Entre los años 1960 y la década de 2000, Brasil recibió más inmigrantes del norte global, tales como portugueses o estadounidenses, y extranjeros con un perfil socioeconómico alto. En su mayoría, estas personas no dependían del Sistema Único de Salud (SUS) o de las escuelas públicas, sino que recurrían a servicios privados. Era un panorama diferente al actual, signado por la presencia de inmigrantes en situación de vulnerabilidad. La nueva edición del Atlas temático, publicada este año por el Núcleo de Estudios de Población de la Universidad de Campinas (Nepo-Unicamp), muestra que hay en el país unos 415.000 inmigrantes inscritos en el Registro Único para Programas Sociales (CadÚnico, por su abreviatura en portugués), una herramienta del gobierno federal brasileño para la identificación de las familias de bajos ingresos.
“Hemos constatado la existencia de una gran cantidad de inmigrantes viviendo en Brasil en situación de vulnerabilidad”, informa la demógrafa Rosana Baeninger, coordinadora del trabajo. La investigadora explica que, aunque el país cuenta con una legislación favorable a los inmigrantes, sin una articulación entre los entes federativos a través de una política migratoria nacional, la actuación de las alcaldías es siempre puntual y de emergencia.
Del total de 5.570 municipios brasileños, solamente 230 cuentan con algún tipo de política dirigida a los extranjeros. Uno de ellos es la ciudad de São Paulo, que actualmente alberga a unos 500.000 inmigrantes registrados, en su mayoría bolivianos, venezolanos y angoleños. En 2016, la intendencia municipal promulgó la Ley nº 16.478, que instituyó la Política Municipal para la Población Inmigrante y el Centro de Referencia y Atención a Inmigrantes (Crai) Oriana Jara.
Entre 2020 y 2025, dicho organismo atendió a 46.700 personas. En su sede fija, situada en el barrio de Bela Vista, en el centro de la ciudad, circulan inmigrantes bolivianos, venezolanos, afganos, angoleños, senegaleses, nigerianos y sirios, entre otros de distintas nacionalidades. “Acuden en busca de servicios tales como la regularización migratoria y el acceso a la educación, además de orientación jurídica y psicológica”, informa el congoleño Grevisse Mulamba Kalala, asistente de Gestión de Atención en la unidad. “Nos consultan individuos de más de 100 nacionalidades, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad”.
Léo Ramos Chaves / Pesquisa FAPESPUna persona solicita información en el Centro de Referencia y Atención a Inmigrantes Oriana Jara, en São PauloLéo Ramos Chaves / Pesquisa FAPESP
Entre el contingente de personas que acuden al Crai en busca de ayuda, la psicóloga colombiana Ana León, de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía de São Paulo, destaca un flujo creciente de niños que se encuentran solos. “En 2025, atendimos a 18 niños que estaban solos”, informa León, quien ya hace 12 años que vive en el país. Son casos complejos, dice la psicóloga, como el de una madre adolescente que emigró con su bebé de pecho.
No se trata de un caso aislado. Según el informe “Refugio en cifras – 10ª edición”, tan solo durante el año pasado Brasil registró 14.000 solicitudes de refugio para menores de 15 años, una cifra que se considera elevada. En total, en el mismo período, el gobierno brasileño recibió 68.000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (véase el gráfico abajo). El número total de solicitudes representa el tercer mayor volumen de peticiones de la historia, solo superado por los años 2018 y 2019. El informe, que salió publicado en 2025, es elaborado por el Comité Nacional para los Refugiados (Conare), en colaboración con el Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra), vinculado a la Universidad de Brasilia (UnB) y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) del gobierno federal.
En Brasil desde hace 11 años, Kalala es uno de los varios inmigrantes que trabajan en el Crai. Procedente de la República Democrática del Congo, emigró aquí para reunirse con familiares que ya vivían en la ciudad. Graduado en ingeniería en computación, habla siete idiomas, entre ellos suajili, francés, inglés y español. Al igual que León, Kalala considera que sus mayores retos en Brasil son la dificultad de acceso a la educación superior y los obstáculos para la homologación de su diploma universitario. Mientras que León tardó tres años en conseguir que se reconociera su título, Kalala aún no ha logrado revalidar su diploma. Esto se debe a que el trámite es costoso y exige la presentación de comprobantes que deben solicitarse personalmente en los países de origen. “En muchos casos, es más fácil obtener un nuevo título local que el reconocimiento de un diploma otorgado fuera de Brasil”, lamenta el ingeniero.
En este sentido, la historiadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, presidenta de la Cátedra Sérgio Vieira de Mello, gestionada por la Unicamp y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), recuerda que algunas universidades brasileñas cuentan con políticas específicas para la admisión de personas en situación de refugio y riesgo. Según el informe de la Cátedra, 13 instituciones en el país contaban en 2020 con este tipo de política, entre ellas la Unicamp. “En 2025, el proceso de selección para refugiados de la universidad recibió más de 300 solicitudes de inscripción de estudiantes de Ucrania, Siria, Colombia, Venezuela, Angola, Cuba, Ghana e Irán”, informa la investigadora.
