Larissa RibeiroUn período de alrededor de 35 años separa a las primeras articulaciones de sectores de la sociedad brasileña en favor de políticas relacionadas con la regulación de la fecundidad y los días actuales, cuando las reivindicaciones han plasmado, al menos parcialmente, leyes y servicios que se brindan en las redes públicas de salud. “Ha habido un avance notable en estas casi cuatro décadas”, dice la psicóloga Margareth Arilha, investigadora del Núcleo de Estudios de Población (Nepo) de la Universidad de Campinas (Unicamp). La primera reivindicación atendida, según la antropóloga Andrea Moraes Alves, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), fue la creación del Programa de Asistencia Integral de la Salud de la Mujer (Paism), en 1983.
Una importante inflexión del período fue la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) instaurada en el Congreso en 1992 y que terminó sus trabajos en 1993, sobre las denuncias de esterilización masiva de mujeres en Brasil que se habrían concretado en el Centro de Investigaciones de Asistencia Integrada de la Mujer y el Niño (CPAIMC), una entidad privada de Río de Janeiro, entre otras instituciones. La investigación terminó sin arribar a conclusiones en cuanto a esas acusaciones, pero habría marcado un giro histórico, con influjo sobre el tenor de la Ley de Planificación Familiar (1996), de acuerdo con Moraes Alves.
“La denuncia contra el CPAIMC, capitaneada por legisladores, entidades feministas y expertos del área de la salud y de estudios poblacionales, contribuyó a la promoción del concepto de derecho reproductivo de las mujeres, entonces discutido en la sociedad, pero aún no establecido legalmente”, afirma la investigadora, quien analizó el desenvolvimiento de la CPMI en la investigación intitulada “La trayectoria del CPAIMC: La introducción de la esterilización femenina en Brasil”. Además del seguimiento de las sesiones parlamentarias y su contexto, en ese estudio recorrió la trayectoria del fundador y director del centro, el médico Helio Aguinaga, entrevistado por Moraes Alves en 2013, a los 97 años. Murió dos años después.
El CPAIMC fue creado en 1974 por un grupo de médicos, enfermeros y trabajadores sociales del Hospital São Francisco de Assis, en Río, y registrado al año siguiente como una “sociedad civil sin fines de lucro”. Sus recursos económicos provinieron inicialmente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y luego de la agencia para ayuda internacional del gobierno estadounidense (USAID) y de diversas organizaciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos. En esa época, el gran debate internacional sobre el control de la natalidad tenía como motor la preocupación con la en ese entonces denominada “bomba poblacional”, la idea basada en proyecciones estadísticas de que el crecimiento de la cantidad de habitantes del planeta superaría a la capacidad de generación de alimentos para todos.
En Brasil, el pensamiento en las filas del régimen militar se dividía entre los que abrazaban esa idea y los que consideraban que las grandes tasas de fecundidad locales eran oportunas para plasmar la ocupación del territorio nacional. En los organismos de representación de la comunidad médica de las instituciones privadas, según Moraes Alves, había una fuerte tendencia a privilegiar la perspectiva de la salud pública, con el argumento de que el control de la natalidad contribuiría al bienestar de la población, fundamentalmente de las mujeres, que deberían tener hijos solamente cuando quisieran. Para la Iglesia católica, en ese entonces más influyente que hoy en día, es responsabilidad de las parejas regular la fertilidad por medios “naturales”, para no tener hijos sin condiciones de criarlos, pero consideraba contrario a la naturaleza cualquier método de anticoncepción artificial.
Según Moraes Alves, la presencia extranjera –bastante explotada en la CPMI como “injerencia externa”– tenía como principal motivación el interés en desactivar la “bomba poblacional” allí donde parecía más peligrosa, es decir, en los países en desarrollo (en Europa, las tasas de fecundidad estaban cayendo), y el temor, en tiempos de la Guerra Fría, de que el aumento de la cifra de miserables les diera sustentación a los movimientos de insurgencia de orientación comunista. El objetivo declarado de las donaciones de entidades internacionales era humanitario: promover el control de la natalidad para favorecer la calidad de vida de la población. Un dato objetivo ayudó a cambiar el enfoque de esta discusión: la caída abrupta de la tasa de fecundidad en Brasil, que pasó de 5,8 hijos por mujer en 1970 a 4,4 en 1980, y a 2,9, en 1990. Pero las prácticas de esterilización perduraron.
