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Un engranaje complejo

Los regímenes de financiamiento de la educación, sostenidos mediante la recaudación tributaria, como en el caso del Fundeb, que expira en 2020, constituyen un reto para el gobierno federal brasileño

Elisa Carareto

En 2015 Brasil invirtió 304.800 millones de reales en la educación pública. De ese total, 212.300 millones de reales (el 69,6%) fueron financiados por estados y municipios, mientras que 92.600 millones de reales (el 30,4%) salieron de las arcas federales. A pesar de ser la mayor recaudadora de impuestos, la Unión aporta menos de un tercio de los recursos públicos que se destinan a la educación. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación (MEC), la mayor parte de los recursos, 253.300 millones de reales (el 83%), se destinó a la educación básica y 51.600 millones de reales, o sea el 17% de las inversiones, se asignaron a la educación superior. Entre la variedad de desafíos que la nueva administración federal tiene por delante está el de repensar la financiación de las 184 mil escuelas públicas existentes en el país. El Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), el principal mecanismo de financiación de la educación básica, que tuvo a su cargo costear en 2018 alrededor de 40 millones de matrículas y administrar 150.600 millones de reales –que representan alrededor del 60% de los recursos destinados a la educación básica pública–, expira al final de 2020.

La Constitución Federal vigente desde 1988 y la Ley de Directrices y Bases (LDB), de 1996, establecen que la Unión, los estados y los municipios deben actuar en forma articulada para financiar las diferentes etapas de la educación pública. Los municipios, encargados de administrar el 47,5% de las matrículas de la educación básica, según los datos del Censo Escolar divulgados por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), un organismo dependiente del MEC, intervienen en la oferta de educación infantil (jardines de infantes y preescolar) y enseñanza fundamental, etapas que atendieron, respectivamente, a 8,7 millones y 27,2 millones de alumnos en 2018. En tanto, las unidades federativas (los estados y el Distrito Federal) son responsables de aquellas escuelas que atienden prioritariamente los años finales de la enseñanza fundamental y también de la enseñanza media. En el caso de esta última, eso contempló 7,7 millones de matrículas en 2018. Le cabe a la Unión proveer la educación superior y organizar el flujo de recursos para distribuir la financiación disponible a las redes educativas de estados y municipios, que también poseen autonomía para generar iniciativas en la educación superior.

La educación básica
Según lo que ordena la Constitución, la Unión debe aplicar anualmente al menos un 18% de los ingresos recaudados por impuestos en el mantenimiento y desarrollo de la educación, mientras que el porcentaje equivalente para los estados y municipios es de un 25%. Sin embargo, la Enmienda Constitucional nº 95, de 2016, a la cual se la conoce como la ley del techo de gastos, determinó que en 2018 la Unión invertiría en educación y otras áreas un monto equivalente al de 2017 actualizado según la inflación. Eso significa que desde el año pasado la inversión en educación ya no estará supeditada a un eventual avance de la recaudación tributaria y la Unión no necesariamente invierte en el área al menos ese 18% resultante de la recaudación de impuestos. “Esos porcentajes deben destinarse a obras para el mantenimiento y desarrollo de la educación, la obras denominadas MDE, donde el MEC, por un lado, y las secretarías de cada gobierno estadual y municipal, por otro, organizan la distribución de los recursos”, explica Camillo de Moraes Bassi, técnico de planificación e investigación del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea).

Las obras de MDE abarcan apartados tales como los sueldos de los empleados, la construcción de escuelas, la renovación de la infraestructura y la adquisición de material didáctico, quedando fuera aquellas actividades que no tienen relación directa con el proceso pedagógico, tales como la compra de meriendas escolares y el desarrollo de programas de asistencia social en las escuelas. Alrededor del 60% del gasto promedio anual de 253.300 millones de reales en educación básica (que incluye la educación infantil, la enseñanza fundamental y media, y además, las modalidades de Educación para Jóvenes y Adultos y la Educación Especial) integran el Fundeb, creado por una Enmienda Constitucional en 2006, en reemplazo del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Valoración del Magisterio (Fundef) y que estará vigente hasta 2020.

