En contrapunto con la tendencia de la década 1990, recientes estudios indican una retracción de la participación de las mujeres y de las clases populares entre los jueces del país
Jairo Rodrigues
Durante los últimos 20 años la magistratura brasileña envejeció y ha visto merma la presencia femenina y de miembros de estratos económicos más bajos en esta carrera pública. La investigación intitulada “Quiénes somos: la magistratura que queremos”, realizada en 2018 por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), también revela que, si bien antiguamente los jueces estaban comprometidos con la búsqueda de la democratización del acceso a la Justicia, actualmente se preocupan más por las cuestiones institucionales y por las oportunidades de ascenso profesional propio. Hay 18.168 magistrados trabajando actualmente en Brasil y 3.785 respondieron la encuesta.
Los resultados de este estudio permiten actualizar el perfil de los jueces brasileños, anteriormente mapeados en 1996, en una investigación realizada por AMB en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro (Iuperj), en la actualidad, Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Iesp-Uerj). “Como telón de fondo de ambas investigaciones, el escenario político fue drásticamente alterado en este intervalo de tiempo, reverberando en los resultados del trabajo”, evalúa el sociólogo Luiz Jorge Werneck Vianna, del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ) y coordinador de las dos investigaciones.
Werneck Vianna sostiene que la primera reflejaba el momento en que el Poder Judicial estaba participando en la elaboración de la Constitución Federal. “Por entonces, el Poder Judicial definía la centralidad de su papel en las relaciones institucionales del país”, afirma. El estudio recién publicado se desarrolló un poco antes de las elecciones generales de 2018. “Ahora la investigación refleja un momento en que el poder judicial adoptó una postura defensiva. Al tener que protegerse de las acusaciones de activismo, comenzó a centrar su trabajo en cuestiones de procedimiento de la democracia, abandonando la preocupación por los problemas sociales, muy marcantes hace 20 años”, compara Werneck Vianna. Las llamadas cuestiones procedimentales se refieren a procesos democráticos como, por ejemplo, la forma en que se eligen los representantes, la forma en que se organizan los partidos políticos y las elecciones, la definición de quién puede votar y candidatearse a cargos públicos, cómo se utiliza el dinero público, entre otros temas.
También participante en los dos estudios, la socióloga Maria Alice Rezende de Carvalho, del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC-RJ, recuerda que después de la promulgación de la Constitución, en 1988, hubo un movimiento de afirmación con relación a los nuevos derechos individuales y colectivos, intensificándose los conflictos legales en el país. El Poder Judicial se acercó a la vida social y la estructura de instituciones jurídicas se amplió con la creación de Juzgados Especiales Penales y Civiles, que comenzaron a considerar las nuevas demandas que iban surgiendo. “Esos juzgados empezaron a atender causas que hasta entonces eran consideradas de menor importancia”, relata la investigadora. En aquel escenario, la primera edición del estudio identificó que los magistrados estaban dedicados a la cuestión social y empeñados en democratizar el acceso a la Justicia.
La socióloga también afirma que la tendencia de que los jueces brasileños considerasen las diferencias sociales en los juicios, también reflejaba la crisis del estado de bienestar social de los años 1970, el cual desencadenó un proceso de desregulación de los derechos en todo el mundo y que, en Brasil, relegó a la Justicia la función de defender a los sectores sociales más afectados por el desmantelamiento estatal.
Aunque las mujeres son mayoritarias en la población brasileña, esta proporción no se mantiene en los espacios de poder
Con base en una serie de preguntas tendientes a evaluar cómo los jueces piensan el derecho y el rol del Poder Judicial, el estudio constató que, hoy en día, los magistrados tienden a rechazar el papel más activista, informa el sociólogo Marcelo Tadeu Baumann Burgos, del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la PUC-RJ, también participante de las investigaciones. El trabajo muestra que la Justicia brasileña está en un proceso de abandono de la perspectiva de “guardiana de los derechos fundamentales”, dedicándose a los procedimientos que le aseguran formación democrática de la voluntad ciudadana. Detalla que en los años 1990 se destacó, en el estudio realizado, el apoyo de la magistratura en relación al protagonismo del Poder Judicial en el combate a las desigualdades sociales. Pero, en contraposición, en la actualidad se ha tornado más relevante la cuestión de la eficiencia de la Justicia como así también la valoración del Poder Judicial como brazo del Estado en relación al control de la moralidad pública, incluyéndose los temas de seguridad y combate a la corrupción.
