NEGREIROSLa ciencia y los científicos deben revisar el principio de la neutralidad, considerado hasta hoy elemental para la producción de conocimiento, y comprometerse de una vez por todas con las demandas más acuciantes de la sociedad. Esta nueva postura exige que los científicos asuman a tarea de proveer el saber necesario para la resolución de los problemas considerados prioritarios, como por ejemplo la preservación del medio ambiente para el desarrollo sostenible, los organismos genéticamente modificados o el uso de células madre en actividades de investigación. El momento, como dice Jane Lubchenco, la nueva presidente del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), exige que se negocie “un nuevo contrato con la sociedad”.
Y el primer paso es el diálogo, sugiere Carthage Smith, director ejecutivo del ICSU. “La sociedad debe entender los límites y los riesgos implicados en el proceso científico si queremos el progreso. El desarrollo y el avance de la ciencia depende de tal comprensión”, explica. Y añade: “Las personas que toman decisiones en el área política también deben informarse, so pena de bloquear el avance de la ciencia”.
La nueva agenda para la ciencia de este comienzo de siglo fue el tema central de la 27ª Asamblea General de la entidad, que reunió a representantes de diversos países en Río de Janeiro entre los días 24 y 28 de septiembre pasado. En dicho encuentro se aprobó la propuesta de elaboración de una agenda internacional focalizada en un modelo de desarrollo que no ponga en peligro los recursos naturales del planeta. El ICSU decidió asumir el compromiso de levar adelante este proyecto, frente a los resultados frustrantes del Encuentro Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizado en Johannesburgo, Sudáfrica, entre los días 26 de agosto y 4 de septiembre del corriente año.
“Nuestra máxima prioridad es lograr un abordaje integrado para tratar los aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible”, dice Jane Lubchenco. “Tras lo que para muchos fue una decepción, con relación a los resultados políticos de la Río+10, es realmente estimulante para la comunidad científica internacional arribar a un consenso acerca de la necesidad de arremangarnos y crear un plan para construir una ciencia abocada a la sostenibilidad”, completa.
El ICSU, creado en 1931, es una organización no gubernamental que representa a las academias nacionales de ciencia y a las uniones científicas internacionales. La entidad, que cuenta con un total de 128 miembros, actúa como un plenario para el intercambio de ideas y datos científicos, plantea el desarrollo de normas y redes de colaboración internacionales para la investigación y establece comités y políticas para evaluar los problemas de interés de los científicos. Con la decisión de la 27ª Asamblea sobre el desarrollo sostenible, el ICSU ha ampliado su radio de actuación, ya que asumirá también la tarea de delinear y coordinar programas interdisciplinarios de investigación en las áreas de cambios globales del medio ambiente. Para enfrentar ese nuevo reto, el ICSU creará oficinas regionales en Asia, África, América Latina, el Caribe y Medio Oriente, para intensificar su colaboración regional.
“Esos despachos regionales le posibilitarán al ICSU recabar informaciones sobre cuáles son las necesidades prioritarias de dichas regiones, y también permitirán acercar el conocimiento tradicional al conocimiento científico para enfrentar los problemas locales”, dice Goverdhan Mehta, presidente electo del ICSU y director del Instituto de Ciencias de la India en Bangalore. Estas oficinas también actuarán como centrales de información para transferir a la comunidad científica global conocimientos obtenidos a nivel nacional.
Ciencia y libertad
El ICSU también decidió examinar los problemas que amenazan el principio universal de la libertad al llevar adelante la investigación. La agenda internacional de la ciencia, de acuerdo con la evaluación de la entidad, requiere cada vez más de colaboraciones que integren los diversos campos del conocimiento y que involucren la participación de varios países. Para ello defiende tres principios básicos: libertad para la práctica científica y para la publicación de resultados; libertad de comunicación entre los pares y de divulgación de informaciones científicas y libertad de movimiento de materiales relativos a investigaciones científicas. No obstante, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, Estados Unidos adoptó medidas de seguridad que han ocasionado dificultades a los investigadores de algunos países para la obtención de sus visados para participar en conferencias científicas.
En septiembre último, el entonces presidente del ICSU, Hiroyuki Yoshikawa envió una carta al secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, manifestándole su preocupación con relación a ese problema y, al mismo tiempo, en procura de iniciar un diálogo para un futuro acuerdo “mutuamente satisfactorio para las partes involucradas”, de acuerdo con el texto del documento distribuido por la entidad. Cualquier restricción a los principios defendidos por el ICSU podrán causar “un impacto negativo sobre los valores da ciencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”, según expresa el documento.
Boicot académico
En abril pasado, el ICSU ya había divulgado una declaración conjunta contra “un boicot académico a los científicos israelíes” y contra la separación de dos intelectuales también israelíes de sus funciones en los consejos editoriales de dos revistas publicadas en el Reino Unido. Estas medidas violan los principios defendidos por la entidad. “Entendemos las fuertes reacciones generadas por los conflictos -como por ejemplo, el de Medio Oriente-, así como el deseo de los individuos y grupos de boicotear o demostrar contrariedad o disgusto por las acciones de gobiernos nacionales y otros sectores. Con todo, hacer eso mediante acciones contra intelectuales aislados es sacrificar un principio de libertad de profunda importancia”, afirma el documento suscrito por el Consejo Científico del ICSU -del cual forma parte José Galizia Tundisi, ex vicepresidente de Planeamiento Científico de la entidad – y por los miembros del Comité Permanente para la Libertad en el Manejo de la Ciencia (SCFCS).
“Queremos analizar estas cuestiones por medio de distintas perspectivas y encontrar soluciones que nos permitan trabajar conjuntamente con los gobiernos y los representantes políticos para asegurar que el derecho universal de los científicos se mantenga intacto”, explica Peter Warren, presidente del SCFCS.
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