En cuanto al futuro del Fundeb, el coordinador de proyectos de Todos por la Educación, Caio Callegari, propugna una reorganización de su mecanismo de distribución, de forma tal que los municipios con menor recaudación propia reciban una porción mayor de los recursos  del fondo. “El Fundeb redistribuye solo una parte de los impuestos recaudados por estados y municipios. Su mecanismo de reparto utiliza un 20% de algunos de los impuestos vinculados a la educación”, dice. Y recuerda que existe una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) en trámite en el Congreso Nacional que aboga por la incorporación del Fundeb a la Constitución, convirtiéndolo en un mecanismo permanente de financiación de la educación, es decir, sin plazo de finalización.

Bassi, del Ipea, hace hincapié en otra meta para 2020 que implica un aumento de la cantidad de recursos disponibles por medio del fondo, no obstante, aún no se definió su procedencia. El investigador informa que los impuestos municipales (IPTU, ISS e ITBI) no son aplicables al Fundeb, que tan solo cuenta con los impuestos de los estados (ICMS, IPVA, ITCMD), aparte del complemento de la Unión. En tanto, los municipios participan mediante un rateo del ICMS y del IPVA. “Para resumirlo, el 60% de los recursos del Fundeb proviene de los estados, un 30% de los municipios y el 10% restante de la Unión”, explica. Bassi brega para que el 5% del mínimo estipulado por la Constitución, que no está incluido en el fondo, pase a estarlo. También propone la incorporación de impuestos municipales. “Eso obligaría a la Unión a incrementar su participación en la composición del fondo, puesto que está obligada legalmente a aportar el equivalente al 10% del monto total disponible en el fondo”, dice Bassi.

Si bien es el principal responsable de subvencionar la educación básica pública brasileña, el Fundeb no es la única fuente de financiación del área. Otro mecanismo importante es el llamado salario educativo, un aporte social recaudado a las empresas adheridas al Régimen General de Previsión Social, mediante una alícuota que representa el 2,5% de la nómina salarial. Del total recaudado, el 10% va al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), un organismo vinculado al Ministerio de Educación (MEC), y del 90% restante, el 30% se lo queda la Unión y el 60% se transfiere en cuotas mensuales directamente a las secretarías de educación de los estados y municipios, en forma proporcional a la cantidad de matrículas en cada red educativa. Los recursos retenidos por el FNDE se invierten en programas destinados a costear la merienda, renovación y ampliación de la flota de vehículos escolares, mejoras en la infraestructura de las escuelas, entre otras iniciativas. Bassi, del Ipea, dice que la asignación presupuestaria del FNDE en 2019 suma alrededor de 27.600 millones de reales. Según él, en 2018, el monto total de ese aporte social de las empresas transferido a los estados, municipios y al Distrito Federal sumó aproximadamente 13.100 millones de reales, de los cuales São Paulo, por ejemplo, recibió 5.100 millones.

José Marcelino de Rezende Pinto, experto en política y gestión educativa, expresidente de la Asociación Nacional de Investigación en Financiación de la Educación (Fineduca) y docente de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto, en la Universidad de São Paulo (FFCLRP-USP), explica que el resto de la financiación de la educación pública proviene de recursos vinculados a impuestos estaduales y municipales que no forman parte del Fundeb, aparte de giros voluntarios de la Unión, que llegan a las redes por medio de programas creados puntualmente por el MEC.

La educación superior
Alrededor del 20% de la población con entre 18 a 24 años de edad está inscrita en alguna carrera de educación superior, y esa etapa de la educación insume el 17% de las inversiones del país en educación pública. En el caso de las 63 instituciones federales de educación superior y sus alrededor de 1,2 millones de alumnos, su principal fuente de financiación es el presupuesto vinculado al MEC, previsto en la Ley Presupuestaria Anual (LOA, en portugués) y proveniente del Tesoro Nacional, que en 2018 fue de 46.800 millones de reales, incluyendo recursos recaudados por medio de contratos y convenios establecidos con administraciones estaduales y municipales para la ejecución de proyectos específicos, además de otras fuentes complementarias. “Las universidades firman convenios para atender necesidades específicas como, por ejemplo, asesorar a un organismo público en el desarrollo de determinadas políticas”, dice Emmanuel Zagury Tourinho, rector de la Universidad Federal de Pará (UFPA) y expresidente de la Asociación Nacional de Directivos de Instituciones Federales de Educación Superior (Andifes).

