En el mes de agosto finaliza el plazo para que las universidades, empresas e institutos públicos y privados de investigación de Brasil sustituyan el uso de animales por otros métodos alternativos en las pruebas de potencial de irritación y corrosión ocular, de toxicidad de sustancias en el sistema reproductivo humano y de control de calidad de los productos inyectables, en este último caso, empleadas habitualmente para evaluar la seguridad de las vacunas y medicamentos inyectables por cada lote producido. Esta exigencia figura en una resolución publicada en 2016 por el Consejo Nacional de Control de los Experimentos con Animales (Concea), una institución colegiada del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) que se ocupa de crear normas para el uso ético de los animales y velar por su cumplimiento. El Concea ya había publicado una resolución similar en 2014, que entró en vigencia hacia finales de 2019 y que establecía la sustitución del uso de animales por 17 técnicas alternativas en los casos de pruebas de evaluación de las mutaciones genéticas inducidas por sustancias químicas, toxicidad aguda y sensibilidad cutánea, entre otras.
Las resoluciones tienen fuerza de ley y prevén sanciones que incluyen advertencias, multas e inhabilitación de la institución en caso de incumplimiento. Se estima que afectarán por igual a empresas e instituciones públicas y privadas de investigación, con mayor impacto en las actividades que requieren registro en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), tales como el desarrollo de nuevos productos cosméticos, agrotóxicos, fármacos, medicamentos y vacunas. “Los ensayos de toxicidad reproductiva son muy utilizados en la industria farmacoquímica para saber si una nueva molécula interfiere en la capacidad de reproducción humana, mientras que las pruebas de potencial de irritación ocular todavía las aplican los fabricantes de productos agrotóxicos, entre otros”, explica la bioquímica Marize Valadares, de la Universidad Federal de Goiás (UFG).
La veterinaria Luciana Honorato, de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), añade que cada método posee una aplicación específica y su propia descripción determina si su uso tiene como finalidad la sustitución total, parcial o la reducción de la cantidad de animales empleados. “Algunos métodos aprobados por el Concea no funcionan como sustitutos independientes del uso de animales, sino que forman parte de una estrategia inicial de pruebas por capas”, explica. Este es el caso del test de evaluación de la opacidad y permeabilidad de la córnea bovina, validado como alterativa al uso de conejos en los análisis de irritación ocular. El método consiste en el uso de las córneas de los animales bovinos recién sacrificados, que normalmente se desechan. “La sustancia en estudio se aplica sobre la superficie de la córnea para evaluar los daños. En caso de que los resultados no sean concluyentes, se recurre al uso de animales”.
Lo cierto es que el uso de animales como conejillos de Indias sigue siendo indispensable en muchas investigaciones (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 144), tal como ocurre en el caso de los estudios en el área de la farmacocinética, que analizan el camino que recorre una molécula en el organismo tras su suministro. Este tipo de análisis es esencial para definir los parámetros de toxicidad relacionados con la seguridad y la eficacia de los candidatos a fármacos o vacunas, como las que se desarrollan contra el covid-19, por ejemplo. “Se evalúa cómo y a qué velocidad el organismo absorbe y metaboliza una sustancia, si se acumula en un órgano específico y los posibles impactos de este proceso”, explica Valadares. Al tratarse de interacciones complejas en sistemas igualmente complejos e interdependientes, resulta difícil instaurar un método sólido y estandarizado a nivel internacional que pueda reemplazar a los modelos animales en esas investigaciones. Una de las técnicas que potencialmente podrían resolver este problema es la de los sistemas microfisiológicos, constituidos por organoides humanos en dispositivos microfluídicos: microchips revestidos con células humanas de diferentes órganos interconectados en un sistema cerrado. “Este sistema, permitiría analizar los impactos sistemáticos de las sustancias en órganos distintos”, explica la investigadora de la UFG.
Las normativas del Concea son fruto de un esfuerzo puesto en marcha en Brasil desde hace más de dos décadas por el sanitarista y exdiputado federal Sérgio Arouca (1941-2003), quien en 1995 presentó un proyecto de ley proponiendo mecanismos para garantizar el uso ético y racional de los animales en las actividades educativas y de investigación científica en el país, tomando como ejemplo lo que ocurría en otros países. El proyecto fue tratado durante 13 años en el Congreso hasta que finalmente fue aprobado en 2008. La Ley nº 11.794, conocida como Ley Arouca, reglamentó el uso de los animales en el país y sentó las bases para la creación de una red de laboratorios dedicados a homologar métodos alternativos, tal como es el caso del Centro Brasileño de Validación de Métodos Alternativos (BraCVAM), en Río de Janeiro. Esta misma ley también dispuso la creación del Concea, cuyas resoluciones surgieron en su totalidad a través del BraCVAM. “En la última década Brasil ha avanzado mucho en cuanto a la legislación sobre el uso de animales en la ciencia”, dice Valadares.
