La idea partió del gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, al final de octubre: legalizar el aborto como forma de combatir la violencia en Río de Janeiro. “Tiene mucho que ver con la violencia. Si se toma el número de hijos por madre en Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier y Copacabana, es el patrón sueco. Ahora bien, tomémoslo en la favela Rocinha. Es el patrón de Zambia, de Gabón. Eso es una fábrica de producir marginales”, declaró en entrevista exclusiva al sitio G1. Para fundamentar su afirmación, Cabral Filho recurrió a los estadounidenses Steven Levitt y Stephen J. Dubner, autores del libro Freakonomics, en el cual defienden la tesis que vincula el aborto con la reducción de la criminalidad en EE.UU.
Si la interrupción de la vida en el útero acostumbra provocar debates enfurecidos en un país de mayoría católica como es Brasil, sugerir que la violencia está relacionada a la pobreza y puede ser combatida en el “origen” dio todavía más de que hablar. En la universidad, especialistas del área advierten para que se tenga cuidado al tomar ese tipo de posición. Máster por la Facultad de Educación y abogado, Edison Prado de Andrade evalúa que tratar dos graves problemas de la sociedad contemporánea de esa forma es una interpretación reduccionista de la realidad social y su efecto más nefasto es el impedir que se comprendan los verdaderos motivos por los cuales existen en las proporciones que se han observado.
Autor de la tesina “La Gestión pública municipal y el problema del acto infraccional”, Andrade afirma que “seguramente” ese abordaje representa una forma ideológica, en el sentido marxista del término, de explicar la realidad y proponer cambios sociales, pues es un medio de ocultación de lo real. Así como sucede con la reducción de la mayoría de edad penal que, para una parte significativa de la sociedad brasileña, sería una forma extremamente eficaz para reducir drásticamente los índices de criminalidad. El binomio criminalidad-aborto, prosigue, también está contaminado con contenido ideológico y desvía el foco para los análisis y cambios que se hacen necesarios.
Toda vez que la sociedad actual capitalista “es extremadamente compleja”, explica él, no existen respuestas fáciles para solucionar sus problemas. “Solamente si nos lanzamos de cabeza con voluntad contra las verdaderas causas de nuestros males y desarrollamos el coraje y la determinación para su enfrentamiento, seremos capaces de hacer que la criminalidad subsista solamente dentro de sus parámetros aceptables y normales.” En la opinión del investigador, entre los aspectos que deben tener relevancia en la discusión están el tráfico de estupefacientes y el desempleo. “Y muchos otros que son temas que sólo pueden ser analizados bajo una perspectiva real si comprendiéramos la crisis fundamental existente.”
Para Andrade, el problema del acto infraccional y de la criminalidad “que se da no solamente entre los más pobres, como generalmente se piensa o afirma, sino también entre los provenientes de las clases más privilegiadas de la población” no puede ser reducido a una fórmula jurídica pura que lo concibe solamente en términos de voluntad de practicar el acto contrario al derecho y a la ley, y que excluye enteramente los factores sociológicos y psicológicos vinculados al problema. “El prejuicio existe en la medida en que es fruto del desconocimiento, pero, a decir verdad, hay más que prejuicio.”
La criminalización de la pobreza, agrega, es un fenómeno tradicional y reaccionario de la sociedad brasileña. “Ésta vive comprometida con el mantenimiento de las estructuras sociales vigentes y que argumentan en favor de las políticas retributivas del tipo ley y orden fundadas en la represión de los crímenes y en la aplicación rigurosa de las leyes penales, y se hacen de la vista gorda para la casi que total ausencia de políticas redistributivas reales.”
El aborto y la criminalidad deben ser discutidos separadamente para la socióloga y doctora en salud pública Katia Cibelle Machado Pirotta, autora de una tesis de doctorado sobre el comportamiento reproductivo y de su universo simbólico entre jóvenes universitarios de la Universidad de São Paulo (USP). “La propuesta de legalización del aborto para disminuir la criminalidad no ayuda en el debate sobre esas cuestiones”, enfatiza. Desde el punto de vista histórico, la no criminalización del aborto, recuerda ella, es una demanda del movimiento feminista y de algunos sectores de la salud, que viene siendo defendida a través de una extensa agenda de movilización.
