Guia Covid-19
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Covid-19

Emergentes sin aliento

La escasez de inversión pública y privada acentúa la dependencia de Brasil y Sudáfrica de los inmunizantes producidos en otros países, a contramano de los demás integrantes del grupo de los BRICS

Zé Vicente

La India aprobó en enero el uso de emergencia de la Covaxin, la vacuna contra el covid-19 producida por la empresa Bharat Biotech, en asociación con el Instituto Nacional de Virología y el Consejo Indio de Investigación Médica. El anuncio se produjo en un momento crucial: con poco más de 1.300 millones de habitantes, el país suma más de 10 millones de casos de la enfermedad y 155 mil muertes. Las autoridades indias también dieron luz verde al uso de emergencia de la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en colaboración con la empresa farmacéutica sueco-británica AstraZeneca. De este modo, la India se sumó a las naciones emergentes que han desarrollado sus propias vacunas contra el nuevo coronavirus, junto a China y Rusia. Las tres forman parte del bloque llamado BRICS, que también integran Brasil y Sudáfrica, países estos que aún no han avanzado en sus vacunas nacionales.

Se calcula que Bharat ha invertido 70 millones de dólares en el desarrollo de la Covaxin, pero el éxito indio va más allá de esto; también es el reflejo de una política de inversiones en ciencia, tecnología e innovación (CT&I) que ha puesto en marcha durante las últimas dos décadas. El país triplicó sus inversiones en investigación y desarrollo (I&D) en ese período, transformándose en una de las 10 naciones que más invierten en este sector. En 2008 fueron poco más de 5.500 millones de dólares; y en 2018 la cifra ascendió a casi 16 mil millones de dólares, de los cuales un 36,8 % fue financiado por el sector privado. El resultado fue un aumento de la cantidad de investigadores por millón de habitantes, de las publicaciones científicas en periódicos indexados en las bases de datos Scopus y Web of Science y de las solicitudes de patentes en la Oficina de Patentes de Estados Unidos (Uspto).

En febrero de este año el gobierno indio dio otro paso adelante. En medio de la crisis, se comprometió a financiar cuatro nuevos institutos de virología y otros nueve laboratorios para el estudio de patógenos infecciosos, que se suman a la creación de un organismo nacional para coordinar las investigaciones centradas en el monitoreo de las enfermedades infecciosas. A estas disposiciones se añaden un aumento del 27 % en el presupuesto del Departamento de Investigaciones de la Salud, que en 2021 dispondrá de 365 millones de dólares, y una asignación de 7 mil millones de dólares para la National Research Foundation, la principal agencia de fomento de la investigación científica de la India, que se hará efectiva en el transcurso de los próximos cinco años. “La pandemia ha demostrado la importancia de invertir regularmente en I&D y de esforzarnos para ser autosuficientes”, dijo el vicepresidente indio, M. Venkaiah Naidu, en declaraciones al periódico The Indian Express.

Asimismo, China es otro país que desde hace décadas viene financiando la ciencia de manera consistente, particularmente en el área de la biotecnología. Construyó laboratorios de máxima seguridad, actualizó los equipos y máquinas que utilizan los investigadores y generó mecanismos para repatriar a los científicos que trabajaban en el exterior. Desde 2013, el gobierno también se ha venido empeñando en hacer de la Academia China de Ciencias (CAS) una institución de vanguardia a nivel internacional, además de invertir en su plan industrial “Made in China 2025”, cuya meta consiste en transformar al país en líder mundial en una serie de industrias de alta tecnología.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), China destinó 280 mil millones de dólares a I&D en 2017, el equivalente al 2,12 % de su Producto Interno Bruto (PIB). En 2019, los gastos del país en CT&I, que incluyen I&D y otras actividades científicas y técnicas relacionadas, se incrementaron un 12,5 % en comparación con el año anterior, hasta llegar a un monto de 322 mil millones de dólares, que representa el 2,23 % de su PIB, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. La contribución a la investigación básica representó el 6 % del total invertido, correspondiéndole un 11,3 % a la investigación aplicada y el 82,7 % restante al desarrollo. No es casual que el país sea el segundo a nivel mundial en cuanto a las solicitudes de patentes internacionales: 53.981 en 2018, quedando tan solo detrás de Estados Unidos, que registró 55.981 pedidos.

Este esfuerzo ha rendido sus frutos durante la pandemia. El país cuenta con 13 vacunas en fase de ensayos clínicos en seres humanos, muchas de ellas fruto de asociaciones entre el sector público y empresas privadas. Cinco de ellas se encuentran en esta fase o ya concluyeron los ensayos clínicos de la fase III, la última etapa antes de remitir el pedido de autorización de su uso a la autoridad regulatoria nacional. Dos de ellas han sido desarrolladas por la empresa estatal Sinopharm. Una tercera, por la compañía farmacéutica CanSino, cuya sede se encuentra en la ciudad de Tianjin, en colaboración con el ejército chino. La cuarta fue desarrollada por la empresa Sinovac Biotech, con sede en Pekín, cuya vacuna CoronaVac fue aprobada a comienzos de este año en Brasil, mientras que la quinta surgió de una colaboración entre la empresa Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy y el Instituto de Microbiología de la CAS.

