Publicado en julio de 2013
DIRCEU PORTUGAL/AEPolicías revisan las celdas en la cárcel de la localidad de Cianorte, en Paraná, luego de una fuga de presosDIRCEU PORTUGAL/AE
Una frase de 1764, que consta en el clásico Tratado de los delitos y de las penas, de Cesare Beccaria, tiene una actualidad notable: “La certidumbre de un castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad”. Su preanuncio también captó las tendencias en boga. “Existe en Brasil una sensación fuerte que indica que, independientemente de la clase social, la riqueza y el poder, los delitos han aumentado y se han vuelto más violentos, pero persiste la impunidad. En esos momentos, la gente cree que la solución consiste en contar con leyes más severas y mayor tiempo en la cárcel”, dice el sociólogo Sérgio Adorno, coordinador del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo, uno de los 17 Centros de Investigación, Innovación y Difusión financiados por la FAPESP (NEV-Cepid/ USP).
“El sentimiento de impunidad genera descreimiento en las instituciones democráticas encargadas de aplicar la ley y el orden, y de proteger los derechos civiles de los ciudadanos consagrados en la Constitución, especialmente el derecho a la seguridad”, dice el investigador. Pero, ¿cuál sería la real dimensión de esa impunidad? Con esa preocupación se realizó el estudio intitulado La averiguación policial y el proceso judicial en São Paulo: el caso de los homicidios, en un despliegue del proyecto Estudio de la impunidad penal. La propuesta consistió en analizar el flujo de casos de homicidios, desde su registro policial hasta la sentencia judicial. Aparte de medir la impunidad penal, se pretendía así identificar los factores judiciales y extrajudiciales, como así también los mecanismos institucionales que favorecen el desistimiento de aplicar penas a estos crímenes.
Las cifras básicas revelan la magnitud de la impunidad: tan sólo el 60,13% de los casos de homicidio fue objeto de investigación. Por ende, para alrededor del 40% de los registros no se han detectado investigaciones policiales. Mientras que los homicidios aumentaron un 15,51%, las investigaciones policiales aumentaron tan sólo un 7,48%. “Esto significa que ha crecido la brecha entre el potencial de incremento de la violencia y la capacidad de las autoridades policiales para investigar crímenes, cosa que puede haber repercutido en la desconfianza de los habitantes con respecto a las instituciones encargadas de asegurar el orden público y aplicar la ley y el orden”, sostiene sociólogo.
El dato más notable se refiere a la naturaleza de la autoría de los crímenes. Se conoce la autoría en tan sólo el 19,58% de los registros de homicidios: la gran mayoría, el 76,65%, es de autoría desconocida. No obstante, el 90,36% de los casos que se transforman en investigaciones corresponde a homicidios con autoría conocida. “En definitiva, todo los registros deberían convertirse en investigaciones, pero existe una selectividad patente centrada en el 10% conocido, es decir, aquéllos cometidos por vecinos, parientes, compañeros de trabajo, amigos del bar, etc. Si se trata de casos in fraganti, el porcentaje se eleva al 97,64%. La naturaleza de la autoría es un criterio de selectividad arraigado en la cultura de la policía”, dice Adorno. Si existe la sospecha de que hay alguna relación con el narcotráfico, por ejemplo, aumenta aún más el riesgo de que el crimen no sea investigado. “Los policías dicen que es muy complicado meterse con eso o que existe un grupo especial para tales casos”, comenta el investigador. Por consiguiente, existe un porcentaje pequeño de homicidios investigados y, tal como se verá, se llega a la sentencia en cifras prácticamente irrelevantes en dichos casos. Solamente en casos in fraganti las posibilidades aumentan.
EDUARDO NICOLAU / AERazia realizada por la Policía Militar en la avenida Rio Branco, en la zona centro de São Paulo, en 2006EDUARDO NICOLAU / AE
“El detalle indica que la detección in fraganti está a cargo de la Policía Militar, pero la encargada de la investigación es la Policía Civil. Entonces tenemos casos in fraganti aleatorios, que serán investigados posteriormente por otro grupo. El sistema funciona de manera frágil e irracional”, dice Adorno. El sociólogo recuerda a su vez que ante la ausencia de un patrón investigativo entre las comisarías, la selectividad es aún más arbitraria de lo que se imagina. “El estudio detectó siete grupos de desempeño, que varían desde aquéllos con bajo registro de homicidios y baja producción de averiguaciones que derivan en investigación hasta otros con elevado volumen de tales registros y elevada producción de averiguaciones”. La investigación policial no parece ser una prioridad en la política institucional del área de seguridad pública.
