El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó a principios de agosto un proyecto de ley que destinará cientos de miles de millones de dólares a la investigación, desarrollo y producción local de semiconductores, esenciales para el procesamiento y el almacenado de datos en los diversos componentes electrónicos utilizados en teléfonos móviles, televisores, automóviles y dispositivos de internet de las cosas. El objetivo es revitalizar la industria local y moderar la dependencia de ese país norteamericano de las cadenas de suministro externas.
La Chips & Science Act circuló en el Congreso durante más de un año, hasta que finalmente obtuvo el respaldo mayoritario de demócratas y republicanos. El texto del proyecto prevé inversiones por más de 200.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Un total de 54.200 millones se destinarán a la construcción, expansión y modernización de los parques industriales dedicados a la producción de algunos de los chips más avanzados del mundo, de los cuales 39.000 millones serán para aquellas empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo y producción de semiconductores, o en los materiales y dispositivos empleados para la fabricación de estos componentes.
El Departamento de Comercio tendrá a su cargo la selección de las empresas que recibirán el dinero y el monitoreo de sus inversiones. Para aspirar a obtener los recursos, las compañías deberán demostrar la factibilidad económica a largo plazo de sus propuestas y los beneficios que las mismas aportarán a las regiones donde se implementen, ya sea en inversiones en infraestructura y mejora de la mano de obra o la capacidad de atraer nuevos proveedores y clientes. El reto en este caso será garantizar que los fondos potencien las inversiones que los fabricantes ya tenían previstas, en lugar de sustituirlas.
La nueva ley también concederá créditos fiscales a las empresas que inviertan en equipos de producción de semiconductores o en la construcción de nuevas instalaciones. Conglomerados como Intel, por ejemplo, que está construyendo dos fábricas en Arizona y otras dos en Ohio, serán los mayores beneficiados. Los adjudicatarios no podrán realizar nuevas inversiones en la producción de semiconductores de alta tecnología en países competidores por los próximos 10 años. Si incumplieran esta norma, deberán devolver los fondos.
“Se trata de una apuesta audaz, que refuerza las iniciativas anteriores tendientes a estimular la producción doméstica de semiconductores críticos para la competitividad y la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribió el economista e ingeniero Carlos Américo Pacheco, director presidente del Consejo Técnico-Administrativo de la FAPESP en un artículo publicado en agosto en el periódico Valor Econômico. “Esta disposición muestra que las políticas industriales activas –algunas con un perfil antiguo– volverán a estar a la orden del día”. La pandemia ha dejado expuesta la vulnerabilidad de las cadenas de suministros de estos componentes y la guerra de Ucrania reforzó este contexto. “Pero la principal motivación es la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos”.
Desde la década de 1990, Estados Unidos ha ido perdiendo preponderancia en la producción de semiconductores, mientras que países tales como China, Corea del Sur, Japón y Taiwán han incrementado su capacidad merced a la instalación de fábricas propias e incentivos fiscales para las empresas extranjeras que quieran radicarse allí. Hoy en día, casi el 70 % de la producción mundial de circuitos integrados se concentra en esos cuatro países.
La estrategia ha llevado a muchas empresas estadounidenses a invertir en lo que se ha llamado fabless, centradas únicamente en el diseño de los chips. “En lugar de dominar todo el proceso de producción, las fabless se concentran en el esquema eléctrico y en el diseño de los circuitos impresos en los chips, subcontratando empresas asiáticas para las otras etapas, como la manufactura del wafer [el disco de silicio ultradelgado que da origen al semiconductor] y el montaje final del producto”, explica el químico Elson Longo, profesor emérito de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) y director del Centro para el Desarrollo de Materiales Funcionales, uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) financiados por la FAPESP.