Con relación a los cambios que se producen en la carrera, Burgos asevera que, en el presente, los jueces tienden a volcarse a la lógica interna de la profesión, buscando oportunidades de ascenso en la magistratura, lo que incluye invertir en carreras de posgrado. Según el estudio, el 78,9% de los jueces de primer grado y el 73,8% de los jueces de segundo grado hicieron algún tipo de posgraduación, porcentajes bien superiores a los de 1996, cuando el 48% de los jueces de primer grado y el 59% de los de segundo grado informaron haber seguido algún tipo de posgrado.
La memoria jurídica La investigación también revela que los jueces brasileños son muy propensos a tomar decisiones individuales: el 52% de los magistrados de primera instancia declararon que no consideran la jurisprudencia existente en sus sentencias. Aun reconociendo que el conjunto de decisiones e interpretaciones previas de las leyes, realizadas por los tribunales superiores, resulta fundamental para la racionalización de las actividades judiciales y para agilizar el procedimiento procesal, el 55% de los ministros de esos tribunales, entre los que respondieron la encuesta, declararon que no se pautan necesariamente por la jurisprudencia, ya que consideran que la misma perjudica la independencia funcional.
En un proyecto que analizó el impacto de las decisiones de la Corte Suprema (STF) en el Poder Judicial brasileño, Luciana Gross Cunha, de la Escuela de Derecho de São Paulo, Fundación Getúlio Vargas (FGV Derecho SP), constató que existe un grado significativo de decisiones de la Corte de São Paulo que no sigue los precedentes vinculantes publicados por la Corte. “De este modo, en la mayor parte de los casos, se crean excepciones para decisiones que ya deberían estar establecidas de antemano”, afirma. Según la investigadora, esa resistencia se da por diferentes motivos. Uno se refiere al principio del juez natural, defendido por la Constitución y que garantiza la independencia e imparcialidad del juez en sus decisiones. Además, el sistema jurídico brasileño, civil law, le otorga menor importancia a las decisiones anteriores que fueron tomadas pelos tribunales de segunda instancia o superiores, funcionando dentro de una lógica diferente si lo comparamos, por ejemplo, con el sistema de common law, vigente en países como Estados Unidos. “Por ende, en Brasil, los precedentes legales, o las decisiones que fueron tomadas anteriormente, resultan de poco valor”, explica. Esta característica, señala Cunha, provoca que casos semejantes reciban decisiones diferentes según el juez que juzgó el proceso.
La presencia femenina La primera edición del estudio de la AMB señalaba un proceso creciente de mujeres ingresando a la magistratura. Si la tendencia identificada en los años 1990 hubiese seguido una trayectoria ascendente, resultante de la fuerza que estaba demostrando, hoy en día el porcentaje de juezas en la carrera sería del 60%, informa Burgos, de la PUC-RJ. Pero no fue lo que sucedió. La investigación mostró que el período de mayor ingreso de mujeres en la magistratura ocurrió entre 1990/ 1999 y entre 2000/ 2009, cuando las mujeres llegaron a representar, respectivamente, el 38% y el 41% del total de los jueces admitidos. Entre 2010 y 2018, el porcentaje de entrada de mujeres cayó a alrededor del 34%. “Las carreras de derecho tienen una creciente participación femenina, pero esta tendencia no encuentra un efecto en paralelo para el poder judicial, por lo que desde el 2010 la admisión de mujeres en la profesión, ha perdido fuerza”, analiza Burgos, recordando que, para ser mejor interpretada, esa constatación depende de otros estudios que analicen todas las etapas de acceso a la magistratura.
Una de las autoras de otro estudio que se propuso medir la participación femenina en el Tribunal Federal, la jueza Gabriela Azevedo, coordinadora del Comité de Mujeres de la Asociación de Jueces Federales (Comisión Ajufe Mujeres), dice que la presencia de mujeres en este ámbito de la Justicia fue del 26% al 32%, entre 2013 y 2018. “Sin embargo, la proporción referente a las juezas federales negras en este panorama se mantuvo baja, totalizando sólo el 2%”, señala. Además de entrar en la magistratura federal a menor escala, las mujeres también progresan menos en la carrera, menciona Azevedo. “La proporción de juezas del Tribunal siempre es menor que la de juezas federales. Por eso decimos que hay un techo en la carrera”, sostiene. Según ella, el porcentaje de juezas en los Tribunales Regionales Federales (TRF) es, en promedio, del 20,86%, mientras que en la primera instancia del Tribunal Federal la participación femenina llega al 32,06%. “Lo cual significa que, aunque las mujeres constituyan la mayoría de la población brasileña, la proporción no se reproduce en espacios de mayor potencia o visibilidad”, afirma.