Junto con el antropólogo francés Michel Agier, de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Francia, De Moura Delfim Maciel prepara un documental que se estrenará en 2025. La película forma parte de una investigación financiada por la FAPESP que estudia la trayectoria de los refugiados. “Nuestro proyecto combina investigación académica y talleres de formación, con la entrega de cámaras a 14 refugiados de Siria, Ucrania, Afganistán, Venezuela y República Democrática del Congo radicados en Brasil y en Francia”, detalla la investigadora. “La idea es que ellos mismos registren sus propias vivencias. La narrativa personal es una de las pocas cosas que estas personas cargan consigo a la hora de huir de sus países de origen. Queremos darles visibilidad a esas historias”.
En São Paulo, el desconocimiento con relación a sus propios derechos y los prejuicios constituyen otros de los problemas que deben afrontar los inmigrantes. Para entender esta realidad, la socióloga Jaciane Pimentel Milanezi Reinehr, del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), realizó una investigación, financiada por la FAPESP, con miras a estudiar el acceso de las mujeres inmigrantes haitianas a los servicios públicos de salud. El trabajo de campo, que se llevó a cabo en una unidad básica de salud (UBS) ‒uno de los centros de atención primaria del sistema de salud pública de Brasil [SUS]‒ constató la estigmatización que ellas padecen. “Su conducta o su desconocimiento sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Brasil eran criticados por los profesionales de la salud en servicio”, dice.
Con una reflexión similar, Jameson Vinicius Martins da Silva identificó en su investigación doctoral realizada en la Facultad de Salud Pública de la USP, financiada por la FAPESP, que algunos inmigrantes no logran acceder a los servicios de salud debido a una serie de barreras lingüísticas, culturales y burocráticas, a lo que se les suman las prácticas discriminatorias por parte de los profesionales de la salud. “Por otra parte, en la ciudad de São Paulo hay unidades más habituadas a los flujos migratorios, que desarrollan prácticas más inclusivas. Así y todo, el panorama no es homogéneo”, dice Martins da Silva, quien defendió su tesis en 2024.
Además de São Paulo, otra ciudad con políticas orientadas a los inmigrantes es Corumbá, en Mato Grosso do Sul. En 2022, una resolución del Consejo Municipal de Educación de dicha localidad, elaborada a partir de un trabajo conjunto con el Observatorio Fronterizo de Migraciones Internacionales (Migrafron), de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), pasó a regular la inscripción de los niños, adolescentes y adultos migrantes, refugiados, apátridas y solicitantes de refugio en la educación básica del sistema municipal.
Paulo Pinto / Agência BrasilUna casa de acogida de São Paulo recibe a refugiados afganos en 2024Paulo Pinto / Agência Brasil
Otro pilar fundamental de esta política es la Casa del Migrante, vinculada al servicio de asistencia social del municipio, que acoge a inmigrantes independientemente de su estatus legal. En 2024, este espacio atendió a casi 2.000 personas, según la profesora Patrícia Teixeira Tavano, coordinadora de Migrafron. “Más allá de proporcionar albergue, el lugar ofrece comida, asesoramiento para la obtención de documentos y derivación a los servicios de salud”, informa.
Situada en un punto fronterizo con Paraguay y Bolivia, en Corumbá hay residentes de 28 nacionalidades, fundamentalmente bolivianos, pero también venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos y palestinos. “Debido a su emplazamiento geográfico, el municipio se erige como un punto de acceso estratégico al territorio brasileño”, explica Teixeira Tavano.
Según la profesora, además de los inmigrantes que se establecen en la ciudad, existe un movimiento de bolivianos que trabajan, estudian o utilizan los servicios de salud en Brasil y regresan diariamente al país vecino. El tránsito en la frontera es igualmente intenso en sentido contrario, es decir, de brasileños que cruzan a Bolivia para realizar compras y acceder a la educación superior, sobre todo a las carreras de medicina.
Al igual que Corumbá, la ciudad de Dourados (Mato Grosso do Sul) se encuentra cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. Según Hermes Moreira Junior, coordinador de la Cátedra Sérgio Vieira de Melo de la Universidad Federal del Gran Dourados (UFGD) y miembro de Acnur, las comunidades indígenas de diferentes etnias suelen desplazarse habitualmente entre estas fronteras, ya que muchos de ellos no tienen documentos de identificación.
Los datos de la Defensoría Pública del estado apuntan que más de 200 indígenas cruzan diariamente las fronteras entre Brasil, Bolivia y Paraguay sin registro formal. “Esta invisibilidad jurídica los pone en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que dificulta su acceso a los derechos básicos”, dice Moreira Junior. “Asimismo, muchos de ellos no hablan portugués”, añade la jurista Juliana Tomiko Ribeiro Aizawa, coordinadora del grupo de investigación denominado Movilidad, Integración y Derechos Humanos, de la UFGD.
En un artículo publicado el año pasado, Moreira Junior y Ribeiro Aizawa narran la historia de Inocente Arevalo Orellana, un indocumentado nacido en Bolivia en 1979 que consiguió que un camionero lo llevara cruzando la frontera con Brasil hasta llegar a Dourados, en 2008. Debido a su condición psiquiátrica, pasó semanas en situación de calle hasta que una institución religiosa de caridad le proporcionó albergue.