“No hay que confundir el modelo de averiguación policial existente en el país con la mera pesquisa policial, porque aquí se reúnen incumbencias propias de la policía y atribuciones que en otros países se encuentran bajo la órbita del Ministerio Público”, advierte el sociólogo Michel Misse, docente del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor de O inquérito policial no Brasil: uma pesquisa empírica (Booklink, 2010). Según el profesor, de este modo, la averiguación en Brasil pasa a erigirse en un importante dispositivo de poder en manos de los comisarios de policía, una pieza que tiende a prevalecer durante todo el proceso legal de imputación. “Es el núcleo más reticente y problemático de resistencia a la modernización del sistema de justicia brasileño. Por eso se convirtió también en una pieza insustituible, la llave que abre todas las puertas procesales y que les ahorra trabajo a los demás operadores del proceso, que son los fiscales y los jueces”, advierte. Para Misse, la investigación de averiguación se transforma en un dispositivo de selectividad en la esfera policial: su instauración o no puede transformarla en una “mercadería política”.
“El modelo de investigación policial adoptado en Brasil contribuye para con la escasa capacidad de resolución judicial de los conflictos y crímenes, y además también funciona para preservar y reproducir un ‘sistema de archipiélago’ en el cual los saberes competidores no se entienden bien”, evalúa Misse. La investigación, según este estudioso del tema, atraviesa ese archipiélago y le otorga la apariencia de un continente, aunque los resultados obtenidos sean nulos y el “degüello”, la ejecución penal extrajudicial, muchas veces sea la demanda y la solución de aquéllos que, como no confían más en la justicia del Estado, salen en busca de justicia por sus propias manos.
CAROL CARQUEJEIRO/FOLHAPRESSUn detenido de la cárcel modular de la comisaría del barrio de Novo Horizonte, municipio de Serra, Espírito Santo, en 2006CAROL CARQUEJEIRO/FOLHAPRESS
Para la socióloga Joana Domingues Vargas, docente del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro (Iuperj), autora de la investigación intitulada Control y ceremonia: la investigación policial en un sistema penal flojamente ajustado, el modelo policial actual sólo se mantiene porque los comisarios siguen aferrándose a sus viejos instrumentos de investigación y cuentan con un lobby fuerte en el Congreso para que las cosas así permanezcan. “Hace más de 10 años se tramitan propuestas de simplificación y modernización de la investigación criminal y otros temas similares infructuosamente. El aumento de la delincuencia violenta durante los últimos 30 años ha desencadenado a su vez una disminución aún mayor de la eficacia del sistema de justicia penal”, sostiene Domingues Vargas. Son nuevas modalidades delictivas, un volumen creciente de averiguaciones policiales y una morosidad también creciente en lo que hace al procesamiento de las mismas, lo que no hace sino desembocar en la pérdida de legitimidad del sistema. “Hay que hacerse una idea, imaginar la dificultad que representa la transformación o la eliminación de instrumentos que reproducen el orden social en Brasil, que tiene como una de sus marcas principales la distancia entre los dispositivos previstos en la ley por el Estado y las prácticas efectivas que recaen sobre la sociedad, lo que arroja como resultado una desconfianza generalizada con respecto a dichas prácticas.”
El antropólogo Luiz Eduardo Soares, ex secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro y docente de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (Uerj), autor de Violência política no Rio de Janeiro (1996), sostiene que, con sus 50 mil homicidios dolosos por año, Brasil se ubica en quinto lugar en Latinoamérica. “Sin embargo, de ese total, solamente se esclarece un 8%, un porcentaje que, con todo, no corresponde a casos que pasan por la Justicia. Queda impune el 92%. ¿Esto quiere decir que somos el país de la impunidad? Sí y no. Porque tenemos 540 mil presos, la tercera población carcelaria del mundo y la tasa más veloz de encarcelamiento del planeta”, analiza. ¿Cómo se explica esta contradicción? “Más del 65% de los aprisionados durante los últimos cuatro años se refiere a jóvenes pobres, negros, que no usaban armas, no tenían vínculos con organizaciones delictivas y quedaron detenidos in fraganti por negociar sustancias ilegales”, explica el antropólogo, quien critica al sistema que encarcela sin brindarles condiciones de retorno a la vida a los jóvenes.
Para Adorno, “en resumen, en la fase policial se encuentra el mayor obstáculo para que los acusados o sospechosos de haber cometido homicidios puedan ser procesados y juzgados de acuerdo con el debido proceso legal”. Y cuando pasamos a la segunda fase, al sistema de justicia, nos deparamos con otro embudo. “Es prácticamente imposible investigar en la Justicia brasileña, porque gastamos años en busca de carpetas de expedientes sin ubicarlas, entre otros problemas. Pero, de lo que encontramos, verificamos que sólo una tercera parte de los infractores fueron sentenciados por el crimen de homicidio: los demás destinos son el archivado de la investigación, la no pronunciación, la absolución sumaria y la absolución”, comenta el sociólogo. Al contrario de lo que se lee en la literatura especializada, las etapas judiciales se encuentran igualmente sujetas a una pronunciada selectividad, aunque están más restringidas debido a los controles procesales penales.
