Raul AguiarLa preocupación por proteger los resultados de las investigaciones científicas con finalidades económicas, algo bastante común en las empresas, paulatinamente empieza también a hacerse más presente entre los investigadores brasileños de la academia. En parte esto se debe a las iniciativas de algunas universidades, que en los últimos años han pasado a diseñar estrategias orientadas hacia la promoción de una cultura de la propiedad intelectual y de la gestión de la innovación entre sus alumnos, docentes e investigadores. La idea es orientarlos con relación a los requisitos necesarios para que un producto o un proceso puedan patentarse, a los efectos de hacer posible su explotación económica.
La patente es un título de propiedad temporal sobre una invención. Es concedida a los detentores de los derechos sobre una creación que pueda fabricarse o que constituya una solución innovadora referente a un problema técnico de un determinado campo. En la patente también se especifican aspectos técnicos relacionados con la obtención de la innovación que fue objeto de la solicitud. Se trata de un documento científico y tecnológico que puede ser muy bien aprovechado por los científico durante el desarrollo de sus investigaciones.
Los titulares de los derechos sobre la creación pueden ser los autores del invento, pero a menudo lo son sus empleadores o sus financistas. En Brasil, el análisis y la eventual concesión de las patentes queda a cargo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). En caso de que sean concedidas, podrá explotárselas comercialmente durante un máximo de 20 años a partir de la fecha de depósito de la solicitud. Luego las invenciones quedan bajo dominio público y puede explotárselas económicamente sin necesidad de pagarles regalías a sus propietarios.
Los expertos recomiendan que desde la planificación de un proyecto, y a lo largo de su desarrollo, los investigadores verifiquen si sus posibles resultados contemplan las tres exigencias básicas en lo que hace a una solicitud de patente: si puede considerárselos como una novedad (si no están comprendidos en el así llamado estado de la técnica, que consiste en todo aquello que está accesible al público antes de la fecha de depósito), si se encuadran como una actividad inventiva (no se puede patentar lo obvio: una patente debe ser el resultado de un esfuerzo de investigación) y si puede reproducírselos industrialmente de alguna manera (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 217).
Con 56 solicitudes depositadas, la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) fue la institución brasileña de educación superior mejor posicionada en el ranking del INPI de depósitos de pedidos de patentes en 2015. De acuerdo con el físico Ado Jorio de Vasconcelos, prorrector de Investigación de dicha universidad, este hito es el fruto del trabajo realizado por el Núcleo de Innovación Tecnológica de la UFMG, que desde 2006 cuenta con un sector de análisis y redacción de patentes. “También a partir de 2010 pasamos a hacer un trabajo de educación de la comunidad científica, llamando la atención sobre la importancia de la protección intelectual”, explica.
Hasta el año 2005, la UFMG sumaba 160 patentes. En 2015 dicha cifra trepó a 747. “La UFMG depositó en los últimos 10 años cinco veces más patentes que en toda su historia previa”, informa Ado Jorio. Según el físico, es importante que los científicos realicen búsquedas periódicas en bases de patentes para verificar si sus investigaciones presentan efectivamente alguna novedad pasible de ser patentada. “Si la búsqueda se restringe a los bancos de artículos académicos, los investigadores quedarán desfasados al cabo de algunos meses, toda vez que existe un largo intervalo entre la remisión de un artículo y su publicación”, explica Vera Crósta, consultora del área de innovación y transferencia de tecnología de VC Consultoria y de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras (Anpei).
Además de preocuparse por la originalidad de la investigación, al pensar en la posibilidad de proteger sus resultados, es importante que el investigador sepa que la patente no posee una finalidad en sí misma. El objetivo final de una patente es licenciarla, lo que permite su explotación económica a cargo de una o más empresas. Una licencia es una autorización que le concede el titular del registro intelectual a quien pretende fabricar o comercializar el producto patentado. El contrato entre las partes interesadas estipula los plazos de fabricación, las regalías que se pagarán y las multas, por ejemplo.
Existen varios repositorios para efectuar la consulta de patentes en Brasil y en el exterior. Algunos son gratuitos, como la base de datos de la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO), que reúne alrededor de 7 millones de documentos de patentes de diversas áreas del conocimiento, y Espacenet, mantenida por la Oficina Europea de Patentes (EPO), con más de 60 millones de patentes de distintos países. Otros son pagos, como Derwent Innovations Index, de Thomson Reuters, que contiene resúmenes de más de 11 millones de patentes. Los investigadores de las universidades públicas de Brasil pueden ingresar gratuitamente a los repositorios pagos a través del Portal de Periódicos de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes).
