Dolor de cabeza, taquicardia, fatiga, mareos, irritación de las mucosas, visión borrosa y calambres. Aproximadamente un 90 % de los participantes de un estudio realizado con agricultores familiares de São José do Ubá, en el noroeste de Río de Janeiro, en 2014 y 2015, a menudo presentaba al menos uno de estos síntomas y otros más, apuntados como el resultado de una intoxicación aguda por plaguicidas. Los investigadores del Departamento de Salud Ambiental de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (FSP-USP) que llevaron a cabo la investigación evaluaron, además de los síntomas de intoxicación aguda y crónica en esa comunidad, la salud mental y respiratoria de los 78 voluntarios que participaron en el estudio. Casi la mitad de ellos presentaban entre cuatro y nueve síntomas de intoxicación aguda y una cuarta parte tenían más de cuatro síntomas crónicos, tales como alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultades de concentración y de razonamiento. La región era la segunda en producción de tomates fluminense.
“Los aplicadores de agrotóxicos, normalmente varones, y sus ayudantes, mayoritariamente mujeres, están expuestos a altas cargas de esas sustancias desde muy jóvenes”, dijo el ideador del estudio, Rafael Buralli, doctor en salud pública graduado en la USP. La investigación generó cuatro artículos científicos y fue el tema de la tesis doctoral de Buralli, quien actualmente se desempeña como consejero técnico de la Coordinación General de Vigilancia de la Salud Laboral del Ministerio de Salud de Brasil. Cuando se les preguntó cuáles agrotóxicos utilizaban, los agricultores citaron 49 pesticidas diferentes pertenecientes a 31 grupos químicos, entre ellos algunos prohibidos para el cultivo de tomates y uno que ya había sido proscrito en Brasil.
Según los estudiosos del tema, la intoxicación aguda por plaguicidas de uso agrícola, que en 2017 causó 61 de las muertes registradas en el país por el Sistema Nacional de Información Toxicofarmacológica (Sinitox), es tan solo la parte más visible de los efectos sobre la salud ocasionados a las personas que están directamente expuestas a los pesticidas. En 2017, el último año del que se tiene registro en el sistema, se contabilizaron 2.548 casos de intoxicación aguda.
La intoxicación severa por agrotóxicos se manifiesta con la aparición de signos y síntomas clínicos de su efecto nocivo como resultado de la interacción del producto en los individuos a cargo de su manipulación y aplicación en los plantíos. Se presenta de forma súbita, poco tiempo después de la exposición al agente químico. En cambio, la intoxicación crónica es el resultado de la exposición regular a los pesticidas durante meses o años.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) informó, a través de su Asesoría Especial de Comunicación Social, que no es posible atribuir el total de muertes por intoxicaciones en 2017 al mal uso de los agrotóxicos, puesto que, según el desglose de las propias tablas del Sinitox, de los 61 fallecidos, 29 fueron el resultado de intentos de suicidio, 2 fueron reportados como accidentes y los demás, se produjeron en “circunstancias desconocidas”, es decir, que no habían sido esclarecidas al momento de su notificación.
El director adjunto de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Reginaldo Minaré, reconoce que los pesticidas son productos químicos peligrosos y, por eso mismo, “deben manipularse con cuidado”. Pero, para él, si se tiene en cuenta el volumen aplicado en el país, los trabajadores están “suficientemente protegidos” incluso.
“Nos preocupamos por capacitar a los agricultores y prestarles asistencia técnica para que hagan un uso adecuado de esas sustancias, esenciales para la agricultura nacional”, dice. El Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (Senar) ha capacitado en la última década a más de 200.000 trabajadores rurales en el uso de agrotóxicos, según Minaré. Según los datos del Censo Agro 2017, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en Brasil hay 15 millones de personas trabajando en establecimientos agropecuarios. El director de la CNA sostiene que es necesario ampliar la concientización sobre el uso correcto de los dispositivos. “Pero no veo que a los trabajadores les falte capacitación. Estamos en vías de alcanzar un nivel de seguridad interesante”.
El año pasado, el Mapa puso en marcha el Programa Nacional de Certificación de Aplicadores de Agrotóxicos y Productos Afines, también llamados Aplicador Legal. “La capacitación obligatoria de los aplicadores se ha implementado, precisamente, para reducir las posibilidades de intoxicación”, informó el organismo.
