Desde principios de la década de 2010, los editores de las revistas científicas se han acostumbrado a recibir mensajes por correo electrónico firmados por una tal Clare Francis, en los que señala problemas en artículos científicos publicados y sugiere emprender averiguaciones exhaustivas para determinar posibles faltas éticas. Una de sus denuncias más recientes tuvo como blanco al ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2019, el oncólogo estadounidense Gregg L. Semenza, quien ya acumula una decena de papers invalidados por manipulación de imágenes. El nombre de Clare Francis también suele aparecer en los comentarios de PubPeer, un sitio web en el que pueden publicarse críticas y observaciones sobre artículos científicos, que se ha consolidado como un foro de denuncias de mala conducta científica. Pero, pese a su intensa actividad, nadie sabe quién es. Una entrada sobre Clare Francis en la enciclopedia virtual Wikipedia informa que se trata de un seudónimo utilizado por una o más personas, cuya “identidad, género y ocupación real se mantiene en secreto”, y que ha ganado notoriedad en el ámbito de las publicaciones científicas por su “increíble habilidad para identificar imágenes alteradas indebidamente, así como errores leves que algunos editores suelen ignorar”.
Ha tardado, pero el trabajo de los detectives de casos de mala conducta ‒ya sean anónimos, como Francis, o que utilicen su identidad real‒ ha comenzado a ganar reconocimiento público. Recientemente, la cuenta de correo electrónico que Francis utilizaba para comunicarse con los responsables de revistas científicas recibió un mensaje de la editorial Frontiers, a propósito de un artículo sobre el que ella había apuntado anomalías éticas. En el mensaje, los editores le preguntaban si autorizaba que se le diera crédito como fuente de la denuncia responsable de la cancelación del artículo. La idea era incluir una referencia a su nombre en los agradecimientos de la nota de retractación, la declaración oficial por intermedio de la cual se indica que un paper es inválido. “Una vez concluidas las investigaciones, se le informa del resultado a la eventual tercera parte implicada en la denuncia y, en caso de que se publique una retractación, ella tiene la opción de ser reconocida en el anuncio”, declaró al sitio web Retraction Watch un vocero de la editorial Frontiers, que el año pasado instituyó esta práctica en sus más de 200 revistas. Francis, sin embargo, prefirió mantenerse afuera de los reflectores y optó por que la denuncia se atribuyera, de manera genérica, a “un lector preocupado”.
La iniciativa de Frontiers no es un caso aislado. Otras editoriales, como Springer Nature y Wiley, están trabajando en la actualización de sus políticas de publicación con el propósito de dejar constancia de la contribución de los individuos que denuncian irregularidades. El Comité de Ética en las Publicaciones (Cope), un foro de editores que definen las mejores prácticas de comunicación científica, también prepara una revisión de las directrices en caso de retractaciones que allanaría el camino para el reconocimiento público de los denunciantes, siempre y cuando estos estén de acuerdo. El editor en jefe de la revista Science, dijo que a la publicación le gustaría reconocer la colaboración de los denunciantes, pero los autores de los artículos retractados y sus instituciones suelen oponerse a ello. “Si pudiéramos invocar una directriz del Cope que nos permita incluirlos [en referencia a los nombres de los denunciantes], comenzaremos a hacerlo”, aseguró Thorp en una reunión de un comité de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, según informa Retraction Watch.
La novedad también fue bien recibida por detectives que, al contrario de Francis, no esconden su identidad. “Esto también puede contribuir a establecer un vínculo más constructivo entre quienes llevan a cabo las averiguaciones y las editoriales”, dijo, también según Retraction Watch, la neuropsicóloga Dorothy Bishop, profesora jubilada de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, experta en integridad científica. Es cierto que esta relación siempre ha sido tensa. Las denuncias anónimas causan malestar en los editores, ya que no queda claro cuáles son las motivaciones reales del denunciante. Otro punto de fricción es que, a menudo, quienes investigan las malas prácticas en las publicaciones científicas las denuncian a la prensa o exponen en foros de internet a los editores que se hacen los desentendidos y evitan efectuar averiguaciones con relación a las denuncias presentadas. Dorothy Bishop se ha destacado por rastrear y denunciar trabajos científicos problemáticos. “A algunos científicos les divierte esta tarea, pero a mí no. No dejo de lamentar el hecho de tener que exponer a las personas, obligándolas a aclarar, responder o retractarse”, dijo Bishop en un reportaje publicado en 2023 en el sitio web The Transmitter.
Otro prolífico investigador de la mala conducta científica, el matemático e ingeniero de software kazajo Alexander Magazinov, dice que el anonimato debe seguir siendo respetado si el denunciante así lo decide. “Es extremadamente importante que no se divulguen los nombres de terceros si estos no dan su consentimiento explícito”, le dijo al sitio web Retraction Watch. Magazinov fue uno de los creadores del rastreador de papers problemáticos, una herramienta que detecta artículos con frases sin sentido ‒las llamadas “frases torturadas”, que pueden ser indicadoras de plagio encubierto y elaboración de estudios fraudulentos. En marzo, su nombre apareció en los agradecimientos de una nota de retractación de un artículo publicado en la revista Frontiers in Molecular Neuroscience, luego de que él apuntara evidencias de manipulación en el proceso de revisión por pares del estudio.
El trabajo de los denominados detectives de la mala conducta puede ser objeto de demandas judiciales y no todos los denunciantes están dispuestos a exponerse a correr ese riesgo. En un caso reciente, tres científicos responsables del blog Data Colada recurrieron a una campaña de crowdfunding para afrontar costos legales que ascendían a unos 600.000 dólares para defenderse de una demanda por difamación presentada por la científica del comportamiento Francesca Gino, recientemente despedida de la Universidad Harvard por mala conducta. El motivo fue que, en 2023, los blogueros habían denunciado la adulteración de datos en cuatro artículos de Gino. El año pasado, un juez rechazó la demanda de la investigadora contra Data Colada.
Ya ha habido situaciones en que el propio derecho al anonimato se dirimió en los tribunales. Hace 10 años, el sitio web PubPeer afrontó una batalla judicial entablada por el oncólogo Fazlul Sarkar, quien fuera investigador de la Universidad Estadual de Wayne, en Detroit, Michigan (EE. UU.) y tuvo más de 40 artículos retractados por falsificación de datos, tras haber sido denunciado por usuarios de esa página web. Sarkar quería conocer el origen y la identidad de los usuarios anónimos que insinuaron que había utilizado imágenes fraudulentas en artículos científicos. Estaba interesado especialmente en uno de los delatores, quien también había enviado correos electrónicos de advertencia a la universidad en la que él trabajaba. Se trataba de Clare Francis. Un juez aceptó el pedido de Sarkar, pero PubPeer apeló y un tribunal del estado de Michigan consideró que las denuncias anónimas estaban protegidas por la legislación estadounidense.
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