EDUARDO CESARExisten claras señales indicativas de que la polémica suscitada en torno a la autorización del cultivo de la soja transgénica para la cosecha 2003/2004 en el estado de Río Grande do Sul ya estaría comprometiendo el enorme potencial de desarrollo de la biotecnología en Brasil. Este debate, apasionado y acalorado, no distingue entre el producto – en este caso, la soja Roundup Ready (RR), de Monsanto – y la tecnología de producción de organismos genéticamente modificados (OGMs). Tampoco tiene en cuenta que esa misma tecnología es la base para la producción de la insulina abundantemente utilizada por los diabéticos, de la vacuna contra la hepatitis tipo B, de hormonas de crecimiento que estimulan el desarrollo infantil e incluso del 80% del queso disponible en el mercado nacional, ya que la quimosina, un componente esencial del cuajo, se obtiene mediante la modificación de la bacteria Escherichia coli . Y eso solamente por mencionar algunos ejemplos. “Esa polémica condena a la tecnología como un todo”, advierte Fernando Reinach, presidente de Alellyx, una empresa de biotecnología de capital nacional ligada al grupo Votorantim.
Los OGMs – entre ellos, la soja RR – son organismos cuyo material genético es modificado mediante la introducción de uno o más genes de otra especie, previamente seleccionados y con un objetivo específico: atribuirle ventajas al producto. La soja RR, por ejemplo, que es la vedette de la temporada, fue modificada mediante la introducción de la proteína cp4-epsps, que al incorporarse al código genético de la planta, le confiere a ésta tolerancia al herbicida glifosato, reduciendo así la necesidad del uso de ese agrotóxico y disminuyendo los costos para el productor.
La misma tecnología es utilizada en la producción de insulina para el tratamiento de la diabetes, una enfermedad que afecta al 6% de la población mundial. “La producción de insulina en el páncreas de vacas y cerdos no puede dar cuenta de la demanda, y el producto clonado por medio de la transferencia del gen humano a una bacteria permite producir la insulina humana en gran cantidad a precios más bajos, e incluso obtener insulinas modificadas, que son más eficaces”, dice Isaias Raw, presidente de la Fundación Instituto Butantan. “Y los diabéticos no se quejan de la insulina transgénica que salva sus vidas.”
Lo propio sucede con la vacuna contra la hepatitis del tipo B, recuerda Raw. La vacuna natural era producida con base en los pocos virus defectuosos, sin ADN, que aparecen en la sangre de los afectados. “Asegurar que esa vacuna no transmita la hepatitis es temerario”, observa Raw. En la actualidad es posible producir el envoltorio proteico del virus, sin ADN ‘y, por lo tanto, incapaz de reproducirse o provocar la enfermedad’, en fermentado transgénico. El Instituto Butantan produce esa vacuna, que es administrada gratuitamente en todos los recién nacidos y jóvenes brasileños. “Son 34 millones de dosis producidas que evitan las nuevas infecciones, que actualmente afectan a más de 3 millones de brasileños”, subraya. La vacuna contra la hepatitis del tipo B del Instituto Butantan abre el camino para nuevas vacunas y medicamentos. “Con seguridad, si surge una vacuna contra el Sida, será transgénica”, vaticina.
Transgénicos contra el enanismo
También es transgénica la hormona de crecimiento (hGH) contra el enanismo, una enfermedad que afecta a 10 mil niños brasileños. El gen que codifica la molécula de la hormona producida por la glándula hipófisis, ubicada en la base del cerebro, es clonado y modificado para su introducción en una bacteria, que es generalmente la Escherichia coli . Una secuencia es retirada e insertada en el plásmido, una molécula de ADN bacteriano, que pasa a producir hGH en la bactéria. El resultado (lea en Pesquisa FAPESP nº 82 ) es una hormona idéntica a la fabricada naturalmente por el organismo humano, de acuerdo con Paolo Bartolini, socio de la empresa Hormogen – titular de la patente brasileña del hGH, que cuenta con el apoyo de la FAPESP en el marco del Programa de Innovación Tecnológica en Pequeñas Empresas (PIPE) – y jefe del Centro de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (Ipen, sigla en portugués).