La Ley Arouca fue aprobada luego de una gran movilización de la comunidad académica, que cuestionaba la existencia de leyes estaduales y municipales que prohibían el uso de animales en los proyectos científicos sin tener en cuenta el daño que ello podría acarrearle a la ciencia brasileña. Una de las entidades que lideró la articulación a favor de la ley fue la Federación de Sociedades de Biología Experimental (FeSBE), cuyo presidente era entonces el neurocientífico Luiz Eugênio Mello, el actual director científico de la FAPESP. “Me reunía asiduamente con los parlamentarios en Brasilia para concientizarlos sobre la importancia de la agenda y tratar de lograr un consenso entre los líderes partidarios en cuanto al texto de la ley”, recuerda Mello, quien pondera el esfuerzo de la comunidad científica para que la ley se aprobara según los parámetros que esperaban los investigadores.
En 2015 se utilizaron en todo el mundo poco más de 190 millones de animales con fines científicos
Para el médico y biofísico Marcelo Morales, excoordinador del Concea, uno de los aspectos importantes de la legislación consistía en definir a qué clase de animales se aplicaría la nueva normativa: vertebrados en general, tales como peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. “Las ordenanzas municipales que surgieron eran ambiguas y generaban una situación de incertidumbre, ya que tornaban ilegal el uso de cualquier animal para fines de investigación”, dice Morales, actualmente en el cargo de secretario de Investigación y Formación Científica del MCTI. “Los estudios con insectos y gusanos, que se emplean en la investigación genética, por ejemplo, se verían comprometidos. La Ley Arouca fue importante porque dejó sin efecto a las leyes municipales, creando un escenario de seguridad jurídica y normas éticas para el uso racional de los animales”.
Trece años después de su aprobación, los expertos expresan un consenso en cuanto a que uno de los avances principales que promovió la Ley Arouca fue la creación de las Comisiones de Ética en el Uso de Animales (Ceuas) en empresas e instituciones educativas y de investigación públicas y privadas que trabajan con la experimentación en animales. Así, pues, todo investigador que utilice modelos animales, antes de iniciar su investigación debe presentar un proyecto que será sometido a la evaluación de esas comisiones en su propia institución. “Ellas evalúan los métodos alternativos disponibles que son más apropiados para el experimento propuesto”, dice el biólogo Octavio Presgrave, coordinador del BraCVAM.
La biomédica Monica Andersen, de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), informa que las Ceuas están integradas por biólogos, veterinarios, docentes e investigadores de áreas específicas, además de un representante de las sociedades protectoras de animales constituidas en Brasil. “Ellas analizan los proyectos con miras a racionalizar el uso de animales de acuerdo con el principio de las tres ‘erres’”, explica la investigadora, en alusión al modelo propuesto por el zoólogo William Russell y el microbiólogo Rex Burch, ambos del Reino Unido, en 1959, según el cual, el uso de animales en experimentos está permitido, pero debe disminuirse (reduce) a su mínima expresión, perfeccionarse (refine) o sustituirse (replace) siempre que ello fuera posible, por técnicas alternativas.
Para la biomédica Debora Fior Chadi, asesora de la Prorrectoría de Investigación de la Universidad de São Paulo (USP), las Ceuas ayudaron a perfeccionar la ciencia brasileña. “Se empezó a exigirles a los investigadores que describan minuciosamente qué utilidad le darían a los animales en sus trabajos y también que justifiquen la necesidad de tal uso a la luz de los métodos alternativos disponibles”, comenta. “Con ello se intenta verificar la necesidad real del uso de animales, las especies más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos y la cantidad de ejemplares necesaria”. Las comisiones también establecen que los científicos elaboren protocolos que aseguren el bienestar de los animales, garantizando que se los mantenga en condiciones adecuadas y se minimice su sufrimiento.
Gracias a las Ceuas, el impacto de las resoluciones del Concea en las universidades tiende a atenuarse, dado que los investigadores ya están obligados a emplear métodos alternativos siempre que existan y su eficacia sea comparable a la de los tradicionales. “No se puede avanzar en la investigación sin que las comisiones aprueben los proyectos. Todos los investigadores que trabajan con animales, incluso los pocos que ya están familiarizados con las normativas, deben actualizar sus metodologías para disminuir o sustituir su uso en los experimentos y así, adecuarse a las exigencias”, comenta Liliana Scorzoni, de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de São José dos Campos (São Paulo).