Uno de los pilares de esa movilización, afirma Katia, es el tratamiento del aborto provocado como una cuestión de salud pública. “La interrupción del embarazo no es un hecho nuevo, esa práctica siempre existió en las sociedades en diferentes tiempos históricos. Los estudios sobre la magnitud del aborto provocado estiman en más de 1 millón el número de abortos por año, en Brasil. No obstante, realizados clandestinamente, sin ningún tipo de responsabilidad sobre las condiciones de las clínicas o sobre daños a la salud de la mujer.” Así, las secuelas del aborto realizado en condiciones inadecuadas incluyen infecciones, infertilidad y hasta la muerte de millares de mujeres todos los años. “Son las más pobres las que más se sujetan a esa situación, pues cuentan con menos recursos para realizar un aborto en mejores condiciones.”
Discutir la legalización del aborto como forma de disminuir la criminalidad, destaca Katia, es lo mismo que tratar la esterilización de mujeres para disminuir la pobreza. Ese tipo de discurso, en su opinión, está siempre presente en lo imaginario social – la idea era que si las mujeres pobres tuviesen menos hijos la pobreza se reduciría. “Ahora, la tasa de fecundidad en la sociedad brasileña cayó fuertemente en las últimas décadas, siendo hoy de dos hijos por mujer. Estamos próximos del nivel de reposición de la población. Si la pobreza se redujo, es otra historia. Dependiendo de lo que se considera como pobreza, que al final es una construcción social y no puede ser definida por criterios fijos e inmutables.”
En vez de vincular aborto con criminalidad, Katia sugiere que sea puesto énfasis dada en la cuestión de los derechos reproductivos. Se trata, asevera, de un conjunto de derechos y principios que orientan el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la vida reproductiva, formulados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, efectuada en el Cairo, en 1994, y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres: Acción para la Igualdad, Desarrollo y Paz, en Pekín, en 1995. “Esas conferencias representan un importante avance para el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la reproducción y la sexualidad, considerándose el principio del Estado laico, la defensa de la ciudadanía y la profundización de las relaciones democráticas.”
Los derechos sexuales y reproductivos, destaca la investigadora, son una conquista de la humanidad y representan un marco ético en las cuestiones vinculadas al género, reproducción, aborto y planificación familiar, entre otros. “El reconocimiento de la autonomía de la persona para tomar decisiones sobre las cuestiones relativas a su vida reproductiva y sexual es el punto clave de las Plataformas del Cairo y de Pekín. Esas plataformas fueron reconocidas por la comunidad internacional y Brasil es uno de los países signatarios – que se comprometieron con incorporar esos principios en su agenda social y política, y en su ordenamiento jurídico.”
La cuestión de la criminalidad involucra variables importantes, muchas de las cuales están relacionadas como la ineficiencia de acciones estatales diversas, en la opinión de la socióloga y profesora Maria Inés Caetano Ferreira, que hizo doctorado sobre homicidios en la región del barrio de Santo Amaro, en São Paulo. “El discurso del gobernador carioca, desafortunadamente, contribuye a la diseminación del prejuicio contra poblaciones residentes en favelas y barrios de población empobrecida. Hecho que no procede, pues la mayoría de los habitantes de esas localidades no es delincuente”, evalúa.
Para Maria Inés, es difícil y peligroso establecer también una conexión directa entre desempleo y/o pobreza con a criminalidad. La pobreza tradicional, dice ella, bastante común en Brasil rural décadas atrás, por ejemplo, no remite a escenarios de violencia como actualmente se nota en metrópolis como la de Río de Janeiro y de São Paulo. “Hay variables que deben ser consideradas en ese tema. Sin embargo, no parece difícil concluir que el combate al tráfico de armas y drogas, por ejemplo, remite directamente al fenómeno de la violencia en los tiempos actuales.”
Violencia y criminalidad son temas muy próximos, pero no idénticos, según ella. En su tesis, buscó comprender los motivos de las elevadas tasas de homicidio en la región de la periferia de la Zona Sur de la capital paulista. Investigó las muertes entre familia, amigos y vecinos. En fin, los varios tipos de motivos que provocan el homicidio. Concluyó que el modo precario de inserción material y legal de esa población contribuye a las altas tasas de homicidio. “Eso es porque la inserción precaria resulta en un vivir inestable y vulnerable, contra lo cual la población tiene como alternativa la organización de redes de solidariedad ancladas en un orden incapaz de responder a los perjuicios de esa precariedad.”