La biotecnología es utilizada actualmente en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para producir factor de coagulación – conocido como Factor VIII, fundamental en el tratamiento de los hemofílicos – libre de contaminación partiendo de células de mamíferos. Brasil sigue importando por ahora el Factor VIII, producido mediante la purificación y el fraccionamiento del plasma humano, a un costo anual de 120 millones de dólares. “Este método reviste riesgos que deben eliminarse en las pruebas de plasmas de origen”, explica Marco Antonio Zago, de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, de la USP y coordinador del Centro de Terapia Celular, uno de los diez Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepids) solventados por la FAPESP. “Tenemos expectativas, en el sentido de que prontamente Brasil estará apto para producir ese factor de coagulación”. En la lista de productos transgénicos utilizados en el ámbito de la práctica médica, Zago añade también la eritropoyetina, una hormona utilizada en el tratamiento de la anemia, que hasta hace poco tiempo debía aislarse de la orina, pero que hoy en día puede obtenerse mediante ingeniería genética.
La eficiencia y el éxito de los transgénicos en el área médica suscita en Raw una indagación: “¿Por qué las vacunas, las hormonas y las enzimas administradas a la gran mayoría de la población no son cuestionadas? ¿Por qué tiene que ser la soja? ¿Cuál es la racionalidad de esto?”
Un fríjol inmune a virus
En el sector de agricultura, la biotecnología y la tecnología de OGMs tienen un campo de acción muy vasto. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa, sigla en portugués) desarrolla varias líneas de investigación con plantas transgénicas, con el objetivo de ofrecerles a los productores alternativas de reducción de costos y una mayor competitividad. La lista de productos que se encuentran en fase de investigación es inmensa: va desde el algodón genéticamente modificado inmune a insectos – como la oruga y el picudo del algodonero –, pasando por el maíz, la papa y la papaya, hasta llegar al frijol resistente a virus que consumen los sembradíos y los ingresos de los productores. En el caso del fríjol, el principal beneficiado es el pequeño agricultor. “El cultivo del fríjol está siendo dejado de lado, debido a que los productores no ganan dinero”, justifica Elíbio Rech, investigador de Embrapa.
Los ejemplos se multiplican en universidades e institutos de investigación en todo el país. En la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), investigadores estudian el mejoramiento genético del arroz con el objetivo de incrementar su tolerancia a las plagas, enfermedades y condiciones adversas de suelo y clima. Y el departamento de Biotecnología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS) procura identificar antígenos que tengan potencial como para componer una vacuna recombinante contra el Boophilus microplus , una garrapata que reduce la producción de leche y de carne del ganado bovino y que es transmisora de los protozoarios Babesia bovis y B. bigemina, y de la rickettsia Anaplasma marginale, que causa la tristeza parasitaria de los bovinos.
En la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) de la Universidad de São Paulo (USP) se estudia una variedad genéticamente modificada de eucalipto, a la cual se le insertó un gen de arveja en su código genético, lo que leva a la planta a producir más biomasa, aumentando así el rendimiento de la celulosa. La investigación interesa directamente a Companhia Suzano de Papel e Celulose, socia en el proyecto desarrollado en el marco del Programa Asociación para la Innovación Tecnológica (PITE, sigla en portugués) de la FAPESP, ya que el eucalipto genéticamente modificado, por ser más productivo, podrá ayudar a reducir la necesidad de deforestación.