La primera jueza brasileña, Auri Costa Moura (1911-1991), entró a la magistratura estadual en Ceará en 1939 y fue nombrada jueza del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará en 1968. “Creemos que Costa Moura sólo asumió el cargo de jueza debido a que su nombre fue confundido con el de un hombre, en algunas etapas del concurso”, explica la socióloga Veridiana Pereira Parahyba Campos, investigadora de la Fundación Carlos Chagas (FCC) y una de las autoras del estudio de Ajufe. Pereira Parahyba Campos recuerda que la segunda jueza de Brasil, la catarinense Thereza Grisólia Tang (1922-2009), fue magistrada solo en 1954, 15 años después que Costa Moura. “Durante alrededor de 20 años, fue la única mujer que actuó en el Poder Judicial de Santa Catarina”, dice la investigadora.
El 27% de los jueces de primer grado en actividad son hijos de padres sin escolarización secundaria completa
El envejecimiento del Poder Judicial Otra tendencia en alza durante la década de 1990 y que perdió fuerzas en el panorama reciente implica la participación, en la magistratura, de jueces provenientes de las clases económicas más bajas. En la investigación anterior, alrededor de un tercio de los jueces provenía de clases populares. Actualmente esta proporción es de un cuarto, informa Burgos. La investigación también muestra que el 27% de los jueces de primer grado en actividad son hijos de padres que no tuvieron escuela secundaria completa, un porcentaje que en la investigación de 1996 fue del 54%. Alrededor del 80% de los jueces de primer grado se declararon blancos, el 18%, pardos y negros. Entre los jueces de segundo grado, el porcentaje de blancos llega casi al 85% y el de negros y pardos, al 11%.
Otro aspecto de la investigación muestra que el Poder Judicial ha envejecido: el 31% de los jueces de primer grado tienen hasta 40 años y el 31% tiene 51 años o más. Entre los jueces de segundo grado, casi el 45% de los encuestados declararon tener 61 años o más. En el estudio anterior, el 51% de los magistrados tenían hasta 40 años y el 15%, 51 o más. Cunha, de la FGV, cree que los datos reflejan una reducción, desde el 2010, en el número de concursos de admisión a la Magistratura y que está relacionado con una permanencia mayor en la carrera. Actualmente, la mayoría de los jueces del país tienen más de 60 años.
Aunque la presencia de hombres blancos sigue siendo mayoritaria, María Tereza Sadek, del Departamento de Ciencias Políticas de la USP (DCP-USP), llama la atención sobre una cierta modificación en el perfil del magistrado en las últimas cuatro décadas. “Antes, casi todos los jueces eran varones, hijos de magistrados o de grandes abogados. Mujeres, homosexuales o incluso hijos de extranjeros terminaban siendo rechazados en los exámenes orales”, comenta. Según Sadek, esta diversificación en el perfil de los magistrados también está presente en sus orientaciones teóricas. “Hay jueces formados en diferentes escuelas, algunas más positivistas, otras más sociológicas”, ejemplifica. La característica explica, a juicio de la investigadora, algunos de los recientes debates en el STF. “Muchas veces, los ministros difieren porque parten de diferentes supuestos teóricos y esto también ocurre en la magistratura de primer grado”, señala, recordando además que hasta la década del 90 los jueces prácticamente sólo se pronunciaban en los registros del procedimiento y, por lo tanto, eran poco conocidos por la población. “Actualmente, el proceso de judicialización de la política, que vive su ápice con los casos de corrupción investigados por la Operación Lava Jato, y el protagonismo del STF, que involucra decisiones como la unión homoafectiva, han hecho con que el Poder Judicial esté presente en cuestiones cotidianas que mueven a Brasil”, concluye.
Proyecto Diez años de la reforma del Poder Judicial: Los efectos prácticos de los reclamos constitucionales y de la repercusión general en el STF y en el TJSP (nº 15/05589-8) Modalidad Ayuda a la Investigación – Regular; Investigadora responsable Luciana Gross Cunha (FGV); Inversión 20.639,05 reales.
Libros CAMPOS, V.P.P. Processo de feminização da magistratura no Brasil: Mecanismos e possibilidades de uma mudança social. Editorial de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), 2016. VIANNA, L. W. et al. Corpo e alma da magistratura brasileira. Revan Publisher, 1997.
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