Marcelo Camargo / Agência BrasilInmigrantes venezolanos en la ciudad de Boa Vista (RR), en 2018, en busca de vivienda y trabajoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Durante más de 40 años, Orellana vivió como apátrida, es decir, sin que ningún país reconociera su nacionalidad de origen. “No poseía registro civil ni documento de identidad oficial, tan solo una fe de bautismo”, relata Ribeiro Aizawa. “En Brasil, no recibió un diagnóstico ni un tratamiento médico adecuado por no contar con los documentos requeridos para acceder formalmente al Sistema Único de Salud (SUS)”.
A partir de septiembre de 2023, Moreira Junior tomó a su cargo la gestión del proceso de reconocimiento formal de la condición de apátrida de Orellana, que se prolongaba desde hacía casi diez años. No fue identificado como boliviano por no contar con un registro oficial que acreditara que ése era su país de nacimiento. La iniciativa, realizada en colaboración con el Ministerio Público, la Policía Federal y el MJSP, contó también con la participación de instituciones bolivianas, como el Consulado Plurinacional de Bolivia en Corumbá.
Al cabo, la condición de apátrida de Orellana fue reconocida a finales de 2023. Según Ribeiro Aizawa, la lentitud procesal se debió al hecho de que Orellana no poseía ningún registro formal y, por añadidura, a los retos que planteaba su estado de salud mental, que dificultaba la comunicación con otras personas. Otro de los motivos fue lo inédito del caso: Orellana fue la primera persona en Mato Grosso do Sul reconocida por el gobierno brasileño como apátrida. Desde entonces, se han resuelto otros dos casos similares en el estado.
Este artículo salió publicado con el título “Las nuevas caras de la inmigración en Brasil” en la edición impresa n° 355 de septiembre de 2025.
Proyectos
1. Ciudades de derechos. Las políticas de salud para migrantes internacionales en las ciudades de São Paulo (Brasil) y Barcelona (España) (nº 18/22974-0); Modalidad Beca doctoral; Investigadora responsable Deisy de Freitas Lima Ventura (USP); Becario Jameson Vinícius Martins da Silva; Inversión R$ 230.082,84.
2. Trayectorias sin fronteras/ trajectoires sans frontières. Memoria y trauma de los refugiados del mundo contemporáneo (nº 23/16222-4); Modalidad Ayuda de Investigación – Regular; Investigadora responsable Ana Carolina de Moura Delfim Maciel (Unicamp); Inversión R$ 205.430,65.
3. Raza y salud en tránsito: la gobernanza de la salud de los migrantes internacionales en el Área Metropolitana de São Paulo (nº 19/13877-4); Modalidad Beca posdoctoral; Investigadora responsable Marcia Regina de Lima Silva (Cebrap); Becaria Jaciane Pimentel Milanezi Reinehr; Inversión R$ 649.615,40.
Artículos científicos
AIZAWA, J. T. R. y JUNIOR, H. M. Fronteiras marginais e o primeiro apátrida de Mato Grosso do Sul. Brasilia, Distrito Federal: Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea). Revista Tempo do Mundo. n. 35. 2025.
CHALCRAFT, J. y HIKIJI, R. S. G. Imagens que atravessam. Diáspora africana em performance. Artelogie. n. 16. 2021.
HILIJI, R. S. G. y CHALCRAFT, J. Gringos, nômades, pretos – políticas do musicar africano em São Paulo. Revista de Antropologia. v. 5, n. 2. 2022.
MILANEZI, J. Distinções, mediações excludentes e desigualdades: A governança da saúde reprodutiva de “cadastradas difíceis”. Dados ‒ Revista de Ciências Sociais, 67 (2). 2024.
MILANEZI, J. “O problema é cultural: Estigmas, comportamentos e vigilâncias reprodutivas de mulheres haitianas”. En: REIS, Elaine et al. (comp.). Justiça reprodutiva: Desafios interseccionais na saúde coletiva. Río de Janeiro: Fiocruz. 2025.
Libros
BAENINGER, R. et al. (comp.). Atlas temático: Observatório da emigração brasileira – Observatório das migrações dos países de língua portuguesa ‒ Migrações internacionais. v. 3. Campinas: Núcleo de Estudios de Población Elza Berquó de la Universidad de Campinas (Nepo-Unicamp). 2025.
HIKIJI, R. S. G. Filmar o musicar: Ensaios de antropologia compartilhada. São Paulo: FFLCH/USP. 2025.
MAGALHÃES, L. F. A. et al. (org). Migrações e refúgio: Temas emergentes no Brasil. Campinas: Núcleo de Estudios de Población Elza Berquó de la Universidad de Campinas (Nepo-Unicamp). 2024.
Informe
JUNGER, G. et al. Refúgio em números 10ª edição. Brasilia, Distrito Federal: Observatorio de Migraciones Internacionales; Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil / Departamento de Migraciones. 2025.
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