En esa misma perspectiva de investigación, la FAPESP, en asociación con el Fondo de Defensa de la Citricultura (Fundecitrus), brindó apoyo al proyecto que descifró el material genético de la Xylella fastidiosa , responsable de la plaga conocida popularmente en Brasil como amarelinho – un logro que tuvo relieve en la prensa nacional e internacional –, financió el secuenciamiento de la bacteria Xanthomonas citri , causante del chancro cítrico, patrocinó la identificación de 50 mil genes de la caña de azúcar y, en conjunto con Central Bela Vista Genética Bovina, ha dado inicio al proyecto Genoma Funcional Bovino. Como es sabido, la investigación genómica constituye el primer paso para la generación de aptitud en el área de biotecnología, y abre el camino para el desarrollo de plantas y animales transgénicos, inmunes a enfermedades.
Desaceleración de la investigación
Sin embargo, la polémica que se desató en torno a la soja RR está comprometiendo el avance de la biotecnología en Brasil. El proyecto de mejora del fríjol de Embrapa está adelantado, pues ya son tres años y medio de trabajo intenso. Pero los investigadores, pese a que cuentan ya con la autorización de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) para avanzar en los estudios, no logran que otros ministerios les otorguen los documentos requeridos para la realización de las pruebas de campo: el Registro Temporal (Ret) o la Licencia de Operación para Áreas de Investigación (Loape). Un idéntico obstáculo impide el avance de los estudios con la papa. Recientemente la empresa Embrapa se hizo acreedora de la Loape, concedida por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama), para dar continuidad a las investigaciones con la papaya.
Pero las investigaciones con granos no tuvieron la misma suerte. Embrapa desaceleró las investigaciones con la soja IMI, otra planta transgénica resistente a herbicidas que se encuentra en fase de desarrollo desde hace siete años, en asociación con la empresa Basf. “La IMI está en programa de mejoramiento, pero la perspectiva de comercialización es de mediano plazo, debido a la falta de reglamentación”, lamenta Rech. En el caso de la IMI, Embrapa es propietaria de la tecnología. Mediante ese acuerdo, la empresa brasileña participa con el germoplasma, y Basf con el gen. “Las plantas son generadas en Brasil con semillas de Embrapa. Es tecnología nacional, con un gen de ellos”, subraya Rech.
En cooperación con Monsanto, Embrapa también lleva a cabo la tropicalización de la soja RR – ya que el producto de la empresa multinacional es compatible únicamente con el suelo y el clima del sur del país y no se adapta a otras regiones. Cuando sea posible concluir la investigación, la semilla tropicalizada será patentada por Embrapa. “La importancia tecnológica de ese contrato radica en producir semillas que reducirán los costos de producción y garantizarán la sostenibilidad en el mercado externo para todos los productores nacionales de soja”, enfatiza Rech.Y los investigadores de la Esalq afrontan dificultades similares. Solamente lograrán realizar las pruebas de campo con el eucalipto transgénico en el municipio de Anhembí, interior de São Paulo, luego de cumplimentar la exigencia del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y de realizar una evaluación detallada de su impacto sobre la flora, la fauna y la población local. “Eso es inviable”, dice Carlos Alberto Labate, del Departamento de Genética de la Esalq. “A ese ritmo vamos a tener que acabar importando tecnología”, prevé Labate.
El precio del atraso
La reducción del ritmo de las investigaciones puede costarle caro al país. “Tendremos las moléculas genéticamente modificadas, pero sin pruebas. Si el país autoriza el cultivo de transgénicos, los productores acabarán teniendo que comprar semillas y pagarles royalties a las empresas extranjeras. Y, por cierto, esto ya se está dando en el caso de la soja RR: los productores le pagan royalties a Monsanto, mientras que Embrapa ya cuenta con semillas de soja resistentes a herbicidas, pero no tiene posibilidades de probarlas”, dice Maria Lucia Carneiro Vieira, del departamento de Genética de la Esalq, quien coordina un grupo de investigadores que están desarrollando un maracuyá transgénico, resistente a la bacteria Xanthomonas y al virus que provoca el endurecimiento del fruto.