Los expertos que estudian el problema hablan de una gran subnotificación de las intoxicaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay un promedio mundial de 50 casos no informados por cada evento registrado. El médico Wanderlei Antonio Pignati, del Departamento de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), y otros colegas describen en el libro intitulado Desastres sócio-sanitário-ambientais do agronegócio e resistências agroecológicas no Brasil [Catástrofes socio-sanitario-ambientales del agronegocio y resistencias agroecológicas en Brasil], de 2021, en un capítulo dedicado a las intoxicaciones agudas causadas en este estado del centro-oeste brasileño por los pesticidas de uso agrícola, una subnotificación de casos de hasta un 100 % en algunas ciudades como Sapezal, después de realizar un seguimiento por tres años. Cabe destacar que este tipo sucesos son de notificación obligatoria para los profesionales de la salud.
Lelia Valduga / Getty ImagesCon la ayuda de un tractor, un trabajador rural fumiga con pesticidas una finca rural en Santa CatarinaLelia Valduga / Getty Images
“Incluso con la infranotificación, se observa que las regiones con mayor producción agrícola, que también son las que utilizan más pesticidas, son las que presentan una mayor incidencia de intoxicación aguda en sus trabajadores rurales”, dice Pignati. Una de estas es el municipio de Sorriso, el mayor productor de soja y maíz de Brasil. Los cultivos de estos granos, de arroz, de algodón y los campos de pasturas para el ganado fueron los que registraron los mayores índices de intoxicación ocupacional por pesticidas agrícolas, es decir, durante el cumplimiento de la faena laboral, escribieron los investigadores en el libro. Tan solo el cultivo de la soja representó el 31 % de los casos en Mato Grosso entre 2007 y 2016. En 2015, este cultivo concentraba el 63 % de los pesticidas utilizados en este estado, el campeón brasileño en cuanto al uso de agrotóxicos.
Los investigadores destacan que las intoxicaciones agudas, a pesar de ser la parte más fácilmente identificable del problema, no son el principal efecto sobre la salud humana que trae aparejado el contacto directo y permanente con los agrotóxicos. Según ellos, la exposición a los pesticidas en dosis menores y regulares puede acarrear consecuencias crónicas en la salud. Sin embargo, la correlación entre estos dos factores (la exposición prolongada a los pesticidas y el surgimiento de enfermedades crónicas), es mucho más difícil de estudiar y comprobar. En algunos casos, las dolencias se identifican tras años o décadas de exposición. El tema va adquiriendo nuevas dimensiones a medida que el uso de estas sustancias se incrementa, año a año, en el país.
Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), en 2000 se comercializaron en el país 162.400 toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos. Para 2010, ese volumen había crecido hasta 383.500 toneladas y, en 2020, llegó a las 686.300 toneladas. El ingrediente activo más vendido, por lejos, es el herbicida glifosato.
En el banco de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Brasil solamente aparece por detrás de Estados Unidos en cuanto al volumen total de pesticidas utilizados en 2020. En la escala que vincula el volumen de agrotóxicos con el área agrícola tratada, el país ocupa el 26º puesto, según los datos de la FAO. Esta información, según una red de expertos, traduce en forma más precisa el empleo de los pesticidas en un país determinado.
El ingeniero agrónomo José Otávio Machado Menten, docente jubilado de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) de la USP, en Piracicaba, subraya que los productos químicos tales como los fertilizantes y los pesticidas son indispensables para el sector agrícola nacional. “Sin el uso de agroquímicos, Brasil no sería la potencia agrícola que hoy en día es. Nuestras proyecciones apuntan que la producción nacional se reduciría a la mitad si no empleáramos pesticidas en el campo”, dice.
Para Menten, los agroquímicos son sustancias seguras, que pasan por un proceso riguroso de registro que no solo involucra estudios agronómicos, sino también ambientales y toxicológicos. “Los defensivos agrícolas tienen una toxicidad aguda variable. Incluso otros productos con una toxicidad severa mayor, si se los aplica en forma adecuada, no presentan riesgos para la salud de los trabajadores ni generan residuos inaceptables en los alimentos producidos”.
