Con un aumento de más de nueve veces (un 819 %) entre 2005 y 2023, la cantidad de personas de la tercera privadas de su libertad asciende a 12.400 en Brasil, lo que equivale al 1,9 % del total de individuos presos en territorio nacional. La baja representatividad de esta población en los 1.300 establecimientos penitenciarios del país oculta un universo particular de historias y demandas, que escapan a la mirada analítica de los formuladores de las políticas públicas y las investigaciones académicas. Con el propósito de sacar a la luz esta situación, un estudio coordinado por la socióloga Maria Cecília de Souza Minayo y la psicóloga Patricia Constantino, de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), mapeó las condiciones de vida y de salud de los ancianos recluidos en los penales del estado de Río de Janeiro.
La investigación, financiada por la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de Río de Janeiro (Faperj), implicó un trabajo articulado de 11 expertos y contó con la participación del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro. Entre 2019 y 2020, mediante análisis cuantitativos y cualitativos, se evaluó la situación de 647 varones y 35 mujeres mayores de 60 años que purgaban sus condenas en 33 unidades carcelarias masculinas y 5 femeninas, todas de régimen cerrado. Durante el período en que se llevó a cabo la investigación de campo, los presidios fluminenses reunían, entre el total de detenidos, 724 varones y 39 mujeres con edades comprendidas entre 60 y 88 años. Los resultados fueron publicados en el libro intitulado Frágeis e invisíveis – Saúde e condições de vida de pessoas idosas privadas de liberdade [Frágiles e invisibles. La salud y las condiciones de vida de los adultos mayores privados de su libertad], lanzado en el mes de mayo por Editora Fiocruz.
– Las cárceles brasileñas eleven el riesgo de enfermarse y morir por causas violentas
– Las mujeres encarceladas tienen una salud más precaria que el resto de la población y son abandonadas por sus familias
– Los delitos perpetrados por varones de más de 60 años involucran mayoritariamente agresiones sexuales
El año pasado, el sistema penitenciario de Río de Janeiro albergaba un total de 44.300 personas, de las cuales 42.800 eran varones y 1.400 mujeres. “El aumento del número de ancianos detenidos puede explicarse, en parte, por el incremento de las reclusiones en todas las franjas etarias, como así también por el envejecimiento de la población brasileña, pero es necesario indagar al respecto de otras causas”, propone Minayo. Según la investigadora, Río de Janeiro tenía un establecimiento penitenciario específico en el municipio de Niterói para recibir a los individuos mayores de 60 años, que ofrecía talleres ocupacionales y baños de sol diarios. Contaba con médicos que prestaban servicios de atención en la unidad dos veces por semana, como así también odontólogos y enfermeros. Sin embargo, en 2014, el gobierno estadual decidió distribuir a los ancianos en las cárceles de otros municipios fluminenses, y esa unidad carcelaria fue destinada al alojamiento de agentes policiales condenados por la Justicia. A partir de ese momento, la situación de los adultos mayores presos sufrió un deterioro, según refiere la socióloga.
El estudio de la Fiocruz constató que el 94,5 % de los ancianos presos en Río de Janeiro eran varones y que el promedio de edad era de 65,7 años. Por su parte, las mujeres representaban el 5,5 % del total y el promedio de edad era de 63,8 años. La mayoría se reconocían como negros o pardos (el 58,6 %) y dijeron tener hijos (el 92,7 %). En alrededor de un 59 % de los casos no habían completado la educación básica y un 15 % correspondía a analfabetos. Esos ancianos en gran medida (el 74,6 %) habían sido encarcelados hacía menos de cinco años y un 37,4 %, según declararon, no recibían visitas. Del total de entrevistados, más de la mitad (el 52,5 %) dijeron que sus problemas de salud eran un obstáculo para sus actividades cotidianas. Los problemas más frecuentes eran la hipertensión arterial (que afecta al 56,9 %), la constipación recurrente (a un 23 %) y la diabetes (a un 20 %).
