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ACCESSO ABIERTO

Cambio radical en la comunicación científica

Un consorcio internacional propone un nuevo modelo de publicación de artículos y de resultados de investigaciones

Julia Jabur

Imagínense un mundo ideal en el que los resultados de las investigaciones científicas fueran divulgados de forma libre y gratuita, su trascendencia se discuta y se evalúe de manera cooperativa por científicos de la misma área y, finalmente, el responsable del estudio eligiera el momento oportuno y la revista que considere más adecuada para publicarlo, sin necesidad de tener en cuenta las peculiaridades y los plazos que imponen las revistas. Este modelo, un tanto utópico, en el que la difusión del conocimiento se basa en el trabajo colectivo de los investigadores, es lo que está proponiendo el consorcio cOAlition S, la misma red de agencias de financiación y organizaciones filantrópicas de apoyo a la ciencia que hace cinco años puso en marcha el Plan S, una iniciativa liderada por organismos de financiación de la investigación científica que ha hecho posible ampliar la cantidad de publicaciones científicas accesibles a los lectores sin cobrar tarifas ni suscripciones.

“Nuestra perspectiva contempla un sistema de comunicación académica basado en la comunidad y adecuado a la ciencia abierta del siglo XXI. Este sistema les permite a los investigadores a compartir el conjunto completo de los resultados de sus investigaciones utilizando nuevos mecanismos de control de calidad y estándares de evaluación”, informa la propuesta intitulada “Hacia una publicación responsable”, que se encuentra abierta a sugerencias hasta el mes de abril. El modelo combina una serie de ideas que ya existen en forma aislada, como los repositorios de preprints, donde los autores de diversos campos del conocimiento han empezado a presentar sus resultados de investigación aún no revisados para que sus colegas puedan evaluarlos, e iniciativas de curaduría como la que ofrece Peer Community In, una organización sin fines de lucro que dispensa un proceso editorial abierto, creando comunidades de investigadores que revisan y recomiendan preprints en sus áreas de actuación respectivas. Otra plataforma que habilita la revisión por pares abierta es Open Research Europe, financiada por la Unión Europea. En las iniciativas de esta naturaleza, los dictámenes y ponderaciones realizados por pares quedan a disposición de los lectores, quienes desde la perspectiva de cOAlition S, pasarían a evaluar un manuscrito por su relevancia y no por el prestigio de la revista en la que fue publicado. Los costos serían compartidos por las mismas instancias que hoy en día patrocinan la publicación de artículos: universidades, gobiernos, bibliotecas y agencias de financiación. Los editores de las revistas científicas no tendrían que preocuparse tanto por la calidad de los manuscritos, ya revisados previamente, sino más bien por prestar servicios de edición y composición para los artículos seleccionados.

La propuesta apunta a recuperar el propósito original del Plan S, que en su primera versión propugnaba un modelo de comunicación científica más abierto y descentralizado que el actual. La idea inicial era que únicamente las revistas de acceso totalmente abierto, aquellas que publican sus artículos sin cobrarle al público lector, pudieran ser adoptadas por los autores financiados por las agencias signatarias, e incluso se planteó patrocinar la creación de nuevas revistas con este enfoque. Pero el consorcio, actualmente compuesto por 17 organismos de financiación de la investigación científica de países europeos, a los que se suman naciones como Canadá y Australia, e instituciones filantrópicas de apoyo a la ciencia, como la Fundación Bill & Melinda Gates y la Wellcome Trust del Reino Unido, se topó con una firme resistencia de parte de editoriales, sociedades científicas, investigadores y gobiernos nacionales. Estados Unidos y China, a pesar de haber adoptado políticas públicas de acceso abierto, no adhirieron a la coalición, como tampoco lo han hecho otras naciones europeas, como por ejemplo Alemania y Suecia.

El modelo se flexibilizó para ganar mayor aceptación. Entre sus claudicaciones, se pospuso su implementación de 2020 a 2021 y se permitió que los autores patrocinados por las agencias miembros del consorcio pudieran publicar provisionalmente en revistas híbridas, que siguen cobrando suscripciones pero aceptan publicar un artículo en acceso abierto en sus sitios web si los autores del manuscrito pagan por ello. Una crítica habitual a este modelo es que supone el peor de los modelos para los países de ingresos bajos y medianos, que se ven obligados a pagar tanto para liberar el acceso a artículos concretos como para poder acceder mediante suscripción al contenido completo de las revistas híbridas que, por otra parte, afirman que se trata de una etapa intermedia, pero no tienen ninguna prisa por abreviarla.