La literatura científica ha asociado a los agrotóxicos con el desarrollo de distintos tipos de cáncer, entre ellos, de próstata, linfoma no Hodgkin, leucemia y melanoma cutáneo, con trastornos del sistema reproductor, enfermedades neurológicas, desórdenes mentales, alteraciones endócrinas, complicaciones cardiovasculares y dislipidemias, que son las alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos.
“La denominación de agrotóxico incluye un mundo de posibilidades. No es como el amianto, que sabemos que es una sola sustancia que en algunos casos causa enfermedades y muertes”, comenta el biólogo Cleber Cremonese, del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía (UFBA). “El reto que enfrenta la ciencia consiste en hallar evidencias del vínculo entre tantas sustancias –con estructuras químicas y mecanismos de acción diversos–, por lo general utilizadas mezcladas, y sus innumerables posibilidades de desenlaces”. Cremonese está interesado principalmente en los efectos de la exposición a los pesticidas sobre la salud reproductiva y en la posible influencia de estas sustancias en la salud renal.
Un artículo publicado en la revista científica Reproductive Toxicology en 2017, del cual Cremonese es uno de sus autores, contiene datos que sugieren que la exposición laboral crónica a los agrotóxicos modernos puede afectar negativamente la calidad del semen de los jóvenes agricultores del sur de Brasil. El estudio fue realizado con varones de entre 18 y 23 años del municipio de Farroupilha, en la región de Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul), donde la agricultura familiar está concentrada en la producción de frutas, entre las que sobresale el cultivo de la vid.
Los investigadores detectaron una correlación inversa entre la morfología y la motilidad de los espermatozoides y el uso de agrotóxicos, incluyendo fungicidas, insecticidas y herbicidas. “Cuanto mayor es la exposición crónica a los agroquímicos, menor es el porcentaje de espermatozoides con la morfología y motilidad adecuadas”, dice Cremonese.
Los artículos científicos sobre los agricultores de los viñedos gaúchos y los de las plantaciones de tomates fluminenses se suman a un conjunto de indicios que apuntan posibles daños a la salud como resultado del uso y la exposición a los pesticidas. Según el Ministerio de Salud, se considera expuestas a las personas que tienen contacto con esos productos en función de sus actividades laborales o por su utilización doméstica o accidental.
Loren McIntyre / Alamy / FotoarenaEn las grandes plantaciones, los pesticidas pueden fumigarse utilizando una avionetaLoren McIntyre / Alamy / Fotoarena
En las décadas pasadas, los estudios científicos contribuyeron a la prohibición de los pesticidas formulados con compuestos organoclorados, cuyo ejemplo más conocido es el DDT, que se utilizaba a gran escala hasta la década de 1970 y cuya autorización para uso agrícola fue revocada en Brasil en 1985. Estas sustancias, consideradas contaminantes orgánicos persistentes (POP, por su sigla en inglés) debido a su extensa permanencia en el ambiente, actúan sobre el sistema nervioso central y pueden causar graves lesiones hepáticas y renales. También se las ha asociado a un aumento del riesgo de desarrollo de cáncer de mama y otros tipos de tumores.
Con los organoclorados casi fuera de juego, el grupo de los llamados organofosforados –que incluye entre otros ingredientes al acefato, al malatión, al clorpirifós y al glifosato, cuatro de los diez más vendidos en Brasil en 2020– ocupó ese espacio porque son menos persistentes en el medio ambiente. Estos, junto a otro grupo de pesticidas, los carbamatos, son los responsables principales de los episodios de intoxicación severa y muertes por exposición laboral en el país, destaca Buralli en su tesis defendida en 2020.
Para el biólogo Armando Mayer, investigador del Instituto de Estudios en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), quien durante su doctorado estudió los mecanismos de acción del insecticida clorpirifós y sus efectos sobre el sistema nervioso central, los organofosforados han sido una “mala respuesta” de la industria para reemplazar a los organoclorados.
“Los organofosforados se originan a partir de moléculas muy tóxicas, mucho más que los organoclorados. Es una lástima que en Brasil se siga utilizando el clorpirifós”. La sustancia, prohibida en 35 países, entre ellos los que componen la Unión Europea, también ha sido desterrada en Estados Unidos de todos los cultivos que producen alimentos. A este ingrediente se lo ha asociado con trastornos del desarrollo neurológico y el deterioro de la función cerebral en los niños. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) está revaluando la habilitación de su uso en el país.
