Pocas personas disienten del principio que indica que debe existir alguna regulación internacional que organice el acceso y distribución de los recursos obtenidos mediante la explotación comercial de los recursos genéticos de una nación, o de la apropiación del conocimiento de los pueblos indígenas vinculados a la biodiversidad. Pero, aunque parezca razonable, esta idea, cuando se la debate en sus pormenores, genera puntos de roces. Eso fue lo que ocurrió a finales del mes pasado en Curitiba (Paraná), durante la 8ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre Biodiversidad Biológica (COP 8), foro patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para discutir la redacción de los textos que buscan crear una política de protección ambiental común en los casi 190 países signatarios del acuerdo.
Brasil figura entre las naciones que firmaron la convención y, por detectar entre el 15% al 20% de toda la biodiversidad del planeta, teme ser víctima preferencial de la biopiratería internacional. Por ello, el gobierno federal se encuentra predispuesto a la implantación de leyes globales capaces de resguardar los derechos sobre su patrimonio biológico. A pesar de ser loable, esa postura, si es llevada a los extremos, puede crear, según algunos científicos, obstáculos para la colaboración internacional en proyectos que están desarrollando grandes sistemas de información, de acceso universal y gratuito, acerca de las formas de vida de la Tierra.
Según la visión de esos investigadores, interconectar los bancos de datos nacionales como el speciesLink, que provee el acceso electrónico a 40 colecciones biológicas de instituciones del estado de São Paulo con iniciativas globales no conllevaría riesgos o perjuicios para el país. Ese tipo de cooperación es fundamental para la propia conservación ambiental y para los taxonomistas, dice Vanderlei Perez Canhos, coordinador del Centro de Referencia de Información Ambiental (Cria), de Campinas (São Paulo), que desarrolló el speciesLink y el banco de datos de la versión electrónica, lanzada durante la COP 8, de la Flora brasiliensis, libro de referencia sobre la biodiversidad nacional realizado por el botánico alemán Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868). Al optar por participar de esos proyectos internacionales, podríamos restringir el acceso a informaciones que consideramos sensibles, como la localización geográfica de las especies amenazadas de extinción o datos sobre organismos de importancia económica.
Las cooperaciones también acelerarían la repatriación del conocimiento sobre especies brasileñas que fueron retiradas del territorio nacional y hoy enriquecen los anaqueles de instituciones del exterior. Aunque cobije a una quinta parte de la biodiversidad de la Tierra, Brasil cuenta apenas con un 1% del material depositado en las colecciones biológicas del mundo.
Una de las iniciativas internacionales que llaman la atención de los científicos brasileños es el Species 2000. Por caso, el proyecto aprovechó el evento en la capital paranaense para anunciar un hecho: su sistema electrónico acaba de catalogar el nombre científico (y algunas informaciones taxonómicas) de 880 mil especies de animales, plantas, hongos y microbios, la mitad del número total de especies identificadas hasta ahora por la ciencia. Realizamos la primera parte del trabajo, afirma Frank Bisby, de la Universidad de Reading, Inglaterra, coordinador de Species 2000. Ahora, cerca de 3 mil taxonomistas de las más diversas áreas participan de la iniciativa, que congrega 37 bancos de datos. Hay brasileños inmersos en le proyecto, pero no existe una participación institucional del país ni de bancos de datos nacionales.
La situación se repite respecto del Global Biodiversity Information Facility (GBIF), un proyecto aún mayor. En el GBIF, además de información taxonómica, el sistema integra datos de las colecciones biológicas de museos internacionales y registros de observaciones realizadas en campo. Carecemos de información acerca de algunos grupos de animales, afirma Jim Edwards. Secretario ejecutivo del GBIF, que contiene alrededor de 100 millones de datos sobre las especies del planeta. El ingreso de Brasil en el proyecto nos ayudaría en ciertas áreas críticas. Apoyada por 47 países y 32 entidades internacionales, la iniciativa digital se alimenta con 169 proveedores de información y 686 bancos de datos.
El Species 2000 y el GBIF no son los dueños de las informaciones que distribuyen. El control de lo que puede o no aparecer es de cada proveedor de los bancos de datos integrados a los proyectos. Según Ione Egler, coordinadora general de Políticas y Programas de Investigación en Biodiversidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace cuatro años atrás la comunidad científica brasileña estaba dividida acerca de la conveniencia de firmar colaboraciones con ese tipo de emprendimientos internacionales. Pero la idea maduró y ahora las sociedades científicas quieren participar del GBIF, afirma Ione, que maneja un programa de digitalización de las colecciones de instituciones de investigación nacional.
Sin embargo, aún existen obstáculos que deben ser vencidos. El ministerio de Relaciones Exteriores, Que comanda la delegación brasileña encargada de negociar los puntos de la Convención sobre Diversidad Biológica, piensa de manera distinta que los científicos. No hay porqué proveer datos sobre las especies brasileñas, afirma Luiz Alberto Figueiredo Machado, jefe del Departamento de Medio Ambiente y Temas Especiales de Itamaraty. Bráulio Ferreira de Souza Dias, gerente de conservación de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, tiene una posición más moderada. Él admite que hay resistencia al ingreso de Brasil en inventarios internacionales sobre la biodiversidad, pero dice que no existe como impedir esa decisión.
Un punto preocupante es la difusión en el exterior del llamado conocimiento tradicional de los indígenas, sobre todo en textos científicos. Aún no existe un marco legal para esa cuestión, afirma Bráulio. Por eso es necesario que haya ética en la relación de los científicos con los indígenas. En el GBIF, mientras tanto, los proveedores de información son instruidos acerca de no divulgar informaciones oriundas de las prácticas de los pueblos de la selva.
Rotulado de transgénicos
También en Curitiba (PA) una semana antes de la COP 8, se realizó la 3ª Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, la MOP 3. La principal decisión del encuentro fue la de regular la cuestión del rotulado de los organismos vivos modificados (OVMs), los populares transgénicos, destinados a la exportación. Quedó acordado que los países podrán utilizar en los cargamentos agrícolas destinados al mercado externo la expresión puede contener OVMs hasta 2012. O sea, que las naciones tienen un plazo de seis años para separar los productos transgénicos de los que no se hallen modificados y sólo entonces se deberá adoptar la expresión contiene OVMs para granos y semillas genéticamente alterados.