Aunque su inversión en CT&I se encuentra estancada desde hace décadas en el 1 % del PIB, Rusia también ha conseguido su vacuna contra el nuevo coronavirus. En febrero, los científicos del Instituto Gamaleya anunciaron en la revista The Lancet que la Sputnik V mostraba una eficacia global del 91,6 % contra el covid-19, si bien los datos públicos sobre la vacuna aún son escasos. La Sputnik V fue financiada por el Fondo Ruso de Inversión Directa y desarrollada en el Gamaleya, en Moscú.

Pese a su alta eficacia, pocos se animan a afirmar que el inmunizante represente una especie de renacimiento de la ciencia rusa. Empero, lo cierto es que la vacuna forma parte de un plan nacional para reestructurar y mejorar la CT&I en ese país. En 2014, el gobierno creó la Fundación Rusa de Apoyo a la Investigación Científica, cuyo presupuesto fue de 294 millones de dólares en 2020, y recientemente anunció una estrategia nacional que se extenderá hasta 2024, en cuyo marco tiene previsto inyectar más dinero en el área de la CT&I, ayuda adicional para los científicos que inician su carrera y la construcción de alrededor de 900 laboratorios nuevos, incluyendo 15 centros de investigación de categoría internacional.

La situación es muy distinta en Brasil, donde todas las candidatas a vacunas aún se encuentran en la fase de estudios preclínicos (lea el informe en la pág. 24). “El gobierno brasileño parece haberse dado cuenta de los riesgos que reviste depender de las vacunas extranjeras, y en los últimos meses ha comenzado a prestarles más atención a los proyectos de inmunizantes brasileños”, comenta el biólogo Luís Carlos de Souza Ferreira, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo (ICB-USP). Sin embargo, el investigador opina que Brasil debería haberse esforzado por obtener una vacuna desde el comienzo de la pandemia. “Difícilmente podremos tener alguna candidata en fase de ensayos en humanos este mismo año. Lo más probable es que eso suceda a partir de 2022, si es que el gobierno consigue los recursos y las posibles vacunas se muestran prometedoras”.

El país afronta desde hace años una inestabilidad en la financiación de su estructura de CT&I. Desde 2013, la inversión nacional en I&D viene disminuyendo en cuanto a las cifras absolutas. En 2017 llegó a ser de 41.200 millones de reales (equivalentes a 7.800 millones de dólares), el nivel más bajo desde 2012, según informa el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). En 2020, el presupuesto del propio MCTI fue el menor en más de una década, cuando descontando los sueldos y los gastos obligatorios quedaron 3.700 millones de reales para inversiones, un 30 % menos que en 2019. Para 2021, el Proyecto de Ley Presupuestaria Anual (PLOA, por sus siglas en portugués), que se está debatiendo en el Congreso nacional, prevé para el MCTI inversiones por 2.800 millones de reales, un 34 % menos que en 2020.

Zé Vicente

Las dificultades financieras constituyen tan solo una parte de los obstáculos que afronta Brasil en ese ámbito. También tropieza con la falta de articulación entre el mundo académico y la industria, así como de incentivos a la innovación. Las multinacionales que fabrican vacunas no están interesadas en instalarse en el país y las pocas empresas privadas de su tipo que hay aquí no se sienten obligadas a innovar en el área. “Brasil no ha conseguido instaurar una industria competente interesada en invertir en candidatas a vacunas nacionales”, dice el farmacólogo João Batista Calixto, jubilado docente de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

Incluso el desarrollo y la producción de medicamentos se topan en Brasil con la escasez de empresas farmacoquímicas, esenciales para la producción de Insumos Farmacéuticos Activos (IFA). El físico Ronaldo Mota, exsecretario nacional de CT&I, explica que en los años 1980 el país llegó a producir localmente el 55 % de su demanda para la fabricación de medicamentos. Hoy en día, esa cifra es de un 5 %. Esta contracción coincide con la apertura de la economía brasileña en el decenio de 1990. “La reducción de los aranceles aduaneros abarató en Brasil el precio de los productos importados, haciendo inviable el negocio para las empresas nacionales, que no pudieron competir y quebraron”, dice. Este tipo de política, explica llevó al país a depender cada vez más de los insumos extranjeros. La industria farmacéutica también se vio perjudicada, pero logró resurgir a partir de la ley de los genéricos. De todos modos, sus gastos en I&D (el 2,6 % de su facturación) siguen siendo menores al promedio internacional, situado entre el 10 % y el 15 %. “Las empresas del sector no invierten más porque están en una zona de confort interesante, en la cual tienen buena rentabilidad y enfrentan escasa competencia interna”, dice Calixto.