“Con la expansión de las actividades del CPAIMC en las favelas de la ciudad de Río de Janeiro, empezaron a surgir denuncias de acciones practicadas en las centros comunitarios”, comenta Moraes Alves. La actuación del centro se apoyaba en convenios con las administraciones municipales y en la creación de polos autónomos en las barriadas pobres. En 1984, el periódico O Globo notició el cierre de una unidad de la institución que funcionaba dentro de una escuela municipal en el barrio de Acari, por incompatibilidad entre la actividad médica y la educativa. Una habitante de bajos ingresos del barrio se dijo coaccionada a someterse a la cirugía de esterilización. En esa ocasión, Aguinaga declaró al diario: “Lo que queremos es aportarles mejorías a esas personas que viven mal, en condiciones subhumanas”. En 1986, el Ministerio de Salud suspendió los test del anticonceptivo Norplant realizados por el centro entre mujeres pobres.
Durante los debates para la redacción de la Constitución de 1988, Aguinaga se dedicó a una campaña personal por la inclusión de la planificación familiar en el texto constitucional. Las argumentaciones públicas del médico, que seguían vinculando el tema a las condiciones de desarrollo del país, empezaron a ser abiertamente cuestionadas por los defensores de la perspectiva individual de los derechos de reproducción. Ésta era la orientación unánime de las organizaciones feministas, que obtuvieron una victoria con la aprobación del texto del artículo 226 de la nueva Constitución, según el cual la planificación familiar es “de libre decisión de la pareja” y queda “prohibida cualquier forma coercitiva por parte de instituciones oficiales o privadas”. Tres años después, la Legislatura de Río de Janeiro instauró una comisión investigadora sobre esterilización de mujeres en el estado, e invitó a Aguinaga a testimoniar. También en 1991, aislado y sin apoyo económico, el CPAIMC cerró sus portas.
La omisión del estado
En las investigaciones parlamentarias se planteó la sospecha de que las actividades del CPAIMC se orientaban siguiendo propósitos eugenésicos, dados los indicios de que la “esterilización masiva” apuntaba prioritariamente a las mujeres negras. La comisión investigadora estadual recomendó en su informe final la apertura de una investigación parlamentaria a nivel federal, que fue solicitada por la deputada federal Benedita da Silva y por el senador Eduardo Suplicy, ambos del Partido de los Trabajadores, el PT. Da Silva, identificada con el feminismo y con el movimiento negro, asumió la presidencia de la comisión bicameral. Disputas acerca de metodología estadística referentes a la proporción de mujeres negras entre las esterilizadas dejaron sin cierre las conclusiones relacionadas con las acusaciones de eugenesia. El informe final de la CPMI constató una alta incidencia (44%) de esterilizaciones quirúrgicas “en detrimento de alternativas anticonceptivas menos invasivas” y apuntó la “omisión del gobierno brasileño” por no investigar las iniciativas privadas de control de la natalidad.
Margareth Arilha, quien estuvo presente en algunas de las etapas cruciales de cambio de perspectivas, como la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en 1994 en El Cairo, ubica los orígenes de la construcción del concepto de planificación familiar como un derecho individual en el crecimiento de los movimientos feministas en Brasil a finales de los años 1970, período de distensión de la dictadura militar. “Muchas feministas regresaron del exilio trayendo un debate sobre la máxima que dice ‘nuestro cuerpo nos pertenece’”, dice Arilha. Otro hito importante, según la investigadora, fue la creación del Consejo de la Condición Femenina de São Paulo, durante la gestión de André Franco Montoro, el primero gobernador elegido por voto directo, en 1982, desde la instalación del régimen militar.
Cristiane da Silva Cabral, docente del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y colaboradora del Nepo, destaca dos conferencias internacionales sobre población como momentos históricos. “La conferencia de Bucarest, en 1974, que arribó a la conclusión de que el mejor anticonceptivo es el desarrollo, y la de El Cairo, en 1994, que definió que la reproducción es un derecho humano fundamental”, dice.
La Constitución de 1988 y la Ley de Planificación Familiar de 1996 serían consolidaciones de estas iniciativas. Para la aprobación de la ley, hubo una negociación con los sectores más conservadores del Congreso y de la sociedad, lo que resultó en restricciones al acceso a la esterilización quirúrgica, Entre ellas la condición de que la mujer tenga más de 25 años o dos hijos y la necesidad de la autorización del cónyuge. “De todos modos, la ley es satisfactoria al asegurar el acceso amplio y legal a los métodos anticonceptivos”, afirma Da Silva Cabral.
Artículo
ALVES, A. M. A trajetória do Centro de Pesquisas e Atenção Integrada à Mulher e à Criança (1975-1992). Século XXI, Revista de Ciências Sociais. v. 4, p. 180-216. jul./ dic. 2014.