BRUNO MIRANDA / FOLHAPRESSEmpleado judicial trabaja entre pilas de expedientes en una de las notarías del Tribunal de Justicia de São PauloBRUNO MIRANDA / FOLHAPRESS
Una vez más, la no investigación de los casos de autoría desconocida constituye el factor central de la impunidad: la falta de esclarecimiento fue responsable del desenlace del 84,5% de las investigaciones archivadas. A todo esto se le suma la morosidad penal: esas investigaciones archivadas tardaron en promedio 25,8 meses para culminarse. En los casos en que hubo denuncias, la fase policial concluyó en 4,3 meses. A mayor tiempo durante la etapa inicial de los procedimientos policiales, menores posibilidades de investigación. “Lo notable es que factores extralegales ligados a las características biográficas de los acusados, tales como el color, no parecen influir sobre los índices de impunidad. El perfil de los imputados es muy similar entre casos sin pronunciación, absueltos sumariamente y archivados, en comparación con los denunciados y los que fueron a jurado. Las razones para ello no son claras. En teoría, este descubrimiento implica afirmar que los prejuicios y los juicios de valor de los operadores técnicos del derecho no tuvieron influjo sobre las decisiones judiciales o sobre la sentencia judicial. Pero en el análisis cualitativo, fue frecuente la detección de prejuicios y juicios de valor en los argumentos de los cuales se valen tanto la acusación como la defensa”, sostiene Adorno.
“Las pruebas técnicas constantemente se encuentran sujetas a errores, y en la mayoría de los casos todo se centra en evidencias y testimonios orales, aunque prevalezca en los documentos la ley del silencio, así como en el transcurso de un proceso, que llega a extenderse hasta cinco años, muchos testigos no son localizados, cosa que acentúa la producción de pruebas inconsistentes”, dice el investigador. Tampoco existe una previsibilidad esperable incluso en sistemas de justicia que funcionan. “Suele suceder que se hagan retratos morales de los involucrados, algo de naturaleza extrajudicial, que son usados tanto por la defensa como la acusación para intentar influir en las decisiones y sentencias. También es común que se invierta la carga de la prueba: según la ley brasileña, le compete al Estado probar la culpabilidad de los acusados, reuniendo material probatorio sólido. Muchas veces se le atribuye al reo la carga de la prueba de su inocencia, pero éste no cuenta con los mismos recursos que el Estado.”
Para el sociólogo, se hace difícil saber si la creencia en las instituciones de seguridad se ha visto quebrantada, ya que, según afirma, las creencias en todas las instituciones parecen estar debilitadas. “Por eso, en el centro de la seguridad debe ubicarse como objetivo la disminución de la impunidad. Y esto no pasa por el aumento del rigor en el castigo a los delincuentes, tal como en general pretende la gente, sino por el aumento de la certeza del castigo. No hay necesidad de aplicar penas más duras ni tampoco de una ampliación de la tipología de los crímenes aberrantes. Debemos expandir las posibilidades de que un individuo que haya cometido un acto criminal sea identificado, detenido, procesado y sentenciado. Una vez condenado, debe efectivamente ir al sistema carcelario”, analiza el sociólogo Flavio Sapori, del Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Pública de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Cepesp-PUC Minas), autor de Segurança pública no Brasil: desafios e perspectivas (2007).
Para el investigador, la impunidad constituye la gran fragilidad del sistema de justicia penal en la sociedad brasileña. “Los blancos aumentaron, como así también la disponibilidad de armas de fuego, pero la capacidad preventiva del sistema no ha acompañado esos incrementos. Los niveles de impunidad, si bien no han aumentado, han permanecido iguales, en niveles elevados. Impunidad entendida como bajo grado de certeza del castigo y no propiamente como baja severidad de la punición”, sostiene Sapori. De allí que sigan oyéndose voces que demandan mayor rigidez y aumento en las penas, tal como sucede con el debate sobre la disminución de la mayoría de edad penal.
