En el quinto piso del edificio de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo, en la capital paulista, la abogada Renata Santos y un equipo integrado por 35 personas se las ven diariamente con los beneficios y las dificultades derivados de uno de los grandes retos de la administración pública actual: el suministro de medicamentos impuesto por fallos judiciales. En los últimos cinco años, la cantidad de demandas promovidas por pacientes para obligar al Estado a proveerles fármacos y tratamientos que todavía no brinda el Sistema Único de Salud (SUS) o que aún no se han registrado en Brasil se incrementaron un 92%. Tan sólo en 2015, el gobierno paulista gastó 1.200 millones de reales en medicamentos e insumos destinados a 57 mil pacientes que recurren a los tribunales. “Este monto es casi lo mismo que se necesita para mantener por un año al Hospital de Clínicas [de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (HC-FMUSP)], donde se atienden 35 mil pacientes por día”, compara Santos.
Este fenómeno, al que se conoce como judicialización de la salud, es multifacético. Por un lado, las demandas judiciales comprometen una porción significativa del presupuesto para la atención de requerimientos específicos de algunos pacientes; por otro, pueden significar la única vía para salvaguardar o prolongar la vida de esos pacientes, especialmente la de individuos con enfermedades raras o crónicas, tales como la diabetes y el cáncer, que dependen de medicamentos de alto costo. También se recurre a ese recurso extremo para obtener medicamentos equivalentes a los disponibles en el sistema público de salud, e incluso para la compra de productos tales como pañales o agua de coco, siempre con receta médica. En los últimos años, el equipo de la secretaría de salud estadual ha trabajado con investigadores de universidades paulistas para crear sistemas de información que permitan avalar las decisiones de administradores del sector y jueces para propiciar la incorporación de los medicamentos más solicitados al sistema público.
Las colaboraciones entre los equipos de la secretaría y los de las instituciones de investigación científica se basan en el programa de computación denominado S-Codes, creado en 2010 por la Coordinación de las Demandas Estratégicas del SUS (Codes), perteneciente a la secretaría paulista y que administra los procesos judiciales impulsados contra el estado de São Paulo. El S-Codes reveló que el 60% de los fallos judiciales son el resultado de prescripciones de médicos del sistema privado de salud, es decir, de consultorios, clínicas y hospitales particulares. Una hipótesis que avala Santos para explicar ese dato sostiene que, de manera general, los médicos de la red privada desconocen las leyes de la salud y la lista de fármacos incorporados por la red pública, el Registro Nacional de Medicamentos (Rename) del Ministerio de Salud (MS). “Por esa razón”, dice, “los médicos no llegan a tener en cuenta ciertas alternativas terapéuticas similares a las solicitadas y ya disponibles en el SUS”.
El S-Codes se transformó en una pieza clave de los estudios realizados en el ámbito del Programa de Investigación para el SUS (PPSUS, por sus siglas en portugués), financiado por el MS en colaboración con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y llevado a cabo en São Paulo por la FAPESP y por la Secretaría de Salud del Estado. El programa brinda apoyo a las investigaciones enfocadas en problemas prioritarios de la salud así como para apuntalar la gestión del SUS en el estado de São Paulo. En los últimos años, el tema de la judicialización de la salud sobresalió entre los proyectos de investigación que se presentaron ante el mismo. En uno de ellos, el contador Carlos Alberto Grespan Bonacim, docente de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la USP en el campus de Ribeirão Preto, analizó el perfil socioeconómico de los pacientes basándose en una muestra de aproximadamente 900 demandas judiciales registradas entre 2013 y junio de 2015, que derivaron en la liberación de alrededor de 8 mil medicamentos en 27 municipios de la región de Ribeirão Preto. Esta ciudad es una de las tres con el mayor índice de juicios por salud del estado. Las otras dos son Barretos y São José do Rio Preto.
Basándose en el S-Codes, Bonacim verificó que el 66% de los medicamentos obtenidos por vía judicial no figuraban en la lista del SUS. El 34% restante ya eran provistos por la red pública, pero los pacientes solicitaron versiones elaboradas por otras empresas u otras que contenían algún adelanto tecnológico. En un estudio publicado el año pasado en Health and Human Rights Journal, el antropólogo brasileño João Biehl, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, también constató que, de un total de 3.468 medicamentos solicitados en 2008 mediante demandas judiciales contra el estado de Rio Grande do Sul, más de la mitad (un 56%) ya eran provistos por el SUS.