Las universidades federales, disponen constitucionalmente de autonomía para llevar adelante su gestión financiera, pero en la práctica eso no se respeta por completo, según Zagury Tourinho. Anualmente, ellas elaboran y le envían al gobierno federal sus propuestas presupuestarias que se atienden a partir de decisiones de los ministerios. Entre los factores que deben considerarse para la preparación del presupuesto y la asignación de recursos, figuran la producción de conocimiento científico y patentes, la cantidad de empleados, la cantidad de alumnos que se gradúan e ingresantes y el tiempo de duración de las carreras. “El presupuesto del ministerio para 2018 fue de alrededor de 109 mil millones de reales y de ese monto, el 43% fue asignado a las universidades federales”, comenta Thiago José Galvão das Neves, coordinador del Foro de Prorrectores de Planificación y Administración de la Andifes. De acuerdo con él, los recursos del Tesoro Nacional financian actividades regulares de las instituciones, incluyendo el pago de sueldos del personal (activos, jubilados y pensionados) así como los gastos con las cuentas de agua, luz, teléfono, materiales de trabajo, adquisición de equipos, construcción de aulas y laboratorios. “Alrededor del 25% del presupuesto de las instituciones federales se invierte en el pago a jubilados y pensionados, de manera tal que el gasto previsional se cuenta en forma indebida como si fuese inversión en educación”, dice. El presupuesto del MEC contempla el pago de sueldos a docentes e investigadores, pero no financia actividades directas de investigación científica. Para ello, las instituciones dependen fundamentalmente de la captación de recursos de las agencias de fomento, tales como el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y las agencias estaduales que costean el desarrollo de proyectos de investigación, tanto de docentes como de alumnos.

Zagury Tourinho explica que hasta 2015, el presupuesto de las universidades federales contemplaba reajustes anuales que tenían en cuenta la expansión de las matrículas y de las actividades educativas y de investigación. “A partir de eso había cierta previsibilidad para planificar el desarrollo de las instituciones. Pero a partir de 2015 hubo un recorte en los recursos invertidos y se congeló el presupuesto para gastos del MEC”, informa. Según él, esa determinación generó una pérdida, considerando la inflación, del 20% del presupuesto de pagos destinados a las universidades federales y de aproximadamente un 70% en los recursos de inversión, a la par que la cifra de alumnos inscritos en la educación superior siguió creciendo, como resultado de un proceso de expansión de las universidades federales que comenzó en 2004.

Además, entre 2000 y 2015, otras etapas de la educación –infantil y enseñanza media– registraron aumentos significativamente mayores en las inversiones, en comparación con la educación superior. Según Renato Pedrosa, docente del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas (Unicamp) entre 2009 y 2015, los recursos destinados a la enseñanza media y a la educación infantil aumentaron un 49% y un 75% respectivamente. “En tanto, la educación superior registró una expansión de solo un 18% de las inversiones en ese período, incluso habiéndose producido una gran ampliación de la red federal de universidades e institutos de tecnología (IFETs)”, subraya.

A pesar de que el avance de las inversiones en la educación superior ha sido menor comparado con la educación básica, el gasto por alumno en esa etapa de educativa se equipara al de países tales como Portugal y España, llegando a un promedio anual de 11.700 dólares, mientras que en esos países europeos los valores son de 11.800 y 12.500 dólares, respectivamente. “Sin embargo, en Brasil, un cuarto del monto invertido en la educación superior corresponde a gastos previsionales, algo que no ocurre en esos países europeos”, resalta Zagury Tourinho. Por otra parte, de acuerdo con datos que revela la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Brasil gasta 3.800 dólares al año por alumno en el primer ciclo de la enseñanza fundamental (hasta 5º grado), un monto que representa la mitad del promedio invertido en los países afiliados a esa organización, que es de 8.700 dólares.

Al igual que las universidades, la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica tiene como fuente de financiación principal los recursos provenientes del Presupuesto General de la Unión, que son transferidos en forma anual por el Tesoro Nacional. Esa red federal involucra a unas 600 instituciones, entre las cuales se cuentan los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología; çlos Centros Federales de Educación Tecnológica y las escuelas vinculadas a universidades federales, a las cuales se suman la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y el Colegio Pedro II, en Río de Janeiro. Los montos que gira el Tesoro Nacional se destinan a solventar gastos y sueldos de personal, incluyendo a jubilados y pensionados.