Algunas instituciones, como la UFSC, van más allá y también evalúan los proyectos a la luz de la relación daño-beneficio. “Les pedimos a los científicos que argumenten sobre los beneficios de su investigación para la ciencia y la sociedad en general para que podamos evaluar si ello justifica los daños que se causarán a los animales”, explica Luciana Honorato, presidenta de la Ceua de la universidad de Santa Catarina. No siempre resulta sencillo realizar dicha evaluación, porque muchos de los proyectos son de investigación básica, los cuales implican la búsqueda de una comprensión científica sin anticipar ningún beneficio en particular”. El esfuerzo de la UFSC redundó en una reducción del 40 % en el número de ratas y ratones criados en el bioterio central entre 2014 y 2018. “Curiosamente, la cantidad de proyectos que pudimos atender no varió”, dice; y lo propio ocurrió en el Instituto Butantan, donde la disminución fue del 30 %.
Se estima que en 2015 se habrían utilizado en todo el mundo, con fines científicos, poco más de 190 millones de animales. En Brasil, según Presgrave, no hay cálculos que puedan considerarse concluyentes. La cifra global representa un aumento en comparación con la de 2005, cuando se utilizaron alrededor de 115 millones de conejillos de indias en investigaciones. Los países que utilizan mayor cantidad de animales con fines científicos son China, Japón y Estados Unidos. En Europa la tendencia es diferente, dado que el número de animales utilizados con fines científicos fue de 9,39 millones en 2017, cuando en 2015 sumaban 9,59 millones. Los datos constan en un informe de la Comisión Europea divulgado en 2020, al respecto del estado de la investigación con animales en los países que conforman el bloque a partir de la instauración de la Resolución 2010/63/EU. Vigente desde 2013, la normativa establece reglas para el manejo de los animales en los bioterios y fomenta aquellas pruebas que causan el mínimo de padecimientos y utilizan la menor cantidad posible de animales. En Estados Unidos, el gobierno viene presionando a las agencias federales de financiación, como en el caso de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), para que estudien alternativas al uso de animales en las investigaciones. Esta exigencia se extiende también a la agencia reguladora de los alimentos y medicamentos del país (FDA), que en los próximos cinco años deberá presentar un proyecto para la reducción y el retiro de sus monos utilizados para ensayos.
En Brasil, las exigencias van más allá de las prácticas de investigación, también abarcan las actividades educativas. “Prácticamente todas las universidades e institutos educativos han abolido el uso de animales en las clases prácticas de las carreras de grado”, asegura la veterinaria Ekaterina Botovchenco Rivera, coordinadora del Concea. “Solo se los puede utilizar con carácter excepcional en los cursos de anestesiología en medicina veterinaria, por ejemplo. De cualquier manera, el proyecto educativo debe ser sometido a la Ceua, que evaluará las estrategias para reducir el número de animales utilizados”. Esta modificación, dice, es importante porque “ha ayudado a inculcar un cambio de cultura en los nuevos investigadores”.
La legislación brasileña de 2008 incluso estimuló la formación de grupos de investigación dedicados al desarrollo de métodos alternativos al uso de modelos animales. La industria cosmética tal vez haya sido la que ha hecho más progresos en ese sentido, para adecuarse a las exigencias de la Anvisa –la agencia se basa en las disposiciones del Concea para evaluar los resultados de los ensayos presentados por las empresas para el registro de sus productos– e intentar limpiar su imagen ante la presión de una parte de la sociedad por la abolición del uso de animales. “La gran mayoría de las compañías productoras de cosméticos brasileñas ya cumplen con las resoluciones del Concea y hace bastante que emplean métodos alternativos para la evaluación de sus productos”, dice Valadares.
En el Instituto Butantan, una de las instituciones nacionales que realizan más pruebas de control de calidad de productos inyectables, el equipo del químico Wagner Quintilio, junto al de la bioquímica Terezinha de Jesus Andreoli Pinto, de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la USP, trabaja en un ensayo para la detección de endotoxinas en las pruebas de control de calidad de los lotes de suero antiofídico que prescinde del uso de conejos. En 2020, la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Unesp, en su campus de Araraquara (São Paulo), puso en marcha el Laboratorio de Desarrollo y Validación de Métodos Alternativos para la Evaluación de la Seguridad y Eficacia de Bioproductos (LaMABio), que con la coordinación de las micólogas Ana Marisa Fusco Almeida y Maria José Giannini, se ocupa de evaluar la toxicidad y eficacia de sustancias mediante métodos alternativos. “Desde 2004 venimos invirtiendo en metodologías para la evaluación de productos naturales”, informa Giannini. “A partir de 2010, comenzamos a trabajar en la homologación de nuevos métodos para el análisis de la toxicidad de los productos farmacéuticos”.
Si a largo plazo se desarrollan nuevas técnicas y tecnologías, el Concea publicará resoluciones con más métodos alternativos. “Lo veo como un camino sin retorno”, dice Valadares.
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