“Desde los tiempos bíblicos ‘cuando Moisés envió a los representantes de cada una de las tribus bajo su comando a espiar la tierra de Canaán’ hasta los días actuales, tenemos un vasto archivo de referencias a las actividades de espionaje, ligadas en principio al campo militar y luego también terreno político, y finalmente al poder de manera integrada”, pregonaba un manual del Curso de Informaciones de la Escuela Superior de Guerra en 1967, recordando también que incluso “Noé envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la Tierra”. La justificativa bíblica no disimilaba el pecado capital de la mala formación dada a los agentes de informaciones: es necesario vigilar y, al contrario que en el pasado, el foco no es la guerra, sino el control del poder. “El enemigo ‘externo’, considerado como blanco de los servicios de inteligencia de los países democráticos, significó en Brasil, Chile y Argentina, cualquiera que fuera ‘externo’ al centro del poder. Precisamente, de esos ‘excluídos del poder’, fue que se intentó proteger al Estado, por medio de la banalización de la violencia y de una cultura de secretos gubernamentales”, afirma Priscila Antunes, autora del estudio intitulado Los servicios de inteligencia en el Cono Sur, que contó con el apoyo de la FAPESP. Es un estudio comparativo sobre los legados de la transición hacia la democracia en los tres mentados países. Y su resultado asusta: poco ha cambiado con el fin de las dictaduras, y la “amenaza” sigue siendo “interna”.
“La democracia necesita el control civil sobre el poder militar y, lo que es más complejo, de un efectivo control político sobre las agencias de inteligencia civiles y militares”, advierte la investigadora. En tanto, el libro Ministério do silêncio [El Ministerio del Silencio], publicado ahora por Editora Record, el periodista Lucas Figueiredo revela que, en octubre de 2003, en el marco de una reunión destinada a discutir las posibilidades de cooperación entre los servicios de inteligencia de América del Sur, y en pleno gobierno de Lula da Silva, la Agencia Brasileña de Informaciones (Abin), creada en 1999, incluyó en el informe final incluyó, entre las “amenazas” actuales, a los “los movimientos sociales, en especial a las organizaciones que operan con la cuestión de la pobreza”. La Doctrina de la Seguridad Nacional, ideada por los regimenes militares, puede estar fuera de moda, pero el “monstruo” – el alias que le dio el general Golbery do Couto e Silva a su creación, el Servicio Nacional de Informaciones (SNI) –, aunque con nuevas formas, sigue estando activo. “Ese órgano buscaba a los enemigos del Estado dentro de las fronteras del país, y no vislumbraba que la amenaza mayor siempre fue él mismo. Por eso, la existencia del servicio secreto, tal cual éste se encuentra en 2005, es una señal de que Brasil salió de la dictadura, pero no por ello ha llegado a tener una democracia plena”, evalúa Figueiredo. ¿Es realmente necesario vigilar?
Amenazas
“La inteligencia es sumamente útil para la democracia, siempre y cuando actúe de manera eficiente en la evaluación de amenazas, que actualmente son cada vez más diversificadas. Es una realidad que han de absorber los políticos y los ciudadanos comunes”, explica Priscila. “Pero es fundamental el control democrático, ya que, únicamente mediante el desarrollo de mecanismos de control eficaces podremos evitar que la democracia y la inteligencia se conviertan en términos antagónicos”, asevera. Los riesgos son grandes, tanto con respecto a la manipulación por parte de los gobernantes, interesados en la maximización del poder, como los de la autonomización de los órganos de inteligencia (cosa que sucedió durante la dictadura), pues los mismos tienen una notable capacidad de transformarse en un poder paralelo dentro del Estado. Desgraciadamente, la historia reciente ha demostrado que, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo no hay interés en vérselas con esa “criatura”. “La elaboración de los pactos que condicionaron la transición en Brasil hicieron posible la autonomía militar en la definición de sus misiones y sus áreas de actuación. La inercia civil no solamente permite que los militares definan de manera autónoma sus focos de atención, sino que también corrobora sus perspectivas”, sostiene la investigadora. “En Brasil, al margen de contar con una ley de inteligencia mal elaborada, no se nota en el Congreso un interés real en legislar sobre el tema. La acción ilegal de estas instituciones, con miras a alcanzar objetivos políticos o privados, es de responsabilidad tanto de quienes practican una determinada acción como de quienes no controlan a esos organismos. Los servicios de inteligencia sin control constituyen una amenaza a la democracia”. Es necesario vigilar a los que nos vigilan.