La incontinencia urinaria y el estado general de la dentadura fueron señalados como los principales motivos de padecimiento, ya que al 60 % de los ancianos les faltaban la mayoría de sus dientes. Entre las quejas también se destacaron la alimentación inadecuada, las celdas abarrotadas y faltas de higiene y la escasa atención médica, así como la falta de gafas y de actividad física. También se les realizaron exámenes cognitivos para evaluar la salud mental de 540 individuos de ambos sexos. Del total, 130 presentaban problemas cognitivos y mentales, sobre todo depresión. Una de las responsables de llevar a cabo la investigación de campo en las cárceles de mujeres, la jurista Ana Laura Marinho Ferreira, quien defendió su maestría en la Fiocruz en 2021, subraya que, aunque las ancianas presentaban una condición física razonable, su salud emocional se hallaba en una situación más crítica que la de los varones.
Marinho Ferreira es la autora del libro Velhice atrás das grades: Condições de saúde de mulheres idosas nas unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro [Vejez tras las rejas. Las condiciones de salud de las adultas mayores en las unidades carcelarias del estado de Río de Janeiro], publicado en 2022 por la editorial Dialética, que contiene los resultados de su investigación de maestría. En el estudio, la investigadora identificó diferencias entre los perfiles de las ancianas detenidas y los de las mujeres más jóvenes. En el segundo grupo, la mayoría son negras y pardas, mientras que gran parte de las ancianas se autodeclaraban blancas. “El delito más común entre las jóvenes tenía que ver con el tráfico de drogas y entre las ancianas, también son frecuentes el fraude y la estafa”, especifica la jurista. Otra de las diferencias radica en que, en general, mientras que las más jóvenes sufren el abandono de sus familias durante el período de la condena, las ancianas suelen recibir la visita de sus familiares. “Pese a las diferencias, las detenidas por lo general mantienen entre sí una relación de respeto. Las de mayor edad suelen ser llamadas madres o abuelas y reciben ayuda en la organización de su rutina”, dice la investigadora.
La enfermera Pollyanna Viana Lima también destacó esos lazos de solidaridad en su tesis doctoral defendida en 2018 en la Universidad Estadual del Sudoeste de Bahía (Uesb). A lo largo de dos años de trabajo de campo, visitó cuatro penitenciarías del interior del estado de Bahía para entrevistar a 31 personas mayores de 60 años que se encontraban cumpliendo condenas en esas unidades. Mediante conversaciones individuales y en grupos, cara a cara o a través de locutorios, además del análisis de historias clínicas, la investigadora pudo detectar que, en uno de estos penales, 20 personas se turnaban en cada celda para dormir en los tres únicos colchones disponibles. “No obstante, había un anciano con problemas graves de columna que podía utilizar un colchón todas las noches”, relata. Según la enfermera, casi todos los ancianos entrevistados en la investigación eran analfabetos y agricultores que habían trabajado desde que eran niños. “Deseaban tener algún quehacer que cumplir en la cárcel, en cualquier tipo de actividad. Uno de los trabajos más solicitados era el de limpieza, que otorga un cierto estatus porque le permite al individuo circular por todo el penal”, expone.
Por su parte, Minayo subraya que, a grandes rasgos, los adultos mayores presos acumulan innumerables vulnerabilidades físicas y psicológicas que el ambiente de los presidios tiende a agravar. En Río de Janeiro, estas fragilidades eran más acentuadas entre los 16 individuos mayores de 80 años y, especialmente, entre los 6 que habían superado los 88 años. El estudio también detectó que había 40 ancianos dependientes sobreviviendo en estado crítico en el sistema penitenciario del estado. “Se trataba de personas incapaces de desplazarse por sí solas para comer o ir al baño, y permanecían postradas todo el tiempo en sus camas, donde a menudo acababan haciendo sus necesidades fisiológicas”, informa la socióloga. Según ella, en las cárceles estudiadas no existe un servicio ni un cuidado específico para estas personas, que quedan a merced de la caridad de los demás. En el caso de los individuos con este tipo de dependencia, una de las soluciones a corto plazo es capacitar a otros reclusos para que se desempeñen como cuidadores y que esta tarea sea reconocida para conmutarles parte de sus condenas. “A pesar de las condiciones degradantes, los entrevistados mostraban expectativas positivas en relación con su futuro: en el 81 % de los casos esperan tener una vida personal satisfactoria cuando dejen la prisión”, contrasta Minayo.
