Juan Carlos Rojas/NotimexUna protesta contra los desalojos en Madrid, en 2013: algunos portadores de hipotecas se quedaron sin sus casas y con deudasJuan Carlos Rojas/Notimex
Durante seis años, entre 2008 y 2014, la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik ejerció la función de relatora sobre el derecho a la vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que la llevó a concretar dos misiones de observación por año en países con distintas políticas y situaciones y contextos relacionados con la vivienda. Pese a las diferencias, Rolnik, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAU-USP), pudo establecer nexos de un proceso global al cual calificó como financiarización de las ciudades, un cuadro de situación que no excluye a Brasil. La reflexión que suscitó la experiencia del trabajo con la ONU puede leerse en el libro que ha publicado recientemente: Guerra dos lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças [La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas] (Boitempo Editorial), con dos capítulos dedicados al panorama mundial y un tercero que apunta a Brasil.
Una de las primeras misiones de Rolnik se concretó en Estados Unidos, en 2009, durante el auge de la crisis habitacional que se iniciara dos años antes, que se volvió conocida como “crisis de las hipotecas subprime”, nombre asignado a los créditos hipotecarios ofrecidos a personas de bajos ingresos. Era una capa social que antes no tenía acceso a la financiación para comprar casas pues se la consideraba como “de alto riesgo”. El derrumbe del sistema de hipotecas, la eclosión de la burbuja inmobiliaria, el epicentro de una crisis económica mundial, le suministró a Raquel un hilo conductor. “Fue posible notar que el paradigma mundial hegemónico de las políticas habitacionales es la idea de la vivienda como un bien individual obtenido a través del mercado”, dice la urbanista. “Más que mercadería, la producción de viviendas se convirtió en un activo financiero, una nueva frontera de ganancias para el mercado de capitales.”
En el caso de Estados Unidos, los créditos inmobiliarios, con la autorización del gobierno, llegaron acompañados de un proceso de titulización, que es el lanzamiento de otros productos financieros, tales como títulos y obligaciones, respaldados en las hipotecas, y que genera un rentable mercado secundario para los bancos. Este fenómeno también provocó el aumento de la oferta de recursos destinados al financiamiento, la demanda de propiedades más caras y el aumento de los precios de los inmuebles, lo cual generó en muchos casos la necesidad de contraer nuevos créditos. Cuando la escalada de valoración se agotó (la explosión de la burbuja), las cuotas aumentaron, las deudas se acumularon y empezaron las ejecuciones hipotecarias. Dada la naturaleza transnacional de los mercados financieros, situaciones análogas se reprodujeran por el mundo, incluso en países lejanos y con procesos históricos muy diferentes, tales como o Kazajistán y Croacia, ambos pertenecientes al antiguo bloque comunista. “En Estados Unidos, la gente perdió sus casas a manos de los bancos, y en otros lugares, como en España, las personas fueron desahuciadas, y aun así, se quedaron con deudas pendientes”, relata Rolnik.
Olga Leiria/Olhar ImagemCondominio del programa Mi Casa Mi Vida en la ciudad de Londrina (en el estado de Paraná): un proyecto con fondos públicos y ganancias privadasOlga Leiria/Olhar Imagem
Si bien el impacto mayor y más inmediato de este proceso incide sobre el derecho a la tierra y a la vivienda de los más pobres y socialmente más vulnerables –aquéllos a quienes se destinan las iniciativas de producción de viviendas sociales–, sus reflejos afectan a toda la sociedad. “Gradualmente, el modelo de financiarización ocupa el lugar de todas las otras políticas habitacionales y de todas las formas de producción de viviendas”, dice Rolnik. Incluso en lugares como el Reino Unido, en donde, merced a políticas de bienestar social implementadas en la posguerra, el problema de la escasez de viviendas era solamente residual, el capital financiero avanza. Saliendo del sistema basado en el alquiler social de residencias, el país pasó por un proceso de transferencia de la propiedad a quienes en ellas residen y actualmente es uno de los casos de países desarrollados donde el mercado de hipotecas residenciales representa más del 50% del producto interno bruto.