Esa “moratoria blanca”, como le dice Labate, decretada debido a la ausencia de reglamentación, se arrastra desde 1998, pese a que Brasil cuenta desde 1996 con una Ley de Bioseguridad – ue lleva el número 8.974 – considerada una de las más avanzadas en todo el mundo, de acuerdo con la evaluación de Reginaldo Minare, abogado especialista en biotecnología. La ley normativiza las técnicas de biotecnología, de ingeniería genética y de producción de OGMs, con el objetivo de “proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y de las plantas, como así también del medio ambiente”.
El país también cuenta con un equipo calificado: es la CTNBio, creada por la Medida Provisoria nº 2.191 del 23 de agosto de 2001, cuya responsabilidad es asesorar al gobierno federal en la formulación e implementación de la Política Nacional de Bioseguridad relativa a OGMs, fijar normas técnicas y emitir “laudos técnicos conclusivos referentes a la protección de la salud humana, los organismos vivos y el medio ambiente” para las actividades que comprendan la construcción, la experimentación, el cultivo, la manipulación, el transporte, la comercialización, el consumo, el almacenamiento y el descarte de OGMs y derivados.
A la CTNBio la integran 36 miembros – 18 titulares y 18 suplentes – entre ellos ocho especialistas “de notorio saber científico y técnico”, al margen de contar con representantes de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Medio Ambiente, Educación, Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y de los órganos legalmente constituidos de defensa del consumidor, las empresasde biotecnología y los trabajadores.
Dictamen bajo sospecha
La polémica en torno a los OGMs empezó cuando el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) dio entrada a una acción civil pública en la 6ª Nominación de la Justicia Federal de Brasilia, cuestionando la competencia de la CTNBio para dejar a un lado a la soja genéticamente modificada, tolerante al herbicida Roundup Ready, con relación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), antes de autorizar su cultivo.
La acción invocaba la Ley de Medio Ambiente, que, según se argumentaba, confería tal autoridad al Ministerio de Medio Ambiente. Se hizo lugar a la solicitud de la acción, y con ello quedó en suspenso el Dictamen de la CTNBio – publicado en el Comunicado nº 54 – en el que la comisión concluía que no existían “evidencias con relación al riesgo ambiental o de riesgo para la salud humana o animal” como resultado de la utilización de la soja genéticamente modificada, razón por la cual decidió dejar sin efecto el EIA y manifestarse favorable a su comercialización. Monsanto apeló la decisión judicial y obtuvo un voto favorable de la redactora del proceso en el Tribunal Regional Federal, en una cámara integrada por tres jueces. Falta por eso todavía la evaluación de otros dos jueces.
La batalla, que sigue vigente, creó un hiato jurídico que acabó catapultando a los productores de soja a la ilegalidad. Y, por si esto fuera poco, desorganizó el mercado de semillas, ya que se volvió imposible hacer cualquier previsión de demanda. En la cosecha 2002/2003, por ejemplo, faltaron semillas de soja. Los productores de Río Grande do Sul recurrieron a Argentina, país donde la soja transgénica fue legalizada: importaron y plantaron soja RR. A comienzos de este año, se tuvo que autorizar la cosecha y la comercialización de alrededor de 10 millones de toneladas de soja por medio de una medida provisoria [decreto por tiempo determinado], ya que la producción de transgénicos estaba en suspenso por decisión judicial.
El gobierno federal – cuyos integrantes, por cierto, se dividen también con relación a la autorización de los OGMs –, constituyó entonces una comisión formada por nueve ministerios, con la conducción de la Casa Civil [Jefatura de Gabinete], para analizar la cuestión de la bioseguridad y formular un proyecto de ley con el cual pretende poner fin a la polémica sobre los transgénicos.
