Un grupo de investigadores fue recibido en audiencia el día 13 de diciembre por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie. Liderado por el presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la ciencia (SBPC), Marco Antonio Raupp, y por la prorrectora de Investigación de la USP, Mayana Zatz, el grupo obtuvo la promesa de que la Acción Directa de Inconstitucionalidad promovida contra la ley brasileña de bioseguridad será juzgada inmediatamente después de las ferias judiciales. La ley, que permite las investigaciones con células madre derivadas de embriones congelados hace por lo menos tres años, fue promulgada en marzo de 2005 e inmediatamente después fue cuestionada en el Supremo por el entonces procurador general de la República, Claudio Fonteles. Los científicos defienden el uso de células madre embrionarias con el argumento de que esa modalidad de investigación es más prometedora que la con células madre extraídas de personas adultas y puede en el futuro ayudar en el tratamiento de enfermedades graves como el mal de Parkinson o distrofias musculares. La genetista Mayana Zatz conversó con el informante de la acción, el ministro Carlos Ayres Britto, que se comprometió a entregar su informe hasta febrero. “Hablamos de la importancia de las investigaciones y de votar la acción lo más rápido posible”, afirmó.
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