El proceso mediante el cual los científicos arriban a sus conclusiones, y evalúan y perfeccionan sus métodos de trabajo en busca de la mayor precisión posible, también puede volverse en su contra –bajo acusación de mala conducta– cuando se los utiliza para disputas jurídicas. Christopher Reddy y Richard Camilli, del Instituto Oceanográfico Woods Hole (EUA), quienes ayudaron a estimar la dimensión del derrame de petróleo en el golfo de México en 2010, fueron forzados a entregar más de 3 mil mensajes electrónicos personales a la Justicia.
El gobierno federal procesó a BP, la operadora de la plataforma que explotó, y que, para defenderse, solicitó y recibió más de 50 mil páginas de documentos y mensajes de parte de los investigadores, detallando cómo calcularon la estimación del vertido. La empresa alega que los documentos son necesarios para defenderse judicialmente. Los investigadores sostienen que esa decisión puede perjudicar futuras deliberaciones científicas (The Chronicle of Higher Education, edición del 5 de junio). Y declararon al periódico The Boston Globe que la empresa hallaría mensajes en que ellos mismos cuestionaban sus métodos, arribaban a callejones sin salida o modificaban sus perspectivas. Según ambos científicos, esos movimientos no deberían servir para poner en duda sus conclusiones, ya que forman parte del trabajo científico.
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