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Sociología

Relaciones delicadas

Un estudio sobre los profesionales del Derecho analiza la dificultad de ser independiente y servir al Estado

¿Cómo es posible mantener la autonomía formando parte del Estado? Profesionales del mundo del Derecho, tales como jueces, fiscales y comisarios, viven ese dilema en el transcurso de su historia, en la búsqueda por mantener su compromiso con la prestación de servicios jurisdiccionales, aun cuando integran la parte de la máquina estatal o actúan muy cerca de ésta. En el libro Profissionalismo e Política no Mundo do Direito (Editora Sumaré / Edufscar / FAPESP), la socióloga Maria da Gloria Bonelli concluye que, pese a esta relación, es posible construir la independencia.

En su obra, fruto de investigaciones financiadas por la FAPESP, Maria da Gloria optó por estudiar cuatro grupos: los abogados, los jueces del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, los procuradores de Justicia del Ministerio Público paulista y los comisarios de policía de São Paulo. Para analizar la relación de estos profesionales con el Estado, Bonelli regresó en el tiempo, para narrar la trayectoria de estas carreras públicas a lo largo de las décadas, y mostrar cómo se desenvolvió su relación con el Ejecutivo.

El primer grupo estudiado fue el de los abogados. Éstos estructuraron la primera asociación en Brasil, el Instituto de Abogados Brasileños, en 1843. Luego fue la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), la principal organización de la categoría en el país. La socióloga dice que la elite de los abogados siempre estuvo ligada a la política. Y por tener una participación tan activa en el área, los profesionales suelen vincularse a los partidos. Pero son eclécticos: hay abogados en todas las agrupaciones partidarias. Lo importante es diferenciar al profesional de la institución: el abogado hace política partidaria, la OAB, no. Esto no quiere decir que la asociación no adopte posturas en el marco del proceso político del país. En el curso de la democratización posterior a la Segunda Guerra, en el tiempo de la elección para reemplazar al presidente Getúlio Vargas, la OAB decidió apoyar la candidatura del brigadier Eduardo Gomes.

Éste fue derrotado, y el vencedor, Eurico Gaspar Dutra, no lo olvidó. Fueron años de persecución contra la institución. Otro momento difícil fue durante la dictadura militar. “La OAB hacía y hacela política de la profesión, no la del partido”, explica Maria da Gloria, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de São Carlos.La OAB se consolidó en los años 80, con la experiencia de la democratización. En dicho período logró construir su autonomía institucional. Obviamente, la Orden de los Abogados hace su lobby. Es obvio también que en su interior existen profesionales de todas las tendencias, de izquierda a derecha, pero difícilmente un grupo sobresale demasiado, pues uno vigila al otro. El hecho es que la OAB tiene actualmente una enorme importancia política. “La Orden habla con el Estado en nombre de la sociedad, y funciona como una de sus más fuertes defensoras”, dice Maria da Glória.

Las trayectorias de los abogados y las de los jueces van juntas. Ambos agrupamientos fueron muy atacados durante el régimen militar, pero tienen una historia de ayuda y apoyo mutuo cuando son amenazados. El Tribunal de Justicia de São Paulo, objeto de análisis de la socióloga, se enorgullece de sus luchas constitucionales y de hablar en nombre del bien común, y se ha comprometido con las causas sociales desde el movimiento constituyente de 1932. Los abogados y los jueces fueron los primeros en bregar por la construcción de una identidad propia, centrada en la autonomía, que luego fue alcanzada también por los fiscales. “Los jueces defendieron la independencia del Poder Judicial ante los ataques del Ejecutivo en distintos contextos históricos”, recuerda Maria da Gloria.

Tres poderes
Antiguamente las fronteras entre los poderes eran menos demarcadas. Un Juez ejercía la función de comisario y actuaba como interventor en los gobiernos de los estados, entre otras atribuciones, actuando así como Ejecutivo. Aún hoy en día, en la estructura de los tres poderes, cuando falta el presidente, el vicepresidente, el presidente del Congreso o del Senado, el que responde es el presidente del Superior Tribunal Federal (STF). A nivel estadual, asume el presidente del Tribunal de Justicia. La gran discusión se daba con relación a la burocracia del Estado: ¿hasta que punto ésta comprometía la independencia de un magistrado? Había muchas discusiones en la literatura, que daban cuenta de que, debido a las características del Estado brasileño, el Poder Judicial estaría vinculado a los intereses de clase o sería cooptado por la política del Estado, que controlaría a la categoría.

