Era la tercera y última expedición al Atolón das Rocas. Un equipo integrado por investigadores brasileños y estadounidenses identificara allí una cuna de tiburones limón, y esperaba concluir la recolección de material para el análisis del comportamiento reproductivo de esta especie en el Atlántico Sur. “Queríamos saber si la prole de hasta diez crías parida por la hembra era de varios machos o de uno solo”, recuerda el biólogo Ricardo de Souza Rosa, de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB).
El equipo, cuya expedición contaba con el patrocinio de la National Science Foundation (NSF), de Estados Unidos, se aprestaba a zarpar cuando el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) informó que el proyecto había sido cancelado: una Medida Provisoria (MP – Decreto por tiempo determinado), promulgada en mayo de 2000, impedía el acceso a cualquier información de origen genético sin autorización del Consejo de Gestión del Patrimonio Genético (CGEN), creado por la propia MP. “De nada sirvió argumentar que el proyecto, con duración de tres años, había sido aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), por el Ministerio de Defensa -ya que involucraba el uso de un barco extranjero-, e incluso por el propio Ibama.
Perdimos el financiamiento y el proyecto acabó”, se lamenta Rosa.La misma Medida Provisoria, que lleva el nº 2.186-16, e interrumpió así las investigaciones sobre el tiburón limón, paralizó también hace tres años las investigaciones que tienen como foco los activos de la biodiversidad en el país. Con la intención de proteger el patrimonio genético y el conocimiento tradicional sensible a acciones de biousurpación -y al mismo tiempo, cumplir con las determinaciones de la Convención sobre la Biodiversidad Biológica, de la cual Brasil es signatario-, la MP sometió bajo las mismas reglas y fiscalización tanto a la investigación científica como a la explotación comercial.
Asimismo, confirió a un único órgano -el CGEN, reglamentado por el decreto 3.945 de septiembre de 2001- la competencia para juzgar proyectos científicos, “sin por ello dotarlo de un cuerpo técnico, científico o de una estructura para analizar centenas de procesos”, como dice Carlos Alfredo Joly, coordinador del programa Biota/ FAPESP. Desde su instalación, el CGEN aprobó algo más de una decena de proyectos. De acuerdo con Joly, ninguno de éstos es de investigación. Las exigencias de la MP hicieron un verdadero estrago en las áreas del conocimiento que involucran la recolección de activos de la biodiversidad.
“Todos los trabajos de maestría y doctorado que requerían de un permiso de investigación no pudieron concretarse, lo que creó graves problemas para el cumplimiento de los plazos fijados por las diversas agencias de fomento”, comenta Miguel Trefaut Urbano Rodrigues, del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo (USP). También comprometieron el intercambio de material entre instituciones científicas nacionales e internacionales, ya que la Medida Provisoria prevé que la remesa de componentes del patrimonio genético siga las mismas reglas que la autorización para investigar.
La ciencia brasileña ha pagado caro por esto: el país no tiene, por ejemplo, taxonomistas especializados en varios grupos de organismos, y es una práctica habitual entre zoológos y botánicos el envío de material para su identificación por parte de especialistas de otros países. Y lo que es peor: la prohibición es de doble mano. “Las instituciones internacionales dejaron de prestar especímenes brasileños depositados en sus acervos, por temor a que el material fuese confiscado”, cuenta Joly. “Vivimos una especie de moratoria blanca”, completa Rodrigues.
Bajo sospecha
La comunidad científica, representada por la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), al cual el CGEN está vinculado, procura reparar el daño. Nadie cuestiona la necesidad de una legislación eficiente para proteger la biodiversidad brasileña, la mayor del planeta. “Pero en el caso de la MP, hay un equívoco de foco”, observa José Rubens Pirani, del Instituto de Biociencias de la USP. “La biopiratería no está en la universidad o en el ambiente de investigación. Los científicos tenemos dirección y existencia pública”, afirma. “La MP puso a la ciencia bajo sospecha”, completa Joly. De acuerdo con la moción de investigadores del programa Biota/ FAPESP, presentada al equipo de transición de gobierno al final del año pasado, “la investigación básica y fundamental no puede limitarse en razón de una aplicación potencial incierta e imprevisible, que solamente puede y debe ser regulada cuando se configure claramente”.
Una de las principales críticas a la Medida Provisoria reside en el hecho de la misma fue promulgada sin consulta o debate previo con la comunidad científica. “La MP sorprendió, puesto que desde 1995 tramitan en la Cámara y en el Senado al menos tres proyectos de ley reglamentando el acceso al patrimonio genético. Estos proyectos fueron atropellados”, evalúa Joly. Se cuestiona también la competencia del CGEN para definir reglas para la investigación científica, ya que las comunidades científicas, los ambientalistas y los indígenas no tienen representación en el consejo.
