El mes de agosto servirá para consolidar victorias y derrotas en la guerra de los transgénicos. El Palacio del Planalto (sede del gobierno brasileño) promete enviar al Congreso un anteproyecto para actualizar la Ley de Bioseguridad, en vigor desde 1995. El punto más polémico son los poderes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), un organismo que cuenta con una fuerte influencia de la comunidad científica, que daba la palabra final sobre los pedidos de cultivo de transgénicos.
La autoridad de la CTNBio fue cuestionada en la Justicia en 1998 y, desde entonces, la agricultura genéticamente modificada quedó en un limbo jurídico. Para redactar el anteproyecto, el Gabinete Civil de la Presidencia realizó seminarios en los que escuchó a los ministerios y a entidades de la sociedad civil. Poca gente apuesta que la CTNBio mantendrá los poderes originales. Así, el gobierno tendrá un control mayor sobre los transgénicos.
Pero la polémica continuará. Sucede que cada ministro tiene una opinión particular sobre el tema. Mientras que la cartera de Medio Ambiente defiende una política restrictiva, con el argumento de que es necesario evaluar mejor los potenciales daños a la salud, el Ministerio de Agricultura tiene una postura adversa a soluciones radicales. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral, no coincide con los poderes concentrados en la CTNBio. “Es natural que ministros de orígenes diferentes tengan divergencias”, dice Johaness Eck, asesor del Gabinete Civil, implicado en la elaboración del proyecto de ley. “Vamos a armonizar las diferencias y así compondremos una política común.”
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