Con la separación del Ejecutivo, el sector logró construir una estrategia de definición de la carrera. La institución de los concursos también contribuyó para ello, pues, según la investigadora, la estructuración de una profesión ayuda a consolidar su autonomía. La estructura de carrera creada por el Poder Judicial hace que éste tenga una gran independencia del Ejecutivo. En la actualidad, solamente la cúspide de la carrera -el Superior Tribunal Federal- es ocupada por nominación política. Pero hubo momentos, comenta Maria da Gloria, en los que se podía remover y trasladar indiscriminadamente (hoy en día esto solamente es posible por justa causa).

Durante el gobierno militar, un período en el que la Justicia sufrió bastante, hubo algunas cesantías por corrupción, que, a decir verdad, eran motivadas por razones políticas. La consolidación de la carrera dificultó este tipo de intervención. Hoy en día, como ya se ha dicho, solamente el STF pasa por el tamiz del Ejecutivo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá definir cinco lugares -un número alto de escaños, que podrá influir en el perfil de la institución.

Terna
El Ministerio Público paulista fue estructurado en 1946, junto con las carreras de fiscal y procurador de Justicia. El abogado que es aprobado inicia la carrera como fiscal y luego es ascendido a procurador, como miembro de la segunda instancia. Hasta hoy, el gobernador elige al procurador general de Justicia, pero únicamente a éste -existe una cúpula formada por un consejo integrado por 20 procuradores. Los fiscales han conquistado el derecho de confeccionar una terna elegida por todos ellos, para que el gobernador se defina por uno. La categoría luchó mucho para tener atribuciones en el ámbito social. En 1981 logró entrar en el área de medio ambiente -dejando así la esfera de los derechos individuales y entrando en casos metaindividuales o difusos, relacionados con el bien común. El Ministerio Público también tomó para sí cuestiones relacionadas con el derecho de los consumidores.

El lobby de los fiscales durante la Asamblea Constituyente de 1988 fue eficiente. Éstos se organizaron para aprobar antiguas reivindicaciones, como por ejemplo la incompatibilidad, que significa que un profesional vinculado al Ministerio Público no puede ejercer cargos públicos fuera del ministerio, ni candidatearse a cargos políticos. Tal determinación no vale para quienes ya era fiscales de antes. Esta regla es válida para los jueces hace mucho tiempo, pero aún no está en vigor para los comisarios.

Los comisarios son la categoría más vinculada al Estado. Mientras que los fiscales lograron la autonomía en 1988, y los jueces son el Poder Judiciario puro, los comisarios están muy subordinados al Ejecutivo. Según la socióloga, éstos constituyen el sector más frágil entre los cuatro estudiados en el libro, pero están intentando modificar esto. La generación que está al frente de las comisarías actualmente es muy diferente que la del período militar. Existe una mayor fiscalización, transparencia y capacitación. Existen comitivas de derechos humanos, y el consecuente castigo mayor sobre la mala conducta. “Ellos tienen una organización propia y se articulan políticamente para defender el monopolio sobre la investigación policial, actualmente amenazada por el Ministerio Público”, dice la investigadora. Los delegados son concursados desde 1946, pero recién con la Constitución de 1988 se instituyó en todo el país que debían ser abogados. En São Paulo, dicha obligatoriedad es mucho más antigua.

El estudio de la profesora Maria da Gloria Bonelli forma parte del área de actividad llamado Sociología de las Profesiones, del cual la investigadora es una de las pioneras en Brasil. Los estudiosos del área procuran entender de qué manera las distintas profesiones se desarrollan y se organizan, y cuál es el real vínculo de éstas con el Estado.

El proyecto
Profesionalismo y Política en el Mundo del Derecho (nº 02/07657-0); Modalidad Auxilio a la publicación; Coordinadora Maria da Gloria Bonelli – Dpto. de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de São Carlos; Inversión R$ 2.000,00

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