El rector del Instituto Federal de Triângulo Mineiro (IFTM) y presidente del Consejo Nacional de Instituciones de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica (Conif), Roberto Gil Almeida, explica que los institutos también pueden recibir aportes a partir de enmiendas parlamentarias. “También tienen la posibilidad de recaudar por medio de convenios acordados con agencias de fomento e incluso con empresas, con el objetivo de desarrollar proyectos específicos”. De acuerdo con Gil Almeida, del presupuesto total del MEC en 2018, el monto que destinado a toda la red federal fue de 14 mil millones de reales, o sea, alrededor del 14% del total. “Las cuantías que se distribuyen anualmente a los institutos varían de acuerdo con la gestión presupuestaria efectuada por el MEC. En 2018, el Conif calculó que se necesitaban 3.900 millones de reales para asegurar el buen funcionamiento de la red, excluyendo los gastos en sueldos. Sin embargo, el monto transferido fue de tan solo 2.100 millones de reales”, lamenta Gil Almeida.

Además de los institutos federales, están los sistemas de formación profesional de los estados, tal como es el caso de la Red Paula Souza, en São Paulo, que también recibe aportes del MEC. En este caso, el presupuesto se elabora anualmente y se envía a la Secretaría de Planificación y Gestión del estado, que se encarga de recepcionar las propuestas de todos los órganos del gobierno. Al igual que los institutos federales, esas instituciones, aparte de los recursos estaduales, también pueden recibir financiación del Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y Empleo (Pronatec), creado en 2011 por el gobierno federal.

Así como por un lado las instituciones federales presentan modelos similares de financiación, por el otro, las universidades estaduales disponen de diversos sistemas para costear sus actividades. El país cuenta con alrededor de 40 instituciones estaduales en 24 de las unidades de la federación, con 800 mil alumnos matriculados. Haroldo Reimer, presidente de la Asociación Brasileña de Rectores de las Universidades Estaduales y Municipales (Abruem), explica que en São Paulo, a partir del Decreto nº 29.598, de 1989, las tres universidades estaduales –USP, Unicamp y Universidade Estadual Paulista (Unesp)– pasaron a ser financiadas con transferencias de la recaudación del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). En la actualidad, se transfiere a las universidades paulistas el 9,5% de la recaudación total de ese impuesto.

En el estado de Paraná hay siete universidades estaduales y la negociación del presupuesto se realiza anualmente. Allí, la nómina salarial y los valores correspondientes son responsabilidad del gobierno del estado. En tanto, en Goiás, hay un artículo de la Constitución Estadual que obliga al traspaso de un 2% de los ingresos netos por impuestos y transferencias a la Universidad Estadual de Goiás (UEG), la única institución pública estadual de educación superior del estado. El pago de jubilaciones no figura en la nómina de pagos de la universidad, que está a cargo del instituto estadual de previsión del estado. “A grandes rasgos, la mayoría de los estados brasileños funciona en forma similar al de Paraná. Es decir, el estado se hace cargo del pago de sueldos y la rectoría busca recursos junto al gobierno para invertirlos en desarrollo, mantenimiento financiación de sus actividades”, explica Reimer, recordando que cuando no se cuenta con un mecanismo que asegure un porcentaje determinado de impuestos destinados a la educación superior, tal como ocurre en el estado de São Paulo, se estipula una negociación libre entre las instituciones y los administradores del estado. “Así, las universidades pueden verse perjudicadas en aquellos años en los que la recaudación es menor”, dice.

En cuanto al posgrado, Reimer explica que las universidades estaduales reciben del gobierno federal asignaciones para el mantenimiento y creación de programas de maestría y doctorado, como fondos de soporte administrativo, además de becas de investigación provenientes de las agencias de fomento, a ejemplo de lo que ocurre con las instituciones federales. “Alrededor del 90% de toda la producción científica brasileña sale de las universidades públicas, y las estaduales ostentan el 40% de esa producción, que incluye patentes, tesinas de maestría, tesis doctorales y libros”, computa. En tanto, en aquello que concierne a las instituciones municipales, Reimer aclara que, pese a ser creadas por los concejos deliberantes de las ciudades, estas pueden cobrar mensualidades, que representan su fuente de financiación mayoritaria.