La búsqueda en repositorios nacionales e internacionales le permite al investigador contar con un mejor conocimiento sobre el estado del arte en sus áreas de interés, independientemente de si la obtención de patentes es o no uno de los objetivos de su propia investigación. La revisión de la literatura pertinente, ya sea en revistas científicas o en bancos de patentes, es esencial en cualquier esfuerzo de investigación en busca de resultados inéditos que puedan promover el avance del conocimiento. “Antes de redactar la solicitud, es recomendable que el investigador efectúe una búsqueda previa en los archivos del INPI para analizar documentos de patentes que aborden temas similares al suyo”, sugiere Ana Maria Nunes Gimenez, investigadora del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas (DPCT-Unicamp). Según Nunes Gimenez, es importante evitar la divulgación de información inédita en eventos o publicaciones científicas antes de concretar el depósito de la solicitud. Eso posteriormente puede comprometer la obtención de la patente. Sin embargo, una vez realizado el depósito, el investigador puede divulgar los resultados de su trabajo normalmente, explica la investigadora.
La consulta en bancos de patentes es una estrategia que aplican desde hace algún tiempo los investigadores de Clorovale Diamantes, una empresa productora de diamantes sintéticos creada en 1997 y financiada por el Programa Investigación Innovadora en Pequeñas Empresas (Pipe), de la FAPESP. “Es una etapa fundamental del proceso de elaboración de nuestros proyectos científicos”, explica el físico Vladimir Airoldi, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), con sede en São José dos Campos, en el interior paulista, y socio fundador de Clorovale. “Eso nos ayuda a planificar la investigación de manera tal de que su enfoque recaiga más sobre lo inédito y sobre las posibles aplicaciones de sus resultados”. Airoldi tiene actualmente cinco solicitudes de patente depositadas en el INPI y una patente concedida, referente al uso del diamante sintético aplicado a fresas odontológicas que están presentes en el mercado desde hace más de 10 años. Dicha patente le fue concedida en Brasil, Estados Unidos, Europa, Australia, China y Japón.
Otra empresa que se apoya en esta estrategia es Apis Flora. “La investigación previa nos ayuda a no reinventar la rueda. Evitamos perder tiempo y así nos enfocamos en aquello que realmente no existe”, dice Andresa Berretta, gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa. Con sede en Ribeirão Preto (São Paulo), Apis Flora fue una de las pioneras en Brasil en la fabricación de productos a base de miel y propóleos. La empresa, creada en 1982, cuenta con cuatro patentes relacionadas con propóleos: un extracto estandarizado, un gel termorreversible, una biomembrana y micropartículas a base de este producto (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 241). Según Berretta, las primeras cuatro solicitudes de patentes de Apis Flora fueron redactadas por su equipo interno. “Contamos con las orientaciones de técnicos de un estudio de patentes que contratamos”, comenta. Más recientemente, habida cuenta de la cantidad de proyectos que posee en marcha, la empresa pasó a remitirles los informes técnicos a estudios externos que se encargan de la redacción del pedido de patente junto al equipo de Apis Flora.
El depósito de una patente implica el pago de tasas y también a empresas especializadas en la redacción de la solicitud de propiedad intelectual. En Brasil, este depósito cuesta entre 70 y 260 reales, dependiendo de la naturaleza del depositante y si es electrónico o en papel. En Estados Unidos, varía entre 70 y 280 dólares. Sumado a esto están también los honorarios de los agentes de propiedad intelectual que ayudan en el proceso de redacción y depósito, además de los costos futuros del mantenimiento de los pedidos, las anualidades, las tarifas de concesión, etc. Según Patrícia Leal Gestic, directora de Propiedad Intelectual de la Agencia de Innovación de la Unicamp (Innova Unicamp), la Universidad de Campinas asume la gestión de la mayor parte de los activos y los gastos de todo el proceso de protección, desde las etapas de análisis y redacción hasta las tasas oficiales. “En julio de 2016, la Unicamp llegó a la marca de mil patentes activas en Brasil y en el exterior. De dicho total, 130 están licenciadas en el mercado”, informa.
