Las acciones afirmativas enfrentan el reto que plantea su consolidación en los programas de posgrado en Brasil
Jônatas Moreira
La adopción de políticas de acción afirmativa en las universidades brasileñas durante las últimas décadas ha ampliado el acceso a la educación superior de personas con bajos ingresos, negras, pardas e indígenas. Así y todo, esta estrategia todavía afronta desafíos para consolidarse en el sistema de posgrado del país. Esta conclusión surge de estudios realizados en los últimos cinco años por investigadores del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) y del Grupo de Estudios Multidisciplinarios de Acción Afirmativa de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj).
Para ello, los investigadores analizaron los procesos de selección de 2.763 programas de posgrado stricto sensu (maestrías y doctorados) entre 2002 y 2018, y comprobaron que la cantidad de programas con políticas de acción afirmativa creció un 329,3 % entre 2015 y 2018, de 174 a 737. Con todo, ese contingente tan solo engloba un 26,4 % de la muestra evaluada. “Pese al crecimiento de estas iniciativas, todavía queda un gran margen para seguir avanzando”, dice la politóloga Anna Venturini, del Cebrap, una de las autoras de los trabajos.
Desde principios de la década de 2000, los programas de posgrado han apostado por las políticas afirmativas, ya sea por decisiones propias o por imperativo de las leyes de los estados brasileños y las resoluciones de las universidades. Ya en 2002, por ejemplo, la Universidad del Estado de Bahía (Uneb) estableció una política de esa naturaleza destinada al ingreso de negros e indígenas en sus carreras de maestría y doctorado.
Esta tendencia se acentuó a partir de 2016, cuando el Ministerio de Educación nacional publicó una resolución estableciendo que las instituciones federales de educación superior debían presentar propuestas para la inclusión de negros, pardos, indígenas y personas con discapacidad en los posgrados. En junio de 2020, el entonces ministro de Educación, Abraham Weintraub, revocó esa normativa, pero tal decisión fue revertida unos días después. “Este esfuerzo ha continuado en los últimos años”, dice Venturini, quien desde 2014 sigue la evolución de estas iniciativas en el país. “Los datos preliminares de una nueva investigación que estamos llevando a cabo indican que Brasil tenía en 2021 poco más de 1.200 programas que incluían algún tipo de acción afirmativa”, dice la investigadora, quien está trabajando en la consolidación de esta información. A pesar de la amplia gama de análisis sobre las acciones afirmativas en las carreras de grado de Estados Unidos, el material sistematizado y disponible sobre esa política en el posgrado de ese país es escaso. Es por ello que resulta difícil la comparación con otros referentes.
Una de las iniciativas más recientes tuvo lugar en la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), que en agosto de 2021 aprobó una resolución determinando que sus 69 programas de posgrado debían reservar el 25 % de sus vacantes a candidatos negros, pardos, indígenas y quilombolas [afrodescendientes provenientes de quilombos o palenques, comunidades rurales o urbanas organizadas]. “Tienen libertad para ampliar el espectro de grupos vulnerables”, puntualiza Fernando Atique, coordinador de Integración Académica de la Prorrectoría de Posgrado e Investigación de dicha universidad.
Alexandre Affonso
Incluso con la resolución del MEC y las políticas adoptadas por las universidades, las iniciativas se distribuyeron en forma desigual. El aumento observado hasta 2018 fue impulsado principalmente en el área de las ciencias humanas. De los 737 programas que adoptaron acciones afirmativas en el período, el 22,9 % eran de ese campo del conocimiento. “Las humanidades ostentan una extensa tradición en los estudios sobre las desigualdades socioeconómicas y étnico-raciales en el acceso a la educación superior”, dice el antropólogo Jocélio Teles dos Santos, del Centro de Estudios Afroorientales de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), quien no participó en los estudios. “Es natural que sean más sensibles a estas cuestiones e inviertan más en la implementación de estrategias tendientes a mitigar este problema”.
Por su parte, los programas de ciencias exactas y de la Tierra, como así también los de las ingenierías, fueron los que menos medidas de esa índole crearon. “Los resultados sugieren que en el posgrado, estas disciplinas son más refractarias a las políticas de acción afirmativa”, enfatiza el politólogo João Feres Júnior, de la Uerj, uno de los autores de los trabajos. Los reflejos de esta tendencia pueden verse en la forma en que se instituyeron las medidas: de los 134 programas que adoptaron acciones afirmativas por decisión interna, el 50 % tienen vínculo con las ciencias humanas y tan solo el 1,5 % a las ciencias exactas y de la Tierra.
En el caso de las ingenierías, ningún programa de Brasil ha adoptado medidas afirmativas por iniciativa propia durante las últimas décadas. “Sólo lo han hecho cuando se han visto obligados por las leyes de los estados o por resoluciones de las universidades”, dice Venturini. “En estos casos, las políticas se aplican a todos”, añade la investigadora, aclarando que los programas son libres de establecer sus propias normas y criterios de selección de sus alumnos, a diferencia de lo que ocurre en los programas de las carreras de grado.
