El anuncio del recorte en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC) para 2017, de un porcentaje aproximado del 40% con relación a 2016 –y de casi un 56% si se lo compara con 2014– causó revuelo en el seno de la comunidad científica brasileña. Algunos decretaron el fin de la investigación científica nacional, en tanto que otras voces minimizaron el recorte y muchos más soslayaron esta discusión.
La disminución de los recursos asignados a la ciencia y la tecnología (C&T) no puede interpretarse como una buena noticia, pero un debate constructivo de la coyuntura actual requiere un análisis amplio, que contemple la complejidad del sistema nacional de C&T. A nivel federal, los recursos asignados al sistema no provienen únicamente del MCTIC, sino también del Ministerio de Educación, del de Salud y del de Defensa, entre otros. En todos ellos se realizó algún grado de ajuste durante este año, aunque en menor proporción que el sufrido por el MCTIC, que ahora comparte el presupuesto con el sector de Comunicaciones, luego de la fusión de ambas carteras en 2016. Los estados también son componentes importantes de esa ecuación al contribuir con el 17% de la inversión nacional en investigación y desarrollo (I&D) a través de sus universidades e institutos de investigación y de sus fundaciones de apoyo a la investigación científica, entre las cuales despunta la FAPESP, responsable de un porcentaje superior a la suma del resto de las FAPs. Por último, el sector privado es responsable del 47% de la inversión en I&D que, según el MCTIC, en 2014 totalizó el 1,3% del PIB (Producto Interno Bruto).
El vasto reportaje de tapa de la presente edición, del editor de Política Científica y Tecnológica, Fabrício Marques, traza un retrato de la financiación del sistema nacional de C&T y abre un debate sobre los caminos posibles para una mejora de la inversión nacional en dicha área, en un contexto de recortes de recursos públicos. Eventuales soluciones implican una reformulación de las instancias de fomento, tales como los Fondos Sectoriales, por ejemplo, y un incremento significativo de la participación del sector privado, dificultada por la coyuntura de retracción de la economía y por factores estructurales tales como la escasa participación de los sectores de innovación intensiva en la composición del PIB. En este marco, la meta planteada por gobierno y empresas en 2016, que contempla una inversión del 2% del PIB en I&D para 2019, prevista en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, no podrá alcanzarse tan pronto.
En el debate sobre inversiones en C&T, un punto escasamente debatido es la mejora de la calidad de los gastos. Instrumentos y programas demandan un análisis sistemático, que implica un análisis de la producción científica nacional. El reportaje que trata sobre aquellos artículos científicos que tardan en ser descubiertos –citados– presenta un trabajo que hace una importante advertencia. Luego de analizar 660 mil artículos, se registró que, durante los tres primeros años, la probabilidad de que un paper considerado innovador esté incluido dentro del conjunto del 1% muy citado era menor que la de los demás. Los trabajos inicialmente muy citados registran una tendencia a la obsolescencia. Los que ofrecían un alto grado de novedad representaron el 60% de los trabajos más citados 15 años después de su publicación. La conclusión que se desprende de ello es que, pese a que la defensa de la inversión en investigación de carácter transformador se halle ampliamente difundida, los sistemas de evaluación privilegian los estudios incrementales. Al restringirse los indicadores de impacto más populares, que tienden a asignarle mucho peso a la repercusión inmediata de los artículos científicos, se corre el riesgo de infravalorar trabajos que podrían realizar contribuciones más sólidas al sistema de C&T. Un buen sistema de evaluación también debe reflejar la complejidad del sistema.
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