En Sudáfrica, la realidad que se vive es aún más delicada. El país ni siquiera dispone de una infraestructura apropiada para la fabricación a gran escala de los inmunizantes adquiridos en el exterior, como hacen otros países de ingresos medios. El Instituto Biovac, una asociación público-privada entre el gobierno local y un consorcio de empresas de la salud sudafricanas, recién ahora está empezando a invertir en fábricas de vacunas, al tiempo que Aspen Pharmaceuticals, una firma que elabora medicamentos genéricos y suplementos nutricionales, se ha lanzado a adaptar de prisa sus instalaciones para producir la vacuna de Johnson & Johnson a partir de abril de 2021.

Al igual que Brasil, Sudáfrica está lidiando con recortes presupuestarios producto de la contracción de la economía. En junio de 2020, el gobierno anunció una poda del 20 % en los gastos de todos los organismos y dependencias federales en el presupuesto 2020/2021. Al mes siguiente, el ministro de Educación Superior, Ciencia e Innovación, Blade Nzimande, logró reducir el recorte al 8 % (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 294).

En ambos países, las dificultades para obtener un inmunizante surgen en las primeras etapas de desarrollo. Todo marcha bien en las fases de pruebas in vitro en el ámbito universitario, las menos costosas de todo el proceso. Las barreras aparecen cuando los estudios avanzan a la fase de test con animales. Esta etapa tiene lugar en laboratorios con personal especializado en manejo y experimentos con animales, en instalaciones que deben cumplir con un alto grado de exigencias, particularmente en cuanto a los estándares de bioseguridad y bioética. También requiere la producción de lotes del agente inmunizante a escala piloto. El objetivo es evaluar cómo metaboliza el compuesto el organismo animal y si es seguro y eficaz para aplicarlo en humanos. “Hay pocas instituciones con este tipo de infraestructura en Brasil”, remarca la experta en vacunología Luciana Cezar de Cerqueira Leite, del Instituto Butantan. “A menudo recurrimos a centros extranjeros, que producen las dosis y las prueban en animales, pero a un alto costo”.

La escasez de centros privados en el país se debe a la baja demanda de test preclínicos en animales. “Es costoso abrir y mantener este tipo de laboratorios. La demanda local de esos servicios es baja, lo que la convierte en una inversión muy riesgosa”, comenta Cezar de Cerqueira Leite. El Centro de Innovación y Ensayos Preclínicos (CIEnP), coordinado por João Calixto en Santa Catarina, es el único centro privado de este tipo en el país, pero no posee el nivel de bioseguridad requerido para los ensayos con virus o vacunas vivas.

La historia del CIEnP ilustra perfectamente uno de los principales problemas de Brasil en lo que respecta al desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas: la falta de previsibilidad de los recursos gubernamentales para los proyectos estratégicos. El centro nació para atender a una demanda específica a finales de la década de 2000. “El gobierno invirtió mucho dinero en la industria farmacéutica a través del BNDES [el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social] y de la Finep [la Financiadora de Estudios y Proyectos], generando una gran demanda de test preclínicos en animales”, recuerda Calixto. Él relata que a raíz de ello lo invitaron a crear un centro que hiciera esas pruebas en el país, con el apoyo del Ministerio de Salud y del MCTI. “El mayor reto consistió en hallar mano de obra calificada para trabajar en las instalaciones cumpliendo con las reglas de buenas prácticas de laboratorio”, dice. “Hubo que contratar asesores internacionales y enviar a los profesionales locales a realizar pasantías de perfeccionamiento en el exterior”.

El CIEnP se inauguró en 2014. Sin embargo, las crisis económicas y los cambios de gobierno acarrearon cambios en las políticas. Los recursos comenzaron a escasear y la demanda de estas pruebas disminuyó drásticamente. “En la actualidad, el centro está prácticamente inactivo”, dice. “Hace falta una política de Estado a largo plazo que incentive el montaje de toda la cadena de desarrollo de fármacos y vacunas, no solo una parte”.

Brasil también posee una experiencia limitada en ensayos clínicos de fase I y II en grupos pequeños de seres humanos. Estos test demandan un alto grado de inversión y suelen ser coordinados por las grandes empresas farmacéuticas con sede en aquellos países que han desarrollado la tecnología. “Es una cuestión estratégica”, explica Ferreira. “Son esas pruebas las que determinarán la cantidad de dosis y los parámetros de seguridad relacionados con la eficacia del inmunizante. Ninguna empresa compartirá esos datos sin testearlos previamente y patentarlos, algo que los brasileños también hacen poco”.

Para Alexander Precioso, director del Centro de Control Farmacológico, Seguridad Clínica y Gestión de Riesgos del Instituto Butantan, de todos modos, sigue siendo importante que los brasileños se involucren en el estudio de vacunas nacionales, a los efectos de dominar su desarrollo y adaptarlo, de ser necesario, a otras variantes del Sars-CoV-2. “Es fundamental que los científicos que dirigen los estudios de las candidatas a vacuna nacionales revean sus estrategias a medida que se publican nuevos datos sobre nuevas variantes”, subraya.

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