En determinadas situaciones, los ancianos mayores de 70 años o gravemente enfermos pueden solicitar el cumplimiento de su condena en régimen de prisión domiciliaria, refiere la jurista Irene Cardoso Sousa, quien se desempeña como fiscal en el Ministerio Público de Pernambuco. Sin embargo, quienes hayan cometido delitos atroces, normalmente no pueden acogerse a este beneficio. Además, muchos de los detenidos no tienen acceso a abogados para presentar esta solicitud ante los tribunales. Cardoso Sousa defendió su maestgría en la Fiocruz de Pernambuco en mayo de 2024, a partir de una investigación de la situación de 529 adultos mayores presos en 19 penitenciarías pernambucanas. En este estado, el 20 % de los individuos mayores de 60 años cumplen sus condenas en arresto domiciliario y la mayoría de las unidades carcelarias están ubicadas en la costa. De este modo, a los familiares de los ancianos presos que viven, por ejemplo, en el interior del estado, se les dificulta visitarlos. “Más allá del impacto psicológico del abandono, esta situación conlleva otros problemas de índole práctica. Uno de ellos es que el estado no les facilita cepillo de dientes, jabón ni ropa de cama a los reclusos, de manera que aquellos que no reciben visitas no cuentan con estos artículos”, explica la investigadora, quien señala que más de un 30 % de los ancianos en las cárceles pernambucanas se encuentran en esta situación.
La enfermera Alessandra Minervina dos Santos Lopes, de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de São Paulo, defendió su maestría en 2020 en la Faculdade de Medicina de Marília (Fanema). Para su tesina, investigó el perfil penal y las condiciones de salud de 270 ancianos que cumplían sus penas en 27 cárceles paulistas. Alrededor de un 60 % de ellos padecía algún tipo de enfermedad y las más frecuentes eran las del aparato cardiorrespiratorio. “La tristeza por la ruptura de los vínculos familiares, el temor a no tener adónde ir al salir en libertad y el arrepentimiento fueron los puntos predominantes en las charlas con los entrevistados”, dice Dos Santos Lopes. A diferencia de la situación detectada en los penales de Río de Janeiro, Pernambuco y Bahía, donde los ataques sexuales constituían el principal causal de condena de los varones adultos mayores, en las unidades carcelarias estudiadas por Dos Santos Lopes, el delito más común era el homicidio.
Aline van LangendonckContrariamente al panorama detectado en su investigación, la enfermera trabaja actualmente en la penitenciaría masculina de Florínea, en el interior paulista, considerada un modelo de referencia en la acogida de personas vulnerables, incluyendo ancianos, población en situación de calle y LGBT+. En esta institución, Dos Santos Lopes es la directora técnica del área de salud y coordina un equipo que atiende a los internos. De un total de 1.300 presos, 15 son ancianos y 2 de ellos tiene más de 80 años. “En virtud de su buena estructura edilicia y del equipo médico cualificado, incluso durante la pandemia, cuando las cárceles afrontaron situaciones sanitarias críticas, especialmente entre las personas vulnerables, nosotros no registramos ninguna muerte”, destaca la investigadora.
Este tipo de atención en las prisiones está reglamentado por la Política Nacional de Atención Integral de la Salud de las Personas Privadas de su Libertad en el Sistema Penitenciario (Pnaisp), instituida en 2014 mediante una disposición conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia. A su vez, la Ley de Ejecución Penal nº 7.210/1984 prevé la oferta de actividades en las áreas de educación, trabajo y salud para promover la reinserción social de las personas encarceladas. “Sin embargo, la Pnaisp solamente menciona la necesidad de ofrecer atención especial a las personas ancianas o discapacitadas, sin ahondar en propuestas específicas”, explica Constantino, de la Fiocruz. Según la psicóloga, cuando se realizó la investigación, solamente dos penitenciarías del estado de Río de Janeiro ponían en práctica estas directrices: Tiago Teles de Castro Domingues y Juíza Patrícia Lourival Acioli, ambas situadas en el municipio de São Gonçalo.