Patrícia Villar Martins, coordinadora de Propiedad Intelectual de la Agencia de Innovación de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), hace hincapié en la importancia de que los científicos consulten a las agencias de innovación o a los núcleos de innovación tecnológica (NIT) de sus instituciones. “Esos organismos orientan a los investigadores durante todo el proceso de protección, gestión y mantenimiento de las patentes, desde el depósito hasta la concesión de las mismas”, explica. Según Villar Martins, la comunidad científica aún desconoce qué modalidades de protección existen, cuáles son sus requisitos, la importancia de la patente para el científico y para la universidad y cuáles son las mejores estrategias para sacar un producto al mercado por la vía de la transferencia de tecnología.
Para las universidades que no tienen agencias de innovación y para las empresas, el camino es consultar a estudios especializados en la prestación de servicios de consultoría en propiedad intelectual. Según la agente de propiedad intelectual Leonor Magalhães Galvão, socia responsable del departamento de patentes de Magellan IP, en Río de Janeiro, “muchos investigadores no saben qué es o cómo se elabora una solicitud de patente”.
Para Vera Crósta, es importante que al pedido lo redacte un profesional especializado en propiedad intelectual. Ocurre que la redacción de la solicitud de patente es muy diferente a la de un artículo científico. “Se requiere tener una visión de mercado para conocer las posibles aplicaciones del producto o proceso desarrollado. Si las reivindicaciones se elaboran basándose únicamente en una perspectiva académica, el radio que abarque la solicitud podrá ser restringido, lo que dificultará su licenciamiento y la explotación comercial a cargo de alguna empresa interesada”, dice. Después del depósito, el pedido permanece hasta 18 meses en secreto antes de su publicación en la Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) del INPI. En caso de que se otorgue la patente, la misma entrará en vigencia a partir de la fecha del depósito de la solicitud. De este modo, cualquiera que tenga acceso a la información del pedido e intente copiar el producto, incluso antes de la concesión de la patente, puede ser intimado a pagar los derechos de propiedad intelectual.
La falta de orientación suele llevar a los investigadores a cometer equívocos, como el de presentar un pedido en Estados Unidos sólo porque el tiempo de análisis es menor. En promedio, la USPTO tarda cuatro años para conceder o negar una patente, mientras que en Brasil el tiempo de espera puede llegar a 14 años. “El tema es que la obtención de una patente en Estados Unidos no le garantiza al investigador el derecho de exclusividad sobre esa misma invención en Brasil”, explica Magalhães Galvão. “La patente es un derecho territorial”, aclara Patrícia Tedeschi, del Núcleo de Patentes y Licencias de Tecnologías (Nuplitec), responsable de la gestión de la propiedad intelectual de proyectos financiados por la FAPESP. “Las ventajas de patentar acá en Brasil o en Estados Unidos dependerán de la estrategia que defina el interesado en el registro”, añade.
De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Wipo, en inglés), Estados Unidos es el país con más patentes válidas, con 2.200.000 registradas. Luego se ubica Japón, con 1.600.000. Estas cifras traducen más que los meros resultados de esos esfuerzos inventivos nacionales: los países poseen culturas de propiedad intelectual sumamente diversas, con apreciaciones distintas sobre aquello que puede considerarse como acreedor de una patente. Brasil se ubica en el 19º puesto, con 41.453 patentes válidas. La posición brasileña también tiene relación con la demora en el análisis de los pedidos remitidos al INPI. El proceso entre el depósito y la concesión de la patente tarda entre ocho y 14 años. En 2016, el organismo cerró el año con una lista de espera de 243.820 solicitudes pendientes. Sólo 25.481 se concluyeron. En total, 31.020 nuevas solicitudes entraron en la cola del instituto en 2016. “Nuestra capacidad para evaluar los pedidos ha sido menor que el flujo de entrada de esas solicitudes”, reconoce Luiz Pimentel, presidente del INPI.
El organismo cuenta actualmente con 292 expertos para analizar todos los pedidos de patentes. En Estados Unidos son alrededor 6 mil examinadores. Para acelerar los análisis, el INPI contrató a 95 nuevos analistas en 2017. Estos profesionales están actualmente en proceso de capacitación y empezarán a trabajar al cabo de 18 meses, como máximo. Existen casos en que el organismo ofrece un análisis prioritario, como en el caso de tecnologías orientadas a la conservación del medio ambiente, y patentes consideradas estratégicas, especialmente para el Sistema Único de Salud, entre otras.
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