El gobierno de China anunció una política radical para reprimir los fraudes en proyectos financiados por la agencia federal que fiscaliza y reglamenta los alimentos y medicamentos en el país, la CFDA. A partir de ahora, aquellos investigadores que falsifiquen datos en ensayos clínicos de fármacos y tratamientos podrían ser condenados a 10 años de prisión o incluso, en casos extremos, a la pena de muerte. Esta resolución refleja la preocupación del gobierno ante el aumento de los casos de mala conducta científica que se ha registrado en los últimos años.
Un estudio publicado en el mes de abril en la revista Science and Engineering Ethics sostiene que el 40% de los artículos de ciencias biomédicas publicados en China entre 2010 y 2015 presentan evidencias de mala conducta. La legislación más severa fue aprobada por un comité de revisión de la Corte Suprema china, que instituyó una nueva interpretación del Código Penal del país.
La pena de muerte podrá aplicarse si la falsificación de datos de un estudio clínico causara daños a la salud de la población.
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