“Cada sociedad debe decidir qué son sus jóvenes, y si quienes se encuentran aptos para conducir pueden o no ir a una cárcel, pero existen muchos equívocos que deben deshacerse antes de tomar una decisión”, dice Adorno. Uno de ellos es el supuesto crecimiento de la delincuencia entre los menores. “Lo que existe a decir verdad es una disminución. Lo que sí ha aumentado es la crueldad en los delitos cometidos por jóvenes, y es un factor que debe investigarse”. Otro punto es el siguiente: ¿a qué cárceles serán llevados esos adolescentes? “Actualmente el [la organización] Primer Comando de la Capital (PCC) domina las cárceles y el comportamiento de los presos minuciosamente. Hasta los presos homosexuales son discriminados allá dentro. Cuanto más prisiones construye el gobierno, más réditos obtiene el PCC con las pensiones, los kioscos y con el comercio interno y en el ambiente ligado a esas unidades penitenciarias. De nada sirve arrojar gente en la cárcel sin pensar cómo saldrá al cabo de algunos años: ‘soldados’ entrenados por el PCC”, advierte Adorno.
Para el investigador, ha cambiado la naturaleza de los delitos, pero se insiste en dárseles las mismas respuestas, sin tener en cuenta que existe una nueva “economía delictiva” que opera en colectivos organizados en forma de red, cuya respuesta no se puede dar meramente a través del deseo obsesivo de la ley y el orden punitivo, mediante la instalación de nuevas cárceles. “Ni la Justicia ni la gente están preparadas para este tipo de delincuencia. No se trata ya únicamente de la cuestión de la arbitrariedad, a la cual debe combatírsela, por supuesto, sino de aquello que funciona o deja de funcionar para darles seguridad a los ciudadanos”, dice el investigador.
En PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência, presentado el mes pasado, la socióloga Camila Nunes Dias, de la Universidad Federal del ABC [São Paulo], publicación fruto de su doctorado, dirigido por Adorno, muestra que en el estado de São Paulo, el 90% de los encarcelados, sobre un total de 200 mil presos, se encuentra bajo el control de esa facción delictiva. Pero su comando atraviesa ahora un proceso de nacionalización, con tentáculos en Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Sergipe y Pernambuco. Un detalle importante indica que el PCC crece simultáneamente con el incremento de la violencia, de los encarcelamientos y, por encima de todo, de la impunidad. “Se detecta una notable caída en el índice de homicidios en el estado a partir de la década de 2000, un movimiento que empieza en 2001 y se acentúa a partir de 2005, cuando el PCC se expande más allá de las cárceles, estableciéndose en los barrios periféricos, en lo que constituye una verdadera hegemonía por fuera del sistema carcelario”, explica Nunes Dias.
Para la investigadora, una reducción del 80% en el índice de homicidios no se explicaría únicamente a través de factores tales como la expansión del sistema carcelario o el aumento de la presencia de ONGs en la periferia, factores comúnmente esgrimidos para explicar este fenómeno. “En el momento en que el PCC pasa a mediar y regular disputas en el mundo del delito, especialmente en el mercado de las drogas, el proceso de venganza y violencia anárquico de antes pasa quedar bajo el control del PCC”, sostiene. El PCC se transforma en la instancia de mediación que rompe los ciclos de venganza. Lo propio estaría ocurriendo dentro de las cárceles, en donde cada vez hay menos motines, lo que no significa que haya habido mejoras en las condiciones de vida, sino que lo que se detecta es el mantenimiento del orden para evitar problemas con el Estado, prueba de la hegemonía del PCC, razón por la cual no se escucha más hablar de rebeliones.
“El mundo del delito tuvo la capacidad de implementar un dispositivo capaz de suministrar parámetros de comportamiento y de establecer operadores de inspección e instancias, que se probaron legítimas, para juzgar y castigar los desvíos y a los desviantes”, analiza Nunes Dias. Todo en nombre del poder, los negocios y de una ideología de oposición al Estado, por supuesto. El esfuerzo por bloquear la lógica de los llamados “mata-mata”, que asolaron a la periferia durante la década de 1990, y la interrupción de las cadenas de venganzas privadas, motivo de la mayoría de los homicidios, constituyen uno de los significados más importantes del sentido de justicia implícito en los debates promovidos para solucionar los conflictos interpersonales en el ámbito del poder del PCC, lo cual tuvo efectos directos en la disminución de los índices de homicidios en São Paulo.
Claro que el orden social debido a la imposición de la paz por parte del PCC tiene como contracara las zonas de exclusión, en las cuales se encuentran los “parias” que no caben en la unidad constituida por la consolidación del poder, sostiene Nunes Dias. Al mismo tiempo, no se sabe durante cuánto tiempo y en qué condiciones se extenderá esa “paz”, totalmente en manos de los delincuentes. “La percepción de la ineficiencia de las entidades estatales en la promoción de la democracia, debido a la impunidad penal, ha estimulado la adopción de soluciones privadas extremadamente violentas, que contribuyen para el aumento de los sentimientos de inseguridad colectiva y para la emergencia de un poder capaz de controlar los conflictos de manera espuria, autoritaria y delictiva”, dice Adorno.
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