“Hasta que la nueva evaluación concluya, no hay una postura científica definida sobre el tema en Brasil”, subraya el biólogo Leonardo Braúna, asesor técnico de la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja Brasil). “La asociación entiende que el clorpirifós es un producto importante en el manejo agrícola y se hace necesario no sacar conclusiones apresuradas basadas en el escenario de otros países”.
“Para el sector agrícola, siempre es mala la proscripción de un producto eficiente e importante para el control de las plagas”, dice Minaré, de la CNA. “La decisión de prohibir el uso de algún producto debe basarse en fundamentos sólidos”.
Los estudios con el insecticida clorpirifós para el doctorado de Meyer se realizaron en animales, al igual que los estudios que presentan las empresas cuando remitan alguna sustancia a las agencias reguladoras gubernamentales para obtener la autorización de su uso como pesticida. A diferencia de un medicamento en desarrollo, donde lo que se busca es la obtención de un efecto terapéutico beneficioso, el agrotóxico es un biocida, un producto formulado para inactivar organismos, por eso no se lo puede probar en humanos.
“Por lo tanto, la industria debe llevar a cabo un conjunto de pruebas toxicológicas estándar en animales, y no se pueden realizar ensayos clínicos. El caso es que estas pruebas tienen limitaciones. Luego nos cabe a nosotros, los investigadores de la salud pública, la realización de estudios observacionales”, dice el biólogo, en referencia a las investigaciones que analizan los datos de la población que ha sido expuesta a estas sustancias.
Uno de los grandes retos para la toxicología reside en el hecho de que la exposición de los trabajadores rurales y de otros grupos a los agrotóxicos es múltiple, y no solamente a una única sustancia activa, como ocurre con las pruebas. “Es habitual que los trabajadores pongan cinco o seis productos en una bomba de aspersión que cargan en sus espaldas, los apliquen y estén expuestos a todo eso simultáneamente”, dice Buralli.
Según explica Meyer, hay tres grandes conjuntos de enfermedades que se han estudiado recurrentemente. El primero es el grupo de los distintos tipos de cáncer. “Para algunos de ellos existe evidencia suficiente. Me refiero, a grandes rasgos, a los distintos tipos de cáncer hematológico, tales como las leucemias y los linfomas, principalmente el del tipo no Hodgkin. También hay cánceres del tracto gástrico”, dice el investigador.
El segundo grupo muy estudiado lo constituyen las enfermedades mentales y neurológicas. “La tecnología para matar insectos se basa en el principio de desarticular su función nerviosa, y los seres humanos todavía conservamos similitudes biológicas con estos animales”. El tercer eje es el de su posible efecto sobre la salud reproductiva.
Según el Mapa, no existe en el país ninguna sustancia registrada de la que se tengan pruebas que provoque cáncer o afecte la calidad del semen humano. “Los criterios de registro como agrotóxicos de estas sustancias se basan en su peligrosidad y no tienen en cuenta las mediciones de evaluación del riesgo –tales como la exposición de los trabajadores, la reducción de la dosis, la ingesta diaria aceptable, etc.– adoptadas en el resto del mundo. En este sentido, la legislación brasileña es la más restrictiva del planeta”, aseguran en el ministerio.
Estudios de cohortes
En Estados Unidos, muchas de las investigaciones sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud de los trabajadores rurales parten de un estudio de cohortes iniciado en 1993 con más de 89.000 personas, entre ellas agricultores, sus esposas y aplicadores de pesticidas de los estados de Iowa y Carolina del Norte. El estudio, denominado Agricultural Health Study (AHS), es financiado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
En los estudios de cohortes, a los participantes –que al iniciarse el proyecto no presentan ninguna enfermedad específica de interés– se los clasifica como expuestos y no expuestos a una determinada sustancia y se les realiza un seguimiento durante un período de tiempo para comprobar los resultados, tales como enfermedades y muerte. De este modo, pueden compararse los diferentes desenlaces, a lo largo del tiempo, entre los individuos expuestos y no expuestos.