La renuencia que se observa en las ciencias exactas estaría vinculada con lo que Venturini califica como “una cultura de conservadurismo meritocrático”. “Los procesos de selección en estos programas tienden a valorar menos la trayectoria de vida de los candidatos, basándose únicamente en la idea de que los más calificados son los que han obtenido más puntos en la evaluación”, afirma. “Sucede que muchos estudiantes que entran por cupo afirmativos necesitan trabajar durante la carrera, lo que les impide involucrarse en actividades valoradas por los programas a la hora de calificar para el ingreso a las maestrías y los doctorados, tales como la iniciación a la investigación científica, la participación en grupos de investigación y los eventos académicos”.
Según ella, esa lógica está bastante presente en las ciencias exactas, lo que las hace más resistentes a las políticas diseñadas para corregir las desigualdades en la educación superior. “Muchos de los coordinadores de los programas de posgrado que entrevisté manifestaron que no les importaba el color o el origen de los candidatos, sino si eran capaces de seguir el desarrollo de las carreras”, dice la politóloga. “En este sentido, la adopción de acciones afirmativas perjudicaría a ‘los candidatos con más méritos’”.
El sociólogo de la educación Adriano Senkevics, del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (Inep), añade que estas áreas “están vinculadas a los segmentos más elitistas de la educación superior, que históricamente son más reactivos a los cambios en su campo”. En su opinión, no cabe esperar que los cambios se materialicen por iniciativa de los programas. “Es necesario que los mismos sean instituidos por los órganos centrales de las universidades, o bien por medio de una legislación”.
Alexandre Affonso
En sus estudios, Venturini y Feres Júnior identificaron una resistencia similar al cotejar los datos sobre las políticas afirmativas con los conceptos obtenidos por los programas en la última evaluación cuatrienal de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), utilizada para comparar la calidad de las carreras de maestría y doctorado de Brasil y orientar la distribución de becas y fondos de investigación. Los que recibieron notas 6 y 7, las más altas, representaban el 11,5 % de las iniciativas de acción afirmativa. En el caso de los que obtuvieron calificaciones 3 y 4, el porcentaje fue del 71 %.
Según Venturini, la reticencia de los programas mejor evaluados podría estar vinculada con la preocupación de que este tipo de política comprometa su calidad y su estatus, debido a la necesidad eventual de ampliación de los plazos para la defensa de las tesis y tesinas, un menor aprovechamiento de los estudiantes y un menor impacto de sus publicaciones. “No obstante, por ahora no hay evidencias de que el cambio de criterio para la admisión de alumnos en el posgrado haya tenido un impacto negativo en el rendimiento de los programas o en la evaluación cuatrienal de la Capes”.
En general, de los 737 programas que adoptaron políticas de acción afirmativa en los últimos años, el 63,9 % lo hicieron a través del sistema de cupos, en el cual un porcentaje de las plazas disponibles se reservan a determinados grupos. Los estudiantes negros, pardos e indígenas fueron los que más se beneficiaron con estas disposiciones. Algunas de las iniciativas también contemplaron a las personas con discapacidad, a refugiados, a transexuales y a travestis. Ese es el caso de la UFBA, que en 2017 aprobó una política de acción afirmativa en sus programas de posgrado dirigida a las personas transgénero.
No obstante, al analizar esas estrategias en forma pormenorizada, Venturini pudo comprobar que, en muchos casos, la adopción de medidas de acción afirmativa apenas si había alterado el proceso de evaluación. Los beneficiarios de los cupos y los aspirantes regulares son sometidos a las mismas etapas en el proceso de selección. “Suele ocurrir que los postulantes de los grupos minoritarios sean eliminados en las etapas iniciales debido a la exigencia de dominio de lenguas extranjeras, por ejemplo”, dice Jocélio dos Santos, de la UFBA.
Él cita el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (FD-USP), cuando creó su carrera de posgrado en derechos humanos. “El llamado de selección establecía el examen de idoneidad en lengua extranjera como condición eliminatoria en la primera etapa del proceso de selección, de manera tal que, de los 61 alumnos aspirantes a los cupos reservados, tan solo 4 superaron el examen de idioma”.
Alexandre Affonso
La FD-USP se ha abocado a corregir ese problema. La vicedirectora de la institución, Ana Elisa Bechara, informa que en 2021 la facultad puso en marcha un proyecto piloto con 20 cupos extras para negros, pardos, indígenas y personas con discapacidad. “También dejaron de ser eliminatorios los exámenes de lengua extranjera”, afirma. “Los candidatos reprobados en la prueba podrán volver a realizarla hasta el momento del examen de calificación previo a la defensa, siempre y cuando hayan superado el resto de las etapas del proceso selectivo”. La facultad trabaja incluso en forma mancomunada con otras estructuras de la propia USP y las organizaciones estudiantiles para ofrecer cursos de idioma gratuitos a esos grupos.
Según la socióloga Rosana Heringer, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), “el mantenimiento de los criterios tradicionales de selección puede llegar a comprometer la efectividad de las estrategias pensadas en primera instancia para ampliar el acceso al posgrado de los grupos vulnerables”. Adriano Senkevics añade: “En Brasil, el posgrado tiene que prepararse para recibir a un público diferente al que estaba acostumbrado y debe tener presente que las barreras que han de superar los individuos de bajos ingresos, negros, pardos e indígenas no desaparecen solamente a partir de la implementación de cupos”.
