Walmir Monteiro/ SambaphotoUn cartonero en la calles de Belo HorizonteWalmir Monteiro/ Sambaphoto
En enero de 2008, Brasil registró un índice de desocupación del 8%. El panorama no era tan dramático como en enero de 2003, cuando el desempleo había superado el 11%, pero un inmenso contingente de trabajadores todavía buscaba alternativas de ingresos en el mercado informal de trabajo. Fue precisamente entonces cuando un grupo de investigadores encabezados por Márcia de Paula Leite, del Programa de Posgrado en Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Campinas (Unicamp), empezó a realizar un estudio cuyo objetivo consistió en identificar y comprender las distintas modalidades de inserción productiva constituidas en tiempos de crisis, en particular el cooperativismo, que ya contaba con el estímulo de la política oficial a la sazón.
En el transcurso de los cinco años siguientes, el escenario ha cambiado, y el índice de desempleo ha caído a un nivel cercano al 5%, lo que les ha permitido a los investigadores prácticamente presenciar el reordenamiento de ese mercado. “El trabajo precario todavía existe, pero el cooperativismo y el asociativismo han adquirido contornos diferentes, que desafían al ideario de algunas corrientes de pensamiento ligadas a la economía solidaria”, afirma Paula Leite, coordinadora del proyecto temático intitulado La crisis del trabajo y las experiencias de generación de empleo y renta: las distintas facetas del trabajo asociado y la cuestión de género, que cuenta con el apoyo de la FAPESP.
El concepto de economía solidaria tiene su origen en la crisis económica y del empleo de los años 1960, y se refiere a formas de organización del trabajo distintas de los estándares del mercado, entre las cuales se encuentra el asociativismo. Adquirió estatus de política oficial del gobierno federal brasileño desde 2003, y es considerada una iniciativa a favor de la inclusión social. “La economía solidaria es una manera distinta de producir, vender, comprar e intercambiar aquello que se necesita para vivir. Sin explotar a los otros, son querer sacar ventaja, sin destruir el medio ambiente”, explica la página del programa en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Empleo. Abarca “prácticas económicas y sociales organizadas bajo la forma de cooperativas, asociaciones, clubes de trueque, empresas autogestionarias y redes de cooperación, entre otras, que realizan actividades de producción de bienes, prestación de servicios, finanzas solidarias, trueques, comercio justo y consumo solidario”.
La investigación coordinada por Paula Leite –que contó Jacob Carlos Lima, de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), y Ângela Maria Carneiro Araújo, de la Universidad de Campinas (Unicamp), como investigadores principales– empezó con un amplio estudio en diversas fuentes sobre esa formas “distintas de producir” en el estado de São Paulo, mediante el cual se registró un total de 107 cooperativas: de alimentación (3); artesanías (21); corte y confección (11); fábricas recuperadas (13) y, fundamentalmente, de reciclado (59). “Visitamos todas las cooperativas y asociaciones de São Paulo con un equipo de alumnos becarios para aplicar el cuestionario”, comenta Paula Leite.
EPITÁCIO PESSOA /Agência ESTADO/AETiempo pasado: desempleados muestran sus libretas de trabajo hace una década; al lado, un vendedor callejero en la capital paulistanaEPITÁCIO PESSOA /Agência ESTADO/AE
El análisis de la información recabada mostró que las cooperativas de alimentación, artesanías y costura eran literalmente informales, no organizadas, y que el trabajo colectivo tenía más bien que ver con la comercialización y no con la producción. Poco contribuía para aumentar los ingresos o para mejorar las condiciones de vida de los asociados. Las fábricas recuperadas eran experimentos más “estructurados”, con vínculos más estrechos con el sindicato, ya que congregaban a trabajadores migrados del mercado formal y sin perspectivas de retorno. Con todo, las empresas autogestionadas se revelaron como un fenómeno cada vez más raro en una economía en desarrollo, subraya Paula Leite.
La experiencia más representativa –y la que más llamó la atención de los investigadores– fue y sigue siendo la de las cooperativas de reciclado, que reúnen a trabajadores urbanos “sumamente excluidos”, desempleados e inactivos, ex cirujas por cuenta propia o ex empleados domésticos, analfabetos y sin condiciones de entrar en el mercado formal de trabajo. “Esta forma de inserción puede contribuir efectivamente para sacarlos de la miseria social y asegurarles la ciudadanía.”
Estas cooperativas también se diferencian debido a su organización: están vinculadas al Movimiento Nacional de Recolectores de Reciclables (MNCR), que, según la investigadora, logró la reglamentación de la ocupación y la aprobación de la Política Nacional de Residuos Sólidos en agosto de 2010. “A diferencia de las demás, ésta exhibe un gran potencial de crecimiento, considerando que hay en el país todavía un porcentaje significativo de la población, de alrededor de 16,2 millones de personas, con ingresos per cápita inferiores a los 70 reales”, argumenta Paula Leite, con base en datos del Instituto de Investigación Económica y Aplicada (Ipea) recabados en junio de 2012.