En Brasil, el biomédico Henrique César Santejo Silveira, del Centro de Investigaciones en Oncología Molecular del Hospital de Amor, anteriormente conocido como Hospital do Cáncer de Barretos, en el interior del estado de São Paulo, está comenzando un amplio estudio de cohortes con la participación de trabajadores rurales. El proyecto “Cáncer y trabajadores rurales. Un estudio de cohortes (Rucan study)”, financiado por el Ministerio de Salud, reclutará a 2.198 trabajadores rurales y sus familiares de la región de Barretos y de São José do Rio Preto, en el interior paulista. Está previsto que el estudio dure al menos 15 años.
“Cuando haya concluido, este trabajo, que cuenta con el apoyo de la FAPESP, será el más consistente sobre el papel de los agrotóxicos en su interacción con la población humana, porque podremos ver el desenlace, saber cuántas de esas personas desarrollaron cáncer, qué tipo de cáncer fue frecuente y si este podría estar asociado con determinado agrotóxico o no”, dice Silveira.
“Creo que dentro de un tiempo, con los pesticidas ocurrirá lo mismo que con el cigarrillo”, pronostica Silveira, resaltando que en el pasado, numerosos estudios demostraron los daños que causaba el tabaco y se adoptaron una serie de medidas para desalentar su consumo. “Tenemos que hacer una ciencia de calidad sobre el uso de los pesticidas para dilucidar cada vez más cómo funciona la interacción entre ellos y el hombre”, dice el investigador.
En los últimos años han surgido múltiples investigaciones e iniciativas tendientes a apuntar alternativas al uso intensivo de pesticidas en el país, como el cultivo de alimentos orgánicos y los emprendimientos agroforestales. El empleo de drones para la aplicación de agrotóxicos es otra modalidad que ha ido ganando espacio y puede mitigar la exposición de los trabajadores rurales a estos productos químicos (lea en Pesquisa FAPESP edición nº 283). También hay un conjunto de estudios centrados en la reducción de la frecuencia y del volumen de aplicación de agrotóxicos. Otra área importante es la de las investigaciones enfocadas en el control biológico, que utiliza predadores y parásitos de las plagas para preservar la salud de los cultivos (lea en Pesquisa FAPESP ediciones nº 254 y 305), o también la de los modelos predictivos de enfermedades y plagas, que tratan de anticipar problemas eventuales en las plantaciones, lo que redunda en una potencial disminución del uso de pesticidas.
Un proyecto de ley polémico
Debaten en el Parlamento de Brasil modificaciones a las reglas de uso, comercialización y fiscalización de los agrotóxicos La legislación brasileña referente a los agrotóxicos podría sufrir modificaciones. En el mes de septiembre, el Senado Federal trataba el Proyecto de Ley (PL) nº 1.459/2022, que reemplazaría al PL nº 6.299/2002, cuyo autor había sido el entonces senador Blairo Maggi, ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento entre 2016 y 2018. En caso de ser aprobada, la nueva legislación, llamada PL del Veneno por sus críticos, sustituirá a la actual, que data de 1989, y promoverá amplias modificaciones a la normativa de uso, comercialización y fiscalización de los pesticidas.
El nuevo PL, defendido por el bloque ruralista, principalmente porque agiliza la evaluación y el registro de nuevas sustancias de uso agrícola, le confiere un mayor poder al Mapa en ese proceso, pasando a ejercer la función de coordinador. Actualmente, la responsabilidad es compartida con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Asimismo, mientras que la legislación actual veta los pesticidas con características carcinogénicas (que propician el desarrollo del cáncer), mutagénicas (capaces de alterar el ADN) y teratogénicas (que pueden ocasionar malformaciones en los fetos), el nuevo proyecto de ley es menos específico en ese sentido al establecer que quedan prohibidos en el país aquellos productos que “representen un riesgo inaceptable para los seres humanos o para el medio ambiente”.
El director técnico adjunto de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Reginaldo Minaré, considera que el proyecto es oportuno. “La insatisfacción del sector agrícola con el sistema de registro, sumamente lento, viene desde 2005, por lo menos”, enfatiza. Según él, el registro de un nuevo agrotóxico en el país tarda alrededor de ocho años.
Para la Anvisa, el organismo al que le corresponde evaluar los aspectos toxicológicos y el riesgo de la exposición laboral y alimentaria de los agrotóxicos, el PL nº 1.459 “debilita la regulación de estos productos en el país, especialmente la evaluación del impacto de los mismos sobre la salud humana de los consumidores de alimentos”.
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