Sin embargo, el Estado ha soslayado esta responsabilidad desde sus albores: el primer servicio secreto brasileño se creó en 1927 por decisión del presidente Washington Luís, para investigar a sus adversarios políticos y espiar a los obreros en huelga. “Nacía así con un vicio, que el órgano cargaría para siempre: un mandato excesivamente amplio y hecho a la medida, para que el gobierno pudiera usarlo contra quienes quisiera. En la mayoría de los casos, contra el pueblo”, afirma Figueiredo. El “monstruo” no hizo sino empeorar en su adolescencia: Vargas, y después Dutra, según constata en estudioso, militarizaron la institución y la moldearon acorde con los parámetros estadounidenses de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Así, en los manuales de la Escuela Superior de Guerra, el pueblo brasileño empezó a figurar como el potencial enemigo de la patria: he allí la base de la Doctrina de Seguridad Nacional, que es el país visto a través de las lentes verde oliva. Pero tampoco el civil Juscelino Kubitschek resistió ante las presiones externas y, dejando de lado su costado bossa nova, le dio forma oficial al así llamado Servicio Federal de Información y Contrainformación (Sfuci), el “padre” del SNI y la “escuela” de Golbery y del general Figueiredo. “En las entrañas del gobierno de JK, considerado el más democrático de nuestra historia, estaba engendrándose el ‘monstruo'”, recuerda Figueiredo.
Luego de servirle a Jânio Quadros y de ayudar a tumbar a Jango [Jõao Goulart], el Sfuci fue extinguido por Castello Branco, quien puso en su lugar al SNI, con base en un documento de tres páginas, redactado por Golbery. Con autonomía económica y una jefatura dotada de status de ministro de Estado, el servicio era el único órgano del Ejecutivo que no se sometía a ningún tipo de control externo. En ese entonces, y al igual que hoy en día, como acota Priscila, el Legislativo no se interesaba en controlar a la institución, creada para mandar mucho y no rendirle cuentas de nada a nadie. Y más: a contramano de lo que ocurría en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, que no permitían que sus servicios secretos tuvieran simultáneamente acción interna y externa, el SNI reunía ambas funciones. “Se le parecía a la KGB de la URSS, y llegó incluso a tener más poder que la organización comunista”, dice la investigadora.
Golbery fue más allá todavía y le asignó al SNI una nueva incumbencia, la de intervenir directamente en las políticas del gobierno. Poco a poco, el Estado fue siendo así devorado por el “monstruo”. Que no estuvo solo por mucho tiempo. Durante los gobiernos de Costa e Silva y Médici (este último fue jefe del SNI), se le juntaron el Centro de Informaciones del Ejército (CIE), el Centro de Informaciones de la Marina (Cenimar), el Centro de Informaciones y Seguridad de la Aeronáutica (Cisa) y los DOI y Codi, formando así la llamada comunidad de informaciones, responsable de la sangrienta represión desatada durante el régimen militar.
El problema inesperado radicó en que la comunidad se convirtió en un Estado paralelo. Así, durante el gobierno de Geisel, cuando Golbery se dio cuenta de que había llegado la hora de desmontar el aparato, el “monstruo” reaccionó. Pese a que la “amenaza” comunista se había extinguido, el servicio engendraba peligros inexistentes para mantenerse vivo y, lo que es más importante, exento de juicios sobre sus actividades, ante la posibilidad existente de la democratización del país. Pero ese miedo no era procedente. A José Sarney, el primer presidente civil, luego del final de la dictadura, le encantaba la eficiencia del SIN, y lo usó sin tapujos para monitorear a los movimientos huelguistas. “El órgano abocaba aún gran parte de sus recursos en la vigilancia de grupos capaces de cambiar el rumbo de la política nacional”, acota Priscila. Curiosamente, fue una vendetta personal lo que puso fin al servicio. Al en ese entonces gobernador Collor, se le impidió visitar a Sarney en el Palacio do Planalto [la sede del Gobierno nacional] por decisión del jefe del SNI, Ivan de Souza Mendes (pues éste estaba furioso, debido a las críticas que deslizara el “cazador de marajaes” ante el presidente), y por tal motivo prometió acabar con el órgano en caso de ganar las elecciones. Y cumplió con su promesa, tan es así que en 1990, el “monstruo” dejó de existir. O al menos así lo fue en apariencia. El nuevo Departamento de Inteligencia mantuvo buena parte de los cuadros del occiso, y siguió operando sin ningún control, pese a las promesas de Collor de crear una comisión de supervisión en el Congreso. Y, por si esto fuera poco, vigilaba a la oposición.