Debido a sus características, las cooperativas de reciclado constituyen el tipo de emprendimientos que más se acerca a los preceptos de la economía solidaria, ya que presentan el elemento de la “resistencia” de los trabajadores a la situación de exclusión, de desempleo y de subordinación al trabajo asalariado. No obstante, se trata de emprendimientos extremadamente “frágiles”, señala Paula Leite, y existen enormes dificultades que deben superarse para alcanzar las condiciones de sostenibilidad económica y de reproducción. La primera es la distancia que aún mantienen con relación a los principios de la solidaridad y de la práctica de la autogestión, propugnados por la economía solidaria y, tal como ella dice, “difícilmente alcanzables en las condiciones políticas actuales”.
EDUARDO CESARAsimismo, el mercado ha entendido que el reciclado le agrega valor al producto, al transformar basura y chatarra en materia prima por un bajísimo costo. “En los galpones se separa la basura, se la embolsa y se la empaqueta para su venta por centavos de reales a intermediarios que la venden a las empresas recicladoras. Pocas cooperativas tienen prensas o espacio para el almacenamiento”, describe. “Es necesario implementar políticas públicas que les permitan efectivamente a las cooperativas de cirujas agregarle valor a su producto”. La Ley de Residuos Sólidos, aprobada en 2011, por ejemplo, estimula a las alcaldías a negociar el tratamiento de residuos sólidos con cooperativas de recolectores, pero, hasta el momento, pocas han implementado esta política.
Paula Leite reconoce que el cooperativismo de alguna manera promueve la inclusión social y política de individuos que antes vivían en una situación de absoluta miseria. Comenta que, en visita a asociaciones de cirujas, era frecuente escucharles a los asociados decir que el trabajo organizado los había sacado del silencio. “Sin lugar a dudas, se trata de un proceso de liberación y de empoderamiento, que va al encuentro de la economía solidaria”, subraya.
La “inclusión” y el “empoderamiento” –palabra traducida literalmente del término empowerment, en inglés, que significa acción colectiva desarrollada por individuos y que promueve la conciencia social de los derechos sociales– parecen ser el punto fuerte de las iniciativas de la economía solidaria. Adriane Vieira Ferrarini, investigadora del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Unisinos, en Rio Grande do Sul, una estudiosa del tema, pondera que, si se las considera únicamente desde la perspectiva del ingreso, estas iniciativas pueden parecer ineficientes. “Pero tienen un efecto de inclusión social significativo, ya que suponen un modelo colectivo y democrático de administración del emprendimiento y de autogestión, cosa que muchas veces puede representar una ganancia mayor que la renta”. Entre los diversos casos investigados, Vieira menciona el ejemplo de un grupo de mujeres emprendedoras gaúchas cuya organización las llevó a movilizarse contra la violencia doméstica, a empezar a ejercer un liderazgo político en el seno de su comunidad y reanudar sus estudios.
En Rio Grande do Sul, donde el cooperativismo es fuerte, la mayor parte de las experiencias formalizadas de la economía solidaria transcurre en el medio rural, o en menor escala, en empresas autogestionadas. “En el medio urbano es más difícil que dichas iniciativas se consoliden, en función de las características de la pobreza urbana”. Sin embargo, Vieira Ferrarini considera que las mejoras sociales significativas se registrarán probablemente recién en el mediano y en el largo plazo, pues se trata de proceso de inclusión de personas que viven “un proceso histórico de degradación” y, en el caso de Brasil, es una iniciativa reciente. “Los que conciban a los emprendimientos de la economía solidaria como islas de prosperidad en un contexto de precariedad corren un serio riesgo de ver frustradas sus expectativas”, advierte. “Un logro importante consiste en que el movimiento ha logrado insertar en la agenda política un conjunto de iniciativas públicas, especialmente durante la última década. Hoy en día existen recursos para pequeños emprendimientos y programas vinculados con la formación de dichos emprendedores, por ejemplo”. La economía solidaria, subraya, no es la panacea contra la pobreza –“¡sería incluso pretensioso pensarla así!”–, pero se inscribe en el terreno de las “alternativas contra la pobreza” y va más allá, al proponer un proyecto de desarrollo basado en la sostenibilidad, la justicia social y económica y la democracia participativa, añade.
De acuerdo con la evaluación de la coordinadora del proyecto temático apoyado por la FAPESP, la escasa repercusión del cooperativismo solidario en la renta refuerza la cultura asalariada, sobre todo cuando los indicadores de empleo se encuentran en ascenso. “En Brasil, la ciudadanía regulada, que tiene como referencia al trabajo formal, impacta sobre la construcción de la identidad de los trabajadores y sobre sus perspectivas futuras en el mercado de trabajo”. De este modo, la idea de autogestión o de propiedad colectiva de los medios de producción no aparece como una posibilidad que ha de conquistarse. “La construcción de una nueva cultura del trabajo asociado supone una voluntad política que ha de expresarse en políticas públicas que apunten a producir cambios efectivos de prioridades y de los rumbos del desarrollo económico, dándole primacía al trabajo frente al capital.”
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