La primera medida de la ministra Marina Silva, en un intento por hallarle una solución a esa tensión con la comunidad científica, consistió en solicitar a la SBPC el nombramiento de dos representantes para integrar el CGEN en calidad de invitados. El área de Ciencias Biológicas estará representada por Carlos Alfredo Joly, con Fábio de Mello Senna, de la USP de Ribeirão Preto, como suplente. La SBPC aguardaba la respuesta a una invitación cursada a los dos representantes del área de las humanas, de acuerdo con Glacy Zancan, presidente de la SBPC. Los nuevos miembros del consejo tendrán voz, pero no voto. “El voto depende de una nueva legislación”, acota João Paulo Capobianco, secretario de Biodiversidad y Selvas del MMA.
Cámara temática
Para modificar la actual legislación existen dos caminos: o el gobierno presenta un Proyecto de Ley de conversión de la Medida Provisoria, o aprueba una nueva ley que altere las reglas del juego. Según Capobianco, el MMA optó por la segunda opción: presentará propuestas de enmiendas a la Ley de Acceso a los Recursos Genéticos – originalmente de autoríade la propia ministra-, ya aprobada en el Senado y que está lista para su debate en la Cámara. Para proponer y analizar las enmiendas, el Ministerio creó en el CGEN una cámara temática de legislación, compuesta por representantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y dos expertos en el tema nombrados por la SBPC. El proyecto modificado será presentado a la Cámara de Diputados, antes de retornar para una nueva votación en el Senado. “Se espera que la nueva ley sea votada este mismo año”, dice Capobianco.
La comunidad científica espera que la nueva ley diferencie la recolección de material genético para la investigación científica del uso comercial de la biodiversidad. Sugiere también que la autorización para el acceso a la biodiversidad sea otorgada por los organismos de fomento en los cuales se presentan los proyectos de investigación. “El CNPq, por ejemplo, dispondría otro formulario para completar, en caso de que la investigación involucre activos de la biodiversidad, y el pleito sería juzgado por sus asesores”, detalla Joly. Esta autorización no eximiría a los investigadores de cumplir con las exigencias y requisitos específicos de autorizaciones para la investigación y recolección en unidades de conservación.
En caso de que surjan perspectivas de aplicación tecnológica o comercial en el transcurso del proyecto, éstas serían comunicadas a la agencia de fomento y al CGEN. “Esta idea está siendo discutida”, dice Capobianco. “No podemos correr el riesgo de fomentar acciones inadecuadas. Ya hemos iniciado la discusión con el CNPq, vía Ibama, para definir los procedimientos y acelerar la aprobación de investigaciones científicas”, adelantó.
La saga de los investigadores del Cebrid
Elisaldo Carlini, director del Centro Brasileño de Informaciones sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), aguardaba una autorización del CGEN para dar continuidad al proyecto de investigación sobre la fitofarmacopea craô, que estaba desarrollando con el apoyo de la FAPESP desde 1999. “Vamos a esperar solamente hasta el 31 de abril”, avisaba Carlini. La bióloga Eliana Rodrigues ha identificado 164 especies vegetales utilizadas por los hechiceros (‘pajés’) con fines medicinales, 138 de las cuales pueden tener potencial para actuar sobre el sistema nervioso central, y la posibilidad de aprovechamiento para el desarrollo de nuevas drogas.
Los investigadores responsables del proyecto habían acabado de cumplir con la última exigencia del CGEN: enviaron al MMA una lista con todos los datos recabados en la investigación, incluso el nombre y el uso de las plantas. Esta tarea exigió que los investigadores rompieran un compromiso firmado con los indios craôs en el sentido de mantener en secreto el nombre científico de las plantas y su posible uso terapéutico. “En la última reunión con el Ministerio Público, ellos nos dijeron que debíamos cumplir la ley y entregar todo lo que se nos exigía”, afirmó Carlini. Si la autorización es nuevamente postergada, Carlini desistirá del proyecto. “Vamos a recabar informaciones sobre plantas del cerrado (sabana) y del Pantanal. Si es necesario haremos la investigación en Paraguay o en Bolivia.”
La autorización del CGEN puede ser el último escollo para esta investigación que se interrumpió durante dos años. Las divergencias de intereses entre dos asociaciones representantes de los craôs -Vyty-Cati y Kapey-, que acabaron por apartar de Craolandia a los investigadores, ya han sido superadas.
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