Tanto médicos como investigadores sostienen que no siempre el medicamento de última generación será más efectivo que los ya adoptados por el SUS. Un ejemplo de ello se registra en el A.C.Camargo Cáncer Center, en São Paulo, donde se atienden pacientes por el SUS y en forma particular. Los pacientes que se atienden en forma privada pueden acceder a dos nuevos remedios que se utilizan para el tratamiento del cáncer de mama: el trastuzumab emtansina y el pertuzumab. Cuando se los asocia a la quimioterapia, pueden prolongar la vida de las mujeres entre tres y cinco años. Si bien fueron aprobados en 2014 por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el organismo federal que regula el registro de medicamentos y alimentos, y se los liberó para su comercialización en el país, ambos fármacos no fueron aprobados por la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el SUS (Conitec), un organismo creado en 2001 y ligado al MS, por lo tanto, aún no se encuentran a disposición en la red pública. “El tratamiento con esos medicamentos cuesta alrededor de 30 mil reales al mes por paciente. El costo total de su incorporación en el SUS sería inviable para el gobierno, puesto que cada año se diagnostican 50 mil nuevos casos de cáncer de mama en el país”, dice Helano Freitas, coordinador de investigación clínica del A.C.Camargo Cáncer Center de São Paulo. Aunque no tengan acceso a esas drogas de última generación, las pacientes del SUS atendidas en el hospital no resultan perjudicadas. “Hay otros medicamentos provistos por el sistema de salud que son igualmente eficientes y pueden elevar la sobrevida de las pacientes”, afirma. De acuerdo con Freitas, la mayoría de los pacientes del A.C.Camargo que recurren a demandas judiciales para conseguir medicamentos generalmente son aquellos que tienen más acceso a la información y gozan de mejores condiciones socioeconómicas.
Pero ésa no es siempre la regla. El sueldo promedio de los pacientes que acudieron a la Justicia en la región de Ribeirão Preto es de poco más de mil reales, según surge del estudio de Bonacim, de la USP. En su opinión, ese dato ayuda a demostrar que la judicialización no es un fenómeno relacionado con las personas de mayores ingresos. “Los pacientes con menos recursos recurren a la Defensoría Pública del Estado, que les presta asesoría jurídica gratuita”. De cualquier modo, el 60% de los pacientes analizados en la región de Ribeirão Preto contrataron un abogado particular.
En los últimos seis años, el MS desembolsó 3.200 millones de reales para la compra de medicamentos, equipamientos, suplementos alimentarios y para la cobertura de cirugías e internaciones a partir de fallos judiciales (vea el gráfico). La mayor parte de las demandas federales parte de los estados de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul. Incluyendo los gastos municipales y estaduales, el gobierno federal estima que la erogación para la compra de medicamentos por decisión judicial habría llegado a 7 mil millones de reales durante el año pasado. Una parte significativa de esta cifra se utilizó para la provisión de medicamentos de alto costo. En 2016, el MS gastó 654,9 millones de reales tan sólo en la compra de 10 medicamentos para la atención de 1.213 pacientes (vea la lista). En São Paulo, el 4% de los fármacos representan más del 90% de los gastos por demandas judiciales en ese estado.
Los registros en Anvisa
En la lista de los medicamentos más caros que adquirió el gobierno federal hay seis que no están registrados en la Anvisa. Uno de ellos es la lomitapida, aprobada en Estados Unidos para su uso por portadores de una enfermedad genética rara, la hipercolesterolemia familiar homocigota. El tratamiento con este remedio cuesta alrededor de mil dólares diarios. El hecho de que un medicamento no se encuentre registrado en la Anvisa significa que no hay autorización oficial para comercializarlo a gran escala en Brasil porque incluso en sus países de origen aún no han pasado por todos los test preclínicos (en modelos animales) y ensayos clínicos (en seres humanos) necesarios para garantizar la seguridad y eficacia de su empleo.
