la elaboración de las disposiciones que se debatieron durante el tiempo de duración del mandato. “En estos ocho años tuve la oportunidad de actuar no solo como observador, sino también contribuyendo en la toma de decisiones. La experiencia me mostró la pertinencia de la colaboración de los científicos en la elaboración de propuestas en la esfera política”, dice. Esa participación lo llevó a crear, en 2015, el Movimiento por la Ciencia y la Tecnología Pública, con el propósito de discutir las articulaciones relacionadas con la innovación y el desarrollo científico y tecnológico del país.
La articulación entre la ciencia y la política arroja luz al debate en torno al rol que cumple el conocimiento en instancias cruciales
La articulación entre la ciencia y la política echa luz sobre el debate en torno al rol inherente al conocimiento en momentos cruciales como el actual, de lucha contra la pandemia. “Las situaciones de crisis de esta magnitud se erigen como una prueba concreta de que la ciencia debe tener asignado un lugar de vital importancia en el marco de las decisiones políticas”, dice Fernando Luiz Abrucio, coordinador del área de educación del Centro de Estudios de Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas (FGVceapg). Al poner de relieve la importancia de organismos gubernamentales tales como el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (Inep) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), el politólogo hace hincapié en el papel que cumplen organizaciones como la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que contribuyen a apuntar los caminos por seguirse. “La participación de los científicos en la esfera gubernamental es de suma importancia incluso para definir la política científica del país”, dice.
Doctor en filosofía política por la Universidad Federal de Paraná (UFPR), Rodrigo Ponce nunca se había planteado trabajar como asesor parlamentario hasta que, en 2018, fue invitado a formar parte del equipo de un concejal, en Curitiba. “Para mí fue una decisión difícil, porque llevaba años preparándome para trabajar en docencia e investigación en la universidad, y la actividad política era un camino completamente nuevo”, relata Ponce, quien continúa asesorando al mismo parlamentario, ahora en la Legislatura del estado de Paraná. Pese a no utilizar directamente los temas de su investigación académica, Ponce no duda de la contribución del conocimiento científico en el cumplimiento de su función.
La labor de Ponce implica principalmente el diálogo con otros parlamentarios y sus asesores, además de la revisión y el análisis de los proyectos de ley; y también coordina el equipo de abogados del despacho parlamentario. “Aunque no pertenezco al ámbito del derecho, mi formación me permite colaborar con la interpretación de las leyes a partir de contextos históricos, sociales y económicos”, dice. Esto incluye la definición de las vías legales por adoptarse en temas claves de la plataforma del mandato, tales como el medio ambiente, la movilidad urbana, la vivienda y los derechos humanos. “Es un trabajo intenso, que requiere de buena disposición para seguir de cerca los temas relacionados con la política”.
Aunque considera positiva su experiencia como asesor parlamentario, Ponce subraya que, en la política, no siempre es posible conseguir la aprobación de las decisiones basadas en el conocimiento científico. Como asesor, él también suele consultar a universidades, investigadores y comités de expertos en busca de notas e informes técnicos sobre diferentes temas. Pese a la solidez que ofrecen muchos de estos datos para la toma de decisiones, no es raro que no se tengan en cuenta en los momentos decisivos. “Es necesario recordar que la política es un espacio de disputa y conflicto en el que los argumentos no siempre se construyen según la lógica”, culmina.
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