Pese a tal avance, las empresas del estado en su mayoría no cumplen con los cupos que estipula la legislación
Entre 2010 y 2020, la cantidad de personas con discapacidad que tenían un vínculo laboral formal en el estado de São Paulo pasó de 96.200 a 148.800, lo que representa un crecimiento del 54,6 %. Pese a este avance, el 83,7 % de las empresas paulistas no cumplía con las disposiciones de la Ley nº 8.213/91, que estipula que las compañías con 100 o más empleados deben reservar parte de sus puestos laborales para este segmento de la sociedad. Estos hallazgos forman parte de un estudio realizado a partir de 2021 por investigadores del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (IE-Unicamp), financiado por el Ministerio Público del Trabajo (MPT). El acceso al mundo laboral es una de las múltiples cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad que están siendo estudiadas en diversos campos del conocimiento.
En 2021, el estado contaba con 11.800 empresas obligadas a reservar vacantes para personas con discapacidad. De este conjunto, tan solo 1.800 cumplían con los cupos establecidos por la ley, o sea, el 15,9 % del total. “El porcentaje registrado en São Paulo es inferior a la media de Brasil, donde el 23,6 % de las corporaciones cumple con las directrices que marca la ley”, compara la economista Guirlanda Maria Maia de Castro Benevides, del IE-Unicamp, una de las autoras del estudio. La investigadora puntualiza que, desde 2010, el número de personas con discapacidad empleadas ha crecido a un ritmo promedio de un 5,1 % anual. A su juicio, esta progresión es fruto, principalmente, de la existencia de una ley que garantiza el empleo formal para este segmento de la población. “Con todo, todavía nos queda mucho camino por recorrer en lo atinente al cumplimiento de la Ley de Cupos”, subraya.
Alexandre Affonso / Revista Pesquisa FAPESP
De acuerdo con el artículo nº 93 de la ley, el porcentaje de vacantes reservadas varía según la envergadura de la compañía. Las empresas que tienen entre 100 y 200 empleados están obligadas a incluir en sus planteles un 2 % de empleados con discapacidad, mientras que para las organizaciones con 201 a 500 trabajadores este porcentaje sube a un 3 %. Las compañías con 501 a 1.000 empleados deben cumplir con un mínimo de un 4 % y, para las que cuentan con más de 1.000 trabajadores, la cifra se eleva a un 5 %.
Entre 2003 y 2015, De Castro Benevides coordinó el Programa de Inclusión en la Gerencia del Trabajo en Campinas del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). “Uno de los argumentos que solíamos escuchar de las compañías que no cumplían con las disposiciones era que los cupos no se completaban en su totalidad porque no había profesionales con discapacidad disponibles en el mercado”, informa la investigadora. Con el propósito de indagar en ese particular, el estudio de la Unicamp demostró que en São Paulo había en 2021 alrededor de 1,8 millones de personas con discapacidad, con edades comprendidas entre 16 y 64 años, potencialmente aptas para el mercado laboral. Teniendo en cuenta todas las empresas del estado, el número de plazas para personas con discapacidad totalizaba 327.500, de las cuales menos de la mitad (el 45,4 % del total) estaban cubiertas en ese año, es decir, 148.800 puestos de trabajo. “En general, las empresas contratan, pero no llegan a cubrir el cupo mínimo establecido por la ley”, explica De Castro Benevides.
La tasa media anual de crecimiento del empleo entre las personas con discapacidad es resultado de la aplicación de una ley que les garantiza el acceso a un empleo formal
También según el estudio de la Unicamp, las plazas cubiertas en el estado de São Paulo en 2022 correspondían principalmente al sector de los servicios, seguido por el de la industria y el comercio. La mayoría de los empleados (el 52,5 %) habían completado la enseñanza media o superior (el 19,9 %). Las personas con discapacidad física ocupaban 75.800 empleos formales en 2022, el 45,6 % del total, mientras que la cifra equivalente para los individuos con discapacidad auditiva era del 19 %. En el caso de las personas con discapacidad mental e intelectual, el porcentaje era inferior, de un 14,2 %, es decir, 23.500 empleos formales.
En el período comprendido entre 2010 y 2020, los vínculos laborales formales se incrementaron en todas las franjas de edad, menos entre las personas de 16 a 24 años, que registró una merma de un 12 % (véase el gráfico abajo). “La desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía del país y la crisis sanitaria causada por el covid-19 afectaron al mercado laboral en su conjunto, registrándose un impacto más intenso entre los jóvenes y, especialmente, entre los discapacitados”, analiza la economista Jacqueline Aslan Souen, del IE-Unicamp, quien también participó en la investigación. Según el estudio, los trabajadores blancos con discapacidad ocupaban el 59,6 % de los puestos formales. A continuación, les seguían las personas pardas (el 26,2 %) y negras (el 6,9 %). El estudio se realizó mediante el cruzamiento de los datos disponibles en la Relação anual de informações sociais (Rais-MTE) [Lista anual de información social] y de encuestas domiciliarias de hogares elaboradas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Alexandre Affonso / Revista Pesquisa FAPESP
El economista Alexandre Gori Maia, coordinador de la investigación que llevó a cabo el IE-Unicamp, explica que en Brasil, aproximadamente la tercera parte de las personas con discapacidad en edad activa se encuentra en el mercado laboral. Según él, esta presencia es menor en los países desarrollados de Europa y en Estados Unidos, dado que estas naciones ofrecen políticas de asistencia social y beneficios. Gori Maia considera que los grandes obstáculos para el desarrollo laboral de las personas con discapacidad son las dificultades para acceder al mercado de trabajo y los bajos salarios. “Estas personas acaban ocupando puestos con sueldos modestos y muchos de ellos trabajan en el mercado informal”, dice el economista. En este sentido, Souen informa que, al examinar el mercado laboral formal del estado de São Paulo, la investigación también reveló que la mayoría de estos individuos (el 60,1 %) percibe una remuneración nominal promedio de aproximadamente 1,8 salarios mínimos y entre los puestos que más absorben esta mano de obra figuran los trabajos de oficina, de vendedor y de atención al público.
Las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en su búsqueda de independencia, incluso económica, ha sido objeto de análisis de la pedagoga Annie Redig, de la Facultad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (FE-Uerj) en los últimos 10 años. “Muchos estudiantes con este perfil concluyen la educación básica sin perspectivas de proyectos futuros. Otros, cuando ingresan al mundo laboral, no reciben la asistencia necesaria para mantenerse y desarrollarse en su función”, dice la pedagoga, miembro del Grupo de Investigación en Inclusión Educativa y Social de esa universidad.
Para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir autonomía, Redig ha desarrollado un protocolo con estrategias y acciones integradas a los efectos de orientar la transición entre la escuela y el mundo del trabajo. A través del documento, familiares y administradores escolares realizan encuestas y mantienen conversaciones con los individuos en cuestión, para conocer sus habilidades y dificultades. Mediante dicho protocolo, también pueden identificarse sus objetivos y organizar los pasos a seguir para que puedan alcanzar sus metas profesionales. “Si el estudiante con discapacidad quiere seguir estudios universitarios, hay que ayudarlo a elaborar un plan de estudios para que pueda superar el examen de admisión, mientras que aquellos que quieren empezar a trabajar necesitan ayuda para localizar a las empresas en las que pueden conseguir empleo, por ejemplo”, concluye la pedagoga.
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