“En general, los jueces no disponen de las bases técnicas y ni científicas sobre todos los aspectos que son inherentes a un medicamento, tales como su reglamentación, así como la estructura del SUS, que provee los fármacos que se ajustan a criterios establecidos con una base científica”, dice Maria Aparecida Nicoletti, investigadora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la USP. La farmacéutica forma parte de un proyecto del PPSUS tendiente a adaptar el método español Dáder, de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes, en la farmacia Universitaria de la USP (Farmusp), con la perspectiva de aplicarlo en Centros de Atención Primaria de la Salud paulistas y generar información para apuntalar los fallos judiciales. En el marco de ese estudio, a un grupo de pacientes con cáncer de próstata atendidos inicialmente en el Hospital Universitario de la USP con los medicamentos disponibles en el SUS, se le realizan consultas farmacéuticas, en las cuales se evalúa la efectividad de los fármacos y las posibles interacciones entre ellos. “Estamos lidiando con pacientes que no sólo padecen un cáncer, sino que también pueden sufrir depresión, hipercolesterolemia, hipertensión y problemas cardiovasculares, y toman remedios para esas afecciones”, explica Nicoletti.
De acuerdo con la investigadora, este método se está aplicando en otras partes de Brasil, pero aún de manera insuficiente. “Se debe intensificar la práctica del seguimiento farmacoterapéutico, especialmente para los casos en que se usan medicamentos de alto costo, recopilando y divulgando los resultados”, dice Nicoletti. La investigadora opina que ese método también puede ayudar para un control de los medicamentos utilizados off-label, algo frecuente cuando hay fallos judiciales de por medio. Esta expresión alude a los casos en que el médico prescribe un remedio para el tratamiento de una condición para la cual el producto no fue originalmente desarrollado. Hay casos en los que el uso off-label deriva finalmente en un error médico. En otros, puede llegar a funcionar.
En el ámbito municipal
En la Universidad de Sorocaba (Uniso), un grupo de investigación trabaja dentro del PPSUS realizando seguimiento farmacoterapéutico de pacientes y en el desarrollo de un sistema informático similar al de la secretaría estadual. La diferencia es que el JudSys, tal el nombre con el que fue bautizado el programa, está enfocado en las demandas de los municipios y dispone de un módulo clínico que permite ordenar los datos técnicos al respecto del uso de los medicamentos recabados en las consultas farmacéuticas. “Hemos realizado test piloto en localidades de la región de Sorocaba, tales como Votorantim y São Roque, para evaluar la factibilidad y funcionalidad del JudSys, y ahora estamos haciendo ajustes para ofrecérselo a otros municipios que puedan estar interesados”, explica el farmacéutico Silvio Barberato Filho, docente de la Uniso y coordinador del proyecto.
Durante el año pasado, el grupo de Barberato inició una colaboración con la Farmacia Escuela de la Universidad de Brasilia (UnB), en el Distrito Federal, para testear el módulo clínico del JudSys. Ahí se les realiza un seguimiento a 15 pacientes portadores de diabetes que utilizan análogos de la insulina, uno de los medicamentos más solicitados por vía judicial. Así como en la USP, los pacientes de la UnB son atendidos por farmacéuticos, que registran los datos sobre la utilización de ese fármaco y brindan orientación a los pacientes. Los resultados de ese estudio serán recopilados en los próximos meses, y se divulgarán nuevos datos sobre el uso de análogos de la insulina. “Los análogos de la insulina no han sido incorporados por el SUS, pero algunos estados y municipios definieron protocolos clínicos e incluyeron el medicamento en sus listas locales”, informa Barberato.
La preocupación por el impacto de la judicialización en los municipios es justificable. Existen casos en los que una única demanda podría comprometer la totalidad del presupuesto de salud de una ciudad de pequeño porte. Algunas iniciativas se proponen despejar este obstáculo por medio de convenios institucionales. Uno de los ejemplos más recordados es el de Santa Catarina. En 1997, 25 localidades de los alrededores de la ciudad de Lages, ubicada a 200 kilómetros de Florianópolis, se unieron para replantearse mejores formas de administrar los recursos para la salud, frecuentemente afectados por la judicialización. Los alcaldes y administradores de los municipios se dieron cuenta que, en forma aislada, resultaba más complicado afrontar los fallos judiciales. Por medio de un consorcio intermunicipal, se creó un modelo de acción común, que evitó superposiciones de pedidos y racionalizó gastos e inversiones, según relatan Roseni Pinheiro y Felipe Asensi, docentes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), en un artículo publicado en julio de 2016 en la Revista de Direito Sanitário. Ese trabajo surge de una investigación coordinada por ambos en colaboración con el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
En 2012, el consorcio lanzó el Núcleo de Conciliación de Medicamentos para la atención de solicitudes de fármacos que aún no fueron requeridos por vía judicial. En un espacio cedido por el gobierno municipal de Lages, un equipo multidisciplinario entrevista a pacientes dispuestos a emprender acciones judiciales, sugiere el uso de la versión genérica de los medicamentos que solicitaron y propone su reemplazo al médico que los recetó, antes que ese pedido siga por vía judicial. Según los investigadores, “la integración entre los organismos de salud (municipal y estadual), los pacientes, la Defensoría Pública estadual, la procuraduría pública y el Ministerio Público condujo a una reducción de los conflictos judicializados”.