Datos de la Asociación de Fabricantes de Semiconductores de Estados Unidos (SIA) indican que la participación del país en la producción de chips ha caído del 37 % al 12 % en las últimas tres décadas. Mientras tanto, entre 2019 y 2021, la demanda de semiconductores ha aumentado un 17 %. Los obstáculos impuestos por la pandemia generaron escasez y han llevado a un aumento desproporcionado de los precios de los circuitos integrados, provocando que las empresas estadounidenses que dependían de estos componentes para fabricar sus productos ralentizaran o suspendieran su producción, afectando el crecimiento del país y acentuando la inflación.
La industria automotriz ha sido una de las más afectadas. En febrero de 2021, General Motors tuvo que cerrar una de sus plantas en Kansas. Por su parte, Mercedes Benz comenzó a acopiar chips para sus modelos más caros e interrumpió la producción de los más baratos. Porsche avisó a sus revendedores en Estados Unidos que los clientes tendrían que esperar hasta tres meses para adquirir sus vehículos debido a la falta de chips para controlar la presión de los neumáticos. Se calcula que el precio de los autos de segunda mano ha subido un 37 % en 2021, mientras que la inflación en Estados Unidos alcanzó los mayores niveles de los últimos 40 años. Las ensambladoras europeas y brasileñas también lo han padecido. La escasez de semiconductores en Brasil provocó que 14 de las 59 plantas de montaje instaladas en el país redujeran su ritmo de producción, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfavea).
La Chips & Science Act ha provocado reacciones. En una conferencia de prensa realizada en Pekín en el mes de agosto, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, criticó la nueva ley, tildándola de “proteccionista” y poniéndola como ejemplo de “extorsión económica”, según cita el periódico China Daily. El mismo día, representantes del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional y de la Cámara de Comercio Internacional de China emitieron un comunicado conjunto, que fue publicado en el periódico Global Times, donde añadieron que la nueva legislación “intensificará la competencia geopolítica en la industria de los semiconductores e impedirá la recuperación económica global y el crecimiento de la innovación tecnológica”. Según el periódico The Oregonian, de Portland (EE. UU.), hubo políticos estadounidenses, como el senador demócrata Bernie Sanders, que también se han opuesto a la ley, diciendo que el gobierno no debería destinar fondos públicos para subvencionar a empresas que ya son extremadamente rentables.
Es difícil saber cuál será el impacto de la nueva ley y si conseguirá crear una base de manufactura competitiva, ya que las empresas estadounidenses no han dejado de invertir en el segmento por falta de recursos, sino porque es más barato trasladar la producción a los países asiáticos. Más allá de esto, la nueva legislación tiene un componente estratégico a largo plazo que involucra a la totalidad del ecosistema de producción que depende de los semiconductores. Esto se debe a que el gobierno de Estados Unidos también ampliará las inversiones en investigación y desarrollo (I&D) a través de sus agencias de fomento de la ciencia, como la National Science Foundation (NSF), con miras a acelerar el desarrollo de tecnologías en inteligencia artificial, computación cuántica, manufactura avanzada, comunicaciones 6G, energía, ciencia de materiales, entre otras. Parte de los fondos se destinarán a la formación de recursos humanos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), como una manera de mejorar la mano de obra del país para que esta pueda contribuir a la fabricación de nuevos chips en el futuro.
Estados Unidos no es el único país que se ha movilizado en este sentido. Varios países han lanzado paquetes de incentivos para abrir más fábricas de semiconductores. En febrero, la Comisión Europea declaró que inyectaría 43.000 millones de euros en su industria. En agosto, Corea del Sur anunció la presentación en los próximos meses de dos proyectos de ley para fortalecer aún más la competitividad del país en la industria de los chips.
Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty ImagesEl presidente estadounidense, Joe Biden, durante la ceremonia en la que sancionó la nueva legislación, en los jardines de la Casa Blanca, en WashingtonDemetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images
Brasil no es ajeno a esta discusión. Desde 2007 cuenta con el Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de los Semiconductores (Padis), que redujo a cero el arancel de importación con el objetivo de disminuir los costos para la adquisición de insumos, máquinas y equipos utilizados en la producción de circuitos integrados. El programa de incentivo fiscal iba a concluir a principios de este año, pero con la sanción de la Ley nº 14.302, se prorrogó por otros cinco años. En la práctica, sin embargo, los efectos de esta medida son limitados, puesto que, con la escasez mundial, el país no tiene a quién comprarle los insumos necesarios para la producción, como en el caso de los wafers, aunque pague menos impuestos.
“Ahora aguardamos la publicación del Decreto Provisional que implementará el Plan Brasil de Semiconductores, que contempla medidas a mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria nacional en este sector”, dice la ingeniera electrónica Rosana Casais, directora institucional de la Asociación Brasileña de la Industria de los Semiconductores (Abisemi). El tema se encuentra en debate desde 2021 en el marco de la iniciativa Made in Brasil, coordinada por el Ministerio de Economía. El plan apunta a aumentar la participación del país en el mercado mundial de los semiconductores –estimado en unos 470.000 millones de dólares– del 2 % al 4 % en las próximas dos décadas mediante exenciones fiscales para la cadena productiva, fomento de la I&D, estímulo a la demanda interna, un régimen aduanero especial y capacitación de recursos humanos.
Actualmente la industria brasileña está enfocada básicamente en las etapas finales de la producción de semiconductores, es decir, en el acabado, corte, encapsulado y prueba de estos componentes a partir de la manipulación del wafer u oblea, que se importa principalmente de Corea del Sur y Taiwán. Para Longo, de la UFSCar, “sería importante que Brasil dominara los otros eslabones del ecosistema de producción para ganar volumen tecnológico y disminuir su dependencia del exterior”.
El país ha llegado a invertir en empresas para cubrir esta laguna. En 2008 creó el Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada (Ceitec), una iniciativa pública con sede en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul. Con una capacidad productiva de unos 20 millones de chips por mes, el Ceitec disponía hasta 2018 de un catálogo con siete circuitos integrados de baja complejidad, utilizados para la identificación de animales, personas y vehículos, gestión de inventarios, control de activos, entre otras prestaciones (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 266).
Sin embargo, en 2020, el gobierno decidió liquidar la empresa y venderle los activos al sector privado. Según el Ministerio de Economía, en su mejor año, la empresa generó ingresos por 7,8 millones de reales, pero mantuvo un gasto operativo anual promedio de 80 millones de reales desde su creación. La diferencia la cubría el Tesoro Nacional. La organización social seleccionada para hacerse cargo de la empresa estatal fue la Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), pero el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) suspendió la adjudicación. Se esperaba que el proceso volviera a ser examinado por el TCU en agosto de este año, pero el tribunal aplazó la votación. La solicitud de revisión del juez Vital do Rêgo establece un plazo de 30 días para volver a incluir el tema en la orden del día.
Según Rosana Casais, de Abisemi, la creación de una “capacidad mínima viable” de producción de wafers sería importante para Brasil desde el punto de vista científico, económico y geopolítico. “El país ocupa un puesto destacado en la región, teniendo en cuenta la envergadura de sus políticas sectoriales y las tecnologías y capacidades ya desarrolladas, a lo que se suma un mercado de consumo relevante y creciente”, dice. “Los otros países latinoamericanos, por ejemplo, no cuentan con una industria desarrollada y ni tan siquiera una producción local, lo que supone una gran oportunidad para el país”.
Con todo, esta no será una tarea sencilla. La fabricación de chips modernos abarca más de mil etapas y exige disponer de la propiedad intelectual, herramientas e insumos procedentes de proveedores de todo el mundo. “Harán falta años de inversión para que Brasil pueda revertir su dependencia del exterior y, aun así, no será autosuficiente en la producción de circuitos integrados, dada la compleja cadena de valor que involucra su producción”, dice Casais.
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