El cobro de cuotas (anuales o mensuales) por las instituciones de enseñanza públicas, principalmente en el nivel superior, es común en varios países. En Brasil, además de las municipales, un ejemplo cuya presencia es significativa en determinadas regiones son las universidades comunitarias. En los países de la OCDE, los pagos efectuados por particulares a las instituciones públicas o privadas suman casi un tercio del total de los costos, de los cuales el 70% recaen sobre los estudiantes o sus familias, lo cual representa un componente importante de la financiación de la educación superior.

Los desafíos de las inversiones
La dinámica actual de gastos públicos y el rendimiento de los alumnos, no siempre satisfactorio en lo que se refiere a las evaluaciones educativas, suscita debates al respecto del mejor camino para superar los retos educativos que afronta Brasil. Hoy en día, el porcentaje promedio del PIB destinado a la educación (desde la enseñanza fundamental hasta la educación superior), que según la OCDE es del 5%, se acerca, por ejemplo, al 6% que destina Estados Unidos a las mismas etapas de la enseñanza, dice Zagury Tourinho. “Sin embargo, el PIB estadounidense, que en 2015 fue de aproximadamente 18,1 billones de dólares, según el Banco Mundial, es bastante superior al brasileño, que en ese mismo año fue de 1,8 billones de dólares. Eso significa que en Estados Unidos, la inversión por alumno es muy superior a la de Brasil”, enfatiza.

Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva del movimiento Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, hace hincapié en el hecho de que los países de la OCDE poseen distintos niveles de desarrollo y calidad educativa. “Noruega, por ejemplo, no necesita incluir a 2,8 millones de niños tal como ocurre en Brasil”, resalta. Ella dice que la Ley nº 13.005/ 2014, del Plan Nacional de Educación (PNE), prevé que para 2024 las inversiones en educación lleguen al 10% del PIB. “Ese cálculo toma como base el Costo Alumno-Calidad [CAQ, en portugués] un mecanismo ideado por la Campaña que enumera cuáles son los insumos de calidad de una escuela y cuánto cuestan, por etapa y por modalidad educativa”, explica. A su juicio, la ampliación de las inversiones es necesaria para la inclusión de niños y adolescentes que quedaron sin escolaridad, así como para mejorar la calidad de la educación pública.

“El gasto mensual por alumno en la red pública corresponde a alrededor de un cuarto de la cuota mensual que se abona en una escuela privada de clase media”, remarca José Marcelino de Rezende Pinto, de la FFCLRP-USP. Y recuerda que la población brasileña transita un proceso de envejecimiento y, por ende, existe una tendencia a la disminución de la cantidad de personas en edad escolar. Al final del mes de enero, el Inep divulgó los resultados del Censo Escolar 2018, que revelan que entre 2014 y 2018 se registró una caída de 1,3 millones en las inscripciones de la educación básica. “No obstante, el efecto de ese bonus poblacional será más evidente recién después de 2050, aliviando la demanda de vacantes principalmente en la enseñanza fundamental, etapa cuya atención a la población se está universalizando”, advierte el investigador.

Al justificar la necesidad de un incremento de los recursos destinados a la educación, los investigadores destacan que el índice de atención de la educación superior todavía es muy bajo, e incluye a alrededor del 19,9% de la población, según el gobierno federal, un porcentaje que incluye a las personas de entre 18 y 24 años de edad. En la educación superior, Thiago José Galvão das Neves, de la Andifes, recuerda que las universidades registraron un proceso de expansión en los últimos años, merced al aumento de vacantes y a la creación de nuevos campus, sobre todo en el interior del aís.