La Abin
El interregno de Itamar Franco sirvió tan solo para traer de vuelta a los militares al servicio, y dicho presidente supo usarlo para mantener bajo control a los sindicatos, a los movimientos religiosos y, en especial, al Partido de los Trabajadores. Las elecciones que llevaron a la presidencia a Fernando Henrique Cardoso imprimieron otro rumo al servicio, pues el nuevo presidente, pese a su deseo de fortalecer al órgano, intentó por primera vez dotarlo de mecanismos de supervisión externa. Con el nuevo nombre de Abin, el servicio de informaciones, bajo la jefatura del general Alberto Cardoso, prometía “obrar en estricto respeto a los derechos y garantías individuales, y en fidelidad a las instituciones, y a los principios éticos”. Pero el militar insistía, contando para ello con la anuencia del presidente, en que era necesario seguir vigilando a los “grupos nacionales, que pueden erigirse en una amenaza a la continuidad del Estado y a los intereses de la nación brasileña”. Pese a la creación del Ministerio de Defensa, la Abin prestaba servicios directamente ante el presidente, y con base en la política de defensa nacional por éste instituida, que se estipuló en término vagos, y reafirmando la capacidad de los militares para ejercer funciones ligadas a la política interna del país, de acuerdo Priscila, “y no causó ningún tipo de cambio significativo en la actuación del sistema de inteligencia”. “Los militares mantuvieron el poder para decidir de manera autónoma y asegurarse la prosecución de diversos intereses suyos”, evalúa la investigadora. Una vez más, el Legislativo calló.
Espía
El gobierno de Lula no alteró la estructura diseñada por Cardoso y llegó incluso a reanudar una antigua práctica del SNI: la legalización de los teléfonos pinchados, cosa que sigue operando internamente. Por cierto, el presidente tiene actualmente como guardaespaldas a una antigua agente del “monstruo”, que en 1993, diciéndose periodista, se infiltró en un encuentro cerrado del PT, realizado en la ciudad de Vitória (Espírito Santo) para espiar a Lula. “Recientemente, el gobierno realizó cambios en la dirección de la Abin, solamente después del ‘escándalo Waldomiro Diniz’, funcionario filmado pidiendo coima y cuya grabación pone en evidencia la participación de agentes de la Abin”, cree Priscila. Ese movimiento puede ser el resultado de la guerra fratricida que asolaba al órgano, donde se trenzaban la vieja guardia del SNI, en puja para mantener sus cargos, y los nuevos civiles, contratados por concurso público (a partir de 1996), que se resentían debido a la falta de oportunidades de ascensos y la segregación perpetrada por los “antiguos”. La disputa, según evalúa la periodista, alimentó los más variados filtrados de informaciones secretas a los medios, incluida la grabación de corrupción de Diniz. “Recién en ese momento el gobierno se dio cuenta del peligro de la opción de entregar la gestión de esos sectores a las propias corporaciones y de cómo él mismo podría transformarse en víctima de esa política de desidia”, dice Priscila. “Por increíble que parezca, pasado un año y medio desde que inició su mandato, el presidente no había designado a alguien de su confianza para la coordinación del área de inteligencia nacional. Incluso el nombramiento del general Félix parece estar subordinado a una política de ‘paz y amor’ con las áreas militares, y no pautada por criterios profesionales o políticos. En caso de que los responsables de la conducción del sistema de inteligencia sigan soslayando sus funciones, se podría desembocar en una crisis del sistema político, poco deseable para Brasil.”
