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Buenas prácticas

Castigos múltiples contra los desvíos éticos

Las sanciones en los casos de mala conducta científica afectarán la vida social de los investigadores chinos

Zé Vicente

El gobierno de China anunció en noviembre la ampliación de sanciones contra los investigadores que sean responsabilizados por mala conducta científica, que pasarán a sufrir restricciones también en otras esferas de sus vidas, como el bloqueo a préstamos bancarios o el impedimento de postularse a puestos de trabajo en bancos y empresas públicas, entre otros. Según un memorando divulgado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, habrá una “acción disciplinaria conjunta” contra científicos que cometan desviaciones éticas. Las sanciones podrán aplicarse, en simultáneo, desde distintas agencias gubernamentales e instituciones privadas, y no solamente desde las universidades y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tal como ocurría hasta hace poco. Ello significa, en términos concretos, que los castigos o la pérdida de derechos aplicados a quienes cometan fraudes, manipulen datos e imágenes o plagien artículos científicos no se van a limitar al ambiente académico, con el veto a ascensos en la carrera y el corte de financiación a los proyectos, sino que podrán afectar el cotidiano de los investigadores incriminados.

La nueva política está vinculada al “sistema de crédito social”, un polémico modelo de vigilancia de los chinos que empezó a implantarse de modo experimental en algunas regiones del país en 2014, por medio del cual el incumplimiento de leyes o reglas establecidas por el Estado acarrea dolores de cabeza de amplio espectro. La meta es que, en el año 2020, los chinos estén clasificados según el grado de “confianza” que inspiran. Las calificaciones elevadas –que redundas en beneficios tales como descuentos en pasajes aéreos o reservas en habitaciones de hotel sin la necesidad de hacer depósitos– se destinan a aquellos que honran el pago de sus préstamos y tienen un historial de respeto a la ley y buen comportamiento.

En cambio, el impago de deudas o de multas aplicadas por el gobierno resultan en la pérdida de puntos y pueden transformar al individuo en un ciudadano de segunda categoría, pasible de sufrir restricciones a la hora de obtener un crédito o contratar un seguro o incluso en su movilidad. De acuerdo con un reportaje de la revista Nature, 11 millones de chinos fueron impedidos de comprar pasajes aéreos y 4,2 millones, de viajar en trenes de alta velocidad entre los meses de abril y diciembre de 2018, porque el sistema los clasificaba como individuos de baja confianza. Se estima que más de 2 millones pagaron sus deudas o multas para salir de la lista negra. En Junan, capital de la provincia de Shandong, el sistema incluye hasta a los dueños de perros, que pierden puntos si los animales salen a la calle sin collar o perturban la paz pública; la sanción máxima es la suspensión del derecho de tener una mascota.

La lógica de este modelo la definió el presidente Xi Jinping en un congreso del Partido Comunista en 2016: “Quienes pierdan la confianza en un área enfrentarán restricciones en todas las áreas”. Cuando esté funcionando plenamente, el sistema operará por medio del cruce de registros de órganos del gobierno y del sector privado. “No hay una lista negra, sino decenas de ellas. Todas las principales áreas del gobierno tienen su lista”, declaró al periódico británico University World News Rogier Creemers, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Leiden, en Holanda, un estudioso del sistema chino. Una universidad privada llegó a rechazar la inscripción de un estudiante de alto rendimiento porque su padre estaba en una lista de morosos de instituciones bancarias; y el padre corrió para pagar su deuda a fin de que el hijo fuera admitido.

No se ha anunciado aún el grado de sanción para cada tipo de desviación ética y existen dudas sobre la capacidad del gobierno de gestionar las penas para los investigadores. “Está siempre el riesgo de que no haya recursos o gestores calificados para administrar un sinnúmero de reglas draconianas”, señaló a Nature el ingeniero electricista Max Lu, presidente de la Universidad de Surrey, en Guildford, en Inglaterra, quien fue consejero de política científica del gobierno chino.

El memorando del gobierno prevé que los investigadores responsables de casos de mala conducta no podrán participar en la creación de startups o en colaboraciones con empresas. Las sanciones van a alcanzar no solo a los individuos, sino también a las instituciones a las que pertenecen, que podrán enfrentar, por ejemplo, restricciones a la importación de equipamientos de investigación, a la captación de recursos en el exterior y al uso de servicios de internet, que dependen de la autorización de órganos del gobierno.

China responde por el 18% de la producción científica del mundo indexada en la base Scopus. El año pasado, superó por primera vez a Estados Unidos en cantidad de artículos publicados, pero todavía se resiente por la gran cantidad de casos de mala conducta entre sus científicos. Un ejemplo reciente fue la retractación de 11 artículos de investigadores del área de nuevos materiales de la Universidad Tshingua por manipulación y duplicación de imágenes y falsa asignación de autoría. El autor principal de los artículos, Ye Xiaoxin, fue sancionado con la destitución de su título de doctor, que había obtenido en la institución en 2010. El caso más rumoroso es el de He Jiankui, investigador de una universidad en Shenzhen, quien anunció que había utilizado la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 para generar bebés resistentes a la infección por el virus VIH, pasando por alto normas en experimentos con seres humanos. Jiankui fue despedido de la universidad y lo están investigando.

La nueva política se suma a un conjunto de intervenciones tomadas en el pasado reciente para cohibir desviaciones éticas entre científicos. En mayo de 2018, el Partido Comunista y el Consejo de Estado de China lanzaron una serie de medidas, como la elaboración de una lista de periódicos científicos de mala calidad y la centralización de las investigaciones sobre mala conducta en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o incluso la creación de un registro con los nombres de los investigadores que han cometido desviaciones. Resulta evidente ahora que esa base de datos tendrá consecuencias en la vida de los científicos mucho más amplias de lo que se imaginaba.

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