Eduardo Cesar
Paciente con cáncer de próstata con seguimiento farmacoterapéutico en la Farmacia Universitaria de la USP, en la capital paulistaEduardo CesarEn el estado de São Paulo, un proyecto que se anunció en diciembre de 2016 también se propone promover la interacción entre los actores involucrados en las demandas judiciales por medicamentos. La Secretaría de Salud, el Tribunal de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Pública estaduales firmaron un acuerdo de cooperación que establece un protocolo de flujos de servicios de selección y orientación farmacéutica para los beneficiarios del SUS. “La idea es que haya profesionales capacitados que evalúen las prescripciones médicas antes de que los pacientes tomen la decisión de acudir a la Justicia. Es una forma de verificar la posibilidad de ofrecerles al médico y al paciente alternativas terapéuticas provistas por el SUS, cuando existiera esa posibilidad”, explica Sylvio Ribeiro de Souza Neto, juez asesor del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (TJSP). Para Renata Santos, de la secretaría, la iniciativa constituye una oportunidad de diálogo entre el poder judicial y los administradores. “Queremos que los magistrados comprendan que la secretaría desea atender a los pacientes, en el marco de las mejores técnicas de la medicina, sin atenerse a una restricción económica. Disponemos de cierto monto aplicable a la salud. Lo que buscamos son las mejores formas de utilizar los recursos públicos para atender a la mayor cantidad posible de personas”, dice.
También al final del año pasado, el CNJ y el Ministerio de Salud, en colaboración con el Hospital Sirio-Libanés, anunciaron un proyecto destinado a ampliar el uso de información basada en evidencias científicas por los magistrados y perfeccionar las sentencias en las demandas judiciales. El acuerdo prevé la expansión de los Núcleos de Evaluación de Tecnología para la Salud (Nats), cuya tarea consiste en auxiliar a los tribunales de todo Brasil por medio de dictámenes y notas técnicas al respecto de medicamentos. En noviembre, el primer taller de capacitación e instrucción de los Nats congregó a representantes de tribunales de 10 estados brasileños. “Tratamos temas tales como la elaboración y estandarización de notas técnicas”, comenta Luiz Reis, del Hospital Sirio-Libanés, donde se llevó a cabo la reunión.
Según Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, asesor del CNJ y supervisor del Foro Nacional de Salud, el convenio con el hospital incluye la creación de un banco de datos con información técnica basada en evidencias científicas, al que podrán consultar magistrados de todo el país. “La idea es que, antes de dictar sentencia, el juez pueda consultar al banco, que estará disponible en el sitio web del CNJ, pudiendo acceder a información sobre medicamentos, procedimientos y afines que consten en la solicitud del paciente. Con esa información, podrá saber si existe, por ejemplo, un fármaco similar disponible en el SUS y si la droga solicitada es realmente efectiva”, explica Hossepian. El Hospital Sirio-Libanés invertirá alrededor de 15 millones de reales en un plazo de tres años para crear la estructura de la plataforma. La información científica que la alimentará provendrá de los dictámenes emitidos por los Nats, por la Conitec y por el Centro Cochrane, una organización internacional con sede en Copenhague, Dinamarca, que analiza conjuntos de estudios clínicos en busca de evidencias de la eficacia de los tratamientos.