El Estatuto del Anciano, elaborado para regular los derechos de las personas de 60 años o más, contempla la protección de estos individuos en las situaciones en que ellos son las víctimas, no dice nada al respecto de las situaciones en que son los transgresores, según un análisis de la jurista Rose Aparecida Ferreira Ribeiro, miembro de la Comisión Especial de Atención a los Adultos Mayores del Colegio de Abogados de Brasil – Río de Janeiro. Con un doctorado defendido en 2021 en la Universidad Federal Fluminense (UFF), sobre la realidad de los ancianos presos en 13 cárceles fluminenses, Ferreira Ribeiro forma parte del equipo que realizó el estudio de la Fiocruz. “El Código Penal, de 1940, se modificó después de la sanción del estatuto, pero solo incorporó cambios en las disposiciones que se refieren a los ancianos como víctimas de delitos, sin tener en cuenta aquellas situaciones en las que son los agresores”, dice la abogada.
Cuando en el marco del estudio visitó las 38 unidades penitenciarias femeninas y masculinas, Constantino informó que, en todas ellas se encontró ante situaciones tales como personas sin dientes que debían tragarse la comida sin masticarla, que no veían bien por no tener anteojos o que olían a orina o excremento debido a la falta de acceso a pañales geriátricos. Hubo un caso, empero, que fue citado como el más impactante tanto por Constantino como por Ferreira Ribeiro. Se trataba de un anciano analfabeto, por entonces de 67 años. Se describía a sí mismo como un ladrón profesional, que se había pasado la vida entrando y saliendo de prisión. No sabía cuántos años más debía purgar, no recibía visitas ni tenía acceso a medicamentos. Relató que un pedazo de hormigón había caído sobre su pie, aplastándole dos dedos. Pasó meses con dolor, sin conseguir atención médica, con el pie necrosado y sin sensibilidad. Cierto día, en medio de la noche, ingresaron ratas a su celda y le comieron sus dedos lesionados. Tan solo después de este suceso consiguió que le brindaran atención médica para curar su herida.
Con base en este panorama, el estudio de la Fiocruz pudo identificar las demandas prioritarias de los propios ancianos presos en las cárceles de Río de Janeiro, que pueden servir como punto de partida para mejorar la situación de los presidiarios de otros estados. La necesidad de una alimentación más equilibrada (un 92,8 %), la provisión de medicamentos, especialmente los de uso continuo (un 89,3 %), y la atención efectiva de profesionales de la salud (un 81,6 %) fueron algunas de las demandas urgentes que se registraron. Otra iniciativa que podría tener un impacto inmediato en la vida de estos ancianos es el suministro de prótesis dentales, bastones, andadores y gafas. “Estas personas están en los penales para purgar condenas por los delitos que cometieron, pero es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles”, argumenta Minayo. Además, como recomendación general, el estudio aboga por la creación de unidades penitenciarias o pabellones específicos para personas ancianas en los presidios, con una estructura arquitectónica adecuada, que incluya rampas de accesibilidad y barras de apoyo en los pasillos, como así también baños adaptados y condiciones básicas de comodidad para dormir.
Artículos científicos
LIMA, P. V. Memórias de pessoas idosas encarceradas sobre o trabalho. Revista NAU Social. v. 13, n. 25. Salvador, 2022.
LOPES, A. M. dos S. et al. Idosos privados de liberdade: Perfil de saúde e criminal. Revista Kairós-Gerontologia. 25(1), 73-91. São Paulo, 2022.
GREENE, M. et al. Older adults in jail: High rates and early onset of geriatric conditions. Health Justice. feb. 17, 6 (1): 3, 2018.
Libros
MINAYO, M. C. de S. y CONSTANTINO, P. Frágeis e invisíveis: Saúde e condições de vida de pessoas idosas privadas de liberdade. Río de Janeiro: editorial Fiocruz, 2024.
RIBEIRO, R. A. F. O seguro morreu de velho. Río de Janeiro: Lumen Juris, 2024.
FERREIRA, A. L. M. Velhice atrás das grades: Condições de saúde de mulheres idosas nas unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. São Paulo: Dialética, 2022.
Informe
Procedimentos direcionados à custódia de pessoas idosas no sistema prisional. Secretaría Nacional de Políticas Penales de Brasil. Brasilia: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 2023.