Jocélio dos Santos sugiere que los programas rebajen la nota de corte de las pruebas de aptitud para los individuos que se presentan como aspirantes a través del sistema de cupos. “En la Unifesp”, dice Ricardo Bertolla, prorrector adjunto de Posgrado e Investigación de la institución, “adoptamos parámetros más adecuados a las realidades de las comunidades que se postulan para acceder al posgrado”. Según él, un avance en ese sentido fue el reconocimiento del portugués como lengua extranjera para los candidatos sordos e indígenas.
Pero existe un problema: es prácticamente imposible realizar una carrera de posgrado en algunas áreas sin un conocimiento mínimo del idioma inglés, analiza Fernanda Estevan, profesora asociada de la Escuela de Economía de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas (FGV). “Casi toda la bibliografía que se utiliza en economía, por ejemplo, se basa en libros y artículos escritos en ese idioma, y la mayoría no están traducidos en portugués”, dice. “Por esta razón, no sirve de nada anular la prueba de capacidad sabiendo que el alumno deberá lidiar con el idioma inglés desde el comienzo de la carrera.”
Estevan explica que las métricas de evaluación de los programas están internacionalizadas, se basan en la publicación de artículos en revistas extranjeras de alto impacto, en colaboraciones con investigadores e instituciones de otros países, además de las pasantías posdoctorales en el exterior. “Queda claro que las instituciones deben optar por estrategias que corrijan las desigualdades históricas en el sistema de investigación nacional, pero no resulta sencillo remar contra la marea en lo concerniente a lo que las agencias científicas de fomento y la propia comunidad científica exigen”.
Alexandre Affonso
Sin embargo, en opinión de Heringer, muchos postulantes están preparados para realizar el posgrado sin tener conocimientos del idioma inglés. “No veo que el dominio de ningún idioma en particular deba ser un indicador de calificación para el ingreso al posgrado, sino como algo que debe incluirse en la formación de los individuos a lo largo de la carrera”, comenta.
Algunos programas, como los del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas (IFCH-Unicamp), dejaron de aplicar pruebas de capacidad idiomática en la selección de nuevos estudiantes, ofreciéndoles un plazo mayor para demostrar su dominio de idiomas extranjeros. “Tratamos de priorizar la calidad de los proyectos de investigación”, dice la socióloga Bárbara Geraldo de Castro, coordinadora del departamento de posgrado del instituto. Estas medidas han atraído cada vez más estudiantes al posgrado, en particular, a negros y pardos. “La cantidad de inscritos en nuestros programas merced a las políticas de acción afirmativa está creciendo desde 2016”, dice Geraldo de Castro. A su juicio, el reto principal tiene que ver con la cuestión de la permanencia.
La ausencia de estas estrategias constituye un desafío para la consolidación de las acciones afirmativas en el posgrado, especialmente ante un panorama de disminución de los recursos destinados a becas y proyectos de investigación. “Varias de las carreras requieren dedicación exclusiva”, subraya Heringer. “¿Cómo pueden mantenerse estos estudiantes, casi en su totalidad económicamente vulnerables, si no disponen de becas?” La estrategia adoptada en el programa de posgrado en Educación de la UFRJ consistió en someter a todos los aspirantes aprobados a un único concurso, en el cual son evaluados a partir de criterios que no solo tienen en cuenta su rendimiento durante la selección, sino también su condición socioeconómica y si aspiran a un cupo o no. Tratamos de evaluar el mérito de los postulantes y, al mismo tiempo, considerar su trayectoria de vida”. El problema, según ella, radica en que en no pocas ocasiones, para que un nuevo estudiante obtenga una beca, debe aguardar que otro culmine la carrera.
El IFCH-Unicamp trata de darles prioridad a los aspirantes por cupo a través de dos sistemas de distribución. “Algunos programas se basan solamente en el análisis de las condiciones socioeconómicas de los candidatos, otros dividen a los clasificados en dos listas y distribuyen las ayudas alternativamente para el que ostenta el primer puesto del proceso general y para el primero de la lista por cupo, y así sucesivamente”, explica Geraldo De Castro. Esta estrategia generó tensiones a la hora de implementarla. “Muchos de los que no tienen cupo se sintieron frustrados porque aprobaron entre los primeros de la lista, pero no obtuvieron beca”. Incluso un día, el instituto amaneció con pintadas con insultos racistas.
Las políticas de permanencia también incluyen la adopción de estrategias tendientes evitar la discriminación contra los beneficiarios de cupos. “Estamos luchando para que ese problema no se instale en el posgrado”, comenta Atique, de la Unifesp. “Muchos aspirantes temen ser objeto de represalias al inscribirse por el hecho de contar con cupo”. La estrategia que se ha adoptado ahora consiste en no revelar la condición de los aspirantes aprobados que ocupan vacantes reservadas. “Son medidas importantes para asegurar que esos estudiantes puedan ingresar a la universidad y concluir sus estudios”.
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