Pero antes incluso de la que la propuesta fuera enviada al Congreso, el gobierno tuvo que ceder ante los imperativos de la realidad – y ante la presión de los productores gaúchos, que amenazaban con la desobediencia civil – y promulgó una nueva medida provisoria, en este caso autorizando el cultivo para la cosecha 2003/2004. “Este año, el área plantada será aún mayor”, prevé Antonio Sartori, presidente de Brasoja, empresa corredora de granos de Río Grande do Sul.Así y todo, el enmarañado legal está lejos de haberse resuelto: el procurador general de la República, Cláudio Fonteles, presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un recurso directo de inconstitucionalidad contra la medida provisoria que autorizó el cultivo de soja para esta cosecha, alegando que dicha medida contraría cinco principios de la Constitución. Otras dos acciones también llegaron ante el STF: una del Partido Verde (PV) y otra de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag). En caso – esto es considerado por muchos remoto – de que el Supremo Tribunal considere que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional y desautorice el plantío durante esta cosecha, el Gobierno Nacional deberá indemnizar a los productores: al fin de cuentas, la cosecha se encuentra bajo la protección de la mentada medida provisoria.
El impasse se resolverá en la Justicia o en el Congreso Nacional, que a comienzos de noviembre votará la medida que autorizó el cultivo de la soja RR y posteriormente comenzará a analizar el proyecto de ley sobre transgénicos que está elaborando el gobierno federal.
De la vanguardia a la ilegalidad
Un rápido balance de este largo período de debates constata lo inevitable: el país ha perdido cinco años de investigación sobre OGMs. Ernesto Paterniani, profesor titular de genética de la Esalq, que en 1998 integraba el equipo de científicos de la CTNBio, recuerda que, a la época, al margen de analizar la documentación presentada por Monsanto, como así también la naturaleza de la proteína y de la molécula de la soja RR, e incluso realizar las pruebas de seguridad en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrarias de Jaboticabal de la Universidad Estadual Paulista (Unesp) y en la USP, la comisión recomendó también el monitoreo de las áreas que serían plantadas durante un período de cinco años. Por cierto, esta medida fue seguida de cerca por la Unión Europea (UE), que también evalúa el cultivo de OGMs. Pero, en medio de esa confusión jurídica, Brasil salió de una posición considerada de vanguardia para enredarse en un equívoco: la soja transgénica fue plantada ilegalmente y estásiendo comercializada sin el monitoreo de la empresa proveedora de granos y sin la fiscalización de los órganos competentes, ya sea para el caso la CTNBio, el MMA o cualquier otro ente. “El país pasó de una situación de legalidad a otra de ilegalidad”, se lamenta Reinach.
Brasil ha probado ya que tiene competencia, recursos humanos y conocimiento para destacarse en el área de biotecnología de plantas y animales, tecnología que está siendo implementada en varios países con el objetivo de mejorar la calidad y la resistencia del producto y reducir costos de producción. Los productos genéticamente modificados son una opción viable de desarrollo, sobre todo para Brasil, en cuya pauta de exportación se destacan diez productos agrícolas, entre ellos la soja. “Los OGMs son, sin lugar a dudas, un componente importante en el costo de producción, al margen de tener como meta la reducción del impacto de defensivos y resultar en plantas más resistentes a la sequía y con menor grado de proteínas alergénicas, entre otros beneficios”, argumenta Rech, de Embrapa.
La soja RR, por ejemplo, no disputa nutrientes del suelo con las malezas, lo que le garantiza al agricultor una mayor productividad por hectárea. Sin la presencia de esos invasores, la cosechadora se obstruye menos, acelerando así el ritmo de la cosecha. Es más: las semillas, cuando se mezclan con hierbas dañinas, se humedecen más, lo que obliga a los productores a pagar por el secado de la soja. Y más todavía: “Las plantas son más resistentes y adecuadas al plantío directo, sin necesidad de arado o de revolver la tierra. Luego de la cosecha, la masa orgánica queda depositada en el suelo, que, por ser más fértil, redunda en un incremento de la población de lombrices y microorganismos”, describe Paterniani. Y todo eso sin revestir aparentemente riesgos para el medio ambiente: de acuerdo con el dictamen de la CTNBio, la soja es una especie predominantemente autógama, cuya tasa de polinización cruzada es de alrededor del 1%, al margen de no tener parientes silvestres sexualmente compatibles en Brasil.