La investigadora destaca que la interpretación sobre la violencia se relaciona con la posición de los grupos en la sociedad. Sin embargo, en el caso del gobernador carioca, él no representa solamente a un grupo sino a toda la sociedad del estado de Río de Janeiro. “Su posición es bastante conservadora, atribuyendo al uso de la fuerza como la estrategia más eficaz en el combate al crimen. Uso de la fuerza, claro, contra las poblaciones de determinadas regiones. Tal vez la defensa de esa posición agrade a una amplia población. El problema es si el uso de la fuerza implica abuso de poder y falta de respeto a la ley.”
Como sugerencia para reducir la criminalidad, Maria Inés prefiere indicar “lo mínimo”, que tal vez ya contribuiría bastante: el empleo eficaz de la fuerza policial, dentro de los límites de la ley, en el combate al tráfico y, sobre todo, establecer una relación positiva del Estado con la población. De ese modo, justifica la investigadora, se busca que espacios, como favelas, por ejemplo, no se tornen lugares donde grupos que usan la fuerza se conviertan “dueños”, imponiendo sus propias “leyes”, un orden jerárquico, desigual y violento para los habitantes en general. “Para ello, la oferta de servicios y equipamientos públicos es esencial.”
Autor de una tesis sobre mujeres encarceladas, el sociólogo Hélio Roberto Braunstein teme que la propuesta de legalización del aborto hecha por el gobernador carioca pueda desencadenar una política pública a los moldes de la eugenia, “en que la lógica subliminar estaría refugiada en el control de natalidad de las familias pobres, tal vez encaradas como amenazadoras, criminogénicas, según el pensamiento positivista, y actualmente en alta en Brasil y en el mundo, sea dicho de paso”. Por lo tanto, algo que podría ser adecuado como política de salud y respeto a los derechos de las mujeres en la verdad puede revelar y desencadenar una estrategia de dominación sobre las familias y las mujeres cariocas más pobres.
Braunstein observa que existe “claramente” una confusión en esa propuesta de debate, pues la cuestión de la legalización del aborto está o debería estar en discusión en el ámbito de las políticas públicas de salud y de los derechos de las mujeres, y no de la seguridad pública. En su investigación, observa él, no hay ningún dato específico en relación a la cuestión del aborto, sin embargo existe un dato cuantitativo relacionado a la cuestión que cree ser importantísimo en un análisis cualitativo y que indica el número de hijos de las 353 mujeres de la muestra (entonces, encarceladas). El estudio revela que 46,17% de las presidiarias oídas tiene solamente hasta dos hijos, y que 21,25% no tiene. Solamente 13,03% de las entrevistadas tenía cuatro o más hijos. Otros datos considerados por él importantes señalan que 61,48% de ellas ya habían ejercido alguna actividad profesional antes de ir para la prisión, y que 25,21% trabajaron precozmente antes de los 14 años.
La experiencia profesional por más de 15 años de actuación en instituciones penales para adultos y adolescentes y, principalmente, la investigación por él realizada indican a Braunstein que las mayores causas de la criminalidad en Brasil están relacionadas a las ausencias consistentes y permanentes de políticas públicas integradas en las esferas de la educación, de la salud, de la cultura, del deporte, de la justicia, de la economía, del trabajo, del bienestar social y de la seguridad pública. “Como en el caso del gobernador de Río, las propuestas son puntuales y emergenciales, fragmentadas e inconsistentes.”
El combate contra la delincuencia, explica, debe llevarse a cabo en dos niveles. Primeramente, paliativo y de emergencia: necesita contener políticas públicas consistentes y permanentes de represión al tráfico, al porte de armas y a la corrupción en las más diferentes esferas. Después, de patrullaje. Asimismo, es necesaria una política adecuada de sanciones con vistas a la reintegración social, y no meramente castigadora y reproductora de la violencia.
Otro aspecto importante que debe ser priorizado, destaca Braunstein, sería el tratamiento de dependientes químicos como parte de una política pública de salud más allá de acciones de empleabilidad para la población. Se debe también, en un segundo nivel, que él coloca como principal, buscar algo preventivo, de medio y largo plazo, que se hace con políticas públicas de Estado consistentes, permanentes e integradas. En ese discurso no cabe hablar de aborto.
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