En septiembre de 2016, el CNJ aprobó una resolución que dispone acerca de la creación y mantenimiento de los Comités Estaduales de Salud, ya establecidos en algunos estados, con la función de debatir temas que atañen a la salud y colaborar con el trabajo de los magistrados. Uno de los comités más activos es el de Minas Gerais, integrado por miembros del poder judicial estadual y federal y representantes de sistemas de medicina prepaga, del Ministerio Público y de los Hospitales “Santa Casa” y de universidades, entre las que figura la Federal de Minas Gerais (UFMG). Osvaldo Firmo, juez del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais (TJMG) y miembro del comité estadual de salud del CNJ, subraya que los jueces deben tener más en cuenta las orientaciones técnicas. “La dificultad reside en que nadie desea correr el riesgo de ser cómplice de la muerte de alguna persona”, aduce. En el sitio web del comité (www.comitesaudemg.com.br) hay un conjunto de recomendaciones para los magistrados, además de notas técnicas y enlaces hacia libros y artículos que abordan la judicialización.
Sylvio Ribeiro, del TJSP recuerda el tiempo en que actuaba en la delantera, juzgando casos de salud. “Por más que dispongamos de información científica, resulta angustiante saber que una negativa nuestra podría acarrear la pérdida de la salud o incluso la muerte de alguien”, dice. Renata Santos, de la secretaría estadual, afirma que casi siempre la defensa del paciente se basa en el riesgo de fallecimiento en caso de que no se provea el medicamento. Con todo, el S-Codes indicó que una parte considerable de los fallos judiciales no existen riesgos de daño irreparable para el paciente.
En ocasiones, aparte de los medicamentos, las demandas judiciales incluyen otros elementos ya suministrados por el SUS, como los pañales descartables, o bien que exceden al tratamiento médico, tales como paños húmedos, filtro solar y agua de coco, que los médicos consideraban imprescindibles para sus pacientes. Por esa razón, la secretaría debe proveer 69 tipos distintos de pañales a 4 mil personas, a un costo anual de 12,6 millones de reales. “Cada vez es mayor el número de pacientes que solicitan la compra de medicamentos e insumos ya disponibles en el sistema público. El SUS provee ácido acetilsalicílico, pero asimismo hay pacientes que acuden a la Justicia para solicitar un analgésico de alguna marca específica”, comenta Santos.
Ella no descarta la influencia de la industria farmacéutica como uno de los puntales de la judicialización. Estudios divulgados recientemente muestran que la influencia de las empresas del sector se extiende a grupos y asociaciones de pacientes. Una investigación publicada en enero de este año en Jama Internal Medicine por Susannah Rose, de la Universidad Case Western Reserve, de Estados Unidos, analizó a alrededor de 300 grupos de defensa de pacientes en el país y descubrió que el 67% recibió dinero de empresas farmacéuticas durante el año pasado. Según los administradores públicos, existen indicios de que la presión de la industria es similar en Brasil y finalmente contribuye al aumento de la judicialización al generar nuevas demandas por medicamentos. Los fallos judiciales también tienen otros efectos. “Hay casos en los que las sentencias judiciales impulsaron al SUS, en tanto y en cuanto los fallos reiterados acerca de un mismo fármaco o procedimiento alertaron sobre la necesidad de incorporar tecnología y medicamentos”, analiza Santos.
Enfermedades raras
Para aquéllos que padecen alguna enfermedad rara, la vía judicial podría ser la única forma de obtener medicamentos extremadamente onerosos. Un ejemplo de ello lo constituyen los pacientes que sufren de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), un tipo raro de anemia de origen genético que puede ocasionar enfermedad renal crónica e hipertensión pulmonar, entre otros síntomas. El fármaco indicado para este caso es el eculizumab, cuya denominación comercial es Soliris, todavía sin registro en la Anvisa. En 2016, el Soliris representó el mayor gasto que afrontó el Ministerio de Salud debido a demandas judiciales: 391,8 millones de reales para la atención de 336 pacientes.
Un argumento muy utilizado por los pacientes que recurren a la Justicia para obtener los denominados medicamentos excepcionales, con costos muy elevados, surge de la Constitución Federal, según la cual, la salud es un derecho de todos y un deber del Estado. “El problema radica en que el derecho individual está prevaleciendo sobre el derecho colectivo”, analiza Luiza Heimann, directora del Instituto de Salud del Estado de São Paulo, una institución vinculada a la secretaría estadual de salud, que promueve estudios de evaluación de tecnologías en la salud. “El cuidado de la salud de los ciudadanos no significa tener que ocuparse de la sumatoria de los individuos enfermos. Se trata de estipular una planificación a partir del perfil epidemiológico de la población”, explica Heimann. Cada cuatro años, dice, se realiza la Conferencia Nacional de Salud, en la cual los gestores del SUS, trabajadores y representantes de la sociedad civil organizada definen, con base en estudios epidemiológicos, cuáles serán las prioridades del SUS para los próximos años. Para el juez Osvaldo Firmo, del TJMG, eso significa que las políticas de salud deben garantizar a toda la población igualdad de acceso a un tratamiento, sin privilegios. “Los procedimientos para la incorporación de medicamentos en Brasil obedecen a criterios que privilegian la adquisición de grandes volúmenes de remedios para el mayor número posible de personas”, dice Firmo.