Cabe recordar que Brasil produce 52,5 millones de toneladas de soja, producto que también ocupa un lugar destacado en la pauta de exportación. El mercado interno consume alrededor de 10 millones de toneladas; se muelen algo más de 30 millones de toneladas y se exportan otros 21,5 millones de toneladas del granos. Para la cosecha 2003/2004, la producción del complejo soja – grano, aceite y salvado – ascendería a 36,9 millones de toneladas, superando a la estadounidense (34,6 millones) y a la Argentina (35,5 millones), de acuerdo con Sartori, de Brasoja. Las exportaciones sumarán 8 mil millones de dólares, y la participación brasileña en el mercado mundial tiene buenas perspectivas de crecimiento. La tendencia se inclina a aumentar los negocios con Asia, principalmente con China, que el año pasado importó más de 20 millones de toneladas del grano: de ese total, el 40% desde Estados Unidos y el 34% desde Brasil. “Hay mercado para la soja transgénica, para la no transgénica y para la orgánica”, observa Sartori. China, por ejemplo, compra cualquier tipo de soja, pero exige que el producto sea etiquetado. Los negocios con Brasil, que no usa etiquetas, están asegurados por un acuerdo que expira en abril del año venidero y que prevé, a partir de esa fecha, que la soja sea identificada. “Si no hay reglamentación, Brasil perderá el mercado chino”, prevé Sartori.
Ventajas para el productor
En Estados Unidos, de acuerdo con datos del United States Departament of Agriculture (USDA), aproximadamente el 80% de la soja, un 38% del maíz y el 70% del algodón producidos en 2003 son biotecnológicamente modificados. En Argentina, Canadá y China, el cultivo de transgénicos ha ido creciendo durante los últimos años. El National Center for Food and Agricultural Policy calculó la ventaja del uso de OGMs para los productores: lo que utilizan la variedad de soja RR dejaron de utilizar 13 mil toneladas de herbicidas y ahorraron anualmente 1.100 millones de dólares en costos de producción. En el caso del algodón Bt, la reducción del uso de herbicidas llegó a las 862 mil toneladas, al tiempo que la producción experimentó un incremento de 84 mil toneladas por año. También en el caso de variedades de maíz Bt, la caída en el uso de pesticidas se redujo, mientras que la producción anual registró un aumento de 1,6 millones de toneladas.
El incremento de la productividad observada en el caso del maíz y del algodón, y la elevación de los ingresos del productor, en el caso de la soja, pueden constituir una buena alternativa para los países en desarrollo. Y contribuirá para impulsar la aproximación de las curvas de crecimiento de la población mundial y de producción de granos. De acuerdo con el Banco Mundial, entre 1950 y 1995 la producción mundial de granos acompañó la curva de crecimiento poblacional, mientras que el área cultivada permaneció prácticamente inalterada (vea el gráfico 1). No obstante, desde 1985 se observa que el incremento de productividad se ha mantenido inalterado, en torno a los 2.500 kg por hectárea, debido a la reducción de la eficiencia de la acción de los fertilizantes (vea el gráfico 2). Así, desde 1985, la relación granos/habitante entró en declive, cayendo de 350 kg a 300 kg por habitante en 1995. En 2050, cuando el planeta estará habitado por 9 mil millones de personas, se espera que la ciencia haya encontrado ya una buena respuesta para asegurar una producción eficiente de alimentos.