En todo el mundo, no se trata de acciones gubernamentales que se les transfieren a la iniciativa privada para eximir al Estado. Aunque puedan parecerlo, y los propios discursos oficiales apuntan en ese sentido, los procesos son llevados adelante y regulados desde la estructura pública, con recursos públicos (directos o por la vía de la exención de impuestos, tal como sucedió en el Reino Unido durante el período de transferencia de la propiedad de las viviendas de bajo precio a sus habitantes). “En la versión de ese modelo en países como México, Chile, Sudáfrica y Brasil, el Estado les ofrece a las familias directamente el subsidio destinado a la compra de productos del mercado inmobiliario construidos masivamente en periferias homogéneas que se transformaron en ciudades dormitorios”, dice Rolnik.
Si bien los vínculos entre las políticas habitacionales en el mundo están articulados debido al carácter globalizado y expansionista de los mercados de capitales, la investigadora advierte acerca del peligro de considerar que el proceso de financierización es algo impuesto de arriba abajo, como una fuerza imperialista. “Es sumamente importante remarcar que la experiencia de cada país es singular”, afirma Rolnik. “La lógica del modelo depende de una hegemonía política construida localmente”. Cada país adapta sus procedimientos para no ahuyentar a los recursos que necesita para sus proyectos. “Esto ayuda a entender de qué modo la financierización de las viviendas y de las tierras urbanas se instaura en Brasil a través del programa Mi Casa Mi Vida, en el marco de un gobierno de coalición liderado por el Partido de los Trabajadores (PT), con un discurso antineoliberal y con una propuesta desarrollista”, prosigue la urbanista, quien fue secretaria nacional de Programas Urbanos del Ministerio de Ciudades entre 2003 y 2007, durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Justin Sullivan/AFPVivienda embargada durante la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2009, luego de la “explosión de la burbuja”Justin Sullivan/AFP
Según Rolnik, la política pública habitacional durante el período post dictadura militar siguió con la misma estructura básica que orientó la fundación del Banco Nacional Habitacional (BNH) en 1964. Articulado con la industria de la construcción civil, el Estado prometía “hacer de cada trabajador un propietario”. Desde 1967, el sistema está financiado con un fondo público, que es el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). En el período anterior al programa Mi Casa Mi Vida, creado en 2009, Rolnik observó la existencia de articulaciones entre el capital financiero y líderes del PT, especialmente de aquellos dirigentes ligados al movimiento sindical y a los fondos de pensión, y la creación de vínculos de esos grupos con el sector inmobiliario “corporativo”, aquél ligado a las torres de oficinas, shopping centers y hoteles, el de mayo vinculación con el capital financiero internacional. Durante ese período, muchas empresas de la construcción civil abrieron su capital en las bolsas de valores.
“El éxito fue tan grande que municipios y estados dejaron de lado sus proyectos y el programa Mi Casa Mi Vida se transformó en la única política habitacional de Brasil”, dice Rolnik. Esta afirmación se verificó en campo, en el marco de una investigación realizada con el apoyo de la FAPESP, y mediante la participación en una investigación financiada por el CNPq y el Ministerio de Ciudades. Los “pocos municipios paulistas que contaban con sistemas habitacionales sociales propios” se deshicieron de dichos sistemas. Rolnik relaciona también el proceso de financierización a las reformulaciones urbanísticas basadas en las remociones, como las que se concretan en función de las obras relacionadas con los megaeventos deportivos en Brasil. Con el pretexto de expropiar áreas con fines considerados prioritarios por el poder público, se le entregan al capital privado terrenos de alto valor ocupados por asentamientos informales. “Creíamos que la tendencia política con respecto a las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo, ya no era más la de remover, sino la de llevar mejoras”, lamenta Alex Ferreira Magalhães, del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Ippur-UFRJ).
Ése es el sentido de la expresión “guerra de los lugares”, que le da título al libro de Raquel Rolnik. Vera Telles, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH) de la USP, compara este concepto con la idea de “acumulación por desposesión”, creado por el geógrafo británico David Harvey, quien ve en las políticas públicas hegemónicas una “lógica de expropiación”. Y va más allá al citar a la socióloga holandesa Saskia Sassen, para quien esa lógica es, a decir verdad, de expulsión: a través de las guerras, la degradación ambiental y situaciones que crean el fenómeno de los refugiados ‒entre otros fenómenos‒, “destraban” territorios que, al reconstruírselos, “crean mercados poderosos”.
Proyecto
La planificación territorial y la financiación del desarrollo urbano en los municipios del estado de São Paulo: marchas y contramarchas (nº 2010/06580-6); Modalidad Ayuda a la Investigación – Regular; Investigadora responsable Raquel Rolnik (FAU-USP); Inversión R$ 55.197,00.
Libro
ROLNIK, R. Guerra dos lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015, 424 p.