Solo después de que se les asegurara que su fuente habitual de financiación ‒ el cobro de suscripcione s‒ sería sustituida por otra, las llamadas tarifas de procesamiento de artículos (APC, por sus siglas en inglés), incluso las editoriales más refractarias accedieron a firmar “acuerdos transformadores”. De esta manera, los fondos que una institución destinaba al pago de suscripciones se transfieren al pago de cargos de publicación de artículos de sus investigadores en revistas que se comprometen a ampliar progresivamente sus actividades en acceso abierto.

Julia Jabur

Así, el Plan S ha logrado avances, pero ha generado un inquietante efecto colateral: la consolidación de un esquema en el cual las revistas han pasado a exigir a los autores de los artículos pagos a veces exorbitantes para publicarlos en acceso abierto. El modelo que se ha impuesto es el del llamado acceso abierto dorado, en el cual los artículos quedan a libre disposición en internet tan pronto como se publican, siempre y cuando el autor haya abonado la APC. Según un informe de cOAlition S, 133.000 de los 168.000 artículos científicos publicados en 2022 financiados por las instituciones miembros del consorcio eran de acceso abierto. De ellos, aproximadamente 64.000 fueron publicados en revistas de acceso dorado, que cobran APC a los autores, mientras que 42.000 se publicaron en revistas híbridas. Solo 23.500 quedaron a disposición en el modelo verde, un tipo de acceso abierto basado en el autoarchivo, en el que los artículos solo están disponibles en las páginas web de estas revistas para los suscriptores, pero se permite a los autores la publicación online de una versión del artículo en sus páginas personales o en repositorios institucionales públicos. Otros 3.400 artículos siguen el modelo bronce, en el que los papers quedan a disposición en acceso abierto a criterio de la editorial y sin licencia de reutilización. Ni la vía verde ni la de bronce son opciones aceptadas por cOAlition S.

El valor de las APC puede variar bastante ‒ las revistas prestigiosas suelen cobrar de 3.000 a 6.000 dólares para publicar un artículo ‒, aunque existen casos extremos. Hay revistas de la colección Nature en las que el costo supera los 11.000 dólares. El crecimiento de este esquema de financiación ha generado graves problemas en los países de baja y mediana renta, que no tienen la suficiente solidez como para negociar acuerdos ventajosos con las editoriales, ni dinero para pagar tarifas muy elevadas. La FAPESP, por ejemplo, patrocina la publicación de artículos de investigadores beneficiados con becas y proyectos de investigación, pero ha establecido un límite máximo de 12.000 reales por artículo, lo que equivale a 2.400 dólares. Montos superiores a este solamente pueden concederse en casos excepcionales, siempre y cuando estén plenamente justificados.

Los responsables del consorcio admiten la distorsión. “Sería un fracaso de parte nuestra si nos limitáramos a sustituir un modelo en el que las personas no pueden leer un artículo porque ello tiene un costo por otro en el que los autores no consiguen publicar porque no pueden pagarlo”, declaró Robert Kiley, jefe de estrategia de cOAlition S, a la revista Nature. Tras haber sido acusado de profundizar las desigualdades, el consorcio lanzó una propuesta para introducir bandas de APC variables según el ingreso de los países de los autores. La idea contempla la implementación de cuatro bandas acordes a países con diferentes niveles de ingresos.

La bioquímica Alicia Kowaltowski, investigadora del Instituto de Química de la USP, una estudiosa del acceso abierto, quedó preocupada cuando analizó la propuesta. Sucede que los países fueron agrupados según un índice de paridad de precios estimado por el Banco Mundial y los investigadores de Brasil serían penalizados, teniendo que abonar un 10 % más que el valor actual de la APC para contribuir a la financiación de naciones más pobres, que tendrían descuentos. “Argentina, Belice, Brasil y Costa Rica, que son economías de rendimiento mediano-alto con baja inversión en ciencia y tecnología, han sido ubicados en el mismo grupo de economías de alto rendimiento con inversiones científicas mucho más sustanciales, tales como Italia, Portugal, Corea del Sur y España”, dice Kowaltowski, quien redactó un escrito acerca de la distorsión en la revista Times Higher Education en colaboración con el físico Paulo Nussenzveig, de la USP, y la científica de la computación Claudia Bauzer Medeiros, de la Universidad de Campinas (Unicamp). El trío de investigadores propone que, en lugar de descuentos distorsionados, el consorcio adopte criterios basados en índices económicos y de inversión científica más realistas e impulse la comunicación por preprints en forma eficaz.