Dicho sea paso: cualquiera sea la solución escogida para incrementar a producción de alimentos – ampliación del área plantada, intensificación del uso de herbicidas o utilización de plantas transgénicas –, habrá impacto sobre el medio ambiente. “La gente se olvida de que la agricultura es uno de los mayores destructores de la biodiversidad. Pero debemos convivir con la agricultura. La población crece y las personas deberían preocuparse con el desarrollo de tecnologías agrícolas”, analiza Reinach.Pero las dudas con relación a la producción de transgénicos no son una preocupación exclusiva de los brasileños. El International Council for Science (ICSU) – www. icsu.org – analizó 50 artículos y publicaciones científicas sobre OGMs editados entre 2000 y 2003 para verificar el grado de consenso y las divergencias de los autores con relación a los transgénicos. Concluyó que existía consenso con relación a la seguridad de los alimentos transgénicos disponibles en el mercado y que, hasta el momento, no se habían detectado evidencias sobre efectos adversos derivados del consumo de dichos productos.
Al contrario: los cultivos son menos expuestos a los productos químicos, ya que se utilizan en éstos menos pesticidas. El ICSU también encontró unanimidad con respecto a la necesidad de que los OGMs sean estudiados caso por caso, y con bases científicas, antes de su cultivo y su salida al mercado. Las divergencias se relacionan con el radio de acción de los actuales métodos de análisis de riesgo y, principalmente, con el uso del principio de la precaución. “El abordaje de la precaución para operar con las incertidumbres requiere que las nuevas tecnologías demuestren ausencia de peligro. Ya que los sistemas biológicos nunca producen certezas, el riesgo cero es un estándar inalcanzable”, observa el estudio del ICSU. “El significado de los estudios de laboratorio es discutible, ya que es difícil extrapolarlos del laboratorio a estudios de campo y prever los efectos del uso comercial. ¿Qué sería aquello que constituye un impacto ambiental adverso?”, indaga el ICSU.
Los procesos de precaución son normalmente tenidos en cuenta por la ciencia. Antes que un nuevo producto para uso humano sea lanzado al mercado – como es el caso de los remedios y las vacunas, por ejemplo –, se efectúan exhaustivas pruebas en animales, y luego en seres humanos, con muestras crecientes, durante cuatro fases de experimentos. Con todo, y pese a ello, las pruebas de una certeza absoluta de que tal remedio o vacuna no puedan causar ningún daño a nadie, la ciencia nunca podrá brindarlas. “Todos los remedios son peligrosos. Se los utiliza para que el riesgo asociado a la enfermedad sea menor”, dice Zago. Pero la duda que acomete a los científicos es la siguiente: ¿cuál es el período de aplicación del principio de precaución? Seria irracional si éste fuese infinito. La respuesta a tal pregunta es crucial para que no se paralice la ciencia, y para que se asegure así la prosecución de las investigaciones.
Al margen del ICSU, también la Royal Society divulgó un dictamen, en febrero del año pasado, presentado ante la Comisión de Revisión Científica de OGMs del gobierno británico (www.royalsoc.ac.uk/ gmplants), en la que concluye que el uso de plantas genéticamente modificadas puede generar enormes beneficios para las prácticas agrícolas, mayor calidad en los alimentos y mejoras en el ámbito de la nutrición y la salud humana. Con todo, hizo la salvedad de que la posibilidad de que se produzcan alteraciones maléficas imprevisibles en el status nutricional de los alimentos es idéntica a la eventualmente observada en los procesos convencionales de mejoramiento. Y subrayó que, hasta el momento, no existen pruebas de que los OGMs ocasionen reacciones alérgicas, y que tal riesgo no sería mayor que el que representan los cultivos agrícolas convencionales.