Carlos Renato de Melo Castro, gerente de estudios económico-fiscales del Tesoro Nacional, relata que en 2017 el gasto de la Unión en educación sumó 117.200 millones de reales. En 2008, la inversión total del gobierno federal en el área fue de 61.400 millones de reales, de los cuales 31.800 millones fueron asignados a la educación superior y profesional y 18.900 millones a la educación básica. “Esto significa una expansión de las inversiones de la Unión en el área, que pasaron del 1,1% del PIB, en 2008, al 1,8% en 2017”, dice. Estos datos forman parte del estudio del Tesoro Nacional que se dio a conocer al final del año pasado, en cuyo marco también se detectó que el aumento de las inversiones federales en educación no derivó en mejoras en los indicadores del rendimiento escolar, tal como apuntan los resultados del Pisa (Programme for International Student Assessment). Entre los 70 países evaluados en 2015, Brasil se ubicó en el 63º puesto en ciencias, en el 59º en lectura y en el 66º en matemática. “El estudio muestra que el aumento de los gastos federales en educación no estuvo acompañado de mejoras en el rendimiento de los alumnos”, dice. Naércio Menezes Filho, coordinador del Centro de Políticas Públicas del Insper, recuerda que durante los últimos 10 años los estudiantes de la enseñanza media siguieron sacando notas bajas en el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Saeb). “Sostenemos que, antes que incrementar los gastos en educación, es necesario mejorar la administración de esos recursos”, subraya. Para eso, él propone un perfeccionamiento de la calificación de los gestores municipales en cuestiones económicas, así como la elaboración de estudios comparativos a los efectos de identificar factores de éxito y fracaso en las escuelas. De Rezende Pinto, de la Fineduca, disiente con respecto a esa postura, y afirma que “la propia OCDE apunta en sus estudios que, para lograr una diferencia, el gasto por alumno debería alcanzar niveles alrededor de cuatro veces superiores al de las cifras que actualmente invierte Brasil”.

El techo de gastos

La Enmienda Constitucional nº 95, conocida como “enmienda del techo”, se aprobó con el propósito de evitar el crecimiento real del gasto público federal. Vigente desde 2017, determinó que a partir de 2018 los desembolsos de la Unión pasarían a ser los mismos del año precedente, actualizados según la inflación, en este caso, revocando la obligación de destinar a la educación el 18% de la recaudación neta por impuestos. “Eso quiere decir que el presupuesto de 2019 será el mismo que el del año pasado, actualizado según la inflación”, explica Jorge Abrahão de Castro, investigador y técnico jubilado del Ipea.

No obstante, el Fundeb y el salario educativo, las fuentes principales de financiación de la educación básica, quedaron fuera de esa norma, de manera tal que sus valores no están limitados a los montos de los gastos del año precedente, pudiendo ser ampliados en el caso de que sus fuentes de financiación se incrementen. “Esto significa que, en el caso del Fundeb, la Unión sigue obligada a aportar un monto equivalente al 10% de las cifras totales recaudadas por el fondo, a la par que también debe seguir destinando el 2,5% de la nómina salarial al salario educativo”, dice Castro. Naércio Menezes Filho, coordinador del Centro de Políticas Públicas del Insper, considera que la ley no afectaría la financiación de la educación básica, justamente porque deja fuera dos de sus principales fuentes, el Fundeb y el salario educativo, a diferencia de la educación superior, cuya distribución de recursos queda limitada a la inversión realizada en el año precedente.

A juicio de Carlos Renato de Melo Castro, gerente de estudios económico-fiscales del Tesoro Nacional, es posible que los gastos educativos se incrementen por medio de una “resolución distributiva” en la elaboración del presupuesto anual, es decir, en el caso de que el gobierno federal decida destinar recursos de otras áreas a la educación. Según él, en los últimos años el área ha recibido un monto mayor al mínimo constitucional del 18%. “En 2017, el 18% de la recaudación neta de la Unión representaba 49 mil millones de reales y, en ese período, se invirtieron 63.200 millones de reales, una cifra superior al mínimo exigido por la Constitución”, dice. También de acuerdo con De Melo Castro, en 2019 el monto mínimo que el gobierno federal debe destinar a la educación es de alrededor de 53 mil millones de reales, y el presupuesto aprobado fue de 121 mil millones de reales.

“Por consiguiente, el techo de gastos no necesariamente redundará en un congelamiento de las inversiones educativas, si bien habrá una presión mayor para que esos recursos no aumenten demasiado, ya que estarán disputando espacio con otras áreas”, analiza Caio Callegari, del TPE. En tanto, según el análisis de De Rezende Pinto, de la USP, la enmienda torna inviable el cumplimiento de las metas del Plan Nacional Educativo, ya que, al congelarse los gastos primarios federales, se generan acciones reflejas en los recursos que aportan los estados y municipios, impidiendo la ampliación de la oferta y la mejora de la calidad de la educación pública.

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