En los países desarrollados, especialmente en Europa, el problema de la judicialización es prácticamente inexistente. “Países tales como Italia, Francia y el Reino Unido poseen sistemas de salud universales que maduraron a lo largo de décadas”, explica José Gomes Temporão, ministro de Salud entre 2007 y 2011. “La población de esos países es consciente de que el aporte de medicamentos por el Estado tiene límites. Los pacientes aceptan el tratamiento disponible en el sistema y ni siquiera se plantean recurrir a la Justicia, salvo en casos extremos, como los de enfermedades raras”, dice Gomes Temporão. A juicio de Denizar Vianna Araújo, investigador de la Uerj, la judicialización de la salud se ha transformado en un fenómeno esencialmente latinoamericano. “Ante una negativa del Estado, se incita al ciudadano a procurar una salvación en el plano judicial. Se trata de un rasgo cultural fuerte en los países de América Latina”, dice.
El investigador Cláudio Cordovil, de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Río de Janeiro, sostiene que en Brasil se debe modificar el sistema de incorporación de medicamentos para enfermedades raras. Según Cordovil, los análisis de las tecnologías para la salud (ATS), efectuados por la Conitec para decidir la incorporación de medicamentos al SUS, originalmente se crearon para debatir acerca de los fármacos volcados a la atención de un gran número de personas. Para Cordovil, el empleo de las metodologías convencionales de ATS en el contexto de las enfermedades raras, que afectan a grupos específicos de pacientes, constituye uno de los factores que promueven la judicialización el país. “Si aplicamos metodologías convencionales para decidir sobre medicamentos para enfermedades raras, en la práctica no incorporaremos ninguno de esos fármacos al SUS. La literatura internacional ya lo ha comprobado de manera inequívoca”, dice el investigador.
Renata Santos recopila en el S-Codes otros datos poco conocidos sobre las consecuencias de la compra de medicamentos por vía judicial. “Entre un 20% y un 30% de los pacientes que elevan una demanda en São Paulo luego no retiran el medicamento autorizado por la Justicia”, sostiene. “Sacando los casos de pacientes que fallecen, los motivos principales para que no busquen los medicamentos indican que los pacientes cambian de idea, desisten del tratamiento y opta por otro”. Cuando ello fuera posible, la secretaría le adjudica el fármaco a otro paciente, aunque la mitad de las solicitudes son de uso exclusivo, es decir que cada fármaco es específico para una sola persona. “Cuando el paciente no lo viene a buscar”, relata, “almacenamos el medicamento y, cuando se sobrepasa su fecha de vencimiento, debemos incinerarlo”.
Proyectos
1. Gestión municipal de demandas judiciales en la salud: modelo de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes (nº 2014/06038-2); Modalidad Ayuda a la Investigación – Regular; Investigador responsable Silvio Barberato Filho (Uniso); Inversión R$ 103.297,39
2. Factores condicionantes de los procesos de judicialización en el departamento regional de salud – DRS XII (nº 2015/50040-1); Modalidad Ayuda a la Investigación – PPSUS; Investigador responsable Carlos Alberto Grespan Bonacim (Fearp-USP); Inversión R$ 7.325,37
3. Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes en la Farmacia Universitaria de la USP (nº 2012/51707-4); Modalidad Ayuda a la Investigación – PPSUS; Investigadora responsable Silvia Storpirtis (FCF-USP); Inversión R$ 253.692,76
Artículos científicos
BIEHL, J. et al. The judicialization of health and the quest for accountability: Evidence from 1.262 lawsuits for access to medicines in Southern Brazil. Health and Human Rights Journal. Jun. 2016.
ASENSI, F.; Pinheiro, R. Judicialização da saúde e diálogo institucional: A experiência de Lages (SC). Revista do Direito Sanitário. v. 17, n. 2, 2016.