Es posible que los preprints vayan ganando espacio, porque son cada vez más populares entre los investigadores y las editoriales les han dado una buena acogida. Hay otras ideas que se están debatiendo. El lingüista neerlandés Johan Rooryck, director ejecutivo de cOAlition S, ha expresado su simpatía por un modelo de amplia difusión en Brasil, el acceso abierto diamante o platino, que abarca a aquellas revistas de acceso totalmente abierto que no cobran APC a los autores y dependen de los fondos aportados por instituciones y del voluntariado. Se trata del concepto que en 1997 inspiró la creación de la biblioteca SciELO, una plataforma que provee infraestructura a 300 revistas de acceso abierto en Brasil y que ha sido financiada casi exclusivamente por la FAPESP.

El coordinador de la biblioteca SciELO, Abel Packer, considera que hay mucho margen para ampliar el modelo diamante. Sin embrago, no avizora cambios radicales. “El consorcio cOAlition S ha ido avanzando en forma zigzagueante: querían acceso abierto irrestricto, luego apostaron por la APC y ahora hablan de preprints y revistas diamante. Estos cambios, que son bienvenidos, requieren de un debate cuidadoso con la comunidad de investigación y una implementación progresiva”, dice, y al mismo tiempo señala que tan solo algunos cientos de revistas en todo el mundo adoptan el modelo diamante y no tendrían la capacidad de producir artículos de la noche a la mañana. El cobro de la APC se ha generalizado tanto que incluso algunas revistas de acceso abierto de SciELO lo han adoptado recientemente. “En Brasil, la escasez de financiación de la ciencia de los últimos años ha hecho mella también en las revistas académicas y algunas de nuestras revistas sin fines de lucro han empezado a cobrar tasas a los autores para solventar parte de sus costos”.

La propuesta de cOAlition S se ha puesto a consideración del público y no se sabe qué prevalecerá en su versión final. Las editoriales se opondrán a la pérdida de protagonismo que se vislumbra, así como objetaron el primer borrador del Plan S. Un vocero de la editorial Wiley consultado por la revista Nature dijo que el documento presentado por el consorcio ofrece “una perspectiva interesante” y está de acuerdo en que los investigadores tienen que ser capaces de seleccionar las revistas más apropiadas para publicar sus trabajos, pero aclaró: “Las editoriales tienen un rol clave que cumplir para lograr una mejora global del ecosistema de investigación”. El avance dependerá del grado de consenso y aceptación que logren los modelos actualmente en debate.

Un aspecto que puede resultar decisivo es el rumbo que se adopte en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha dado instrucciones a todas las agencias de financiación de la investigación del país para que exijan el acceso abierto a las investigaciones financiadas por el gobierno federal tras su publicación a partir de 2026, pero aún no ha definido el modelo que estará en vigencia. La revista Science, gestionada por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, ha anunciado que no se convertirá en una publicación de acceso abierto por la vía dorada, sino que permitirá a los autores archivar una copia de sus artículos en repositorios públicos, poniéndolos a disposición de quien quiera leerlos. “Ésta puede ser una vía prometedora, porque es inclusiva y al mismo tiempo no modifica la estructura de las revistas”, considera Alicia Kowaltowski.

Editores dimiten en protesta por las altas tarifas de publicación

El cobro de tarifas de procesamiento de artículos (APC) excesivos está suscitando conflictos entre las empresas de divulgación científica y los profesionales que se desempeñan como editores y revisores de sus revistas. El sitio web Retraction Watch, que recopila noticias y datos sobre artículos retractados, comenzó recientemente a confeccionar una lista de las revistas que han perdido a uno o más miembros de su plantilla editorial debido a desavenencias. Siete de los 26 casos documentados desde 2015 se debieron a discrepancias en lo inherente al cobro de cargos de procesamiento de artículos. En julio de 2023, más de 40 miembros del consejo editorial de la revista Critical Public Health renunciaron alegando sobrecargas laborales y disconformidad con la APC cobrada por la editorial Taylor & Francis, que asciende a 2.700 libras esterlinas por artículo. “Se trata de un costo inaccesible para los países menos aventajados”, consignó la carta de renuncia. Otro caso muy sonado tuvo lugar en agosto de 2023, cuando dos tercios de los editores vinculados a la revista Journal of Biogeography renunciaron en medio de una disputa con la editorial Wiley. Consideraron exorbitante el cobro de tarifas de 4.800 dólares para publicar un artículo en acceso abierto. En abril, 42 editores de dos revistas científicas del área de las neurociencias renunciaron en protesta contra las tarifas percibidas por la editorial Elsevier para la publicación de papers en acceso abierto. La APC de la revista NeuroImage: Reports era de 1.800 dólares, mientras que la de NeuroImage ascendía a 3.450 dólares.

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