En otro documento, suscrito por academias de ciencias de siete países, entre ellas la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) – www.abc.org.br –, divulgado en 2000, se sostiene que los alimentos genéticamente modificados pueden ser más nutritivos, aportan beneficios para sus consumidores y que los esfuerzos conjuntos deben redundar en investigaciones sobre sus efectos sobre el medio ambiente. Se sugiere que los países signatarios implementen sistemas reguladores para identificar y monitorear los efectos adversos y que las empresas privadas e instituciones de investigación compartan tecnologías de modificación genética que, en la actualidad, se encuentran sometidos a acuerdos con licencias y patentes harto restrictivos. “No existe ninguna asociación de científicos que se declare favorable a la autorización de cualquier tipo de transgénico. Todos recomiendan que el análisis se haga caso por caso”, enfatiza Hernan Chaimovich, director del Instituto de Química de la USP, miembro de la ABC y de la ICSU.
Supuesto básico de bioseguridad
El análisis caso por caso defendido en todas las manifestaciones científicas es un supuesto básico de la bioseguridad que debe pautar el derrotero de las investigaciones. Y aun así: ya que la investigación científica puede reducir los riesgos asociados a la utilización de los productos genéticamente modificados, ¿cómo explicar la perplejidad y las dudas de la población con relación a los alimentos transgénicos? Sucede que el debate sobre los transgénicos omite la posición de la ciencia sobre el tema, evalúa Chaimovich. “Los medios de comunicación no le han dado espacio a la representatividad de los científicos”, acota. “Quienes más aparecen son las empresas de semillas, que defienden el uso de los transgénicos, y algunas organizaciones no gubernamentales, que atribuyen riesgos y catástrofes a la biotecnología. Las entidades científicas deben mostrar sus estudios, y los medios deben brindar espacio para ello.”
Es imperioso también reconocer que los científicos han fallado en el intento de mantener a la sociedad informada sobre la andadura, los riesgos y las ventajas de las investigaciones con los OGMs. “La sociedad debe ser mejor informada, para poder adoptar una postura en forma más equilibrada con relación a algo que tiene que ver con su día a día, con el medio ambiente y con su salud”, observa José Fernando Perez, director científico de la FAPESP. “La comunidad científica está despertando ante una responsabilidad que no puede soslayar. Es fundamental que exista un canal de comunicación para fomentar un diálogo más eficiente con la sociedad, que les permita a los ciudadanos informarse sobre la potencialidad y la limitaciones de la ciencia.”
Al fin y al cabo – y frente a las evidencias de que los OGMs no constituyen necesariamente una amenaza para la salud humana y el medio ambiente – la palabra final será la del consumidor, ya que los productos genéticamente modificados, una vez restablecidas las reglas para su producción, deben ser identificados y etiquetados.En la historia de Brasil no será la primera vez que se duda en adherir al uso de un producto resultante del avance de la ciencia. En 1904, cuando el país comenzaba a encuadrarse en los términos del nuevo orden económico mundial instaurado por la Revolución Científico-Tecnológica, en Río de Janeiro – por ese entonces Capital Federal – los brasileños se sublevaron contra la campaña de vacunación obligatoria contra la viruela. Dicha campaña, decidida por la presidencia de la República, fue capitaneada por Oswaldo Cruz, titular de la Dirección General de Salud Pública.
Ese mismo año, en apenas seis meses, se habían contabilizado oficialmente más de 1.800 internaciones en el Hospital São Sebastião del Distrito Federal, y el total de defunciones llegaba a 4.201, de acuerdo con Nicolau Sevcenko, en su libro A Revolta da Vacina – Mentes Insanas em Corpos Rebeldes [La revuelta de la vacuna – Mentes insanas en cuerpos rebeldes]. La oposición argumentaba que los métodos de aplicación del decreto de vacunación eran truculentos, que las vacunas y los vacunadores eran poco confiables y que los empleados, enfermeros e inspectores “hacían gala de instintos brutales y de moralidad discutible”. El gobierno revocó la obligatoriedad de la vacuna antivariólica y el movimiento se retrajo. Pero la ciencia, poco a poco, acabó con la enfermedad.
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